Rubén González en libertad después de 21 meses injustamente encarcelado, aquí su historia

El sindicalista venezolano y secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, fue liberado luego de permanecer 21 meses injustamente encarcelado y juzgado ilegalmente en tribunales militares, después de que fuese uno de los recientes 110 “indultados” del gobierno de Nicolás Maduro.

Pero ¿quién es Rubén? Rubén ha sido un hombre fiel a sus principios y lucha por defender derechos laborales de su gremio, a continuación contamos su historia, motivos de detención, y la batalla por su libertad.

11 años perseguido

En 11 años Rubén fue sometido a dos procesos judiciales y encarcelado por 17 y luego 21 meses por ser firme en la defensa de los derechos laborales. Su primer proceso de detención comenzó en el 2009 cuando fue detenido por dirigir una huelga en Ferrominera que exigía el cumplimiento de la convención colectiva al Estado venezolano. Tras un largo proceso judicial que duró 5 años, se le declaró no culpable de ninguno de los presuntos delitos y se le otorgó libertad plena. De esos 5 años, pasó año y medio tras las rejas.

Pero el encarcelamiento no disminuyó las ganas de lucha de Rubén. Al contrario, esta detención sirvió para mantenerse firme, potenciar su activismo, ejercer su trabajo como dirigente sindical y defensor de los derechos de los trabajadores y compañeros. Los años siguientes y tras el renacimiento de su lucha, Rubén recibió amenazas de detención, incluso con una orden judicial con la que se le pretendía impedir realizar asambleas del sindicato con sus agremiados.

“Ante una sentencia inconstitucional e injusta solo queda la desobediencia y resistencia pacífica” afirmaba tras la sentencia.

Esta persistencia de Rubén en exigir el cumplimiento de la convención colectiva para su gremio, su actitud ante las amenazas y su liderazgo irrefutable fue una ofensa para un gobierno señalado de una política anti sindical y anti obrera. Mientras Rubén dirigía una asamblea en la entrada de la Empresa Ferrominera Orinoco a finales de agosto de 2018, un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana intentaron detenerlo sin ninguna orden judicial.

Afueras de Ferrominera, donde se desarrollaba la asamblea

Sus compañeros de Ferrominera lo protegieron con sus propios cuerpos, y de forma pacífica impidieron que los guardias se llevaran detenido ilegal y arbitrariamente a Rubén. Pero esta persecución siguió, incluso hasta la casa de Rubén, donde sus familiares denunciaron en ese entonces que él había sido víctima de una desaparición forzada, mientras su hogar era asechado por funcionarios de la GNB.
Afueras de la casa de Rubén González

Rubén apareció, y tres meses después participó en una protesta de empleados públicos en Caracas, allí se exigía a Maduro el respeto a las convenciones colectivas y las tablas salariales de los trabajadores públicos. Estas convenciones habían sido violadas a partir del 20 de agosto 2018 cuando la Administración de Maduro impuso el denominado tabulador oficial de la Admin. Pública, el cual regiría todas las escalas de pagos a empleados públicos.

A su regreso al estado Bolívar, Rubén fue detenido en una alcabala por funcionarios de la DGCIM cuando regresaba de la protesta en Caracas, el 29 de noviembre 2018. Tras estos hechos, Rubén fue sometido a un inconstitucional proceso judicial en la jurisdicción militar y enviado a la cárcel de la Pica en Monagas, este proceso era ilegal ya que según la Constitución de Venezuela los tribunales militares no pueden juzgar a civiles.
Momento en el que Rubén era detenido

Para el 13 de agosto de 2019, y tras 9 meses detenido arbitrariamente, Rubén fue condenado ilegalmente en un Tribunal Militar a 5 años y 9 meses de prisión, en la cárcel de La Pica, por presunto ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional. El juicio fue ilegal por juzgar a un civil en un Tribunal Militar, además, ese día fue custodiado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) quienes acordonaron el lugar e impidieron que familiares y compañeros de Rubén ingresaran para acompañarlo.

Mientras estuvo preso, Rubén presentó problemas de salud como crisis hipertensivas y fiebres. La atención médica se negó en los momentos que más lo necesitaba según información que Provea obtuvo a través de sus familiares. Negar atención médica a un detenido es un trato cruel e inhumano de acuerdo al Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura.
Pronunciamientos de organismos por la libertad de Rubén

Provea

En todos los años de persecución contra Rubén, Provea estuvo a su lado acompañándolo y exigiendo su libertad en organismos nacionales e internacionales, también denunciando su detención constantemente. Una de las principales acciones fue en diciembre de 2018, cuando se envió una comunicación a parlamentarios europeos informando sobre el encarcelamiento de Rubén González.

A pocos días de su detención, Provea informó al parlamento sobre el procedimiento arbitrario que atentaba contra las leyes venezolanas. En esta carta se urgía a los miembros del Parlamento Europeo a dirigirse al gobierno venezolano para pedir la libertad inmediata de Rubén González y la eliminación de los cargos por delitos militares que no podían ser aplicados a civiles.

Además, se hizo un llamado para que los miembros del Parlamento Europeo expresaran su preocupación por la integridad personal de Rubén y de todos los miembros del sindicato de trabajadores de la compañía estatal Ferrominera del Orinoco.

En febrero de 2020 Provea intervino en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En esta intervención se denunció que Maduro mantenía la persecución contra líderes sindicales como el caso de Rubén, quien había sido detenido ilegalmente el 28 de noviembre de 2018 por la Guardia Nacional Venezolana y los servicios de inteligencia militar y condenado por un tribunal militar a cinco años y nueve meses de prisión por delitos militares.

Tercer informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos

El 9 de septiembre de 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

En esta actualización, la Alta Comisionada rechazó la condena del líder sindical Rubén González a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar “por hechos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical”. Denunciando que la familia de Rubén también había sido objeto de hostigamiento.

Bachelet denunciaba que la aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituía una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial.

Informe de la Comisión de Encuesta de la OIT

El 30 de septiembre de 2019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un informe de la Comisión de Encuesta establecida para Venezuela, de acuerdo al artículo 26 de la Constitución del organismo, por las violaciones al método para la fijación de los salarios minímos, el convenio sobre libertad sindical y el convenio sobre la consulta tripartita en el país.

En este informe, la Comisión exhortó a no utilizar procedimientos judiciales para obstaculizar el ejercicio de la libertad sindical, y exigió la liberación de Rubén, detenido de forma arbitraria. Además, exigieron el cese a la persecución contra empleadores y trabajadores por ejercer derechos consagrados en los Convenios de la OIT y la legislación nacional venezolana.

Histórica exigencia del Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU

El 24 de junio de 2020, el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas decidió a favor de un dirigente sindical en Venezuela, estableciendo que la detención de Rubén González era arbitraria, exigiendo al gobierno de Maduro su inmediata libertad.

Los abogados de Rubén junto a Provea habían presentado el caso ante la instancia internacional en diciembre de 2018 para que analizara su detención.
Juicio de apelación

Tras meses de injusta condena, los familiares de Rubén junto a sus abogados apelaron la decisión del Tribunal Militar. El 11 de agosto ese tribunal con sede en el estado Monagas decidió declarar “sin lugar” la solicitud de apelación en el caso de Rubén.

Esto dejaba sin acción la sentencia de cinco años y nueve meses a la que había sido condenado Rubén. Desde Provea denunciamos una nueva injusticia, ya que esa era una injusta decisión de la Corte Marcial, y resaltábamos la necesidad de liberar a Rubén, un defensor de derechos humanos encarcelado y juzgado arbitrariamente en tribunales militares. Esto se sumaba a las precarias condiciones de encarcelamiento a la que era sometido Rubén, sin atención médica.

Finalmente libre

El lunes 31 de agosto, la Administración de Maduro anunció una lista con un denominado “indulto presidencial” donde el nombre de Rubén González fue uno de las 110 personas que destacaba en el documento.

Pero, este “indulto” no fue inmediato, los familiares de Rubén denunciaron aproximadamente a las 4:00 PM del 1 de septiembre, que luego de haber viajado 400 Km del estado Bolívar a la cárcel de La Pica, en la ciudad de Maturín, estado Monagas, aún no le habían otorgado libertad. El director del centro afirmaba que no había recibido la boleta de excarcelación para Rubén.

Aproximadamente a las 8:30 de la noche, Provea recibió información de la hija de Rubén, afirmando que el dirigente sindical había sido finalmente liberado y ya estaba junto a su familia.

Tras su liberación, Rubén agradeció al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos por acompañarlo durante toda su detención arbitraria y luchar en su caso. En Provea fuimos enfáticos en desearle fuerza y que pueda seguir defendiendo los derechos laborales, y reafirmamos nuestro acompañamiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos en sus reclamos de justicia y denuncias de arbitrariedades.

El caso de Rubén González es una muestra de cómo la lucha por los derechos laborales de los venezolanos puede ser perseguida por un presidente que se denomina “obrero” pero en la práctica solo hostiga, encarcela y ordena injustas condenas contra quienes alzan su voz por las injusticias.

Tras 21 meses injustamente preso Rubén González está finalmente en libertad. Rubén nunca debió ser encarcelado y procesado en tribunales militares por defender los derechos de sus agremiados y colectividad. La libertad sindical y defender derechos humanos laborales no debería ser motivo de condena o persecución, menos cuando son consagrados en las leyes venezolanas y tratados internacionales.

Desde el momento de su detención, Provea exigió la libertad de Rubén González a través de alianzas con otras organizaciones o incidencias individuales, denunciando a nivel nacional e internacional su detención arbitraria.

Fuerza para Rubén quien hoy abraza la libertad y el cariño de sus seres queridos después de 21 meses injustamente encarcelado.