Ley Antibloqueo, privatización, autoritarismo y extractivismo a la carta

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La reciente aprobación por parte de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente del proyecto de una Ley que se pretende supraconstitucional diseñada a medida de las necesidades de la pequeña élite que acompaña a Nicolás Maduro, en un acto presentado como un debate, que silenció más voces de las que mostró, dejó a su paso un camino empedrado de críticas y rechazos que vinieron desde muy diversos sectores del espectro de la política venezolana.

Señalaremos algunos de los aspectos más cuestionados tanto por voceros de sectores adversos al gobierno, como por actores en el seno del proyecto político del chavismo e incluso representantes electos a la propia ANC, que fueron excluidos y censurados del supuesto debate con el que se aprobó un instrumento jurídico que parece un indicador de un momento político de abierta ilegitimidad, y una orientación clara del proceso de acumulación por desposesión que se desarrolla en Venezuela.

Una ley de espíritu neoliberal

En un elemento han estado de acuerdo voces tan distintas como las del abogado y asesor del gobierno en materia de derecho internacional, Luis Britto García, la constituyente María Alejandra Díaz, o los economistas Pascualina Curcio y el abogado constitucionalista Allan Brewer Carías: la Ley Antibloqueo a todas luces tiene una finalidad de desregulación de los mecanismos del Estado de protección de la propiedad estatal y el bien común en favor de los capitales privados. Un menú de privatizaciones que se ofrece al mejor postor.

Como dice el investigador Emiliano Terán Mantovani, la aprobación de la Ley Antibloqueo no puede evaluarse por sí misma de manera aislada. Hay que entender que este evento surge en un contexto de neoliberalización económica que lleva ya años en Venezuela. Se trata entonces de la continuación de viejas políticas neoliberales, llevadas ahora a nuevas escalas.

También la Ley reconoce de manera tácita el fracaso de las políticas de expropiación y el complejo entramado de corrupción que ha arruinado al país, al pretender otorgar a Nicolás Maduro el poder para modificar o administrar el funcionamiento de las empresas públicas y mixtas y abrir la posibilidad de reconocer la propiedad a dueños que fueron limitados en su ejercicio, aunque la aprobación del plan para poner empresas a funcionar sigue dando al gobierno la última palabra.

De esta manera se abren las puertas para la privatización de empresas públicas que vienen fallando en sus servicios o una mayor inversión de países aliados en las industrias venezolanas que han decaído, como la petrolera PDVSA. Este carácter supraconstitucional que se le da al Ejecutivo y la ANC, puede facilitar alianzas o apoyos de países como Rusia, Irán o China. Es decir, que las sanciones, en lugar de debilitar a Maduro, facilitan a países contrarios a EE. UU. alianzas con su gobierno, según el economista Ronald Balza.

Si como ya se demostrado de manera abierta y clara por distintas instancias, en Venezuela la Constitución se viola a diestra y siniestra desde hace tiempo por parte del Gobierno nacional. ¿Para qué una nueva Ley, si las que están no se cumplen? ¿Para qué una nueva Ley, si los ciudadanos no se pueden refugiar en las que existen? El instrumento serviría más bien para ofrecer garantías al capital transnacional, quien es el que las exige para arrimar sus inversiones, lo que se evidencia en el beneplácito de sectores como Fedecámaras.

Una Ley para el autoritarismo y la censura

Otro elemento que han señalado voces tanto al polo de la derecha como de la izquierda del espectro político es el secretismo y censura que impone la nueva Ley sobre el manejo de información de interés nacional como las grandes inversiones en extracción de recursos soberanos como el petróleo o los minerales.

En un contexto de excepcionalidad y emergencia que siempre ha sido utilizado de excusa para aplicar reformas neoliberales y suspender el estado de derecho, y que en el caso venezolano ya tiene más de 4 años siendo parte de la “nueva normalidad” venezolana, este estado de excepción se ha expresado en persecuciones políticas y violaciones a los derechos civiles de activistas y voces disidentes en todos los sectores políticos del país.

El propio constituyente Earle Herrera ha dicho que este instrumento más que una Ley Antibloqueo es una Ley de Autobloqueo.

En el fondo, nos dice Teran Mantovani, lo que está en juego son dos elementos fundamentales: el mínimo acuerdo social que, mediante un proceso popular devino en la Constitución de 1999; y la sobrevivencia económica de la población, que se rehúsa a ser los daños colaterales de convertir a Venezuela en una hacienda, en una zona de sacrificio.

El descontento que provoca esta Ley está generando coincidencias de muchos actores diferentes, lo que se une al descontento por la situación general que se vive en el país y a las protestas orgánicas cada vez más frecuentes en todo el territorio del país.

Una Ley para normalizar el extractivismo en Venezuela

A todas luces la Ley Antibloqueo persigue establecer un nuevo marco para avanzar en la profundización del extractivismo neoliberal en Venezuela. En este sentido, dice el economista Carlos Hermoso, que este instrumento busca convertir a todo el país en Zona Económica Especial (ZEE). Ese perverso esquema para la explotación humana y de los países, propio del siglo XVIII. A la desregulación total se le brinda un carácter supraconstitucional.

El paralelismo que establece Hermoso sostiene que así como con el Arco Minero y otras Zonas Económicas Especiales que pretende instaurar el gobierno de Maduro anulan toda aplicación de la constitución en esos territorios, ahora el gobierno pretende aplicar esta lógica a todo el país.

Según Hermoso, para facilitar el asunto el gobierno adoptó la fórmula del capitalismo chino de las ZEE. Una manera de desregular radicalmente las economías en determinados territorios para el proceso compulsivo de acumulación de capitales: rebaja sustancial de impuestos y aduanas, permisos expeditos, anulación de leyes laborales, eliminación de restricciones ambientales. Todo y más. Se vuelan de un plumazo todos los derechos ciudadanos. Con ello, el régimen de mafias, hace de las suyas en el arco minero. También se implanta una zona militar especial. El Decreto establece que quienes se opongan a él, se ubican contra los “intereses nacionales”, por lo que pueden ser tratados como tales y de manera también especial.