Detener al mensajero para silenciar el mensaje: arbitraria detención del trabajador gráfico José Mendoza es un nuevo ataque a la labor de las ONG

Provea reivindica como propios los contenidos reproducidos y divulgados en el marco del CD “Ministro: ¿Cuál es su trabajo? -un extraño tributo al punk venezolano” y el libro “Educación Anterior: una historia inconclusa del punk venezolano”, y resalta el carácter arbitrario de la detención del trabajador de la industria gráfica José Guillermo Mendoza, calificándola como un intento de la dictadura de Maduro para silenciar las voces críticas y el trabajo de las ONG, al menor costo político posible.

Provea, junto a la organización Redes Ayuda, desarrolla un proyecto que combina artes gráficas, música, poesía y literatura para promover Derechos Humanos en todos los lenguajes. El proyecto discográfico de la banda Agente Extraño es un tributo que tiene canciones emblemáticas como “El Desamparo” que hace alusión a la masacre de El Amparo o “La Peste” de la extinta agrupación Víctimas de la Democracia que se refiere a los restos de las víctimas de “El Caracazo”, sepultadas en un sector del Cementerio General del Sur.

Detener al mensajero… silenciar el mensaje

La arbitraria detención del señor Mendoza -quien sólo cumplía funciones inherentes a su cargo en una empresa gráfica-, es otra exhibición de la cotidiana puesta en escena de la represión en la Venezuela de Maduro. Sólo en 2018, Provea registró un total de 1.113 violaciones a la libertad personal, incluidas detenciones individuales, masivas y colectivas contra quienes expresaron críticas, promovieron movilizaciones pacíficas contra el gobierno de facto de Nicolás Maduro, o simplemente fueron una víctimas azarosas de la maquinaria represiva. Mendoza, es precisamente eso, una víctima azarosa, otro trabajador detenido y encarcelado por la dictadura de Maduro. Esta vez, por simplemente hacer su trabajo.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha descrito la existencia de un patrón sistemático y generalizado de violaciones de derechos humanos contra la disidencia política y las voces críticas en Venezuela. Ello incluye el cierre de espacios para el ejercicio de los derechos a la libre expresión e información y asociación y reunión pacíficas. Los obstáculos contra el ejercicio de estos derechos se basan en el empleo de un repertorio represivo que se traduce en ataques contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación; cierre de medios y mecanismos de censura; detenciones masivas y arbitrarias contra dirigentes sociales, políticos y periodistas, entre otros.

El derecho a defender derechos, una premisa esencial para la labor de las organizaciones de derechos humanos en el mundo, también está severamente amenazado en Venezuela. Los ataques contra organizaciones de la sociedad civil que a diario asisten a víctimas; documentan violaciones de derechos y humanos, y denuncian la dramática situación venezolana, han arreciado en los últimos años. El gobierno de facto de Nicolás Maduro, a través del Sistema Nacional de Medios Públicos y RRSS, ha intensificado una campaña de criminalización y estigmatización contra ONG y defensores de derechos humanos. Más recientemente, a través de la ilegítima asamblea nacional constituyente, se ha ventilado la posibilidad de obstaculizar los mecanismos de cooperación internacional que permiten el trabajo de las OSC en un intento por asfixiarlas y castigarlas debido al aumento de la presión internacional sobre la dictadura de Maduro, propiciada por la labor de incidencia de cientos de organizaciones y activistas.

El material incautado por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en modo alguno constituyen “material subversivo” como han alegado los funcionarios de ambos cuerpos policiales. El afiche decomisado al señor José Guillermo Mendoza la tarde de este jueves, forma parte de una campaña para visibilizar las graves violaciones de derechos humanos en nuestro país, las del pasado y las del presente, y es además un documento que plasma el papel histórico del movimiento Punk en Venezuela y su vinculación con las luchas sociales. Es además el ejercicio legítimo de los derechos a la libre expresión y la promoción cultural basada en la pluralidad del pensamiento.

Defender derechos humanos no es un acto subversivo, es una legítima labor de acompañamiento a los pueblos, amparada además por la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Provea reitera su total responsabilidad por las declaraciones, acciones y material reproducido y divulgado en sus diversas plataformas comunicacionales. Somos una organización con 30 años de trayectoria en defensa de los Derechos Humanos y la democracia. Enfrentando amenazas de diversa índole, hemos estado siempre al lado de las víctimas denunciado los abusos y asumiendo las consecuencias que ello nos pueda generar. Esta vez no será la excepción.

Exigimos la libertad plena del trabajador José Guillermo Mendoza, quien no tiene responsabilidad alguna en el diseño, elaboración y divulgación del material ilegalmente incautado. Rechazamos este nuevo ataque contra la libre expresión y el derecho a defender derechos que se disfraza bajo el absurdo argumento de lucha contra la “subversión” y que por ahora mantiene a un inocente tras las rejas.

Adjuntamos la foto de Nelson Garrido, el insert que generó la detención, y el vídeo musical “Miraflores” para su descarga (https://mega.nz/#!oKhUCK7J!KaZwZ7xNYpYeKlVSV963BcaJm97iljQerZ99naNAPl4) o su visualización en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=m0EHtOCEBJY&t=11s