Justicia y Paz
Nota de prensa.

La defensa privada por segunda ocasión solicitó medida cautelar sustitutiva de libertad a favor del trabajador ferrominero Rodney Álvarez, amparada en el artículo 230 del código orgánico procesal penal, el cual establece que ninguna pena coercitiva de libertad podrá excederse de dos años, pues en el caso de este trabajador lleva siete años y siete meses privado de libertad en el internado judicial el Rodeo ll.

La jueza del tribunal segundo de juicio del área metropolitana de Caracas, abogada Paullete León Guevara, considero el peligro de fuga para negar la medida cautelar sustitutiva de libertad, ante esta transgresión de la ley adjetiva procesal penal, la defensa interpuso el 4 de abril de 2018, un recurso de apelación contra la decisión adoptaba por la jueza de juicio por ser contraria a la ley.

El expediente subió en consulta a la Corte de Apelaciones del mismo circuito judicial penal, recayendo en la sala N°. 1, asignando el caso al juez Miguel Ángel Rhode Urbaneja, quien desde el 4 de abril de 2018, se ha negado a dictar sentencia, incumpliendo a su vez con el lapso establecido en el COPP de diez días hábiles para emitir le fallo.

Una nueva táctica dilatoria la han puesto en práctica estos dos “administradores de justicia”, quienes sin razón alguna viven trasladando el expediente de un tribunal a otro, para tener la justificación de no realizar las audiencias o dictar sentencia bajo la excusa que el expediente no se encuentra en el recinto tribunalicio.

Son dos las fechas en que el juicio se paraliza por cuanto el juez Rhode Urbaneja solicita el expediente para engavetarlo en su despacho, y de esta manera justificar los diferimientos en el tribunal de juicio.

Estas son las nuevas tácticas dilatorias que están implementando ambos jueces para continuar con el retardo procesal interminable con el único propósito de mantener privado de libertad a Rodney Álvarez por un tiempo prolongado como un claro emblema de abuso de autoridad y ensañamiento contra este trabajador, lo cual no exime de responsabilidad penal a estos jueces de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la carta magna

De allí que, amparados en el principio de simplificación de la justicia, establecido en el artículo 257 constitucional y amparado en la primicia, “nadie puede justificar el incumplimiento de la ley amparado en su propia torpeza”, hacemos un llamado a la clase trabajadora venezolana a levantar su voz de protesta y exigir el encarcelamiento de estos dos jueces quienes han violentado sistemáticamente los derechos constitucionales del trabajador Rodney Álvarez.