“En memoria a los indígenas asesinados en tiempos de República...”

Los acontecimientos ocurridos en Kanaimo en fecha 9 de diciembre del año en curso , determinados por la intrusión de cuerpos de inteligencia del Estado venezolano a la mina de Campo Carrao, muy cerca de Körepakupai wena Vena (Salto Ángel), con la terrible consecuencia de dos indígenas del pueblo Pemón heridos y uno muerto y la detención de uno de los supuestos perpetradores de los asesinatos, pone de relieve varias situaciones que son importantes precisar:

El Arco Minero del Orinoco (AMO) constituye la mejor expresión de la condición extractiva de nuestro país cuya consecuencia fundamental es la res nullius (cosa de nadie).
Este principio que en tiempos de la colonia sirvió para repartirse el mundo, hoy en día es la regla para conquistar territorios, sobre todo, indígenas y ricos en biodiversidad.
Kanaimo como parque nacional pero sobre todo como territorio ancestral del pueblo Pemón no escapa a la perversa lógica de posesión ilimitada de lo allí existente.
En efecto, a la noción de recursos que para el Estado y los grandes intereses globales son importantes, se le opone el principio de espacios de vida que para los pueblos y comunidades indígenas representa lo que sabiamente la naturaleza les ha dado para su resguardo.

Sobre jurisdicciones indígenas

Lo antes expuesto constituye el fundamento de la jurisdiccion indigena. Según el derecho propio, esta se entiende como el lugar (dictio) de aplicación y de ejercicio del o los derechos (juris) reconocidos.

La decisión del Consejo General de Caciques del Pueblo Pemón de intervenir de manera directa en los episodios de Kanaimo tiene su fundamento en este principio: el de administrar justicia pero también el de gestionar sus territorios para garantizar sus “formas de vida” (articulo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), o lo que es lo mismo, sus espacios de vida.

Pero no es solo lo anterior. La jurisdiccion indigena se ha convertido en el ultimo reducto de resistencia indigena en un pais plagado de disidencias juridicas. La activacion de la jurisdiccion indigena es el principal recurso que tienen los pueblos indígenas del país para hacer valer sus derechos.

Es lo que nos muestran varios casos de jurisdicción indígena existentes en el país, a saber:

a. La jurisdicción Uwottuja de las Pavas (cuenca del Cataniapo, Estado Amazonas), la cual lleva una causa intracomunitaria a ser dirimida en la actualidad por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

b. La jurisdicción Yekuana (Alto Ventuari, Estado Amazonas), la cual luego de un conjunto de episodios de carácter local, decidió constituirse en un espacio de administración de territorios (latus sensu), y no solo de resolución de conflictos comunitarios (strictu sensu).

c. Por supuesto no podemos olvidar la jurisdicción Yukpa, aquella que en un promedio de 18 horas declaro inocente a Sabino Romero quien fue castigado por la jurisdicción ordinaria con 18 meses de injusta prisión.

El AMO y la secesión del país

Lo único que está conduciendo a la secesión del país es la idea de res nulliis que lleva implícito el AMO. Contrario a lo que manifiestan sectores del gobierno y de las propias fuerzas armadas, los principales guardianes del territorio nacional son los indígenas, y en el caso de Guayana el pueblo Pemón, fundamentado en la nueva noción de seguridad y defensa contenida en los artículos 326 y 327 de la CRBV, los cuales reconocen a las áreas protegidas y hábitats indígenas como espacios claves para la integridad territorial en zonas de fronteras.

El levantamiento del pueblo Pemón se produce luego de años de fragmentación de sus territorios y de ausencia de demarcación, así como de cooptación partidista de algunas de sus organizaciones de base.

Las resistencias indígenas en la actualidad y la de Kanaimo en particular, son la expresión de un “air du temps”, que a decir de Alain Badiou se ve reflejada en la primera conquista de este movimiento que es el movimiento mismo, su existencia misma, y su propia visibilización.
Vladimir Aguilar Castro

Politólogo y abogado venezolano. Profesor titular a dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes (ULA), Mérida, Venezuela. Investigador responsable del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la ULA. Especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Diploma de Estudios Superiores en Historia y Política Internacional en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo (IUHEID) de Ginebra, Suiza. Doctor en Estudios del Desarrollo mención política internacional por el IUHEID.