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El 2 de julio vence el plazo constitucional para restablecer la soberanía popular en Venezuela

Laboratorio de Paz — 2026-06-05T20:25:56Z

par Laboratorio de Paz - Comunicados | Caracas, Derechos Humanos, Política , Reflexión / Análisis, Focus

(Caracas, 3 de junio de 2026) Desde Laboratorio de Paz expresamos nuestra profunda preocupación ante el vencimiento del plazo máximo previsto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la suplencia temporal de la Presidencia de la República.

El artículo 234 de la Constitución establece que las faltas temporales del Presidente serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días adicionales. Agotado ese período extraordinario, corresponde a la Asamblea Nacional determinar si la ausencia debe considerarse una falta absoluta y activar los mecanismos constitucionales correspondientes.

En consecuencia, el próximo 2 de julio de 2026 culmina el plazo máximo de ciento ochenta días previsto por la Constitución para mantener una suplencia temporal de la Presidencia de la República.

Esta discusión normativa no depende de las distintas opiniones que puedan existir sobre la naturaleza de los acontecimientos ocurridos el 3 de enero de 2026. En una democracia constitucional, incluso las situaciones extraordinarias están sometidas a límites, controles y plazos. La excepcionalidad solo puede justificarse mientras se mantenga dentro del marco establecido por la Constitución. Lo que distingue a un Estado democrático de un régimen arbitrario es precisamente que ninguna excepción puede convertirse en una forma permanente de gobierno.

Por ello, el 2 de julio representa un límite constitucional inequívoco. A partir de esa fecha no existe en el ordenamiento jurídico venezolano ninguna disposición que autorice la prolongación indefinida de una suplencia temporal de la Presidencia de la República. Tampoco existe figura constitucional alguna que permita extender un interinato presidencial más allá de los plazos expresamente establecidos en la Carta Magna.

En consecuencia, si al vencerse este plazo no se ha declarado la falta absoluta de la Presidencia ni se ha iniciado un proceso destinado a restablecer el ejercicio de la soberanía popular mediante elecciones, la continuidad de Delcy Rodríguez al frente de la Presidencia de la República carecerá de fundamento normativo expreso y constituirá el ejercicio de una autoridad presidencial sinmandato constitucional vigente, mediante un ejercicio arbitrario e irrefutablemente no democrático.

Ello configuraría una nueva ruptura del orden constitucional venezolano y profundizaría la ya gravecrisis de legitimidad institucional que atraviesa el país.

Asimismo, resulta especialmente grave que la Asamblea Nacional haya incumplido el deber constitucional que le corresponde de pronunciarse sobre la situación presidencial una vez agotados los plazos previstos para la falta temporal. La inacción del órgano legislativo no elimina las obligaciones establecidas por la Constitución ni puede utilizarse para justificar la prolongación indefinida de una situación excepcional.

El mantenimiento de un gobierno sin fundamento constitucional expreso después del 2 de julio significaría, además, la consolidación de un esquema de poder sustentado en la excepcionalidad permanente. Ello implicaría una nueva erosión de la vigencia efectiva de la Constitución y un retroceso adicional para el Estado de derecho, la separación de poderes y las garantías democráticas.

Las consecuencias de esta situación trascienden el ámbito institucional. La prolongación indefinida de la excepcionalidad afecta directamente el derecho de los venezolanos a participar en los asuntos públicos, a elegir libremente a sus autoridades y a determinar democráticamente el destino de la nación, derechos reconocidos tanto por la Constitución venezolana como por los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Por estas razones, hacemos un llamado a toda la ciudadanía venezolana, a las organizaciones sociales, gremiales, sindicales, comunitarias, académicas y políticas, a defender la vigencia de la Carta Magna y exigir el anuncio de un calendario electoral que permita, en un plazo razonable, restablecer plenamente la vigencia de la Constitución y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de la población.

Asimismo, exhortamos a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales, a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y a los gobiernos democráticos del mundo a redoblar sus esfuerzos para promover el respeto de la Constitución venezolana y exigir la realización de elecciones en el menor tiempo posible.

El 2 de julio no vence únicamente un plazo constitucional. También vence la posibilidad de seguir justificando la excepcionalidad como una medida temporal. A partir de esa fecha, cualquier continuidad del ejercicio presidencial al margen de los mecanismos previstos por la Constitución deberá entenderse como una decisión consciente de apartarse del orden constitucional y de restringir aún más el derecho de los venezolanos a decidir democráticamente su futuro.

Laboratorio de Paz
Junio de 2026

Venezuela está más cerca de una recomposición autoritaria que de una transición democrática

Laboratorio de Paz — 2026-06-05T20:16:07Z

par Laboratorio de Paz - Local | Caracas, Derechos Humanos, Política , Represión , Reflexión / Análisis

Nuevo documento analiza los primeros cinco meses del gobierno de Delcy Rodríguez y advierte sobre la ausencia de avances verificables hacia la democratización del país.

(Caracas, junio de 2026). Laboratorio de Paz presentó el documento “Cinco meses del interinato: Reconfiguración sin transición. Balance político, institucional, económico y de derechos humanos de Venezuela tras el 3E”, un análisis que evalúa la evolución de la situación venezolana desde la salida de Nicolás Maduro del poder y la instalación de una administración provisional encabezada por Delcy Rodríguez.

El documento concluye que, pese a algunas señales parciales de apertura, Venezuela continúa sin mostrar avances verificables hacia una transición democrática. Por el contrario, la evidencia acumulada apunta a un proceso de recomposición autoritaria y reconfiguración interna del poder.

Entre los principales hallazgos, el informe destaca la ausencia de un cronograma electoral presidencial, la falta de renovación del Consejo Nacional Electoral, la continuidad de funcionarios señalados por organismos internacionales de derechos humanos en posiciones estratégicas del Estado y la inexistencia de mecanismos efectivos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas.

La investigación también advierte sobre la consolidación de la excepcionalidad como forma de gobierno. Según el análisis, importantes decisiones políticas e institucionales han sido adoptadas mediante mecanismos extraordinarios o interpretaciones controvertidas de la Constitución, generando incertidumbre jurídica y debilitando la confianza ciudadana.

En materia de derechos humanos, el informe señala que las excarcelaciones ocurridas durante el período no han estado acompañadas de la restitución plena de derechos para presos políticos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Asimismo, persisten denuncias sobre restricciones al espacio cívico, causas penales abiertas, medidas cautelares y obstáculos para el ejercicio de las libertades fundamentales.

Laboratorio de Paz también identifica una creciente demanda social por elecciones. El análisis destaca que diversos sectores sociales, incluidos trabajadores, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil, han comenzado a reincorporar la exigencia de un proceso electoral libre y verificable como parte central de sus demandas.

Ante este escenario, la organización formuló cinco recomendaciones dirigidas a la sociedad venezolana. Entre ellas destacan la exigencia de un calendario electoral presidencial verificable, la demanda de garantías para la participación política sin represalias, la reconstrucción de la confianza y del tejido asociativo dañado por la represión posterior al 28 de julio de 2024, la defensa de los derechos de las víctimas frente a propuestas de impunidad y la recuperación de la constitucionalidad como base para cualquier proceso de transición sostenible.

“Una transición democrática no puede sostenerse indefinidamente sobre mecanismos excepcionales, acuerdos políticos opacos o fórmulas que sacrifiquen la verdad y la justicia. La recuperación democrática exige legitimidad electoral, constitucionalidad, participación ciudadana y garantías efectivas de derechos humanos”, señala el documento.

El informe completo se encuentra disponible para consulta en www.labpaz.org

Cinco meses del interinato:
Reconfiguración sin transición

A Comprehensive Analysis of the Reform of Venezuela's Hydrocarbons Law: Trends, Implications, and Consequences

Emiliano Terán Mantovani — 2026-06-05T13:48:07Z

par Emiliano Terán Mantovani - Local | Caracas, Arco Minero del Orinoco, Ecología , Política , Reflexión / Análisis

FOTO DE ENCABEZADO: Empleados frente a la sede de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en Caracas, en octubre.Credit...Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times

More than just a regulatory change, the January 29, 2026, reform of Hugo Chávez's landmark 2001 Hydrocarbons Law—which had already been amended in 2006 to strengthen state control and participation in the industry and its profits—signals a profound economic and political transformation of the century-old Venezuelan petro-state model itself. The country and its sovereignty stand at a crossroads, facing an oil model that has been exhausted for decades but is simultaneously being dismantled amid a deep and prolonged internal political crisis and U.S. intervention that has taken root in Venezuela since January 3, 2026.

This article aims to briefly address this legal reform—hereafter RLH—not only by examining regulatory changes but also by highlighting other dimensions at stake, such as political, environmental, economic, and humanitarian factors. I present a brief background before examining the main amendments made to the law and conclude by analyzing four of the most significant implications and meanings of this process.

I. BACKGROUND

Two factors must be examined to understand the context in which the RLH is situated.

I.I First factor: the new oil opening under Chavismo in previous years

Certainly, the reform—which was swiftly approved and published in Official Gazette No. 6,978[1]—occurred in the context of U.S. military intervention, but it cannot in any way be interpreted as a break with previous energy nationalism.

On the contrary, the Maduro government, at least since 2018, had initiated a strong, albeit unorthodox, process of neoliberalization of the economy, which included the oil industry. As early as 2016, a ‘special investment regime' that sought to provide greater facilities and incentives to foreign investors was promoted. Equally noteworthy is the 2018 decree exempting transnational capital from the emblematic income tax on profits derived from oil activities. These policies intensified under the Economic Recovery and Prosperity Program (2018), the significant “Anti-Blockade Law” (2020), and the Special Economic Zones Law (2022), alongside other economic liberalization measures.

Faced with the disastrous results of the rigid controls imposed on the entire economy; the urgent need to boost revenues in an industry that was increasingly in decline; and the impact of international sanctions—particularly those imposed in 2019 that directly affected the oil sector— the government promoted a more open and pragmatic shift, not only inviting all companies to invest in Venezuela—especially U.S. investors[2]—but also seeking to ensure that the conditions for such investment were as favorable as possible. In this context, the Hydrocarbons Law had been in the crosshairs of various groups for several years, as it posed regulatory obstacles to these changes—which were to include a proposed constitutional reform that Maduro had incompletely outlined in February 2025[3].

In reality, the submissive approach to oil only intensified, as symbolically evidenced by the “Productive Participation Contracts” (CPP) under the Anti-Blockade Law —which granted enormous powers to private minority shareholders in Joint Ventures — and above all, by OFAC's LG41 License (November 2022), which allowed Chevron to resume its activities in Venezuela. This license has been classified as a “business model”[4] that reflected the pattern of extraordinary concessions and privileges granted to corporations that began to prevail in the country from that point onward. LG41 authorized the U.S. corporation to directly manage primary operations and administer the mixed enterprises, including the production and marketing of extracted oil. It also prohibited the corporation from paying royalties and taxes to the State, and it barred Iranian and Russian companies from serving as suppliers to the mixed enterprises. This not only violated the Hydrocarbons Law of the time and the Constitution, but also established clear forms of interference in the country's sovereignty.

This license, as well as the commercial arrangements that de facto existed with China in the Orinoco Oil Belt—where a large portion of the crude oil and profits are retained by the Chinese (due to significant shipments for debt repayment, discounts, and intermediary costs) and they held logistical and operational control over the exploitation[5]—reveal that the historic concept of energy nationalism was already being dismantled. As we will see in the following section, the provisions of LG41 would ultimately be confirmed and enshrined in the RLH; thus in this sense, elements of continuity are evident between the Maduro administrations and the government led by Delcy Rodríguez. If one were to speak of a capitulation of Venezuela's energy sovereignty, it began before the invasion and the reform of the law.

Maduro did not deny the U.S. access to oil; on the contrary, he offered concessions. Rather, it was U.S. sanctions that were the main factor disrupting this south-to-north energy flow. But the one point on which Maduro was unwilling to negotiate was his departure from power. These elements of continuity must be highlighted as another factor at play in the persistence of the post-January 3 Chavista regime.

I.II Second factor: authoritarianism and total disregard for the law

The deterioration of democracy in Venezuela accelerated at least since 2017, with the creation of the “plenipotentiary” National Constituent Assembly. Many steps were gradually taken toward the consolidation of an authoritarian regime[6], which likely reached its peak with the electoral fraud of July 28, 2024, and the unprecedented intensification of social repression, as well as the establishment of state terrorism[7]. Within this framework, the Republic's fundamental laws and the national Constitution itself became a dead letter, and the institutions that in theory oversee and guarantee their enforceability were significantly undermined. In contrast, other laws, such as the 2020 Anti-Blockade Law, were established as exceptions that consolidated the Chavista government's discretion in managing state assets and in establishing agreements with foreign corporations, as well as the secrecy and opacity of its operations.

Within this logic, oil operations and agreements were adjusted and shaped to accommodate the circumstances of PDVSA's inoperability and the effects of international sanctions, as well as the particular interests of the government and companies, regardless of the constraints imposed by existing laws. The aforementioned LG41 License granted to Chevron was based on direct negotiations between the U.S. and the Maduro government and was formalized without the approval of the National Assembly. The arrangements made with China in the Orinoco Belt followed similar criteria of discretion and secrecy.

The Maduro government exercised its power through a neo-patrimonial style of governance, running the country as if it were a personal estate. The validity and actual applicability of laws and regulatory bodies in Venezuela must be understood within this framework.

So, what is the point of the RLH in this context?

Domestically, the reform takes shape within a political environment that, following the January 3 events, remains authoritarian. The RLH in fact violates the Constitution—which must take precedence over all other laws—in articles such as Article 302, which reserves oil activities for the State; Article 307, given the discretionary delegation of royalties and taxes; Article 150, by dispensing with parliamentary approval for the conclusion of contracts of public interest; or Article 151, by providing for the resolution of disputes in international forums as well; to mention a few examples. These elements demonstrate the regulatory nullity of said reform due to its unconstitutionality.

This also unfolds within the tutelary power exercised by the Trump administration over the entire management of the Venezuelan oil industry, which completely undermines not only the country's legal framework but also the very concrete structure of the Republic and its institutions.

Thus, the main rationales behind the RLH are twofold: first, to establish a framework of guarantees, legal stability, and certainty for the massive influx of transnational capital into the industry; and second, to consolidate a legal framework that makes sense for a potential new subordinate political regime, one that would further embed and consolidate these changes for the coming decades in the country.

II. THE JANUARY 2026 REFORM OF THE HYDROCARBON LAW: 8 KEY POINTS

FOTOGRAFÍA. Sesión que sanciona la Reforma de la Ley de Hidrocarburos, 29/1/26. Fuente: Asamblea NacionalJust 26 days after the ousting of Maduro and Cilia Flores, the RLH was enacted. It was said that it was informed by “consultations across the country,” “from more than 120 proposals received,” and that it was approved unanimously, “in the name of God,” while the entire so-called “Bancada de la Patria” stood to applaud this official adoption[8]. Given that this has represented a historic event for Venezuela, it will always be appropriate to remember the legislators (both Chavistas and opposition members) and ministers who put their names to this reform.

The RLH has completed the formal dismantling of the “Bolivarian project,” which among its pillars had championed an energy nationalism opposed to the neoliberal and denationalizing model of the “Oil Opening,” and which envisioned the restoration of the Petro-state, this time to build an alternative to capitalism: “21st-Century Socialism.” What is striking is that this dismantling has been carried out progressively from within and for years, as part of a transformation of Chavismo[9] that was also fueled by international sanctions. Today, this transformation appears largely subordinated following U.S. intervention, with U.S. military and corporate power shaping the new law.

What does this reform specifically entail?

What scenarios does it open up for us? I list 8 key points below:

The first thing to note is that, although the reform is classified as “partial,” it should be emphasized that it has in fact been substantial, altering the law's previously statist and predominantly state-centered character to make way for extensive private participation and authority. Several articles were expanded, and new sections were added.
It is key to note that Article 23 has eliminated total or majority state exclusivity in the sector's primary activities. Private companies are recognized as one of the three types of actors that may participate in these activities, alongside national entities and mixed enterprises.
It is true that, in nominal and regulatory terms, it is emphasized that ownership of the oil fields remains with the Republic (Article 40, and in Article 3, which was retained from the LH-2006). However, the Venezuelan side has been severely affected, undermined, and stripped of its capacity to exercise effective and genuine sovereignty and act as the owner of the oil and the exploitation activities, a fact that had already become evident with the establishment of the CPPs. In fact, the THIRD Transitory Provision underscores the continued “full legal validity and effectiveness” of the CPPs and other contractual models entered into pursuant to the Constitutional Anti-Blockade Law.
In line with the previous point, the RLH establishes the possibility of partial or total transfer of the rights granted from national companies to private companies (Article 25). Article 40, which was incorporated as a new article, provides that contracts may be entered into with private companies for the performance of primary activities, in which such companies may assume the “comprehensive management” of the performance of the activities; that is, all operations. Article 36 (new), Paragraph 3, provides that the Ministry with jurisdiction over hydrocarbons may authorize the private minority shareholder to exercise technical and operational management of the joint venture. Article 42 (new) provides that companies of the Republic and their subsidiaries may transfer to the operating company the right to use the operational area and the delineated area. All of this is highly significant, not only because of the extraordinary expansion of private companies' powers, but also because of the considerable reduction in the role and influence of Petróleos de Venezuela S.A., all the more so in this context of institutional and national vulnerability.
It does not end there: Article 41 (new) provides that operating companies may be compensated with a percentage share of the volumes of hydrocarbons under supervision, which would be marketed directly by the operating company. Article 68 provides that the competent Ministry may authorize private companies to directly market all or a portion of the volumes of natural hydrocarbons produced in the assigned area. Article 36, Paragraph 1 also authorizes the private minority shareholder to market all or part of the Joint Venture's production. And under Article 42 (new), upon receiving the rights to use the operational area, the operating company may pay with oil as consideration to companies of the Republic. In turn, Article 36, Paragraph 2 authorizes said private shareholder to open and manage bank accounts in any currency and jurisdiction for the use and administration of the funds. All of this reveals that the powers granted to private entities are much broader, thus including the direct management and marketing of the resource, as well as autonomy in managing their finances.
Another significant element relates to the possibility of reducing royalties and taxes collected from the activity. While the previous law set the royalty at 30%, in the RLH this percentage is determined by the competent Ministry based on the type of project, capital investment requirements, the project's “economic viability,” and international competitiveness (Article 51). Although the previous law recognized the possibility that, for economic reasons in mature fields or in the Orinoco Belt, the royalty could be reduced to 20%, in the current RLH that figure remains open and at the discretion of the ministry. Article 58 (new) proposes this same flexibility and criteria for reducing the Income Tax, which was set at 50% prior to the reform. Article 26 establishes that, if legal, fiscal, regulatory, or contractual changes occurring after the execution of contracts negatively affect the ‘project economics,' the Ministry may make adjustments to royalties, taxes, tariffs, terms, economic conditions, or compensation mechanisms to ‘restore the prior economic position' of the operating company. It is important to note that, in practical terms, the “economic viability” referred to is linked not only to the viability of a given project but also to the profit margin requirements that private companies consider ideal. Additionally, Article 55 eliminates the various taxes stipulated in the previous law (surface, extraction, consumption, and export registration taxes, formerly Article 48) and creates the “Integrated Hydrocarbons Tax,” simplifying the tax burden. The rate of this tax may not exceed 15% and is determined by the competent Ministry (Article 56). And Article 59 exempts companies from a list of other taxes and contributions—such as the Wealth Tax or social contributions.
Finally, Article 34 eliminates the requirement for approval by the National Assembly for the establishment of mixed enterprises and the conditions governing the conduct of primary activities. Now this must only be ‘notified'; decisions and authorizations are primarily handled by the Executive. On the other hand, in Article 8 (new), in the event of doubts and disputes, alternative dispute resolution mechanisms are also provided for, including mediation and arbitration, which may be international.
It is recalled that the following were repealed: the Law on the Regularization of Private Participation in Primary Activities Provided for in Decree No. 1,510 with the Force of Law (2006); the Organic Law reserving for the State Goods and Services Related to Primary Hydrocarbon Activities (2009); the Law establishing the Special Contribution for Extraordinary and Exorbitant Prices in the (2013); or Decree No. 5,200, Law on the Transition to Joint Ventures of the Association Agreements for the Orinoco Oil Belt and Exploration Agreements on a Risk and Profit-Sharing Basis (2007); among others.

III. TRENDS, MEANINGS AND IMPLICATIONS OF THE TRANSFORMATIONS OF THE OIL REGIME

Given that these still-ongoing transformations are disrupting the very structure of the historic oil model, there are numerous implications to examine. For this article, I will specifically highlight four of them: the emergence of a vassal petro-state; the formation of an enclave economy and the perpetuation of oil extractivism; the economic decline sustaining the state and its consequences for society; and the dangerous invisibilization of the ecological/climate crisis.

III.I The Emergence of a Vassal Petro-State

What is the Venezuelan state today, if it has ceased to be that petro-state that once achieved a high degree of centralization of power and the economy, a considerable level of rent-seeking, and relative international influence—from the creation of OPEC in the 1960s to Chávez's proposals for regional integration?

As might be expected, oil will remain an important resource for Venezuela. As long as reserves of such magnitude exist, alongside the great weakness of other economic sectors and a global context of war over resources and energy, it is likely that we will continue to have a petro-state that bases the majority of its revenue on crude oil. What is changing is the new form of vassalage it is acquiring.

How long could this regime of subjugation last?

Within the logic of the so-called ‘Donnelly Doctrine,' the U.S. government will seek to maintain maximum subjugation of the Venezuelan state, all the more so if its geopolitical objectives on other continents remain unfulfilled. On the other hand, if the Chavista regime manages to adapt to this formula and offers the U.S. an advantageous relationship, this could allow the regime to persist over time.

To break free from this vassalage, Venezuela would need, on the one hand, to achieve sufficient unity among national/nationalist forces capable of opposing U.S. power; on the other hand, to recover, as much as possible, its institutional, economic, and military capabilities, thereby maintaining a minimal degree of sovereignty. However, such a recovery does not seem feasible in the short term, as fragmentation has prevailed, including within Chavista forces. In any case, these scenarios are not without contradictions, whether due to Trump's declining popularity in the U.S. or potential internal fractures in Venezuela, with uprisings or confrontations that could generate complex national conflicts.

This entire framework has posed a historic challenge to the notions of sovereignty that have been built in the country over decades, if not centuries. This challenge also concerns Latin America and the Caribbean, which view what has occurred in Venezuela as a process of aggressive re-colonization with regional implications. What is this thing we call sovereignty today?

III.II Enclave Economy and the Perpetuation of Oil Extractivism

The destruction of Venezuela's traditional oil economy model—amid the evolution of Chavista oil liberalization, the RLH, and the already established U.S. subjugation—which controls the entire chain of operations, commercialization, and administration of the national hydrocarbon industry—is leading us toward the formation of a kind of enclave economy.

Enclave economies were studied by dependency theory to describe a “development model” that emerged in several Latin American countries between the last quarter of the 19th century and the first quarter of the 20th, referring to resource extraction activities that became disconnected from the broader national economy, as they were directly controlled from abroad[10]. This entailed organizing territories as mere suppliers of resources (or labor) for the global market, with extractive activities that had little connection to local populations and revenues that were transferred outside the jurisdiction.

As we can see, this once again refers to patterns from a distant past. The Venezuela we have known over the last hundred years may end up becoming blurred and fragmented, now marked by the proliferation of territories of plunder with high levels of disconnection from the national economy. As if the country were defined fundamentally by being a collection of oil fields and mines.

This also perpetuates, for the umpteenth time, oil extractivism in Venezuela, seriously blocking any possibility of steering the country down a different path, given a history of dependency, rent-seeking, corruption, and massive environmental damage that is inextricably linked to this societal model. The prevailing national discourse following January 3 reflects the usual trends, which view this as an “opportunity” to boost oil and gas production once again. This has been stated, for example, by former Chavista oil minister Rafael Ramírez[11]1 and former opposition energy minister Humberto Calderón Berti[12], and is presented as a consensus by the vast majority of economists[13]; Delcy Rodríguez stated that Venezuela must become “a true oil and gas producing power”[14], and María Corina Machado proposed at CERAWEEK 2026 a national target of five million barrels per day[15]. Some minority voices, however, have denounced the surrender of oil sovereignty[16]; while the discussion on ‘energy transition' is negligible. But what stands out is a significant lack of questioning of the very model that has proven unsustainable both nationally and globally. These historical gaps in the discussion are once again evident, alongside the extremely adverse conditions for considering post-3-E alternatives.

However, it is important to highlight some contradictions in this outlook for oil expansion that has been predicted by many. The damage suffered by the industry and the rehabilitation of numerous abandoned wells require enormous investments, estimated at between US$100 billion and US$180 billion, to return to an estimated production of approximately 2.5 million barrels per day over the next 10–15 years[17]—if all goes well. On the other hand, the vast majority of the reserves to be developed are heavy and extra-heavy crudes with high production costs—which require high prices to sustain the investments—while conventional crudes are typically in decline phases with costs that have also increased. While production can be increased from fields such as Boscán (conventional) in Lake Maracaibo and from existing capacity in the Orinoco Belt, in other cases it is more complicated and costly—such as starting operations from scratch in the Belt—and few investors are likely to be truly attracted.

III.III A petro-state without revenue or assets: how is the country we have known sustained?

With the structure for capturing royalties and taxes shattered, and the state's own capacity to manage public assets through PDVSA undermined, the very sustainability of the state's operational capabilities is now in jeopardy. One should recall that Venezuela still depends on oil revenues for 80–90% of its income and, as I have mentioned, the rest of the economic sectors are far from being able to provide a similar source of revenue for the state coffers. How, then, can a model of society that was shaped for decades around oil revenues recover and sustain itself?

These changes will have a fourfold impact on Venezuelan society, adding to the disaster already wrought by the Chavista regime. First, the diminished operational capacities of the state are reflected both in the operational precariousness of fundamental institutions and in the basic services it provides to society, which dismantles a significant portion of social assistance channels. The state's economic decline also increases its existing vulnerability to international powers and fosters the continuation of a neo-patrimonial regime.

Second, the decline in state support in turn undermines its capacity for governance, including its presence and power in more peripheral territories, where criminal and irregular groups have also proliferated.

Third, and as a consequence of the two previous impacts, the gaps in institutional functions, state provision, and governance could end up being filled by private/transnational capital. This would represent a massive privatization of Venezuelan society, dramatically reducing the public sphere. This may also include an increase in the presence of private security forces[18], as seen in Africa.

Fourth and finally, the Venezuelan population would bear the brunt of this entire process, particularly the large most vulnerable sector and the sector of workers, peasants, and indigenous peoples. Within this framework, it becomes extremely difficult to realize the human and environmental rights enshrined in the Constitution; this represents the continuation of a terrible humanitarian situation for the country, now under new forms of governance. It seems clear that a vassal petro-state is incompatible with democracy, and vice versa. Formally privatized public services; new facets of deregulated labor regimes, with no respect for labor rights and little prospect of social protection; absolute neglect of the most vulnerable sectors; authoritarianism, criminalization of protest, and states of emergency; among other manifestations.

III.IV The Dangerous Invisibilization of the Ecological/Climate Crisis

The perpetuation of the oil industry in the form of a vassal state is also linked to the intensification of the multiple environmental impacts caused by this energy model—impacts that are exacerbated by a potential further increase in production—now under a new cloak of widespread legalized impunity.

First, the Maduro government had already dismantled the country's remaining environmental institutions and protections, placing them at the service of predatory extractivism. At the same time, it is well known that the Trump administration is a public enemy of the environmental and climate cause. Thus, this combination is hardly encouraging in this matter—and it could be added that María Corina Machado's alternative is not interested in defending the environment either.

The scope for favoring private capital in oil operations and the nullification of the checks and balances provided by PDVSA and state institutions, as expressed in the RLH, leave the environment with virtually no options. Spills, fires, accidents, and the constant flaring of gas at the flares would continue to occur with great impunity, perpetuating “sacrifice zones” that will be neglected so as not to affect the oil corporations' sacred profit margins. The track records of corporations like Chevron, with major environmental impacts worldwide—as seen in Ecuador, Angola, the Niger Delta, or Venezuela itself[19]—would face no restraint, to the detriment of local communities, fishermen, and small farmers who have been suffering the brunt of this activity for years, without ever seeing justice served.

Second, the United States, the world's largest producer of hydrocarbons and the primary driver of climate change, continues to deepen the energy and extractive model through its imperialist drive, a model that has led us to the dramatic global climate crisis we now face. Trump's unquestionable hydrocarbon imperative—“drill baby drill”—is being projected onto Venezuela, through its legislative reforms and its oil regime, turning our country into a privileged contributor to the Anthropocene. While the crisis demands a significant reduction in fossil fuel combustion—as even the International Energy Agency has pointed out—Venezuela is opening the door to ramp up.

This is the exact opposite path the country should be taking, yet very few are speaking out about the environment and the climate crisis. The Venezuelan Academy of Physical, Mathematical, and Natural Sciences presented its Second Academic Report on Climate Change 2025 at the end of that year[20], in which it addressed the major threats that the intensification of this phenomenon will pose to our nation, including impacts on food systems, dangerous water access issues, landslides and extreme droughts, and the spread of diseases, among others. Furthermore, it has highlighted how ill-prepared Venezuela is, to which must be added the indifference of political actors toward the problem.

Regardless of the adverse political conditions we face, these are unavoidable issues.

IV. CONCLUSIONS AND ALTERNATIVES

The analysis shows that, rather than an oil reform that will open up “opportunities for growth and development”—as claimed by numerous voices offering very limited and uncritical assessments—these transformations are pointing toward deeply troubling trends that undermine the very foundations of the Venezuelan republican project and fail to address the multiple dimensions of the long-standing national crisis.

We recognize Venezuela's urgent need to bring about political change and pave the way for a return to democracy; however, the options emerging following Maduro's removal also require critical analysis, a deeper perspective, and greater societal involvement to help give this confusing and uncertain period of potential transition a social, national, and democratic meaning.

If the Venezuelan Constitution is taken as the collective contract governing the country, demands for a return to the electoral process and democratic procedures must be intensified, while foreign interference in the country's fundamental decisions must be rejected.

It is also recognized that the scenario facing Venezuela is one of great complications and complexity, where the long-standing national crisis, U.S. geopolitical aggression, and the global civilizational crisis are all converging. Precisely because of this context, political boldness and the search for new reference points and paradigms are urgently needed.

To rebuild a national force capable of tackling such immense challenges, a political and social process is required that fosters a broad convergence of nationalist groups and sectors; and that this convergence coalesce around a project offering an agenda for economic, political, energy, and environmental recovery and transformation with a social and sustainability focus.

For such a project, broad spaces for discussion and exchange must be promoted within Venezuelan society, which is eager for change and democracy. In these spaces, it is necessary to propose reflections and questions regarding the role of oil in the country's future; how to address the urgent tasks of the energy transition and the climate crisis; and how to strengthen initiatives that seek economic diversification that is, moreover, as inclusive as possible.

Envisioning a Venezuela beyond oil is urgent; retracing the tortuous paths already taken would be a return to the abyss.

[1] Available here: http://www.gacetaoficial.gob.ve/gacetas/6978

[2] See, for example: AFP (2021) Maduro invites U.S. oil investment to Venezuela and offers to sell gas to Mexico.

https://www.youtube.com/watch?v=R67Qa2zIQqE&t=3s; Swiss Info (2024) Maduro invites foreign businesspeople to invest in Venezuela's oil sector. https://www.swissinfo.ch/spa/maduro-invita-a-empresarios-extranjeros-a-invertir-en-sector-petrolero-de-venezuela/82027475

[3] Reuters (2025) Maduro presents constitutional reform proposal to the Venezuelan Parliament. https://www.reuters.com/latam/domestico/S6QTJJIRIZN2HJ6DEC7WUPZ24E-2025-02-16/

[4] Márquez-Marín, Gustavo. Mendoza-Potellá, Carlos. Millán-Campos, Oly (2023) Elite consensus to cede oil sovereignty. PDVSA-Chevron contract initiated new oil opening. https://www.aporrea.org/energia/a320133.html

[5] PDVSA Ad Hoc (2025) How China Used Its “Silk Road” Strategy to Strengthen Its Position in the Venezuelan Oil Industry. https://pdvsa-adhoc.com/en/2025/10/how-china-used-its-silk-road-strategy-to-strengthen-its-position-in-the-venezuelan-oil-industry/ ; George, Libby (2026) How much does Venezuela owe China, and why is oil involved? https://www.reuters.com/business/energy/how-much-does-venezuela-owe-china-why-is-oil-involved-2026-01-23/

[6] Teran-Mantovani, Emiliano (2022) The Metamorphoses of Progressivism: Neoliberalization and the Shift to the Right of the Bolivarian Process in the Great Venezuelan Crisis (2013–2020), in: Schavelzon, S. López, P. Ivanovic, M. Derivas y dilemas de los progresismos sudamericanos. Red Editorial, 217–261.

[7] End State Terrorism in Venezuela. Respect the Will of the Venezuelan People (2024) https://muflven.org/wp-content/uploads/2024/08/CESE-EL-TERRORISMO-DE-ESTADO-EN-VENEZUELA-AGO-2024-2.pdf. RFI (2025) Venezuela: Growing political persecution ‘creates a climate of fear,' warn UN experts. https://www.rfi.fr/es/am%C3%A9ricas/20250923-venezuela-la-creciente-persecuci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-genera-un-clima-de-temor-alertan-expertos-de-la-onu

[8] Telesur (2026) Venezuela's National Assembly unanimously approves reform of the Hydrocarbons Law. https://www.youtube.com/watch?v=mm2V8Ku8xjU

[9] Teran-Mantovani, Emiliano (2022) The Metamorphoses of Progressivism: Neoliberalization and the Shift to the Right of the Bolivarian Process in the Great Venezuelan Crisis (2013–2020), in: Schavelzon, S. López, P. Ivanovic, M. Drift and Dilemmas of South American Progressivism. Red Editorial, 217–261.

[10] Cardoso, Fernando Henrique. Faletto, Enzo (1979) Dependency and Development in Latin America. Mexico: Siglo XXI.

[11] Rudich, Wanda. Morchón, Núria (2026) Venezuela has the capacity to triple its oil production, according to former Minister Ramírez. https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-tiene-capacidad-para-triplicar-su-producci%C3%B3n-petrolera%2C-seg%C3%BAn-exministro-ram%C3%ADrez/90773773

[12] Analítica (2026) Analítica Interview: Humberto Calderón Berti What will happen in Venezuela's oil industry? https://www.youtube.com/watch?v=RjLhBplX378&t=1211s

[13] Martin, Nik (2026) Venezuelan oil industry: hopes for recovery. https://www.dw.com/es/industria-petrolera-venezolana-esperanzas-de-recuperaci%C3%B3n/a-75899950

[14] Periódico de la Energía (2026) Delcy Rodríguez says Venezuela must become an “oil-producing power.” https://elperiodicodelaenergia.com/delcy-rodriguez-dice-que-venezuela-debe-convertirse-en-potencia-productora-de-petroleo/

[15] Clarembaux, Patricia (2026) María Corina Machado's oil strategy: security and transparency to attract investors to Venezuela. https://elpais.com/us/2026-03-25/la-apuesta-petrolera-de-maria-corina-machado-seguridad-y-transparencia-para-atraer-inversionistas-a-venezuela.html

[16] D'León, Milton (2026) Oil under imperial tutelage. Venezuela: Reform of the Hydrocarbons Law in Step with Trump and the Transnational Oil Companies. https://www.laizquierdadiario.com/Venezuela-la-reforma-de-la-Ley-de-Hidrocarburos-al-ritmo-de-Trump-y-las-transnacionales-petroleras; Marcelo Quiroga Santa Cruz Free Chair (2026) Reform of the Hydrocarbons Law: Imperialism and the New Scenarios of Sovereignty in Venezuela. https://www.youtube.com/watch?v=8IBT-EWVAX4&t=954s

[17] Ambrose, Jillian. Gayle, Damien (2026) High costs, falling returns: what could go wrong for Trump's Venezuela oil gamble? https://www.theguardian.com/business/2026/jan/09/high-costs-falling-returns-trump-venezuela-oil-gamble ; Escobar, Krysta (2026) Can Venezuela get back to producing 3 million barrels of crude oil a day? https://www.cnbc.com/2026/01/28/venezuela-crude-oil-production-investment.html; Liu, Tai (2026) Venezuela's Oil Renaissance Faces Several High Hurdles. https://about.bnef.com/insights/commodities/venezuelas-oil-renaissance-faces-several-high-hurdles/

[18] Le Grand Continent (2025) Erik Prince: the Neo-Reactionary Condottiero of the Trump Empire. https://legrandcontinent.eu/es/2025/12/23/erik-prince-el-condotiero-neorreaccionario-del-imperio-trump/

[19] Criticism of Chevron. https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Chevron

[20] Venezuelan Academy of Physical, Mathematical, and Natural Sciences (2025) Second Academic Report on Climate Change (DRACC) 2025. https://www.youtube.com/watch?v=shNjagg94-E&t=5693s

El cinismo de Rodríguez: ¿Volver a qué? La diáspora venezolana no olvida el desastre económico

Esperanza Hermida — 2026-05-26T17:18:23Z

par Esperanza Hermida - Local | América Latina, Derechos Humanos, Movimientos Sociales , Política , Venezuela, Reflexión / Análisis

Gobierno de Delcy Rodriguez, en alianza con el imperialismo yanqui, no ofrece garantías para el retorno de 7,9 millones de migrantes que malviven en el exilio.

Para millones de personas venezolanas que abandonaron el país en busca de oportunidades, pero que viven en situación de precariedad entre América Latina, EEUU y España, el llamado de Jorge Rodríguez a «superar» el pasado y regresar a Venezuela ha generado una ola de escepticismo. Para muchas personas migrantes, el gesto es una clara demostración de cinismo, considerando que el gobierno de Delcy Rodríguez -en alianza con Trump- no ha restablecido el poder adquisitivo del salario, y que el gobierno de Maduro, destruyó la economía y la seguridad social del país.

Entre 2015 y 2026, Venezuela experimentó el mayor éxodo de su historia, con 7,9 millones de personas que optaron por huir de la crisis económica, la inseguridad, la represión y la falta de oportunidades laborales (R4V, dic 2025). El 89,6% se quedó en América Latina y el Caribe (R4V, nov 2025). En su mayoría eran personas en edad productiva, incluyendo profesionales del magisterio, la salud, el sector petrolero y obreros de alta calificación, que buscaban un futuro mejor para sí y sus familias.

Sin embargo, la realidad laboral en el exterior ha sido dura. En América Latina y el Caribe, el 82% de las personas migrantes venezolanas se encuentra en el sector laboral informal (OIM, 2024), con salarios precarios y sin derechos laborales. En países como Colombia, la informalidad alcanza 73,1% (DANE-OIM, 2024); en Perú, 93,7% (INEI-OIM, 2022); y en Chile, 63,8% (SERMIG-OIT, 2023). La sobrecualificación es la norma: ingenieros manejan taxis, médicas venden arepas en la calle, y profesores limpian casas. El 62% de los profesionales no ejerce su carrera (OIM, 2023).

En España, son de Venezuela muchas de las personas que sostienen el sistema de cuidados. De 518.918 venezolanos empadronados (INE, enero 2026), 285.996 cotizan a la Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, abril 2026). El resto está en paro, inactivo o economía sumergida. En Galicia, CEFILVEGA constata que 4 de cada 10 mujeres venezolanas ocupadas trabajan en cuidados, y el 62% tiene título universitario sin homologar, cobran entre 700 y 900 euros al mes como internas sin papeles, con jornadas que superan las 60 horas semanales (CEFILVEGA, 2025). Según sindicatos como CCOO y UGT, hay un contingente de enfermeras, maestras y psicólogas venezolanas que cuidan a mayores en condiciones de explotación. «Es un sistema que se apoya en la precariedad de estas mujeres», denuncia la CIG en Galicia (CIG, marzo 2026).

En EEUU, la situación es aún más crítica. Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, el gobierno de Trump aceleró las deportaciones. En marzo de 2025 se suspendió el TPS para 472.000 venezolanos (DHS), que perdieron su permiso de trabajo. Ahora, muchas viven con el miedo constante a ser deportadas, y se ven obligadas a aceptar trabajos informales y mal pagados.

Mientras tanto, en Venezuela, 5,1 millones de personas jubiladas sobreviven con pensiones de 3,2 USD al mes (IVSS, 2026). La situación es tan grave que la ONG Convite documentó 3.200 muertes de adultos mayores entre 2018 y 2023 asociadas a la falta de medicinas y tratamientos básicos (ONG Convite). La canasta básica supera los 550 USD (CENDAS-FVM, mayo 2026).

La vuelta a la patria depende de la mejora sustancial de las condiciones estructurales del país, especialmente del restablecimiento del salario y no de un “pasar la página” como pretende Jorge Rodríguez cínicamente. Mientras esta transformación económica no se produzca, el éxodo venezolano seguirá creciendo y la esperanza de un retorno digno se desvanece.

ALGUNOS DATOS CLAVE

– 82% de las personas migrantes venezolanas en América Latina y el Caribe trabajan en la informalidad (OIM, 2024)

– 62% de los profesionales no ejerce su carrera (OIM, 2023)

– 3.200 muertes de adultos mayores por falta de medicinas entre 2018 y 2023 (ONG Convite)

– Venezolanos ganan 38% menos que locales por la misma labor en América Latina (OIT, 2025)

– 5,1 millones de pensionados con 3,2 USD/mes (IVSS, 2026)

EXIGENCIAS:

– Condiciones laborales favorables para el retorno de la clase trabajadora venezolana en el exterior

– Aumento del salario y restablecimiento de la seguridad social en Venezuela

– Respeto a los derechos laborales y sindicales

– Respeto a los derechos laborales universales y regularización de la situación administrativa de las personas migrantes venezolanas en el exterior: ¡Ningún ser humano es ilegal!

Fuentes:

R4V – Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. “Cifras clave”, diciembre 2025. Proyección 7,9 millones a 2026. r4v.info

R4V. Actualización noviembre 2025: 6,9 millones de 7,7 millones en América Latina y el Caribe = 89,6%. r4v.info

OIM – Organización Internacional para las Migraciones. Análisis de la contribución fiscal y económica de la migración venezolana: una aproximación regional, 2024. Post oficial @onumigracion, 2 enero 2026. lac.iom.int

DANE Colombia + OIM. Encuesta Pulso de la Migración, 2025. dane.gov.co

INEI Perú + OIM. Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que Reside en el País – ENPOVE II, 2022. inei.gob.pe

SERMIG Chile + OIT. Estudio sobre migración venezolana en Chile, 2023. serviciomigraciones.cl

OIM. Estudio Integración Socioeconómica de la Población Venezolana, 2023.

INE España. Población por país de nacimiento, Padrón Continuo, datos a 1 enero 2026. ine.es

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, abril 2026. inclusion.gob.es

CEFILVEGA – Centro de Formación e Investigación Laboral Venezolana en Galicia. Estudio sobre inserción laboral femenina de la migración venezolana, 2024.

CIG – Confederación Intersindical Galega. Informe sobre la situación laboral de las mujeres en Galicia. marzo 2026.

DHS – Department of Homeland Security, EEUU. Federal Register: Termination of Venezuela TPS Designation, marzo 2025. federalregister.gov

IVSS – Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Salario mínimo Bs. 130 a tasa BCV, mayo 2026. Equivale a 3,2 USD.

ONG Convite. Informe sobre mortalidad de adultos mayores por falta de acceso a medicinas, 2018-2023.

CENDAS-FVM. Canasta Alimentaria Familiar, mayo 2026: 552,29 USD.

OIT – Organización Internacional del Trabajo. Panorama Laboral de América Latina y el Caribe, 2025. ilo.org

Consideraciones ecológicas y sociales sobre la moda vestimentaria.

Francisco Javier Velasco Páez — 2026-05-08T23:51:40Z

par Francisco Javier Velasco Páez - Local | Mundo, Ecología , Política , Reflexión / Análisis

Crédito: Shutterstock.

El modelo en el que se basa la industria de la moda tiene un impacto directo sobre la sostenibilidad del planeta y sobre la vida de millones de personas, a menudo invisibles a ojos del consumidor. Históricamente, la industria de la moda se ha caracterizado por una cadena de producción compleja y a menudo opaca, que abarca desde la extracción de materias primas hasta la producción en serie y la distribución de productos acabados. Este proceso suele acarrear severa degradación ambiental y dar lugar a prácticas laborales precarias y explotación de seres humanos.

La industria textil es una de las más contaminantes del mundo y desempeña un papel fundamental en la actual crisis ecológica. Es responsable de importantes volúmenes de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero que alimentan la crisis climática, de buena parte de la contaminación de agua en el mundo, de la generación de muchos residuos y de serios impactos sociales. Su relación con la catástrofe ambiental en curso está presente en cada etapa de creación e incluso en cada etapa de la vida de las vestimentas: desde la producción de materias primas para su creación hasta su descarte por deterioro o “desactualización” relativa al gusto colectivo impuesto. Se caracteriza por la sobreproducción y el consumo excesivo, especialmente vía lo que se denomina “fast fashion” (moda rápida) que es un modelo de producción textil basado en la renovación constante de colecciones a bajo coste que promueve una moda efímera.

En tanto que industria y sistema, la moda está en estrecha relación con la naturaleza, en particular en lo que concierne a la biodiversidad, el agua y la utilización de los suelos. La industria de la moda y la ropa deportiva dependen de la biodiversidad para obtener las materias primas utilizadas en sus productos (como cachemir, algodón, cuero, viscosa y lana) y embalajes. Debido al aumento del monocultivo, al uso de agrotóxicos y al consiguiente incremento de los rendimientos agrícolas, el número de especies utilizadas en la producción ha disminuido. Se estima incluso que la biodiversidad está disminuyendo a un ritmo muy veces superior al natural. Esto no solo restringe la diversidad genética y hace que los sistemas agrícolas sean menos resilientes a los riesgos ambientales, sino que también aumenta la dependencia de la industria de las especies restantes para cubrir las carencias. Si bien las fibras naturales representan un riesgo inherente para la naturaleza, los sectores con un alto componente sintético, como la industria de la ropa deportiva, plantean serios problemas ambientales relativos a la contaminación y la ausencia de biodegradabilidad (Munarriz y Tello, 2025; Maiti, 2026).

La calidad y la disponibilidad de agua son factores vitales para los ecosistemas naturales y la industria de la moda, esta última consume decenas de billones de litros al año. Desde el riego de cultivos hasta los procesos de teñido, la dependencia del sector respecto al agua es multifacética. Cultivos como el algodón requieren grandes cantidades de agua para su producción y procesamiento. Una mala gestión del agua provoca escasez, ya que el agua superficial y subterránea utilizada para regar los campos de algodón supone una pérdida de agua dulce. La industria de la moda es el segundo mayor consumidor de agua debido a los procesos de blanqueo, teñido, acabado, suavizado, hilado y cultivo de materiales. Desafortunadamente, gran parte de esta agua se contamina con productos químicos durante estos procesos y, a menudo, se desecha en condiciones insalubres, contribuyendo así a contaminar las reservas de agua cada vez más escasas y a deteriorar los ecosistemas acuáticos. (Turk, 2023; OHM Energie, 2025; Oxfam, 2025).

La sobreproducción de ropa también agrava la degradación del suelo y la deforestación, principalmente debido a la agricultura, el pastoreo y la instalación de plantas industriales, actividades que implican un uso significativo de la tierra. La producción de cuero y viscosa contribuye considerablemente a la deforestación en diversos ecosistemas, incluido el Amazonas. Millones de árboles se talan anualmente para la producción de fibra de viscosa, muchos de los cuales provienen de bosques primarios amenazados, en lugar de plantaciones gestionadas. La deforestación y la degradación de la tierra provocan erosión, lo que agota la capa fértil del suelo y reduce la productividad. El sector ganadero utiliza aproximadamente el 80 % de las tierras agrícolas del mundo. El sobrepastoreo del ganado para la producción de lana y cachemira también altera el equilibrio de las especies vegetales, lo que conlleva un aumento de las gramíneas y una disminución de los arbustos y árboles; consecuencias que afectan tanto a la biodiversidad como al ecosistema. La mayor parte de los pastizales de Mongolia se encuentran degradados debido a las prácticas de sobrepastoreo asociadas al cultivo de cachemira (Macdermott, 2021; Paz, Dávalos y Resendiz, 2023; Parlamento Europeo, 2024). Además, la incapacidad de la industria de la moda para abordar estos problemas podría provocar interrupciones en la cadena de suministro, un aumento de los costes, riesgos regulatorios y daños a la reputación de las empresas.

Resumiendo, podemos decir que la relación de la industria de la moda con la naturaleza es una relación fundamentalmente extractiva.

La moda rápida ejemplifica los costes ocultos de un modelo de producción basado en la velocidad, el bajo coste, la deslocalización en gran escala y el desecho masivo. Cabe señalar que la ropa de moda rápida se diseña para ser desechable, a menudo con materiales de menor calidad que se deterioran rápidamente. El fast fashion lleva diseños de la pasarela a la tienda en poco tiempo (días o semanas), promoviendo el consumo constante (Romanos, 2025; Fashion Sustainable, 2026). Directory) En tanto que moda efímera alienta la obsolescencia rápida de los productos, teniendo como consecuencia la acumulación de verdaderas montañas de ropa que se descartan o incineran en grandes vertederos. Así, por ejemplo, en el desierto de Atacama en Chile, cerca del puerto de Iquique en donde arriban enormes volúmenes de ropa usada cada año, se encuentra el vertedero de ropa más grande del mundo, donde más de 40.000 toneladas de ropa que no se vendió, prendas de vestir fast fashion de Europa, Asia y los Estados Unidos, son descartadas anualmente. Este masivo depósito de desechos textiles, que es visible desde el espacio exterior y ha sido fotografiado con satélites es frecuentemente incendiado causando un daño ecológico severo y, de esa, manera tratando de esconder el costo oculto del consumo de moda rápida (Alarcon y Shipley, 2024; Grasso; 2025). Otros dos grandes vertederos se encuentran en la ciudad de Accra en Ghana en Panipat, India. En el primer caso, el llamado Mercado Kantamanto recibe enormes cantidades de ropa de segunda mano, con cerca de un 40% de vestimentas que se convierten en desechos que terminan en rellenos, playas y el océano Atlántico (Greenpeace, 2025; Sueña entre Telas, 2025). En Panipat, conocida como la “capital de lo desechado”, se reciben grandes cantidades de textiles, parte de los cuales se reciclan en sábanas, pero dejando un desbordamiento masivo de desechos (Palacios, 2025; The Guardian, 2025).

Por otro lado, el impacto social de la industria de la moda, especialmente la moda rápida, es muy negativo y de gran significación. Las condiciones laborales de esa industria suelen ser precarias y peligrosas, caracterizadas por largas jornadas (de 10 a 16 horas diarias que se intensifican en temporadas altas), salarios inferiores al mínimo vital que no cubren las necesidades básicas y perpetúan la situación de pobreza de poblaciones vulnerables (esos salarios mínimos bajos captan el interés de las marcas y empresas distribuidoras ricas y poderosas que atraen la inversión extranjera), entornos inseguros (fábricas con ventilación deficiente y riesgo de incendios y derrumbes), elevada informalidad (la producción se concentra en países con escasa protección laboral, donde la subcontratación dificulta la regulación), falta de derechos con ausencia de contratos estables, seguridad social y restricciones a la libertad sindical, altos índices de abusos físicos o verbales, violencia de género que afecta principalmente a mujeres y niñas de países del sur global, trabajo forzoso y explotación de menores (Agood Company, 2023; Schirrer, 2024; Amnistía Internacional, 2025). Las personas con identidades múltiples e interseccionales en función del género, origen étnico, casta, situación migratoria o creencia religiosa son objeto de discriminación combinada en el trabajo; por ejemplo, no obtienen ascensos, no se tienen en cuenta sus opiniones, se infravalora su trabajo. A esto se agregan riesgos en salud de orden ergonómico, como lesiones por movimientos repetitivos y manipulación de cargas, además de exposición a sustancias químicas tóxicas utilizadas en el teñido y tratamiento de telas. La mayoría de quienes trabajan en la confección en los principales países proveedores —Bangladesh, India, Pakistán y Sri Lanka— son personas migrantes internas, sobre todo mujeres. Muchas de estas últimas se han trasladado de las zonas rurales a la ciudad para encontrar empleo sin sus familias ni redes de apoyo.

Consideramos importante dedicarle unas líneas de más al preocupante lugar del trabajo esclavo en la industria de la moda. El trabajo esclavo contemporáneo, entendido como una forma de explotación laboral extrema en la que una persona es privada de su libertad por parte de otra por motivos económicos o personales, es una cruda realidad en la industria de la moda, particularmente en países pobres donde la normativa es más débil y su aplicación escasa. La representación de una cadena de suministro típica del sector textil puede implicar, fácilmente, la intervención de nueve o diez empresas en más de cinco países; esta desconexión, junto con las grandes distancias existentes dentro de la propia cadena, tiene una enorme importancia en el fenómeno de la esclavitud moderna. Si el sector textil no puede definirse como una industria fundamentada en la esclavitud moderna, sí presenta factores que hacen que surjan casos de esta explotación laboral extrema (Descartes, 2025; Littlewood, Thea; 2026).

Para finalizar, es bueno precisar que la moda es un proceso social con el cual los objetos culturales, trátese de prácticas culturales, apreciación visual o creencias políticas, conservan prestigio o notoriedad durante un tiempo determinado (Rocamora y Smelik, 2019; Saltzman, 2016). Al ser fuertemente reconocidos por un grupo, algunos de esos objetos son trocados en un elemento de “moda” y, luego, su actualidad finaliza cuando su reconocimiento se colma, llega a un estado límite de aceptación. Conviene señalar que la moda actúa como un sistema que regula el consumo y los hábitos, reflejando en parte la cultura y los cambios históricos de la sociedad en un momento determinado. La moda es un fenómeno social y cultural que define tendencias de vestimenta, comportamiento o consumo adoptadas por una mayoría durante un tiempo y lugar específicos. Funciona como mecanismo de identidad personal y grupal, cambiando constantemente. La moda vestimentaria es, además de ser un objeto artístico o la compulsión humana hacia lo nuevo a través de una serie de cambios recurrentes, es una industria que contamina y explota, disciplina los cuerpos y los multiplica en estilos, une o separa superficialmente a los grupos por medio de la imitación o la distinción, uniforma o deforma.

Ahora bien, el vestido ciertamente responde a una necesidad funcional de proteger el cuerpo, pero es también más que eso, es un lenguaje simbólico que comunica identidad, un poderoso marcador de transformaciones sociales que sustenta y reproduce discursos sociales. La relación entre piel y vestimenta es dinámica y compleja, el vestido no solo cubre, sino que transforma la experiencia del cuerpo humano. En ese sentido, en una perspectiva de autonomía, en tanto que interfaz íntima y pública que moldea la percepción del cuerpo, puede contribuir a emancipar y crear libremente de manera individual y colectiva. Puede convertirse en una forma de autoexpresión y en un acto político de resistencia, alejándose de la estética comercial impuesta, la mercantilización de la vestimenta y sus nefastos impactos sociales y ecológicos. Puede pasar de una relación extractiva con la naturaleza a una relación recíproca basada en el cuido y la regeneración de los ecosistemas. Es este un desafío que se nos plantea.
Referencias.

Agood Company (2023) Fast Fashion: The Environmental and Social Impact. https://www.agood.com/blogs/stories/fast-fashion-the-environmental-and-social-impact.

Alarcón, Muriely Shipley, Julia (2024) Las montañas de ropa se esfumaron del desierto de Atacama, pero el problema no desapareció. El País. https://elpais.com/america-futura/2024-01-04/las-montanas-de-ropa-se-esfumaron-del-desierto-de-atacama-pero-el-problema-no-desaparecio.html

Amnistía Internacional (2025) ¿Por qué los derechos laborales en el sector textil son una cuestión de discriminación de género? https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2025/11/workers-rights-in-the-garment-industry-a-gender-discrimination-issue/.

Descartes (2025) La industria de la moda; trabajo esclavo contemporáneo. https://www.descartes.com/es/resources/blog/industria-de-la-moda-trabajo-esclavo-contemporaneo.

Fashion Sustainable Directory (2026) ¿Cómo afecta la moda rápida a la calidad? https://fashion.sustainability-directory.com/question/how-does-fast-fashion-affect-quality/.

Grasso, Agustina (2025) Atacama: visitamos el basurero de ropa en Chile. Escritura Crónica. https://escrituracronica.com/atacama-basurero-ropa/.

Greenpeace (2025) Qué son los basureros textiles del planeta: el daño de la moda rápida del Desierto de Atacama a Ghana. https://www.greenpeace.org/colombia/blog/campanas/contaminacion/que-son-los-basureros-textiles-del-planeta-el-dano-de-la-moda-rapida-del-desierto-de-atacama-a-ghana/

Littlewood Thea (2026) The Hidden Cost of Fashion. Fashion Revolution. https://www.fashionrevolution.org/the-hidden-cost/.

Macdermott, Erin (2021) ¿Qué le pasa a la industria de la moda y cómo solucionarlo? Extintion Rebellion. https://rebellion.global/es/blog/2021/07/26/fast-fashion/.

Maiti, Rashmila (2026) The Environmental Impact of Fast Fashion, Explained. EARTH.ORG. https://earth.org/fast-fashions-detrimental-effect-on-the-environment/

Munarriz, Jordy y Tello, Lesia (2025) Fast Fashion and Biodiversity Loss:
A Growing Threat to Wildlife and Ecosystems. AYA. https://ecoaya.com/blogs/sustainability/fast-fashion-and-biodiversity-loss-microplastic-and-endangered-species

OHM Energie (2025) Les vraies conséquences de la fast fashion sur notre monde. https://ohm-energie.com/blog/fast-fashion-consequences.

Oxfam (2025) Pourquoi la fast fashion est un désastre pour l'environnement. https://www.oxfamfrance.org/climat-et-energie/impact-environnemental-mode-fast-fashion/.

Palacios, Amador (2025) Fast Fashion: El hilo invisible que conecta tu armario con el vertedero del mundo. Desde la terraza de Amador. https://desdelaterrazadeamador.com/fast-fashion-el-hilo-invisible-que-conecta-tu-armario-con-el-vertedero-del-mundo/.

Paz, Rafael; Dávalos, Fernanda y Resendiz, Alberto (2023) La industria de la moda: la segunda más contaminante del mundo. Revista UNAM Global. https://unamglobal.unam.mx/global_revista/la-industria-de-la-moda-la-segunda-mas-contaminante-del-mundo/

Rocamora, Agnès y Anneke M. Smelik (eds.) (2019), Thinking Through Fashion. A Guide to Key Theorists, Bloomsbury, Indiana.

Romanos, Andrea (2025) Moda rápida, derechos vulnerados: el precio oculto de la ropa barata. Universitat Oberta de Catalunya. https://www.uoc.edu/es/news/2025/moda-rapida-derechos-vulnerados-el-precio-real-de-la-ropa-barata.

Saltzman, Andrea La metáfora de la piel en el proceso poyectual de la vestimenta DATJournal, vol. 1, núm. 2, 2016, pp. 42-50 Universidade Anhembi Morumbi https://www.redalyc.org/pdf/7580/758079701005.pdf.

Schirrer, Solene (2024) The social impact of fast fashion. Voice. https://www.fabricofchange.ie/articles/the-social-impact-of-fast-fashion-.

Sueña entre Telas (2025) El Vertedero de Ghana: Un Problema Mundial. https://xn--sueaentretelas-snb.es/blog/el-vertedero-de-ghana-un-problema-mundial/.

The Guardian (2025) Fast-fashion recycling: how ‘the castoff capital of the world' is making Indian factory workers sick. https://www.theguardian.com/global-development/2025/oct/07/indian-factory-workers-fast-fashion-recycling-panipat-discarded-clothing.

Turk, Vanessa (2023) Fast Fashion: Polluting our Water Millions of Clothing Items at a Time. The GW Point Source. https://blogs.gwu.edu/law-gwpointsource/2023/10/02/fast-fashion-polluting-our-water-millions-of-clothing-items-at-a-time/

Impacto ambiental de Venezuela en el mar Caribe

Dharma Parra Kasen — 2026-05-08T21:21:58Z

par Dharma Parra Kasen - Local | América Latina, Ecología , Política , Venezuela, Reflexión / Análisis

DerramePetrolero en el tubo-submarino de PDVSA-Cardon manglares de Pta. Caiman y Pta. Maraguey Foto Eduardo Klein (2004)
Imagen de Observatorio de Ecología Política de Venezuela

A propósito de la cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú que se realiza en esta ocasión en Bahamas, mapeamos la huella ambiental de Venezuela en aguas caribeñas durante la última década.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú fue suscrito en 2018. Es un tratado internacional que ha sido ratificado por 19 Estados de América Latina y el Caribe,penosamenteVenezuela se mantiene al margen.

Cabe destacar que la finalidad de este acuerdo es proteger los derechos de la población en el marco del desarrollo sostenible, promoviendo gestiones gubernamentales transparentes y participativas. Los Estados adheridos están obligados a implementar medidas para proteger a las personas defensoras del medio ambiente, garantizar el acceso a la información pública sobre proyectos y políticas que impactan el ecosistema. Para lo cual debe existir un apropiado marco de justicia ambiental y acceso a tribunales para dirimir conflictos ambientales.

Venezuela nunca participó ni siquiera en la etapa de negociaciones del tratado, asumiendo la misma posición de Surinam, Cuba y Barbados, a pesar de la enorme diferencia territorial. La extensión del territorio venezolano abarca más de 916 mil km² y una costa de 3.726 kilómetros, sin incluir la de la Guayana Esequiba. Esto la convierte en el sexto país más grande de América del Sur.

Como la costa venezolana tiene el mayor impacto directo sobre el mar Caribe, es oportuno tener una imagen clara de cómo se ha gestionado en años recientes. Específicamente, lo que ha representado en términos ambientales. Tomando en cuenta que todas las actividades en un territorio afectan no solo la vida nacional, sino también las de más allá de sus fronteras. De allí la importancia de adherirse a instrumentos como este tratado, que no solo contribuyen al desarrollo armónico de los países con su entorno, sino también al juego limpio de los gobiernos.

Los espacios marinos como el mar Caribe son compartidos por una enorme variedad de especies que migran y se desplazan libremente, lo que las expone a todo tipo de amenazas. En tiempos recientes, las incidencias registradas más comúnmente en Venezuela fueron derrames petroleros costeros, sobreexplotación pesquera, y la destrucción de manglares y corales. Conocidas públicamente gracias al trabajo de activistas ambientales, organizaciones no gubernamentales e investigadores de Venezuela. Instancias que han asumido un rol omitido, sistemáticamente, por los entes gubernamentales. Desde 2017, el Estado mantiene una práctica de opacidad informativa sobre todos los derechos fundamentales.

En la imagen de la huella marina de Venezuela solo se recogen las incidencias antes mencionadas, entre 2020 y 2026. Debemos insistir en que los derrames petroleros que se dan en costa abierta afectan flora y fauna marina, playas, humedales, manglares, corales y pastos marinos. Incluso compromete la vida de aves.

Pero además repercute directamente en la soberanía alimentaria de la nación, pues perturba temporadas de pesca. Incrementa el desempleo en zonas pesqueras, un problema que se ha agravado en las últimas décadas. Esta suma de elementos ha determinado que la producción pesquera no haya vuelto a alcanzar conjuntamente las 100 mil toneladas por año desde el 2005. Antes nada más el rubro sardinas las superaba.

Por si fuera poco, el vertido de petróleo en aguas marinas contamina los peces con metales como vanadio y plomo. Y en el país ya se han reportado altos niveles de vanadio en peces, alertando que podrían generar malformaciones en humanos.

Estos derrames han llegado hasta playas y parques turísticos, obligando al cierre de espacios de recreación y esparcimiento. En la costa de Carabobo, donde hay ecosistemas muy sensibles como el Parque Nacional Morrocoy y el Parque Nacional San Esteban, la devastación natural producida necesita, según expertos, 50 años para ser restaurada.

La pérdida de la biodiversidad producida por estos eventos es incuantificable.
Otros factores de riesgo ambiental

Una vez más, la falta de datos oficiales, también sobre la actividad pesquera, impide explicar la relación real entre la sensible disminución de poblaciones de varias especies marinas, incluso protegidas, como el tiburón, y la caída en la producción pesquera.

Son varias las organizaciones científicas y pesqueras que recientemente han denunciado la ausencia de peces antes comunes en aguas venezolanas. Esta variación se ha asociado a la sobreexplotación[1] pesquera, que no se contabiliza como producción nacional porque navega rumbo a otras latitudes.

El Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura ISOPESCA, reconoce en sus plataformas el impulso reciente a las exportaciones. Promoviendo el comercio de 33 especies con más de 50 países. Evidentemente, la balanza se inclina hacia la satisfacción de mercados internacionales, porque es un hecho que la demanda nacional no puede competir con los precios foráneos, dada la merma del poder adquisitivo nacional. Pero se desconoce si es la pesca artesanal la beneficiaria o una de escala industrial.

La falta de transparencia institucional no puede esconder las responsabilidades que la legislación venezolana establece sobre la vigilancia, control y resguardo de derechos ciudadanos. De allí que la opacidad informativa de los propios órganos del Estado opera al margen de leyes nacionales e inconstitucionalmente. Esto en el caso del sector alimenticio, vulnera derechos humanos específicos.

Las sistemáticas omisiones son criminales por sus repercusiones, y más si contribuyen al tráfico ilegal de especies marinas protegidas o a la pesca intensiva. En cualquier caso, dada la complejidad de los ecosistemas marinos, esta forma de manejar recursos naturales repercute en países vecinos que tienen derecho a reclamo, aun fuera del marco del Acuerdo de Escazú. La sostenibilidad de la gestión ambiental de cara a los connacionales y a los vecinos, sin datos públicos oficiales, no es posible de demostrar.

Otro aspecto del impacto marino que tiene Venezuela en el Caribe es la diversidad de vida que se refugia en las 673,500 hectáreas de manglares costeros. Algunos gravemente comprometidos por el desarrollo turístico descontrolado, también al margen de la ley, como los denunciados en Los Roques y Margarita.

Los manglares también se han visto afectados por derrames petroleros en los años 2020 y 2024. Ante todos estos eventos (que apenas representan una porción) son muchas las posibilidades que la ciencia y tecnología tienen para intervenir a favor de la preservación de la vida, si se invirtiera en ello. La degradación de manglares repercute directamente en las especies marinas porque son criaderos naturales de peces y de aves migratorias y residentes. De allí la importancia de su preservación y restauración cuando han sido afectadas.

Más allá del pacto Internacional de Escazú y los sucesivos encuentros para revisar los desempeños nacionales, en Venezuela la Constitución y varias leyes sirven de marco para la transparencia administrativa y la justicia ambiental. Los deberes están normados, existe un marco jurídico, lo que falta es que sea accesible. El Estado tiene pendiente aún la tarea de garantizar esa accesibilidad y trabajar en la promoción del desarrollo sostenible.

La biodiversidad del mar Caribe necesita un compromiso colectivo y regional que no puede evadir ningún país, y que cada latinoamericano debe defender para las actuales y futuras generaciones.

[1] Hay sobreexplotación cuando se capturan demasiados peces y no hay adultos suficientes para reproducirse y mantener una población saludable.

¡Transformemos la guerra y la paz capitalistas en una revolución social mundial!

2026-05-07T18:26:40Z

No Local

“¡El año 2026 comienza con gran estruendo!”, escribíamos a principios de este año, en el momento de la intervención militar estadounidense en Venezuela. Aprovechando este enésimo episodio belicista, recordábamos que desde hace años afirmamos, al igual que otras minorías comunistas, que el mundo se ha embarcado en un rumbo decidido hacia una guerra mundial generalizada, considerada por todos los gánsteres burgueses que nos explotan como la solución a la crisis (económica, social, política…) inherente al modo de producción y acumulación capitalistas. Y no es la guerra en Ucrania la que nos desmentirá. Ni las masacres perpetradas en la Franja de Gaza. Ni siquiera los recientes acontecimientos en Venezuela… Y hoy, apenas dos meses después, ¡podemos añadir Irán a esta macabra lista!

A nivel global, presenciamos una militarización de la sociedad, tanto física como mental, un rearme generalizado, un auge de la propaganda belicista y la designación de un “enemigo” (siempre el bando burgués opositor). Esto, a su vez, conduce a la subyugación del proletariado y a sus aspiraciones de defender sus propios intereses como clase explotada (¡y por lo tanto revolucionaria!), tanto sus intereses inmediatos como históricos.

Y una vez más, asistimos a las mismas campañas burdas de reclutamiento del proletariado tras banderas que no son las suyas: se nos exige elegir entre la peste y el cólera, elegir un bando burgués contra otro, un “mal menor” contra un “peor”… O el bando del “imperialismo”, o el del “antiimperialismo”, sabiendo que este último no es más que otro imperialismo, ¡el del bando “adversario”! Hubo un tiempo en que “se nos” pedía que defendiéramos “al pueblo” vietnamita, palestino o chileno contra “el imperialismo yanqui”. Y después de que, apenas ayer, es decir, hace dos meses, todas las facciones del izquierdismo internacional nos intimaran a defender (más o menos) “la patria y el socialismo” al estilo bolivariano… ¡hoy deberíamos “volver a la carga” tomando partido contra la “agresión estadounidense-israelí” en Irán, considerado el polo regional del “eje de la resistencia”!!!

Ante esta situación de antagonismo, no podemos sino afirmar una vez más que el proletariado no tiene, nunca ha tenido ni tendrá una patria que defender, que el socialismo, el comunismo o el anarquismo, en definitiva, la sociedad sin clases, sin Estado, sin dinero, sin propiedad privada, sin explotación… no se erigirá defendiendo a una fracción burguesa denominada progresista (o “antiimperialista”) contra otra fracción burguesa denominada conservadora o reaccionaria (o imperialista). ¡Ni Trump ni Maduro! ¡Ni Putin ni Zelenski! ¡Ni Netanyahu ni Jamenei! ¡Ni EE. UU. ni Venezuela! ¡Ni Rusia ni Ucrania! ¡Ni Israel ni Irán ni Palestina! ¡Ni Tsahal ni Artesh! ¡Ni la izquierda ni la derecha!

Y aunque ello pueda “escandalizar” a más de uno, no tememos afirmar también alto y claro: ¡Ni Daesh ni el Rojava! No es que equiparemos a estas dos entidades, pero tanto una como la otra son productos y agentes reproductores del Capital. Una por su “dictadura teocrática” constituida y autoproclamada “Estado Islámico”; y la otra por su dictadura igualmente “democrática”, que no toca en absoluto la propiedad privada ni el valor, y que, más allá de una moda predominante y ostentosamente asambleísta, no deja de desarrollar todos los aspectos del Estado (¡el “protoestado” de Rojava, afirman algunos!). Y este último está evidentemente dispuesto a entrar en todo tipo de compromisos y alianzas con todas las facciones burguesas posibles e imaginables, ¡excepto quizá Daesh!!!

Ni el proletariado en lucha en Venezuela desde hace décadas (recordemos el Caracazo de 1989 y sus 3.000 muertos), ni el proletariado en lucha en Irán (que ha protagonizado al menos cinco levantamientos importantes en los últimos ocho años, ¡con quizás 30.000 víctimas en el último de ellos, en enero de 2026!) necesitan la intervención estadounidense para deshacerse de su propia burguesía, de sus propios explotadores: la “boliburguesía” en Venezuela, el “régimen de los molláhs” en Irán. Y nuestra clase en lucha tampoco necesita ninguna pseudo “solidaridad internacional” que consista precisamente en defender a una fracción local de la burguesía mundial contra otra. Nuestra única respuesta es clase contra clase, solidaridad internacionalista con todos los sectores del proletariado en lucha contra su propia burguesía: solidaridad internacionalista con los proletarios en lucha en Venezuela contra la burguesía bolivariana, solidaridad internacionalista con los proletarios en lucha en Irán contra la burguesía de los molláhs, solidaridad internacionalista con los proletarios en lucha en Palestina contra la burguesía de la Autoridad Palestina y de Hamás, solidaridad internacionalista con los proletarios en lucha en Rojava contra la burguesía nacional-social-liberacionista…

Ante el rumbo decidido hacia una guerra mundial generalizada que nos preparan nuestros enemigos, todos nuestros enemigos, el proletariado solo tiene una respuesta que proclamar con letras de fuego en la escena de la prehistoria humana: ¡Derrotismo revolucionario contra todos los bandos burgueses! ¡Transformemos la guerra y la paz capitalistas en una revolución social mundial!

Unas semanas antes de los sangrientos acontecimientos en Irán, importantes levantamientos de nuestra clase sacudieron el mundo del valor y de la mercancía: fue el pasado mes de septiembre en Indonesia, Nepal, Madagascar, Filipinas, Ecuador, Perú y Marruecos… Y aunque estos levantamientos no puedan calificarse, en sentido estricto, de revolución social, queremos sin embargo volver sobre ellos, aunque sea tardíamente, en las páginas que siguen, y señalar sus fortalezas y debilidades, a modo de lecciones para los levantamientos venideros…
Indonesia, Nepal, Madagascar, Filipinas, Ecuador, Perú, Marruecos, ad infinitum…

Nunca nos habían machacado tanto con todas esas subcategorías nauseabundas de la sociología adulterada, al servicio del orden social dominante, el orden del capital y de los negocios, para que confundamos las vejigas con linternas y no percibir la comunidad de intereses que nos une a las hermanas y hermanos proletarios en lucha por todo el mundo.

Ya nos han atiborrado tanto de denominaciones periodísticas, cada vez que una chispa de la guerra social ilumina nuestra monótona vida cotidiana: “desclasados”, “marginales”, “desempleados”, “precarios”, “estudiantes”, “jóvenes”, “obreros”, “campesinos”, “urbanos”, “suburbanos”, “desfavorecidos”, “pobres”… ad nauseam, para culminar en “el pueblo”, tales son las categorías que se imponen a la fuerza a los proletarios en lucha con el fin de ocultar, disimular, encubrir, camuflar, enmascarar… la identidad de la explotación secular que sufre nuestra clase, la clase desposeída de los medios de producción, de existencia y de vida: el proletariado. Y esto más allá de las especificidades, locales e históricas, que pueden, a falta de diferenciarnos en términos de miseria relativa, al menos singularizarnos en cuanto a la miseria absoluta que vivimos a diario: es decir, nuestra capacidad, en términos de solvencia, para participar en mayor o menor medida en el maravilloso mundo de la producción, la compra y la venta de mercancías putrefactas; en definitiva, en la reproducción ampliada de la pesadilla capitalista.

Hoy en día, o desde hace poco, es todo el espectro de las luchas proletarias contra el deterioro constante de nuestras condiciones de (super)vivencia miserable el que se ve ignominiosamente cubierto por el velo pudoroso, elegante y llamativo, engañoso y artificial, falaz y pérfido, de la llamada generación Z —la “Gen Z”, como la denominan todos los medios de comunicación a las órdenes del poder—. Como si solo los jóvenes de entre 20 y 25 años pudieran aún salir a la calle y lo cambiar todo, como si el homo democraticus domesticado desde hace siglos no fuera un gigante intemporal con pies de barro, como si lo propio de una clase explotada, de todas las generaciones, no fuera precisamente ser revolucionaria, y poner en marcha todas las energías a su alcance, desarrollar todas las fuerzas de autoorganización y subversión, hacer posible toda audacia… y que, además, actualmente se ve impulsada por la rabia salvadora de amplios sectores de la juventud proletaria carcomida por la falta de perspectivas y el futuro bloqueado por la catástrofe capitalista…

En pocas semanas, han estallado nada menos que siete levantamientos importantes en todo el mundo: Indonesia, Nepal, Madagascar, Filipinas, Ecuador, Perú, Marruecos —y si decimos “importantes”, no es, por supuesto, en vista de la importancia de las tareas de convulsión generalizada, del derrocamiento del statu quo, del estado actual de las cosas y, por tanto, de la praxis, que el proletariado está históricamente determinado a asumir. Si calificamos estos levantamientos de “importantes”, es más bien en vista de la profundidad de los ataques que lleva a cabo nuestra clase, así como de la ruptura circunstancial con la paz social que, por desgracia, sigue reinando de forma demasiado generalizada en todas partes…

Sin querer hablar de un cambio temporal, y menos aún de un “nuevo período” (¡como cada vez está más de moda!), en el enfrentamiento secular entre las dos clases, cuyos intereses inmediatos e históricos no solo son fundamentalmente diferentes, sino visceralmente antagónicos, hay que constatar y destacar, no obstante, que el ritmo de los levantamientos proletarios en todo el mundo del valor está sufriendo serias aceleraciones. Lo cual, en sí mismo, no es en absoluto una novedad: ya la importante ola de luchas que se abatió sobre el infierno capitalista en 2018-19 se había extendido como la pólvora… Argelia, Chile, Ecuador, Francia, Hong Kong, Irak, Irán, Líbano, Sudán… Tras el parón provocado por la gestión contrainsurrecional del Covid por parte de todos los Estados-nación del mundo, la reanudación de las luchas no se hizo esperar, alimentada por los ataques frontales contra nuestra clase con el pretexto de la crisis energética debida a la guerra en Ucrania, que se han traducido en la escalada de los precios, en oleadas de despidos, etc.

Y ahora que debemos asistir (aún demasiado impotentes como estamos provisionalmente) al aumento de la militarización en la sociedad, a los gastos exorbitantes en armamento y, en general, al desarrollo acelerado del curso hacia una guerra generalizada y mundial, concebida por la clase capitalista y por los gestores impersonales del Orden Mundial (¡tanto el “antiguo” como el “nuevo”!), como “la solución” a todos los problemas de valorización y a su inherente tendencia a la baja de la tasa de ganancia, el viejo topo parece querer resurgir, nuestra clase se agita una vez más y levanta la cabeza…

Porque bajo el sol negro del capital (sol de plomo, si es que alguna vez existió uno, hecho de plomo y metralla), nuestra única perspectiva, para nosotros los proletarios, es la lucha: la lucha no por unas reformas cualquiera de esta sociedad de guerra, miseria y muerte (¡lo que constituiría una vez más nuestra perdición!), sino por su erradicación total y definitiva…

Y una vez más, como siempre en la turbulenta historia de las luchas de clases, sus manifestaciones más recientes se han desencadenado a partir de diversos pretextos particulares: un subsidio a la vivienda que los parlamentarios se otorgan a sí mismos (en Indonesia), la prohibición de varias redes sociales y, en general, la “corrupción” endémica y el “nepotismo” (en Nepal), los cortes de electricidad y la escasez de agua (en Madagascar), la reforma de las pensiones (en Perú), el colapso del sistema sanitario (en Marruecos), etc.

Todos estos factores coyunturales no son más que las chispas que “prenden fuego a la pradera”, mientras que el fundamento mismo de todos estos levantamientos es el deterioro permanente —¡y generalizado!— de nuestras condiciones de trabajo y de vida… es la dictadura social del valor, del beneficio y de las relaciones sociales capitalistas. Todas estas manifestaciones de ira, violencia y exasperación virulenta de nuestra clase no son episodios nacionales aislados, sino expresiones, materializaciones locales de un mismo rechazo global, de un mismo rechazo persistente y en movimiento del estado actual de las cosas. Y en todas partes —lo quieran o no los militantes profesionales que se autoproclaman “vanguardia” del proletariado y defienden la “centralidad” de Europa y Norteamérica en la lucha de clases—, en todas partes, desde Indonesia hasta Nepal, desde Madagascar hasta Filipinas, desde Ecuador y Perú hasta Marruecos… son amplios sectores del proletariado (urbano y rural) los que salen a las calles y que, aquí, se dedican masiva y colectivamente al saqueo de templos dedicados al dios-mercancía y se reapropian parcialmente de la riqueza social producida por nuestra clase, allí destruyen e incendian los parlamentos burgueses, las sedes de los partidos políticos y las lujosas residencias de los políticos y capitalistas, así como las guaridas de sus milicias armadas…

No vamos a detenernos aquí en el desarrollo preciso de todos estos acontecimientos, aunque se trate de la vida y la energía de nuestra clase que rasga el velo asqueroso de la opresión, a falta de atacar frontalmente las mismas fuentes de la explotación; pero queremos, no obstante, destacar algunos de los momentos más intensos que se han grabado a fuego en nuestra conciencia colectiva y nuestra memoria histórica. Y esto, en contra —¡y lo reivindicamos abiertamente!— de la insípida verborrea que destilan en sus periódicos sensacionalistas todos los eurocentristas que se extasían ante la enésima “huelga” en un sector concreto (por ejemplo, entre los carteros o los docentes…), siempre que ocurra “aquí” y no “allí”, en “los países centrales” y no en “las periferias” del capital… ¡La humanidad solo será feliz el día en que el último capitalista haya sido ahorcado con las tripas del último eurocentrista!

Por lo tanto, simplemente queremos destacar la increíble y vital violencia expresada por nuestra clase en lucha: en Nepal, por ejemplo, los proletarios no dudaron en incendiar el parlamento burgués, así como los edificios del Tribunal Supremo y muchos otros palacios. ¡¡¡La rabia salvadora de nuestros compañeros de clase ha desbordado el marco reformista de la protesta hasta tal punto que los autoproclamados “organizadores” del movimiento deben admitir “haber sido superados”!!! Esta rabia también se materializó en un alto nivel de terror rojo cuando los enemigos de clase, los políticos y los burgueses fueron objeto de auténticas escenas de linchamiento y de una “caza del hombre” muy selectiva en las calles, el campo… ¡e incluso en los ríos!

Cabe destacar también, entre otras cosas, una expresión del asociacionismo proletario, tal y como se ha manifestado en Nepal, a través de la voz del Safal Workers' Street Committee, que declara:

“Somos un grupo de marxistas independientes que rechazamos desde hace tiempo a todos los partidos, pues solo son comunistas de nombre.

Seguimos siendo, ante todo, un comité de calle, formado para organizar la defensa de la clase obrera.

Nacimos por necesidad, ya que los partidos comunistas abandonaron a la clase obrera en el momento en que más necesitaba líneas directrices.

Nuestra tarea consiste ahora en separar a la clase obrera de los partidos democráticos de la clase media. Para impedir la reproducción de la democracia burguesa.

Seguimos organizándonos y hacemos un llamamiento a todos los comunistas y aliados que comparten las mismas posiciones para que formen sus propios comités y se unan a nosotros en un frente obrero.”

Por otra parte, cabe destacar (un fenómeno que parece no haberse producido en otros países aparte de Madagascar) que se manifestaron abiertamente importantes disensiones en el ejército malgache cuando los soldados se amotinaron (como ya lo habían hecho durante las luchas de 2009) para protestar contra la represión de las manifestaciones: “Negémonos a que nos paguen por disparar contra nuestros amigos, nuestros hermanos y nuestras hermanas. […] No obedezcáis más las órdenes de vuestros superiores. Apuntad vuestras armas contra quienes os ordenan disparar contra vuestros compañeros de armas, pues no serán ellos quienes se ocupen de nuestras familias si alguna vez morimos.”

La negativa de ciertos sectores de las fuerzas del orden a disparar contra sus compañeros y compañeras de clase siempre constituye un momento crucial en el enfrentamiento entre el proletariado y el Estado. De hecho, la cooptación de proletarios en las fuerzas de represión es la piedra angular de la dominación burguesa. Las luchas de clases en Bolivia en 2003 fueron un ejemplo notable de esta contradicción, cuando importantes sectores de la policía se pasaron “con armas y bagajes” al bando del proletariado en lucha, tomando los cuarteles, vaciando los arsenales y enfrentándose a unidades de élite como últimos baluartes de un sector central del Estado.

Lamentablemente, en Madagascar, como suele ocurrir en otras luchas, los límites y las debilidades del movimiento neutralizaron la fuerza subversiva de esta negativa explícita de los soldados a disparar y a participar en la represión, transformándola en un apoyo implícito a la “alternancia democrática”.

Lamentablemente, parece que el motín no logró desarrollarse ni impulsar, con todas las consecuencias que ello implica, la dinámica de esas primeras manifestaciones de derrotismo revolucionario. Ante esta situación, es decir, ante el miedo que el orden capitalista tiene al vacío, la estrategia de la “alternancia democrática” se impuso por su eficacia definitiva a la hora de liquidar el movimiento, eficacia muy superior a todo lo que había intentado el Estado en el transcurso de la lucha.

No podemos sino ver en las fuertes limitaciones del asociacionismo proletario una de las principales debilidades que resultará fatal para los poderosos episodios de revuelta radical contra el sistema en su conjunto, ya sea en Madagascar o en Nepal, en Indonesia o en Marruecos, etc. Estas revueltas se han manifestado a través de disturbios, saqueos y ataques muy selectivos, pero no parecen haber dado un salto cualitativo suficiente en términos de coordinación y organización para llevar la agitación a los sectores más vacilantes del proletariado.

Durante estas semanas de intensas luchas (y las brasas parecen aún lo suficientemente calientes como para reavivar el fuego a la menor señal, aquí o en cualquier otro lugar), la mayor parte del proletariado no ha roto con las ilusiones democráticas, legalistas y reformistas, que atribuyen el origen de todos los males a la política de un presidente en ejercicio, de políticos “corruptos” (¡y lo son, evidentemente!), de instituciones parlamentarias y de otro tipo, “desconectadas” de la realidad de nuestra supervivencia cotidiana como proletarios, etc. Aunque sectores del proletariado en lucha, mediante sus denuncias y acciones, han puesto de relieve el origen capitalista de sus actuales sufrimientos sociales, la revuelta no ha logrado expresar claramente su ruptura con la sumisión democrática y ciudadana, ni extenderse lo suficiente en el tiempo (¡a pesar del implacable aumento del incendio!) ni en el espacio (a pesar del resonante eco que cada lucha “local” produce sobre la capacidad de lucha de los proletarios en países vecinos, o incluso en otras esferas geográficas), lo que constituye, evidentemente, una y otra vez uno de los grandes problemas de las luchas proletarias en el mundo.

Conviene también abordar en cierta medida la cuestión de las banderas, y en particular la que se enarboló durante estas luchas catalogadas como las de la “Generación Z”. Observemos, por ejemplo, la propagación viral de ciertos gestos colectivos que se desarrollaron en Indonesia para extenderse muy rápidamente a Nepal, Filipinas, Madagascar, Marruecos, Ecuador y Perú… y que se materializó, entre otras cosas, en la repetición del mismo gesto: es decir, izar una “bandera pirata” inspirada en un manga japonés muy apreciado en “la cultura popular”, y que de hecho sirvió como respuesta (ciertamente simplista, pero no por ello menos) creativa al llamamiento del presidente indonesio invitando a los ciudadanos a enarbolar la bandera nacional antes de la fiesta de la independencia del país.

Por supuesto, todos hubiéramos preferido que los proletarios, que salen a las calles y destrozan los símbolos de su miseria cotidiana, izaran más bien la bandera roja y/o negra de la anarquía y/o del comunismo, la bandera del partido de la subversión y del proletariado revolucionario —aunque en Indonesia, ¡la bandera negra de la anarquía también se ha enarbolado en numerosas escenas de enfrentamientos!— Pero al igual que la revolución social no es una cuestión de partido formal, de partido político (en el sentido estricto del término), de un partido autoproclamado “vanguardia del proletariado”, la revolución tampoco es una cuestión de bandera formal. Cabe señalar, no obstante, que en el manga en cuestión, la “bandera pirata” se iza en varias ocasiones como una declaración de guerra contra “el Gobierno Mundial”. En este sentido, el Gobierno indonesio no se equivocó al calificarlo de acto de desobediencia y traición a la patria, pues así es: se trata de una deserción activa, de un símbolo que representa, en mayor o menor medida, la promesa de una revolución, una revolución que no conoce ni Estados ni fronteras…

En el terreno de la lucha de clases, la realidad material es muy compleja: proletarios, jóvenes o muy jóvenes o incluso menos jóvenes, hombres, mujeres, “urbanos” e incluso “campesinos” expresan un odio sano y vigoroso, inconmensurable. Pero, por desgracia, aún no cuentan con una estructura organizativa a la altura de lo que está en juego en la lucha, una estructura capaz de dirigir todo el proceso hacia sus objetivos. Estos son los límites recurrentes en la historia de todas nuestras luchas: el debilitamiento de las fuerzas organizadas de nuestra clase conduce inevitablemente a la recuperación del potencial revolucionario por parte de potencias externas y/o internas que lo explotan con fines capitalistas e imperialistas para renovar su dictadura social.

Para superar la espontaneidad, los límites y las contradicciones de las revueltas actuales y transformarlas así en fuerzas dinámicas para la erradicación de las relaciones sociales capitalistas, es necesario organizar y reforzar el asociacionismo proletario, la constitución del proletariado como clase y como partido histórico de la revolución comunista mundial:

“Cuando hablamos de partido, no nos referimos, por supuesto, a las mafias y camarillas infames que llevan ese nombre, sino al partido histórico de la revolución, que no puede ser obra de ningún grupo o conjunto de grupos en particular, sino únicamente de la propia clase proletaria constituida como organismo social autónomo. Estamos lejos de creer que las debilidades actuales de la clase puedan ser corregidas artificialmente por una vanguardia revolucionaria que inyectara la conciencia desde el exterior. Por el contrario, nos reconocemos como parte del partido difuso de la subversión en el seno de la sociedad capitalista, y nuestra reflexión como una contribución, ciertamente modesta, a la constitución de la clase proletaria en partido histórico.”

“La teoría revolucionaria, la perspectiva del partido histórico de la revolución, tiene hoy una tarea titánica: producir la síntesis revolucionaria de nuestra época antes de que la degradación de las condiciones terrestres imponga —en una medida aún mayor que hoy— escenarios catastróficos para el conjunto de la especie. La amenaza de una carrera armamentística entre las potencias centrales del capitalismo mundial, la debacle ecológica y las revueltas en diferentes continentes son, hasta ahora, la tendencia de nuestro futuro inmediato.”

[Extractos de La democracia es el orden del capital / 2020]

A través de este nuevo número de nuestro boletín aperiódico, en los siguientes textos, intentamos, a nuestro nivel, concretar la constitución y el fortalecimiento de nuestra comunidad de lucha proletaria internacional e internacionalista. Reunimos aquí cuatro textos que analizan y/o destacan la importancia de las luchas actuales de nuestra clase. ¡Estos textos provienen de estructuras militantes que se organizan en tres continentes!

Esta materialidad trasciende también las separaciones burguesas entre “países centrales” del capitalismo y “países periféricos”… Parafraseando a Marx, quien al final de su vida cuestionó la concepción dominante y eurocéntrica de la revolución, podríamos evocar “la posibilidad de que la revolución comience primero en países periféricos, menos industrializados, con fuerzas productivas capitalistas aún limitadas, que presentan formas sociales “arcaicas”, antes de que llegue al centro”. Y no son las múltiples explosiones de ira proletaria en todo el mundo en los últimos años, en las últimas décadas, las que nos contradicen. Al contrario, estas nos animan a comprender que nuestra clase se organiza y es portadora de las determinaciones de la humanidad incluso en los lugares “menos desarrollados” —¡según los criterios infectos de la economía política burguesa!

¡A la identidad de la explotación, la identidad de la acción!

¡Los días malos terminarán!

1ero de mayo: Día del trabajador y la trabajadora. Declaración de C-cura

Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura) — 2026-05-01T20:59:48Z

par Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura) - Comunicados | Solidaridad , Política , Movimientos Sociales , Derechos Humanos, Control Obrero, Caracas, Edito

Por un salario igual a la canasta básica. En defensa de nuestras prestaciones sociales. No al pacto entreguista del gobierno y Trump. En apoyo a las luchas de los pueblos del mundo.

El 1° de mayo de 1886, se llevó a cabo una huelga por la jornada de 8 horas en Chicago, Estados Unidos. En los días subsiguientes hubo marchas y concentraciones brutalmente reprimidas por la policía. El 4 de mayo en la plaza Heymarket se hizo una gran concentración para repudiar la represión y los asesinatos, que terminó con muertos y la detención de 8 dirigentes de la huelga que fueron juzgados y ejecutados. En 1889, cuando se fundó la Segunda Internacional Socialista, se resolvió decretar el primer día de mayo como día de los trabajadores para unificar las luchas obreras en todos los países.

¡No al pacto entreguista entre el gobierno y Trump!

Este 1° de mayo se conmemorará en condiciones especiales después de la brutal agresión del ultraderechista Trump contra nuestro país, ejecutada el pasado 3 de enero.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez optó por rendirse y pactar la entrega del petróleo y nuestros recursos con el gobierno de Donald Trump. En la actualidad los recursos provenientes de la venta de petróleo ingresan al Tesoro de Estados Unidos, este país controla el flujo de caja y el destino de los fondos; cualquier iniciativa económica está condicionada por las decisiones de la OFAC en Washington. Estados Unidos es quien autoriza las ventas de petróleo a China y la India, y fija las condiciones de pago de la deuda, los precios y las cantidades; incluso determina que con los recursos provenientes del petróleo se adquieran bienes mayoritariamente producidos por empresas estadounidenses, entre otras muchas limitaciones impuestas a nuestra soberanía. ¡El chavismo capituló en toda la regla después de pasar 27 años despotricando contra el imperialismo!

El interés de Estados Unidos en Venezuela no es la lucha contra el narcotráfico, ni elecciones, ni el bienestar del pueblo, su objetivo es el control económico y político del país para saquear el petróleo, el oro, el coltán y el conjunto de nuestra riqueza mineral y energética.

Las nuevas leyes de hidrocarburos y minas fueron elaboradas a la medida de los intereses transnacionales. El mismo Jorge Rodríguez, con absoluta desfachatez, afirmó en una entrevista que recientemente le hiciera el diario español El País, que el contenido de la ley de hidrocarburos fue consultado con las transnacionales, y mencionó que muchas de las sugerencias hechas por Repsol fueron incluidas en el articulado. ¡Una barbaridad entreguista!

El empresariado intenta liquidar la retroactividad de las prestaciones sociales

En ese marco, Fedecámaras, Conindustria y el conjunto del empresariado han lanzado una feroz campaña contra la retroactividad de las prestaciones sociales. Economistas, supuestos “expertos” y periodistas, todos los días esgrimen falsos argumentos y medias verdades para desacreditar un eventual aumento salarial. Los empresarios chantajean diciendo que para aumentar el salario hay que reformar la ley del Trabajo, y eliminar el carácter retroactivo de las prestaciones.

El alineamiento del gobierno venezolano con Trump y su disposición a avanzar en la apertura de la economía a los capitales nacionales y transnacionales, es visto por Fedecámaras y Conindustria como una oportunidad para terminar de liquidar la retroactividad de las prestaciones sociales y flexibilizar aún más las relaciones laborales en el país.

Rechazamos la “constituyente laboral” que busca liquidar nuestros derechos

Precisamente para alcanzar los fines que antes mencionamos, el gobierno ha lanzado, con apoyo de Fedecámaras, una llamada «constituyente laboral», que no es otra cosa que una reforma laboral que busca desmantelar las conquistas que costaron décadas de lucha y sacrificio de la clase obrera. No puede haber ninguna reforma de las relaciones de trabajo, que desmejore aún más nuestras ya depauperadas condiciones de vida, y que además no nazca de la deliberación soberana de los propios trabajadores, en sus asambleas, con sus organizaciones autónomas y sin tutela patronal ni gubernamental.

Es necesaria la más amplia unidad para derrotar al gobierno y Fedecámaras

En este momento se hace imprescindible la más amplia unidad de las trabajadoras y trabajadores, y de sus organizaciones sindicales, para doblarle el brazo al gobierno y lograr un aumento de salarios y pensiones, así como para detener las intenciones de Fedecámaras, lamentablemente algunos sectores sindicales han asumido una posición que le hace un flaco favor a este objetivo, por ello el próximo 1° de mayo no habrá una marcha unitaria de todos los sectores laborales que enfrentamos la política antiobrera del gobierno y los patronos.

La Coalición Sindical encabezada por Carlos Salazar y José Patinez, y SinatraUCV, dirigida por Eduardo Sánchez, convocaron a una marcha el día 30 de abril, un día que no tiene nada que ver con la gesta histórica de los Mártires de Chicago. Ni hay ningún argumento válido para no hacer una gran marcha unitaria de todas las expresiones del movimiento de los trabajadores, en momentos de creciente dominación imperialista y de ofensiva patronal contra nuestros derechos.

Por un Plan Obrero y Popular de emergencia

Desde Ccura luchamos por un Plan Obrero y Popular de emergencia que le de respuesta a todos los graves problemas del pueblo trabajador, cuyos recursos deben provenir de los grandes empresarios nacionales, banqueros y transnacionales, que contemple petróleo 100% estatal sin transnacionales, empresas mixtas ni Contratos de Participación Productiva ¡Basta de control imperialista sobre nuestros recursos! ¡No a la ley de hidrocarburos y a la ley de minas!

En tal sentido planteamos que los recursos provenientes de la renta petrolera, los 3 mil millones recaudados en impuestos en el primer trimestre del año; los 4.900 millones de dólares que han estado retenidos por el FMI, vayan a los fondos soberanos aprobados por el gobierno. Estos fondos deben ampliarse aplicando un impuesto progresivo a los grandes capitalistas nacionales y transnacionales. Hay que invertir la carga tributaria hacia las grandes fortunas, las tierras ociosas y las ganancias extraordinarias de sectores especulativos, la banca, el mercado de valores, entre otros.

Todos esos recursos se deben destinar a aumento de salarios y pensiones iguales a la canasta básica, indexados mensualmente a la inflación, a salud, educación y vivienda, así como a un plan de infraestructura para recuperar universidades, escuelas, liceos, hospitales y ambulatorios, que proporcione empleos dignos y productivos; asistencia prioritaria a niños y adultos mayores. Se pueden mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador invirtiendo en servicios públicos gratuitos y de calidad, así como en alimentos y medicinas, en casas de abrigo y protección para todas aquellas mujeres y disidencias que se atreven a denunciar la violencia machista. ¡Plan de inversión en la industria petrolera y eléctrica, y en las empresas básicas, para que haya gasolina, gas, electricidad! Todo ello en la perspectiva de luchar por un gobierno de las trabajadoras, trabajadores, y por el verdadero socialismo.

Solidaridad con la lucha de los pueblos del mundo

Como día internacional de lucha de la clase obrera mundial, para C-cura es una oportunidad propicia para condenar las agresiones imperialistas de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu contra Irán y el Líbano. Así como para dar nuestro apoyo a la nueva Flotilla Global Sumud que navega rumbo a Gaza con ayuda humanitaria, ratificando nuestra solidaridad con el heroico pueblo palestino que enfrenta las agresiones del sionismo y del imperialismo.

En Caracas convocamos a las trabajadoras y trabajadores a concentrarse en Chacaíto desde las 10 a.m. el próximo viernes, para marchar hasta la plaza Morelos, así como en las distintas regiones donde se estará marchando el 1° de mayo.

¡Por salarios y pensiones iguales a la canasta básica! ¡No a la bonificación salarial!

¡No a la eliminación de la retroactividad de las prestaciones sociales!

¡Derogación inmediata del Memorándum 2792 y el Instructivo Onapre!

¡No a la constituyente laboral del gobierno y Fedecámaras!

¡Por un Plan Obrero y Popular de emergencia!

¡Fuera Trump de Venezuela y América Latina!

1ro de mayo por salario igual a la canasta básica, contra el pacto entre el gobierno y Trump y por las luchas de los pueblos del mundo

Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura) — 2026-04-28T22:56:22Z

par Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura) - Comunicados | Caracas, Control Obrero, Derechos Humanos, Movimientos Sociales , Solidaridad , Focus

1° de mayo: Día del trabajador y la trabajadora. Por un salario igual a la canasta básica. En defensa de nuestras prestaciones sociales. No al pacto entreguista del gobierno y Trump. En apoyo a las luchas de los pueblos del mundo

¡No al pacto entreguista entre el gobierno y Trump!

Este 1° de mayo se conmemorará en condiciones especiales después de la brutal agresión del ultraderechista Trump contra nuestro país, ejecutada el pasado 3 de enero.

El empresariado intenta liquidar la retroactividad de las prestaciones sociales

Rechazamos la “constituyente laboral” que busca liquidar nuestros derechos

Es necesaria la más amplia unidad para derrotar al gobierno y Fedecámaras

Por un Plan Obrero y Popular de emergencia

Solidaridad con la lucha de los pueblos del mundo

¡Por salarios y pensiones iguales a la canasta básica! ¡No a la bonificación salarial!

¡No a la eliminación de la retroactividad de las prestaciones sociales!

¡Derogación inmediata del Memorándum 2792 y el Instructivo Onapre!

¡No a la constituyente laboral del gobierno y Fedecámaras!

¡Por un Plan Obrero y Popular de emergencia!

¡Fuera Trump de Venezuela y América Latina!

[Rojava] “La historia es cruel y no bromea con nadie”

Guerra de Clases — 2026-04-28T22:23:51Z

par Guerra de Clases - No Local | Mundo, No a la guerra, Política , Reflexión / Análisis

Tom Barak, el enviado estadounidense, admitió abiertamente:

“La misión de las SDF como fuerza principal en la lucha contra el ISIS en Siria ha terminado; el Gobierno central sirio ha firmado el acuerdo para luchar contra el ISIS junto con otros noventa países. Ya no necesitamos la ayuda de las SDF para proteger las presas y refinerías de petróleo sirias. El Gobierno central asumirá esta importante tarea por sí mismo. Las fuerzas de las SDF pueden entrar en combate en Siria de forma individual. Cita mía.

Y con el fin de esta misión, la base de la asociación de Estados Unidos con esta fuerza también cambiará”.

Y esta única frase es suficiente.

No para analizar, ¡sino para derribar años de mentiras!

Con la derrota y el colapso de las aspiraciones de las FDS (Fuerzas Democráticas Sirias), quienes sueñan con la supuesta libertad y democracia, bajo la servidumbre y dependencia de una parte del capital global, y quienes menean la cola para recibirlas, deberían ser castigados.

El reciente problema en el Kurdistán sirio debería hacer reflexionar a todos, más que a cualquier otra cosa, por supuesto, si sus intereses mezquinos les permiten pensar así.

El desarme de las FDS por parte del gobierno sirio del ISIS, por supuesto con el apoyo de Estados Unidos, Turquía, etc., no solo significa el entierro de un proyecto probado en la región y el mundo, sino también la muerte de una gran ilusión de la izquierda burguesa que declaró a Kobani como la Comuna de París del presente, y quienes consideraron este proyecto al servicio de una parte del capitalismo global, especialmente de Estados Unidos, y lo criticaron, sufrieron los golpes de estos partidarios de la “Comuna de París del presente”.

Esta fantasía infantil y absurda de que América abrazó al mismo amo que alimentó a las SDF desde el primer día y las envió al campo en su nombre permanecerá a su lado hasta el final. Pero la historia ha demostrado que el capitalismo no tiene más amigos que sus propios intereses, y mientras prevalezcan las relaciones capitalistas, esta realidad ha sido y seguirá siendo la misma.

El capital, y especialmente el estadounidense, no tiene “camaradas”; el capital estadounidense solo conoce el beneficio del capital. Y los seres humanos, para Estados Unidos y cualquier otro capitalismo, solo son los que manejan la herramienta, y esta herramienta, cuando caduca, se desecha sin ningún tipo de vergüenza ni cumplidos al basurero de la historia, junto a otros mercenarios. Y los dinosaurios bondadosos del museo de la historia para aprender y sacar lecciones de la experiencia de los seres humanos y la historia. Este es el final natural de todo agente humilde; algo a lo que todos los impulsores y agitadores de todas las partes del capital global, ya sean monárquicos, reformistas o burgueses de izquierda, con cualquier vestimenta y nombre, deberían prestar atención, ya que cuando su fecha de caducidad haya pasado, ni los años de servicio lo salvarán. Ni el paraguas del apoyo internacional ni las promesas y aplausos que creía que eran una garantía de supervivencia.

Lo que le ha ocurrido hoy a las QSD [Fuerzas Democráticas Sirias en kurdo y árabe] no es ni una excepción ni una coincidencia, es el escenario habitual del capitalismo global y Estados Unidos no es una excepción; un espectáculo repetitivo que se ha representado una y otra vez sin vergüenza ni tapujos con diferentes actores. Están haciendo su trabajo habitual, el problema somos nosotros y nuestra ilusión y falta de aprendizaje de nuestras experiencias humanas e históricas. Del mismo modo, Estados Unidos abandonó a sus mercenarios en Afganistán; los dejó colgados bajo las alas de los aviones.

Del mismo modo, Bashar, cuando llegó su fecha de caducidad, fue enviado al basurero de la historia como muchos otros.

Del mismo modo, Hosni Mubarak, Mohammad Reza Shah, Reza Shah y muchos otros fueron desechados como trapos viejos tras décadas de servidumbre, sin ninguna presentación. Los años de servicio tampoco los salvaron. No se trata de una situación especial de un caso concreto, sino de una regla fija en la lógica del capitalismo y la dominación. Y este destino es siempre la suerte de aquellos que, en lugar de confiar en su propia clase, confían en el capital y por fuera de su propia clase. Y se imaginan que Washington, China y Rusia son el “creador y salvador”.

Esta es una clara lección de la historia para nosotros y para cualquiera que no se haya dejado cegar por intereses mezquinos e inmediatos. Quien se alíe con los ocupantes, los criminales globales y regionales y los capitalistas, no tendrá otro destino que este. No tendrán más que humillación tras humillación y más derrotas. Quien construya su edificio y su movimiento sobre un bastón extranjero caerá en la primera curva de la historia.

Y quien se oponga a los trabajadores y a quienes explotan su fuerza de trabajo y se apoye en su enemigo, el “capital”, caerá de bruces cuando se retire ese bastón.

La verdadera derrota no es la derrota de las armas. Es la derrota de la “elección”, y la elección de la traición siempre tiene el mismo final. Aunque cambien los nombres y los planes adquieran un nuevo color.

Y esta verdad se repetirá una y otra vez. Las instituciones no se liberan dependiendo de Estados Unidos ni de ninguna otra potencia capitalista; no se construyen pidiendo favores a extranjeros. No lograremos la liberación humana excepto con una voluntad independiente y confiando en nuestro poder de clase y en nuestra lucha anticapitalista, que no está en venta.

La historia es cruel. Aquellos que hacen de sus amos a los capitalistas y a las relaciones capitalistas caerán al mismo tiempo.

Mansour, el trabajador anticapitalista.

Traducción en español: Los Amigos de la Guerra de Clases (“México”)

Lo que exigimos a las nuevas personas titulares de la Fiscalía General de la República y de la Defensoría del Pueblo en Venezuela

L@s firmantes — 2026-04-24T20:51:52Z

par L@s firmantes - Comunicados | Focus, Solidaridad , Política , Movimientos Sociales , Derechos Humanos, Caracas

La designación de nuevas autoridades al frente de la Fiscalía General de la República y de la Defensoría del Pueblo constituye una decisión de la mayor relevancia institucional para el país.

Desde la renuncia del Fiscal y Defensor del Pueblo a final de febrero de este año, el nombramiento de unos funcionarios de carácter interino y el anuncio de los mecanismos de postulación, recepción y evaluación de candidaturas que distaron de las obligaciones constitucionales, diversas organizaciones de la sociedad civil documentamos con preocupación las serias irregularidades de transparencia y participación ciudadana que marcaron este proceso, especialmente en materia de transparencia, participación ciudadana e independencia institucional, y advertimos sobre el rol decisivo que estas designaciones tendrán para la reinstitucionalización democrática del país.

Tras la designación de Larry Devoe Márquez como Fiscal General y de Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo, reiteramos nuestra objeción a la legitimidad de dichas designaciones y subrayamos que las deficiencias del proceso de selección no pueden ser ignoradas ni normalizadas, por cuanto comprometen principios fundamentales de la Constitución como la participación ciudadana y la independencia de los Poderes Públicos.

En el caso del Fiscal General, su trayectoria institucional dentro del propio aparato que ha ejecutado la persecución y criminalización de la disidencia genera interrogantes serias sobre su capacidad de ruptura con ese patrón.

En el caso de la Defensora del Pueblo, la ausencia de una trayectoria reconocida en materia de derechos humanos representa un déficit que deberá ser compensado con apertura real hacia la sociedad civil especializada y con decisiones que demuestren independencia de criterio.

Sin embargo, también afirmamos con claridad que, independientemente de las objeciones que existan sobre el proceso o las personas designadas, sin renunciar a ellas, quienes asumen estos cargos reciben un mandato constitucional expreso.

En consecuencia, tienen la obligación jurídica, institucional y ética de actuar con independencia, objetividad y velar por la garantía, sin discriminación, de los derechos humanos.

La sociedad venezolana, así como la comunidad internacional, observarán atentamente el cumplimiento real de ese mandato y su desempeño será la evidencia concreta de que existe voluntad genuina de avanzar hacia un camino que garantice la institucionalidad democrática.

Tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo tienen una responsabilidad inmediata e ineludible: garantizar su propia independencia.

Ello implica que ambas instituciones deben ejercer sus funciones libres de interferencias indebidas de otros poderes públicos, sin instrucciones políticas externas, sin represalias contra su personal, sin utilización partidista de sus competencias y asegurando la independencia, objetividad y estabilidad de sus funcionarios a través de procesos de designación basados en méritos y no por compromisos o cuotas políticas.

La recuperación de la confianza pública pasa, necesariamente, por el ejercicio autónomo, imparcial y transparente de sus atribuciones.

De igual forma, ambas instituciones tienen la obligación de reconocer formalmente la legitimidad del trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de las personas defensoras.

El período reciente ha estado marcado por una grave distorsión funcional. El Ministerio Público ha operado sistemáticamente como instrumento de amenaza, persecución y criminalización tanto contra quienes reclaman sus derechos como contra quienes documentan y acompañan a víctimas de violaciones a derechos humanos, mientras que la Defensoría del Pueblo ha mantenido una parálisis deliberada frente a las denuncias de persecución, incumpliendo así su mandato constitucional más elemental.

Revertir este patrón exige garantizar condiciones plenas para la libre actuación de la sociedad civil, cesando toda forma de hostigamiento y persecución institucional contra personas defensoras, así como a través del establecimiento de mecanismos institucionales formales y permanentes de interlocución, consulta y colaboración que sean amplios, inclusivos y transparentes.

En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos esta comunicación haremos seguimiento al cumplimiento de una agenda urgente y necesaria por parte de las nuevas autoridades designadas que responde a sus obligaciones conforme a la Constitución y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos:

En la Fiscalía General de la República, exigimos:

Cesar de inmediato los procesos de investigación y enjuiciamiento basados en motivos políticos, solicitando los respectivos sobreseimientos y promoviendo la liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas o por el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, incluyendo la libertad de expresión, asociación, participación política, reunión y manifestación pacífica, así como de aquellas personas excluidas arbitrariamente de beneficios previstos en la ley de amnistía.
Iniciar investigaciones penales efectivas, independientes y objetivas contra funcionarios señalados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas como presuntos responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, asegurando acceso irrestricto a pruebas, archivos y testimonios. Dichos procesos e investigaciones deberán ir acompañadas de medidas de protección efectivas para víctimas y testigos, a fin de garantizar su seguridad, integridad y plena participación en los procesos judiciales sin temor a represalias.
Cooperar de manera activa y genuina con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el marco de las investigaciones en curso sobre la situación de Venezuela, así como con los demás mecanismos nacionales e internacionales en aras de combatir la impunidad por graves violaciones a derechos humanos
Preservar y resguardar toda la evidencia relacionada con graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la persecución política, en especial aquella que pudiera encontrarse en centros de detención u otras dependencias estatales.

En la Defensoría del Pueblo, exigimos:

Demandar públicamente la liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas o por ejercer sus derechos civiles y políticos, incluyendo la libertad de expresión, asociación, participación política, reunión y manifestación pacífica, así como revisar los casos excluidos o denegados en aplicación de la ley de amnistía y actuar como garante de su reconsideración ante las autoridades competentes.
Realizar visitas a los distintos centros de detención identificados por mecanismos internacionales y por organizaciones de la sociedad civil, y publicar informes periódicos, verificables y transparentes sobre sus hallazgos, recomendaciones y acciones de seguimiento.
Establecer canales formales de coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Misión de Determinación de los Hechos y otros mecanismos internacionales pertinentes, incluyendo la adopción de gestiones concretas para facilitar visitas al país. Y en ese sentido, promover activamente el reconocimiento del reingreso oficial de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos e impulsar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la ejecución de sus informes de fondo, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los dictámenes de los órganos de tratados de Naciones Unidas y de las recomendaciones emitidas por la Misión de Determinación de los Hechos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Solicitar a la Asamblea Nacional, la derogación inmediata o demandar la nulidad por inconstitucionalidad de la legislación contraria a los estándares en materia de derechos humanos tales como Ley contra el Odio, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, la Ley Libertador Simón Bolívar, así como de otras normas que han sido utilizadas para perseguir, criminalizar y restringir la exigencia de derechos.

Un llamado a la responsabilidad institucional

Estas designaciones no pueden limitarse a un simple relevo de nombres. Deben traducirse en una actuación institucional orientada a la reinstitucionalización democrática del país, al restablecimiento del Estado de derecho y a la rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

Lo aquí planteado no constituye una agenda extraordinaria ni aspiraciones ajenas al marco constitucional.

Se trata, por el contrario, de obligaciones inherentes a los cargos asumidos y de compromisos mínimos con los derechos humanos que deben ser atendidos desde el primer día de gestión.

La sociedad civil venezolana continuará documentando y evaluando el desempeño de ambas instituciones. Del mismo modo, la comunidad internacional debe mantener su atención y seguimiento sobre el cumplimiento de estas obligaciones.

Suscriben

AC Comunidad en Movimiento

AC Gurrufio y Red de Mujeres Portuguesa

Ac Conciencia Ciudadana

Acceso a la Justicia

Asociación Cauce

Alianza de Venezolanos en Illinois

Articulate Foundation

Asociación Civil Lluvia de Arcoíris

Asociación de Enfermeros Venezolanos en Argentina (ASOENVEAR)

Asociación de Pensionistas y Jubilados venezolanos en Uruguay (APEJUVENUR)

Aula Abierta

Canada Venezuela Democracy Forum

Canadian Human Rights International Organization Mission Miranda

Centro de Atención Integral Psicopedagogica Individual

CEPAZ

CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana

Civilis

Coalición por Venezuela

Diverlex Diversidad e Igualdad a Través de la Ley

Espacio Público

EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación

Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Venezolanos en la República Argentina (FOCVA)

Feminismoinc

Frente Amplio de Mujeres Monagas

Fundación el Amparo Internacional

Fundación Nakama's

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

FUNDAPROMUF

Globalizateradio Plataforma C4D

Hombres por la Equidad e Igualdad

Ideas por la Democracia

Instituto de Estudios Jurídicos, Telemáticos y de Seguridad Corporativa

Justicia Encuentro y Perdón

Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU)

Juventud Venezolana en el Exterior (JUVENEX)

La Choza del Espíritu Santo

La Rayuela de Pablo

Laboratorio de Paz

Legión Internacional de Bomberos Brigada Venezuela

Legión Internacional Europa

Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo

Movimiento Primero Justicia

Mulier

Oc Las Brisas del Orinoco

Oc. Las Carolinas

Oc. Libertador

Oc Luna Nueva

Observatorio Global de Comunicación y Democracia

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Provea

Redac

Red de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en el Exterior RED-APEJUVEX

Resonalia

Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center

Stichting Venezolaanse Vluchtelingen

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana AC

VENAMERICA. Venezolanos Americanos AC

VenCat, Venezolanos en Catalunya y resto del mundo

Veneactiva Chile

Veneactiva Colombia

Veneactiva Perú

Pronunciamiento de Oilwatch Latinoamérica ante la Conferencia de Santa Marta: «El tiempo de la Civilización Petrolera debe terminar»

Observatorio de Ecología Política de Venezuela — 2026-04-17T15:19:22Z

par Observatorio de Ecología Política de Venezuela - Comunicados | América Latina, Arco Minero del Orinoco, Ecología , Política , Solidaridad , Focus

PRONUNCIAMIENTO DE OILWATCH LATINOAMÉRICA

En el marco de la Primera Conferencia Internacional sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles y la Conferencia por Territorios Libres de Fósiles

Santa Marta, Colombia, 24–29 de abril de 2026

EL TIEMPO DE LA CIVILIZACIÓN PETROLERA DEBE TERMINAR

Llegamos a Santa Marta con la memoria encendida. Con los ríos heridos, con los territorios que resisten, con los pueblos que no se rinden. Llegamos con la certeza de que el tiempo de la civilización petrolera debe terminar.

Saludamos este encuentro como un intento de abrir otros caminos para abordar la crisis climática y como un espacio donde participarán comunidades en lucha y organizaciones sociales, que sumarán también su voz y conocimientos. Pero también queremos decir con claridad que no basta con hablar de “transición energética”, necesitamos dar pasos decididos e inmediatos para un profundo cambio de este modelo civilizatorio basado en la depredación de la vida; necesitamos ampliar los espacios para que sean los pueblos quienes cambien el rumbo de la historia. Existe un enorme riesgo de que la transición energética sea capturada por el poder corporativo, reduciéndose a un cambio o adición de fuentes energéticas, reproduciendo el modelo extractivo, de consumo masivo, y profundizando las desigualdades históricas.

Durante décadas, a los pueblos del Sur Global se nos dijo que el petróleo era el destino a alcanzar; que sin él no había futuro. Nuestras sociedades fueron envueltas en promesas de progreso y desarrollo recurriendo a la renta petrolera. Pero esa promesa fue una trampa, nunca llegó a realizarse, y eso es palpable en las regiones petroleras y en gran parte de los países exportadores de petróleo.

La denominada “maldición de los recursos” no constituye un fenómeno inevitable, sino el resultado de decisiones políticas que han perpetuado la dependencia y limitado las posibilidades de construcción de alternativas. La ilusión petrolera ha servido para sostener la acumulación de unos pocos, a costa del sacrificio de muchos y de todo. Nuestra dependencia no es natural, es política. Y romperla no es apenas una opción técnica, sino un acto de dignidad.

Pasar la página de la era petrolera no es una metáfora, es una urgencia ética, climática y post-civilizatoria. Es reconocer que, en menos de dos siglos, la petrodependencia contaminó todas las instancias de la vida y dejó una huella profunda de devastación, despojo y desigualdad en los territorios, a lo largo de toda la cadena del metabolismo petrolero. Esta deuda con la vida exige verdad, justicia y reparación integral, la cual implica un reconocimiento de los daños a perpetuidad, planes contextualizados a cada territorio, aportes para una diversificación productiva, restauración de ecosistemas y una perspectiva de justicia ambiental y laboral.

Sin embargo, antes que una desescalada, en la actualidad constatamos la descabellada expansión de la producción y el consumo de hidrocarburos, y una constante avanzada de energías extremas que hemos denunciado por años desde Oilwatch. Entre ellas el Pre-sal en Brasil, el fracking en Argentina y México, los crudos pesados y extrapesados en la Faja del Orinoco en Venezuela, la explotación petrolera en la Amazonía, la expansión de proyectos de extracción de hidrocarburos costas afuera, las cuales generan impactos en toda la región. Esta expansión viene de la mano de nuevos proyectos de exploración, nuevos licenciamientos y la desregulación ambiental. Vemos como consecuencias más fuertes y frecuentes sequías, inundaciones, incendios, desplazamientos: la cuenta la paga la vida.

Esta expansión no sería posible sin el respaldo de sistemas financieros que continúan subsidiando y asegurando el funcionamiento de la industria fósil, profundizando una deuda ecológica y climática que recae sobre los pueblos del Sur Global.

Luego de 30 COPs, luego de 30 años, estos han sido los resultados, producto de medidas parciales y falsas soluciones, que no van a la raíz del problema, que no tienen carácter vinculante, y que no involucran realmente las voces de los pueblos. Dichos resultados nos hablan de un modelo agotado y la urgencia de proponer nuevas estrategias de acción.

Para rematar, vemos cómo se incrementan y agravan las agresiones militares y guerras a lo largo y ancho del mundo ⎼como ha ocurrido recientemente en Venezuela e Irán⎼, junto con nuevas formas de colonialismo, donde el control de la energía fósil sigue siendo motor de violencia, dominación y reconfiguración geopolítica. No se trata de hechos aislados: los combustibles fósiles han estado históricamente en el centro de conflictos armados, disputas territoriales e intervenciones.

NUESTROS PLANTEAMIENTOS Y DEMANDAS PRIORITARIAS

En el marco de esta Conferencia, y ante estos escenarios expuestos, Oilwatch Latinoamérica expresa los siguientes planteamientos y demandas prioritarias:

La transición fuera de los combustibles fósiles no puede limitarse a un cambio en las fuentes de energía, sino que debe abordarse desde una perspectiva estructural, que transforme las bases económicas, sociales, políticas y energéticas vigentes. Una transición debe ser justa, ecológica y social, basada en la equidad, la participación efectiva y protagónica de trabajadores, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones de mujeres y comunidades locales. Debe reconocer y fortalecer el papel de los territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos como fundamentales en la protección de la vida y los ecosistemas.

Se debe plantear una urgente discusión que ponga sobre la mesa las preguntas: ¿energía para qué? ¿Para quiénes? Partir del cuestionamiento de las lógicas de las sociedades de consumo y de los imperativos de crecimiento sin fin, en sistemas además profundamente desiguales.

Exigimos el fin inmediato de los subsidios directos e indirectos (u ocultos) a las empresas de hidrocarburos, las exenciones fiscales, los regímenes aduaneros o cambiarios especiales, el financiamiento público y aseguramiento a proyectos de combustibles fósiles, y redirigir estos recursos hacia transiciones con perspectiva socioecológica, que sean justas y territorializadas.

Advertimos sobre el riesgo de reproducir lógicas extractivistas y coloniales bajo el marco de las denominadas “energías limpias” y las “falsas soluciones”, cuando estas se imponen sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.

Por décadas, Oilwatch ha reivindicado el mantener los combustibles fósiles bajo tierra como obligación política y condición fundamental para la estabilidad climática y la justicia ambiental. Se requiere también establecer una moratoria inmediata a nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. A su vez, es necesario avanzar y fortalecer procesos de desmantelamiento progresivo de las infraestructuras existentes, con garantías fiscales, mecanismos de monitoreo y responsabilidades asumidas por parte de las empresas.
Reconocemos, valoramos y resaltamos las múltiples experiencias impulsadas desde los territorios que día a día transitan hacia un mundo post-fósiles. Iniciativas como la moratoria a la exploración petrolera en Costa Rica, la decisión democrática de mantener el crudo bajo tierra en el Yasuní en Ecuador, la lucha para legalizar la prohibición del fracking en Colombia, la propuesta de Oilwatch del ‘Anexo 0' que agrupa las iniciativas que ya están dejando el petróleo bajo tierra, así como las diversas resistencias sociales que están enfrentando la expansión hidrocarburífera en América Latina y otras regiones del mundo, constituyen referentes concretos para avanzar hacia modelos post-extractivistas. Llamamos a “Yasunizar” el mundo, a multiplicar esas decisiones valientes que ponen la vida por encima del lucro.
Se deben impulsar modelos de soberanía energética basados en el control comunitario, la descentralización y el respeto a los territorios.
Respetar los derechos humanos y de la naturaleza, e implementar mecanismos de justicia climática que incluyan la reparación integral de los territorios afectados por la actividad extractiva. Proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, frente a la creciente criminalización y violencia. Rechazar la militarización de territorios energéticos y exigir la desescalada de conflictos vinculados al control de recursos fósiles.

Subrayamos la importancia de fortalecer iniciativas internacionales orientadas a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, que dialoguen con propuestas tales como el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, y que avancen hacia compromisos vinculantes que garanticen una reducción efectiva de la oferta y la demanda de estos recursos.
Exigimos a los países del Norte Global y potencias emergentes a asumir su responsabilidad histórica mediante reducción acelerada, planes de cierre y desmantelamiento justos, entre otras acciones. Las iniciativas de transición no pueden implicar incrementar las presiones para la extracción de minerales críticos y la ampliación de la frontera de hidrocarburos en el Sur Global. Estos países deben también contribuir en el financiamiento de la transición en nuestros países, aportando a los procesos de restauración, reconocimiento de daños a perpetuidad, diversificación económica, alternativas laborales para los territorios dependientes de la extracción fósil; mientras que también reconocen la cancelación de la deuda climática.
Finalmente, instamos a los Estados participantes y a la comunidad internacional a que la Conferencia de Santa Marta trascienda las declaraciones de intención y se traduzca en acciones concretas, con plazos definidos, mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.

La Red Oilwatch Internacional reitera, después de 30 años de existencia, su compromiso de continuar acompañando a las comunidades en primera línea y contribuir a la construcción de un horizonte común basado en la justicia, la equidad y el respeto por la vida en todas sus formas.

Informe sobre el acto de solidaridad con los desertores celebrado en Atenas el 28 de febrero de 2026, elaborado por “Desertores de la Paz Capitalista”

Guerra de Clases — 2026-04-17T01:02:20Z

par Guerra de Clases - Comunicados | Ucrania, Anarquismo, Derechos Humanos, No a la guerra, Acción

Nuestro acto, organizado conjuntamente con “Encuentros contra la Guerra y la Paz de los Dominantes”, sobre el apoyo político a la deserción y el apoyo práctico a los desertores del frente ruso-ucraniano, tuvo lugar en uno de los pocos espacios ocupados que quedan y que han logrado resistir la ofensiva represiva del Estado griego. La asistencia fue numerosa y, en general, el evento logró su objetivo. Creó un espacio donde parte del entorno politizado y antiautoritario —aquellos que rechazan tanto los bandos imperialistas rivales como el llamamiento a ponerse del lado de Estados supuestamente “perjudicados” o de luchas de liberación nacional— pudo reunirse, y demostró que existe un interés real en construir un polo de rechazo a la guerra desde una perspectiva internacionalista.

Diríamos que el evento adquirió el carácter de una reunión preparatoria, que podría conducir a pasos más prácticos e intervenciones en el espacio público. Ese mismo día, mientras tanto, comenzaron los bombardeos sobre Irán y la guerra se intensificó aún más. Así pues, el evento quedó muy integrado en la propia coyuntura, y los acontecimientos desde entonces han avanzado rápidamente. Ya han comenzado a circular algunos llamamientos contra la guerra. Queda por ver si nuestra propia perspectiva —la perspectiva de un rechazo internacionalista proletario de todas las guerras, ya sean calificadas de “defensivas” u “ofensivas”— encontrará también una expresión pública, y esto se decidirá en la práctica.

El contenido del evento no solo provino de las aportaciones de compañeros de grupos que apoyan la deserción, como Antimilitaristická Iniciativa [AMI] y Assembly, sino sobre todo de la entrevista que realizamos, con el apoyo de la Initiative de solidarité Olga TARATUTA, a un desertor ruso. [Las aportaciones y la entrevista se incluyen al final.]

Creemos que centrarnos en el movimiento de deserción en el frente ruso-ucraniano e intentar transmitir la experiencia vivida por los propios desertores ayudó a anclar el debate en una realidad material sólida. Permitió que el debate partiera del movimiento real, de lo que la clase trabajadora está haciendo hoy en día, en lugar de derivar hacia referencias abstractas a la Primera Guerra Mundial, al derrotismo revolucionario de Lenin y otras fórmulas históricas. Lo que preocupaba a las más de sesenta personas que participaron era cómo se puede organizar la negativa a los preparativos de guerra —y a la posible ampliación de la guerra—, tomando el apoyo a la deserción como punto de partida concreto. Estar preparados para lo que se avecina parecía ser la prioridad clave.

El debate que siguió puso de manifiesto que existe la voluntad de no quedarse en una mera postura general contra la guerra. La pregunta que surgió fue si, y sobre qué base, se puede construir en la coyuntura actual una intervención internacionalista más sólida contra la guerra—capaz de vincular el rechazo a los preparativos bélicos aquí con las formas concretas de rechazo proletario que ya están surgiendo en otros lugares—.
Entrevista con un desertor ruso

En el acto celebrado el 28 de febrero de 2026 en la casa okupa de la finca Prapopoulou, leímos las respuestas de un desertor ruso a las preguntas que le habíamos enviado a través de compañeros de la Iniciativa Olga Taratuta, y las publicamos aquí. Cabe señalar que las preguntas de esta entrevista están dirigidas tanto a desertores como a objetores de conciencia rusos y ucranianos, aunque, en esta fase, las respuestas procedan de un desertor ruso.

[Desertores de la paz capitalista]

1 – ¿En qué momento desertaste? ¿Antes de que te llamaran a filas oficialmente, desde un centro de reclutamiento o de entrenamiento, o desde el frente? ¿Habías completado el servicio militar antes de la guerra? ¿Cuánto tiempo llevas fuera?

Deserté después de que ya me hubieran enviado a la zona de guerra. Durante unos seis meses estuve en el frente, trabajando en el cuartel general; no estaba todos los días en una trinchera, pero seguía formando parte del sistema militar, dentro de la guerra. Ya había cumplido el servicio militar obligatorio antes de la invasión a gran escala, así que cuando empezó la guerra, entendía muy bien qué es el ejército y cómo funciona. Esos seis meses fueron el momento en el que todo me quedó claro. Ves la realidad desde dentro —no la propaganda, ni la imagen de la televisión—. Ves cómo se trata a la gente, cómo se toman las decisiones y qué significa realmente esta guerra para los soldados de a pie. A partir de ese momento, solo esperaba una oportunidad real para marcharme. Esa oportunidad llegó con mi primer permiso oficial tras medio año. Era la primera vez que podía salir legalmente y sin levantar sospechas inmediatas. Aproveché ese momento para salir de Rusia y no volver. Así que mi deserción no fue un acto impulsivo, sino una decisión consciente que llevé conmigo durante meses mientras aún estaba dentro del sistema. Desde entonces, llevo más de un año fuera. Y para mí no se trata solo de salvarme a mí mismo. Fue una negativa a participar en una guerra en la que no creo y que no quería apoyar de ninguna manera. Marcharme era la única forma de ser honesto conmigo mismo y mantener el control sobre mi propia vida.

2 – ¿A qué te dedicabas antes de marcharte? ¿Cambió la situación laboral y salarial a causa de la guerra en tu país? ¿Cómo está la situación tras cuatro años de guerra?

Antes de la guerra seguía una trayectoria muy típica de la clase trabajadora, pero al mismo tiempo intentaba construir algo propio. Trabajé en ventas, hice trabajos de construcción, reparé lavadoras, cafeteras y ventanas de plástico… cualquier cosa que me permitiera ganar dinero y mantener mi independencia. Mi último trabajo antes de la guerra fue, de hecho, mi propio pequeño negocio. Vendía ropa a través de Instagram. No era una gran empresa, pero era algo que yo mismo había creado, desde cero. Me daba la sensación de que mi futuro dependía de mi propio trabajo y de mis propias decisiones, no del Estado ni del ejército. Tras el inicio de la guerra, la situación laboral cambió drásticamente. Cada vez más sectores de la economía quedaron vinculados al sector militar. La producción de defensa comenzó a crecer y, en muchos lugares, se convirtió en el único sector en el que aumentaban los salarios. En las industrias civiles ocurría lo contrario: los salarios dejaron de crecer y, en algunos casos, incluso bajaron. Y esto en un país donde los ingresos reales llevaban años estancados. Ahora, tras cuatro años de guerra, nos encontramos ante una economía profundamente militarizada. Un gran número de personas depende directamente de la producción militar para su supervivencia. Para muchas familias, este es el único trabajo disponible. Y esto crea un problema muy grave a largo plazo. Cuando termine la guerra, no bastará con detener los combates. Habrá que reducir o transformar sectores enteros, y millones de trabajadores podrían perder sus empleos al mismo tiempo. Se trata de personas que de repente se quedarán sin ingresos, sin estabilidad y sin ninguna perspectiva clara. Así pues, la guerra no solo destruye vidas en el frente. También destruye la vida económica normal y la posibilidad de que las personas construyan algo propio —como yo intentaba hacer antes de que todo se derrumbara—.

3 – ¿Qué medios se utilizaban para el reclutamiento en el momento en que te marchaste? ¿Eran digitales o más “tradicionales”? ¿De qué manera se puede evitar ser reclutado? ¿Cómo te escondes?

En primer lugar, es importante comprender que, en estos momentos, no existe una movilización masiva abierta como la que se produjo en 2022. Sin embargo, lo que observamos es una presión constante y creciente sobre distintos sectores de la población para que firmen contratos militares. Esta presión es especialmente fuerte sobre los estudiantes. A menudo se les plantea una “elección” artificial: o firmas un contrato o de repente te enfrentas a graves problemas con tus estudios —puedes ser expulsado, puedes perder tu residencia, puedes perder tu futura profesión—. Formalmente parece voluntario, pero en realidad se está construyendo toda una infraestructura en la que firmar un contrato se convierte en la única forma de evitar conflictos con la universidad, con tu familia y con la sociedad. Para un joven, esta presión psicológica es extremadamente poderosa. El reclutamiento se lleva a cabo tanto por medios tradicionales como digitales. En las calles se ven carteles, pancartas, folletos: la presencia visual de la guerra está por todas partes. Al mismo tiempo, en Internet hay una enorme cantidad de publicidad dirigida y propaganda que presenta el servicio militar como algo prestigioso, heroico y socialmente aceptado. Por lo tanto, no suele ser habitual que se recate a la gente directamente de la calle; el sistema funciona de una manera más sofisticada. Crea unas condiciones de vida en las que negarse a participar se convierte en algo arriesgado y socialmente doloroso. En algunos casos, las personas también temen que se les imputen cargos penales falsos o que se les ejerza presión administrativa, en la que se les dice: la cárcel o un contrato. Aunque esto no le ocurra a todo el mundo, la mera posibilidad genera miedo y empuja a las personas hacia lo que se presenta como la opción “segura”. Por eso, no hay una forma universal de “esconderse”. Todo depende de la situación individual de cada persona: su educación, su trabajo, su familia, su acceso a documentos. Para muchas personas, la estrategia principal consiste simplemente en intentar mantenerse al margen de las estructuras donde esta presión se vuelve directa. Así pues, el reclutamiento hoy en día tiene menos que ver con la fuerza física y más con la presión económica, el control social y la propaganda. Y esto lo hace, en cierto modo, aún más eficaz, porque crea la ilusión de que la decisión es voluntaria.

4 – ¿Qué consecuencias tienes que afrontar en tu vida cotidiana y en el trabajo cuando evitas el reclutamiento?

En la vida cotidiana, eludir el reclutamiento no siempre conlleva un castigo penal inmediato, al menos no todavía. La presión es principalmente social, económica y psicológica. Puedes enfrentarte a la desaprobación de las personas que te rodean. Es posible que alguien te diga que estás llevando una vida normal mientras los “hombres de verdad” están en el frente. Este tipo de presión moral es muy común y afecta a las familias, los lugares de trabajo y los círculos sociales. Genera la sensación de que tienes que justificar constantemente tu decisión simplemente por llevar una vida civil. El problema más grave es la presión indirecta. Si la guerra continúa, la situación económica se configura cada vez más de tal manera que el servicio militar se convierte en una de las pocas fuentes estables de ingresos. Para muchas personas, la elección no es entre la guerra y la paz, sino entre firmar un contrato y no poder mantener a su familia. Así que, incluso sin coacción formal, el sistema empuja a la gente hacia el ejército. Por el momento, quienes evitan firmar contratos aún pueden intentar permanecer en la vida civil. Pero existe una fuerte sensación de que este espacio se está reduciendo. Muchas personas creen que el llamado recurso de reclutamiento “voluntario” no es ilimitado, y que en algún momento el Estado podría volver a recurrir a formas más duras de movilización. Y esta expectativa en sí misma ya condiciona la vida cotidiana. La gente vive con la sensación constante de que las normas pueden cambiar en cualquier momento, de que lo que hoy está técnicamente permitido puede ser punible mañana. Así pues, la principal consecuencia no es solo el riesgo de una futura represión. Es la atmósfera de incertidumbre, presión social y dependencia económica, en la que seguir siendo civil se vuelve cada vez más difícil y requiere una resistencia personal constante.

5 – Antes de la guerra, ¿qué opinabas del ejército y de la deserción? ¿Qué te llevó a decidir marcharte?

Antes de la guerra, mi actitud hacia el ejército y el Gobierno ya era bastante escéptica. En Rusia, todos los hombres deben cumplir un año de servicio obligatorio al cumplir los dieciocho años. Yo cumplí ese servicio íntegramente, y esa experiencia marcó profundamente mi opinión. Vi una institución que no preparaba a la gente para una defensa real, que no ofrecía un entrenamiento significativo y que no respetaba el tiempo ni la dignidad de los soldados. Durante todo un año nos dedicamos principalmente a rutinas inútiles que no tenían nada que ver con la profesionalidad militar real. Me pareció un año perdido de mi vida. Al mismo tiempo, crecí en una realidad política en la que nada cambiaba realmente. Nací cuando Putin ya estaba en el poder, y hoy sigue en él. Por eso, mi desconfianza hacia el Estado no fue algo que surgiera de repente en 2022, sino que se había ido gestando durante muchos años. Pero antes de la guerra nunca había pensado en desertar. Como mucha gente, lo veía como algo abstracto, algo que le pasa a otros. Cuando comenzó la invasión, al principio seguía viéndola de una manera muy racional e incluso técnica. Por mi experiencia previa, conocía la situación real del ejército ruso y no creía en la imagen de una victoria rápida y fácil. Cuando más tarde me encontré dentro del sistema, en el frente, quedó absolutamente claro lo poco preparado, desorganizado e ineficaz que era —a pesar de todos los recursos. Te das cuenta de que el ejército no puede abastecerse adecuadamente, no puede organizarse y, muy a menudo, no tiene tácticas claras, salvo enviar a más y más gente al frente. Y en ese momento la pregunta deja de ser política para convertirse en algo profundamente personal: ¿cuál es tu papel en todo esto? Mi decisión de marcharme no se tomó en un día. Fue el resultado de todo lo que había visto antes: mi servicio obligatorio, mi desconfianza en el sistema y, luego, la experiencia directa de la guerra desde dentro. Paso a paso comprendí que quedarme significaba formar parte de algo en lo que no creía y que no quería apoyar de ninguna manera. Marcharme era la única forma de seguir siendo honesto conmigo mismo.

6 – Si la guerra terminara, ¿pensarías en volver? Si es así, ¿qué te parece la idea de volver?

Es una pregunta en la que pienso mucho, y la respuesta sincera es que depende de muchas cosas. La condición más importante sería un cambio político real y una amnistía total para todos aquellos que se negaron a participar en la guerra. Sin eso, volver significaría simplemente ir a la cárcel. Pero incluso si se produjeran esos cambios, el tiempo también es un factor crucial. Si tardara diez años, para entonces mi vida ya estaría construida en otro lugar. Tendría un nuevo idioma, un nuevo trabajo, nuevas relaciones sociales. Volver no significaría “volver a casa”, sino empezar de cero una vez más. Ya he tenido que reconstruir mi vida una vez, y es un proceso muy difícil. No estoy seguro de tener la fuerza ni las ganas de volver a hacerlo. También está la cuestión de la confianza. Rusia es un país muy impredecible. Aunque se anuncie oficialmente una amnistía y cambie la situación política, no hay garantía de que esas decisiones sean definitivas ni de que se respeten realmente en la práctica. Para alguien en mi situación, esta incertidumbre no es teórica: es un riesgo personal directo. Así que, desde el punto de vista emocional, por supuesto, la idea de volver a casa es importante. El hogar no es solo un lugar: es tu idioma, tus recuerdos, tu pasado. Pero cuando lo pienso en términos reales y prácticos, entiendo que lo más probable es que no tenga una oportunidad segura y realista de regresar. Y esta es una de las consecuencias más duras de esta guerra: te quita no solo tu presente, sino también tu futuro y tu vínculo con el lugar donde naciste.

7 – Más allá de la deserción, ¿existe actualmente algún movimiento colectivo contra la guerra activo en Rusia o en Ucrania? En caso afirmativo, ¿en qué ciudades tiene mayor presencia y cuáles son sus principales características? ¿Sabes si las mujeres están organizando protestas contra la guerra? ¿Qué suelen exigir? ¿Desempeñan un papel significativo a la hora de impedir la militarización, es decir, en el caso de Ucrania?

Al comienzo de la guerra había un movimiento contra la guerra visible y activo en Rusia. Hubo protestas masivas en las calles de muchas ciudades —Moscú, San Petersburgo y otras— y numerosas declaraciones públicas de activistas, periodistas y gente común. Pero el Estado reaccionó con extrema rapidez y dureza. Miles de personas fueron detenidas, muchas fueron acusadas de delitos penales, se desmantelaron organizaciones independientes y la actividad pública contra la guerra se volvió casi imposible. A pesar de ello, el movimiento no desapareció, sino que cambió de forma y se volvió mucho menos visible. Hoy en día, protestar abiertamente en las calles es prácticamente un suicidio desde el punto de vista legal. Una sola acción pública puede dar lugar inmediatamente a un proceso penal y a una larga pena de prisión. Por eso, la mayor parte de la actividad contra la guerra es ahora individual, local, anónima o se desarrolla en el exilio. Una de las iniciativas más importantes y visibles dentro del país durante la guerra fue el movimiento de las esposas y familiares de los soldados movilizados. No se trataba de activistas políticas en el sentido clásico, sino de mujeres comunes que exigían rotaciones, una formación adecuada, equipamiento y el regreso de sus maridos. Sus protestas pusieron de manifiesto la profundidad de la tensión social. Pero incluso esta forma de protesta, tan cautelosa y limitada, fue gradualmente reprimida y expulsada del espacio público. Así pues, las mujeres han desempeñado un papel significativo, no a través de grandes organizaciones políticas, sino mediante estas iniciativas de base basadas en el cuidado, la supervivencia y la protección de sus familias. Hoy en día, si hablamos de estructuras públicas contra la guerra dentro de Rusia, estas están extremadamente fragmentadas y se ven obligadas a operar en condiciones de miedo y represión. El precio de la oposición abierta es la cárcel, y todo el mundo lo entiende. Por eso, la ausencia de protestas masivas no significa apoyo a la guerra. Significa que el Estado ha hecho casi imposible la acción colectiva abierta.

8 – ¿Con qué problemas te enfrentas como refugiado de Ucrania o Rusia? ¿Existe alguna red de solidaridad entre los refugiados en el lugar donde te encuentras ahora? ¿O alguna red de gente local que apoye a refugiados de Rusia o Ucrania como tú?

Para ser sincero, la realidad aquí resultó ser mucho mejor de lo que había imaginado cuando aún estaba planeando mi huida. Antes de marcharme, esperaba dificultades constantes, hostilidad y aislamiento. Pero cuando llegué, descubrí una enorme solidaridad. Conocí a mucha gente dispuesta a ayudar, a apoyar y, sencillamente, a tratarme como a un ser humano. Nunca he sufrido condenas abiertas ni agresiones por mi historia. Los principales retos no son sociales, sino burocráticos. Aprender cómo funciona el sistema, cómo comunicarse con las instituciones, cómo gestionar los documentos… todo esto fue difícil al principio, porque es muy diferente a Rusia. Sientes que tienes que reconstruir tu vida desde cero en un entorno completamente nuevo. Al mismo tiempo, existe una verdadera red de solidaridad. Tanto entre los refugiados rusos como entre los ucranianos y la población local, siento constantemente su apoyo. Existe un consenso generalizado de que esta guerra es una tragedia para todos, y un deseo compartido de ayudar a quienes se han negado a participar en ella. Esto crea un espacio en el que uno no se siente solo. La situación es más complicada para los desertores ucranianos. No por culpa de la gente corriente —al contrario, a nivel humano hay mucha empatía—, sino por el marco legal y político de muchos países europeos. Para ellos es mucho más difícil obtener protección, y muchos se ven obligados a permanecer en la clandestinidad y a vivir con miedo. Esto hace que su situación sea mucho más precaria. Así pues, mi principal problema no es la hostilidad, sino el largo y difícil proceso de construir una nueva vida en el exilio. Pero lo que lo hace posible es la solidaridad que experimento cada día, procedente de diferentes ámbitos y de personas muy diversas.
Declaración de AMI en apoyo a un acto contra la guerra y una recaudación de fondos en Atenas

En septiembre de 2022, un grupo de anarquistas de Europa Central puso en marcha la Iniciativa Antimilitarista [AMI]. Todo comenzó con la publicación del texto “El antimilitarismo anarquista y los mitos sobre la guerra en Ucrania”.

Poco después de la publicación de este texto, tuvo lugar una acción directa simbólica anónima, en la que la embajada de Ucrania en Praga fue salpicada con pintura roja. Se publicó un comunicado acompañando la acción, en el que se afirmaba: “Es comprensible que se critique a Putin y a sus partidarios por los crímenes que están cometiendo contra la población de la región ucraniana. Sin embargo, no debe olvidarse el papel de Zelensky y del Gobierno ucraniano en estas masacres. En un momento en que el ejército de Putin bombardea ciudades ucranianas, el gobierno de Zelensky prohíbe a los hombres salir del país en busca de seguridad. Bajo amenaza de castigo, se les retiene en zonas bombardeadas, y a algunos se les obliga contra su voluntad a arriesgar sus vidas en el frente. Seamos claros: ¡Zelensky es tan mierda como Putin! Ambos tienen las manos manchadas de sangre de civiles”.

AMI nunca ha sido un grupo u organización formal, sino más bien una red informal. Contamos con el mayor número de simpatizantes en la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Austria. Desde el principio, nos hemos mostrado muy críticos con la propaganda bélica, que sirve para conseguir más simpatizantes y recursos para la política bélica del Estado ucraniano. Esta propaganda proucraniana es dominante en las regiones donde vivimos, incluso en entornos que profesan formalmente el anarquismo o el comunismo. Esto dificulta que AMI y otros grupos antimilitaristas organicen actividades públicas. Nuestras acciones suelen ser saboteadas por “izquierdistas belicistas” que, en esencia, comparten la misma agenda que los Estados de la UE y las secciones miembros de la OTAN.

Actualmente estamos organizando ayuda práctica para desertores y refugiados de guerra procedentes de Rusia y Ucrania. Las actividades se organizan principalmente de forma privada para que podamos ser más eficaces y no tengamos que defendernos de los ataques mencionados anteriormente. Recaudamos y distribuimos ayuda económica y material, y colaboramos con el transporte y el alojamiento de los refugiados. También publicamos artículos y entrevistas con personas que han huido de zonas de guerra o que han saboteado activamente la guerra.

En general, la deserción se ve con gran ambivalencia, especialmente en Europa Central. Parte de la población apoya teóricamente a los desertores del ejército ruso, pero no expresa solidaridad con los desertores del ejército ucraniano. Esta tendencia está en línea con la política bélica del imperialismo de la UE/OTAN/EE.UU. Los partidarios de esta línea argumentan que apoyar a los desertores del ejército ucraniano ayuda al imperialismo ruso. Sin embargo, nosotros sostenemos que el apoyo “unilateral” a los desertores y el apoyo al armamento de Ucrania contribuyen a la escalada de la guerra y a la propagación de los conflictos interestatales hacia una guerra mundial.

El derrotismo revolucionario, que implica luchar contra todos los Estados y todos sus ejércitos, solo lo defienden hoy en día minorías militantes. Sin embargo, creemos que el equilibrio de fuerzas podría cambiar pronto, ya que cada vez más proletarios a ambos lados de la línea de guerra están eludiendo la movilización o desertando. Estas personas a menudo carecen de experiencia en la autoorganización, pero es innegable que, en este momento, están saboteando de hecho los esfuerzos bélicos de “sus” Estados. Las minorías revolucionarias deben establecer contacto con ellas. De esta manera, las minorías actualmente aisladas pueden transformarse en movimientos de masas.

En general, también se puede decir que la mayoría de los desertores solo pasan por países como la República Checa, Eslovaquia o Hungría, o permanecen allí durante muy poco tiempo. Estos países tienen políticas migratorias muy deficientes. Por lo tanto, los desertores prefieren vivir en países como Austria, Alemania, Francia, Suiza o Bélgica, donde es más fácil obtener asilo y protección legal frente a la deportación o la persecución por parte de las autoridades ucranianas y rusas. Aquí también pueden solicitar subsidios relativamente elevados, alojamiento o una generosa ayuda material de organizaciones benéficas.

Sin embargo, observamos que la política estatal intenta integrar a los refugiados en la economía capitalista como mano de obra barata y domesticarlos para que no manifiesten tendencias subversivas. Como alternativa, estamos tratando de crear una sólida red de solidaridad que anime a los desertores y refugiados a organizarse en la resistencia.

Si deseas apoyar nuestras actividades, visita nuestra página web para obtener más información y datos de contacto. https://antimilitarismus.noblogs.org/
Informe de Assembly celebrado en el acto de Atenas en solidaridad con los desertores del frente ruso-ucraniano, el 28/2/2024

Ya existe una amplia resistencia al reclutamiento en Ucrania, que recientemente comparamos con la resistencia contra el ICE en nuestro artículo “De Minneapolis a Ucrania: solo la lucha en las calles puede detener la caza de personas orquestada por el Estado”.

El problema es que, al igual que en Estados Unidos, no es lo suficientemente fuerte como para cambiar la situación general. Tras la devastación total de nuestro campo revolucionario por parte del estalinismo, la tradición de los movimientos de masas en las calles desapareció en Ucrania, salvo en apoyo de algunos políticos de derecha (1991, 2004, 2014…). Reconstruirla desde cero lleva mucho tiempo y lleva ya dos años en marcha, desde que se aprobó la ley que endurecía la movilización el 11 de abril de 2024. Sin embargo, este proceso se ve retrasado por condiciones extremadamente desfavorables, entre ellas la brutalidad estatal, la ruina económica y los desplazamientos masivos. Precisamente por eso la deserción se ha convertido en la principal forma de resistencia a la guerra. No requiere una amplia organización y es mucho menos probable que conlleve castigo que la acción callejera. Una de las especuladoras de guerra más famosas, Alina “Mercedes” Mykhailova, admitió hace un mes que 20 000 de las 30 000 personas movilizadas cada mes están huyendo.

¿Por qué otros siguen sirviendo? Por las mismas razones por las que algunos civiles apoyan la guerra: el síndrome de Estocolmo (quizá lo hayáis visto mucho entre los anarquistas), una creencia ingenua en las promesas de una carrera distinta a la de soldado de asalto, el hábito cotidiano de obedecer a cualquier autoridad… Un ejemplo sencillo de la clase trabajadora: el salario de un trabajador municipal es de 12 000 jrivnias, el de un operario de maquinaria industrial es de 20 000, ¡pero un obrero en la construcción de fortificaciones gana entre 60 000 y 100 000! Conceder privilegios a ciertos grupos, por supuesto, también obstaculiza la solidaridad de clase. Esto ni siquiera incluye a los cientos de miles de funcionarios estatales, agentes de las fuerzas del orden, etc., cuyos ingresos, gracias a la ayuda financiera occidental, se han vuelto más altos que nunca. Ellos también tienen familiares…

Sin embargo, desde finales de 2025, observamos una nueva tendencia: las personas que se oponen a la guerra están pasando de la autodefensa al contraataque. Casi a diario aparecen noticias sobre ataques con cuchillos, escopetas o granadas contra la policía o grupos de reclutamiento, sobre todo en regiones de la retaguardia como Odesa o el oeste de Ucrania. ¡Esto ya no se parece a la situación actual de Estados Unidos, sino más bien a la de la guerra de Vietnam! En nuestro próximo artículo ofreceremos más detalles.

Por último, queremos concienciar sobre la persecución y el encarcelamiento de quienes expresan públicamente su oposición a la guerra. Algunas de estas personas han tomado una postura escrita contra la guerra, como Bogdan Syrotiuk. Otras han tomado medidas contra el reclutamiento. Por ejemplo, los presos del “caso de la Proclamación” llamaron a los soldados a unirse en “comités de soldados” y a negarse colectivamente a participar en operaciones militares en el frente. También se están iniciando procesos penales con penas severas contra civiles que participan en actos de resistencia activista contra la brutalidad de la captura y el envío de hombres al frente. Uno de estos casos es el de Angela Gurina, que se enfrenta a cinco años de prisión, cuya condena debía comenzar el 9 de diciembre de 2024, bajo la falsa acusación de revelar la ubicación de cuarteles militares, cuando en realidad estaba grabando y publicando una escena de “busificación”. Según el veredicto, su vídeo, que ha sido visto 8 600 veces en TikTok, muestra una instalación militar, el punto de reunión regional cerca del Servicio de Aplicación de la Ley Militar en Chernivtsi. La ley marcial prohíbe mostrar este tipo de instalaciones en vídeo. La periodista fue detenida en agosto de 2024. Su abogado insistió en que ella no estaba filmando una instalación militar, sino una posible violación de los derechos humanos. El vídeo se titulaba “Salvando a un chico”. Angela lo borró posteriormente. El abogado también argumentó que la ubicación del lugar era de dominio público y que no se trataba ni de una unidad de combate ni de unas instalaciones de entrenamiento militar. Sin embargo, el tribunal no estuvo de acuerdo y argumentó que: “La alegación de la demandante de que la persona no tenía la intención de perjudicar la seguridad interna y externa de Ucrania no refuta la comisión del presunto delito”. Aunque el juicio estableció la doble nacionalidad rumana de Gurina, no hay información sobre los esfuerzos del Gobierno rumano para conseguir su liberación. El veredicto del año pasado también indicaba que padecía problemas de salud mental, incluido el trastorno bipolar. En el momento de su condena, la activista tenía 54 años.

Traducción al español: https://materialesxlaemancipacion.espivblogs.net/2026/04/10/informe-sobre-el-acto-de-solidaridad-con-los-desertores-celebrado-en-atenas-el-28-de-febrero-de-2026-elaborado-por-desertores-de-la-paz-capitalista/

Última convocatoria al Seminario "Sentipensar con la Tierra: La urgencia de volver al Nosotros"

UAIN Wainjirawa — 2026-04-15T01:58:26Z

par UAIN Wainjirawa - Local | Maracaibo, Ecología , Luchas Indígenas , Movimientos Sociales , Proyección / Debate / Concierto

Condiciones de participación:
– Debes solicitar participar a través de: jqarostomba@gmail.com
para ser incorporado a la lista de correos a través de los cuales haremos llegar a cada participante los textos de clase a discutir durante el Seminario.
– Los textos de clase sólo serán enviados a través de sus correos electrónicos.
– Las sesiones no serán grabadas ni estarán disponibles a posteriori.
– La inasistencia a por lo menos tres sesiones las consideraremos como el deseo de retiro de la experiencia.
– No existe cuota o pago por nada, sólo el llamado a que, por consciencia nosótrica, puedan contribuir en lo posible, a sostener la plataforma.
– Toda colaboración debe ser enviada a través de: jclarosav.comunica@gmail.com - (Juan Carlos La Rosa-Venezuela)
jordi.gomeztejeda@gmail.com - (Jordi Gómez Tejeda-México)

Este es el enlace de la forma para nuestro Seminario de 3 meses 2026.
https://forms.gle/o1oGd86TfmLkuBYc9

Renta petrolera, caudillismo y centralización

Erick Camargo — 2026-04-15T00:39:37Z

par Erick Camargo - Local | Caracas, Arco Minero del Orinoco, Ecología , Política , Reflexión / Análisis

Juan Vicente Gomez en los hangares de Maracay. Foto: Luis Felipe Toro

Un análisis sobre la transición de Venezuela desde la ruina post-independencia hacia la consolidación de un Estado rentista. El texto examina cómo la riqueza petrolera, lejos de fortalecer la democracia, cimentó un modelo de poder centralizado y personalismo mesiánico, donde la captura de rentas sustituyó a la productividad y la institucionalidad.

Tras la Independencia, Venezuela quedó arruinada. Diez largos años de guerra, que quemaron haciendas y hatos, la base productiva de su economía, y exterminaron masas humanas, quebraron las fuerzas económicas y sociales del país. El Estado que emergió de la división de la Gran Colombia nació débil, dependiente del carisma y la fuerza de caudillos que cohesionaran fuerzas sociales dispersas, y que debieron pasar el siglo XIX luchando contra alzamientos de caudillos menores. El país vivió en guerras civiles constantes, sin recuperación económica posible ni fortalecimiento institucional; el caudillismo se reforzaba a sí mismo.

La aparición del petróleo significó un cambio radical. Permitió la consolidación de un poder nacional y la formación de instituciones estatales modernas, pero bajo una lógica muy particular. La precariedad del Estado se desvaneció ante una ola de petrodólares que Juan Vicente Gómez usó para aplastar a los viejos caudillos; ningún alzamiento pudo torcer el rumbo a partir de este momento por las convencionales vías armadas. Así, el Estado venezolano que se consolidó en las primeras décadas del siglo XX nació centralizado, concentrando poder y administración en Caracas.

Esta centralización responde a dos factores: la necesidad de someter a los caudillos locales y la propia naturaleza de la actividad petrolera, que tiende a centralizar poder y economía. Los caudillos fueron sometidos, pero el personalismo que les daba vida no murió: transmutó hacia figuras más «modernas», como caudillos de partido y presidentes autoritarios. Medina Angarita, Pérez Jiménez, Betancourt, Caldera y Carlos Andrés Pérez encarnaron, cada uno a su modo, ese personalismo mesiánico que la renta petrolera alimentaba. La teoría del petroestado, desarrollada por Terry Lynn Karl, explica este fenómeno: los Estados que dependen fuertemente de rentas del petróleo tienden a fomentar la búsqueda de rentas, el clientelismo y el patrimonialismo, especialmente cuando la capacidad burocrática previa es débil, como era el caso venezolano.

Fernando Coronil, en El Estado Mágico, desarrolla esta tesis para Venezuela con ejemplos históricos: muestra cómo la renta petrolera impide el desarrollo de sectores productivos autónomos, a la vez que genera corrupción institucional y patrimonialización de los fondos públicos. Manuel Casique en su teoría de la renta de la tierra en el caso venezolano explica con más detalle el conflicto del Estado terrateniente frente al resto de la sociedad venezolana como un ente competitivo más por los recursos económicos y la acumulación de capitales.

En un país rentístico, el líder personalista asume roles paternalistas en la distribución de la renta. La riqueza pública se patrimonializa: es cooptada por una facción u oligarquía que detenta el poder y controla los resortes económicos, afianzando el autoritarismo. La economía depende de los dólares del petróleo, y el Estado no necesita los impuestos del resto de la economía. Esto vuelve a la burguesía incapaz de controlar el poder político, a menos que se vincule a los grupos con acceso a la renta. Un estudio reciente en la revista Geopolitics Quarterly (revista académica de Irán) analiza cómo el populismo y el rentismo se retroalimentan en Venezuela, impidiendo la institucionalización democrática y debilitando la geoeconomía del país. Los ingresos petroleros, capturados y distribuidos sin supervisión, se convierten en herramienta para recompensar lealtades y financiar la represión, consolidando el autoritarismo y la corrupción.

A esto se suma una economía importadora, constante desde el siglo XIX. Ya en la Venezuela agraria, las leyes que exoneraban aranceles para importar granos priorizaban la siembra de café, algodón o tabaco sobre la producción de alimentos para la población. Pero con el petróleo se perdió totalmente la conexión con el campo; los intentos de recuperar la agricultura mediante inversión de la renta solo crearon sectores dependientes, apéndices del petróleo que impulsaba consumo e inversión. Es la llamada «enfermedad holandesa», agravada por políticas estatistas que, como señala un análisis de The Daily Economy, convirtieron la nacionalización de 1976 en un «boom para la corrupción» y profundizaron el modelo de petroestado rentista. La enfermedad holandesa es un fenómeno económico vinculado a los países productores de hidrocarburos, que explica como la producción interna cae cuando se inicia la exportación petrolera y de gas, con el respectivo ingreso de petrodólares que derivan en sobrevaluación artificial de la moneda nacional, que generan una merma de la competitividad de las exportaciones no petroleras y abaratamiento de las importaciones.

Con el petróleo, el Estado se convierte en dueño directo del hidrocarburo, siguiendo la tradición árabe-hispánica del derecho minero. Así, no actúa como árbitro, aunque siempre inclinado a ciertos intereses, sino como un competidor más frente a los capitalistas, terratenientes y trabajadores. Un terrateniente más que busca maximizar sus rentas. De allí que resulte casi imposible configurar un Estado liberal, republicano y democrático duradero. La mayoría de los estados petroleros son monarquías absolutas o regímenes autoritarios; las excepciones, como Noruega, confirman la regla porque contaban con instituciones sólidas, transparencia y separación de poderes antes del petróleo.

Este sistema se retroalimenta y difícilmente se rompe desde dentro. La reiterada aspiración de «sembrar el petróleo» terminó en fracasos y empresas siempre dependientes de la renta. Sin embargo, en la situación actual, cuando todo el sistema se ha erosionado por completo, existe una oportunidad para romper el esquema socioeconómico y, con ello, construir institucionalidad democrática. Un punto fundamental es abandonar la falsa idea de que el petróleo será la ansiada «palanca del desarrollo» que nos lleve a la modernidad. El colapso venezolano, el más grande del hemisferio occidental para un país en paz, demuestra que la combinación de nacionalización, control estatal y populismo condujo al desastre a pesar de las ingentes reservas.

La coyuntura reciente refuerza esta lección. Entre enero y febrero de 2026, el gobierno aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos que rompe el monopolio de PDVSA y permite participación privada y arbitraje internacional. Es un giro histórico que parece ir en dirección opuesta al modelo rentista clásico. Pero analistas y ciudadanos advierten: los cambios económicos no tienen sentido si no van acompañados de libertad y democracia. El problema es que la privatización tampoco revierte la centralidad de la economía venezolana en el petróleo, sólo elimina el rol del Estado como empresario petrolero, sigue siendo dueño del recurso, sigue percibiendo renta; sigue siendo el gran terrateniente. Pero además, se ancla la economía venezolana a la expectativa de producción de un producto controversial, en puertas de una crisis climática, cuando los científicos exigen reducir el consumo de hidrocarburos; es irresponsable sembrar el futuro en un producto que debe permanecer bajo tierra.

La población quiere mejorar su calidad de vida, no para hacer el autoritarismo más tolerable, ni para reincidir en los viejos errores del pasado. La oportunidad actual no es solo económica: es política. Requiere fortalecer instituciones, garantizar transparencia y transformar la relación del Estado con la sociedad y la economía. Solo así podrá romperse el ciclo vicioso del rentismo y autoritarismo que ha marcado la historia venezolana desde la Independencia.

Análisis integrado de la reforma a la Ley de Hidrocarburos en Venezuela: tendencias, significados e implicaciones

Emiliano Terán Mantovani — 2026-04-12T20:48:42Z

par Emiliano Terán Mantovani - Local | Edito, Caracas, Arco Minero del Orinoco, Derechos Humanos, Ecología , Política , Reflexión / Análisis

FOTO DE ENCABEZADO: Empleados frente a la sede de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en Caracas, en octubre.Credit...Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times

Más allá de solo un cambio normativo, la reforma del 29/01/2026 a la emblemática Ley de Hidrocarburos de Hugo Chávez de 2001, –que ya había sido reformada en 2006 para acentuar el control y participación estatal en la actividad y ganancias− señala una profunda transformación económica y política del propio modelo centenario del Petro-estado venezolano. El país y su soberanía se encuentran en una encrucijada, ante un modelo petrolero agotado desde hace décadas, pero que simultáneamente está siendo desmantelado en el marco de una profunda y larga crisis política interna, y la intervención estadounidense que se afinca en Venezuela desde el 3 de enero de 2026.

Este artículo intenta abordar de manera sucinta esta reforma de ley –que abreviaré como RLH−, no solo observando los cambios normativos sino también poniendo de relieve otras dimensiones que están en juego, como la política, la ambiental, la económica y la humanitaria. Presento unos breves antecedentes para luego examinar las principales modificaciones que sufrió la ley, y cerrar analizando cuatro de las más importantes implicaciones y significados de este proceso.

I. ANTECEDENTES

Hay dos factores que deben ser examinados para comprender los antecedentes en los cuales se inscribe la RLH.

I.I Primer factor: la nueva Apertura Petrolera del chavismo de los años anteriores

Ciertamente, la reforma aprobada rápidamente y publicada en Gaceta Oficial No. 6.978[1] se da en el contexto de la intervención militar estadounidense, pero de ninguna manera puede interpretarse como una ruptura con un previo nacionalismo energético.

Al contrario, el gobierno de Maduro, al menos desde 2018, había iniciado un fuerte aunque heterodoxo proceso de neoliberalización de la economía, que incluyó a la industria petrolera. Incluso desde 2016 se promovía un ‘régimen especial de inversiones' que buscaba dar mayores facilidades e incentivos a inversionistas extranjeros, y debe recordarse el decreto de exoneración del emblemático impuesto sobre la renta a los enriquecimientos provenientes de las actividades petroleras para el capital transnacional, de 2018. Estas lógicas se fueron intensificando en el marco del Programa de Recuperación y Prosperidad Económica (2018), la significativa ‘Ley Antibloqueo' (2020) o la Ley de Zonas Económicas Especiales (2022), junto a otras medidas de liberalización económica.

Ante los pésimos resultados de los rígidos controles de toda la economía; las urgentes necesidades de incrementar los ingresos de una industria cada vez más destruida; y los impactos de las sanciones internacionales –principalmente las de 2019 que afectaban directamente al petróleo−; el gobierno impulsaba un giro aperturista y pragmático, y no solo fue invitando a todas las empresas a invertir en Venezuela –especialmente a inversores de EEUU[2]−, sino también procuraba que las condiciones para estas fuesen las más propicias. En este marco, la Ley de Hidrocarburos estaba en la mira de varios grupos desde hacía algunos años, dado que estorbaba normativamente a estos cambios –lo que debía incluir la propuesta de una reforma a la Constitución, que Maduro planteara de manera incompleta en febrero de 2025[3].

En los hechos, el enfoque entreguista del petróleo no hizo sino agudizarse, lo que se evidenció de manera emblemática con la figura de los ‘Contratos de Participación Productiva' (CPP) amparados en la Ley Antibloqueo –que daba enormes atribuciones a los privados minoritarios en las Empresas Mixtas−, y sobre todo, con la Licencia LG41 de la OFAC (noviembre 2022), que permitía a Chevron reiniciar sus actividades en Venezuela. Esta licencia ha sido catalogada como un “modelo” de negocios[4] que daba cuenta del formato de extraordinarias concesiones y facilidades a las corporaciones que comenzaba a predominar en el país desde entonces. En la LG41 se autorizaba a la corporación estadounidense la gestión directa de las actividades primarias y la administración de las Empresas Mixtas, incluyendo la producción y comercialización del petróleo extraído; se prohibía que esta cancelara al Estado regalías e impuestos; y se vetaba que empresas iraníes y rusas pudieran ser proveedoras de las empresas mixtas. Esto no solo violaba la Ley de Hidrocarburos de entonces y la Constitución, sino que también consolidaba formas claras de injerencia sobre la soberanía del país.

Esta licencia, así como las pautas comerciales que en lo fáctico existían con China en la Faja Petrolífera del Orinoco –donde una gran parte del crudo y las ganancias se las quedan los chinos (debido a los significativos envíos para el pago de la deuda, los descuentos y los costos de intermediarios) y estos poseían el control logístico y operativo de la explotación[5]−, revelan que ya se estaba destrozando la histórica figura del nacionalismo energético. Como veremos en la siguiente sección, las pautas de la LG41 se terminarían de confirmar y consagrar con la RLH, por lo que, en este sentido, se evidencian elementos de continuidad entre los gobiernos de Maduro y el tutelado gobierno de Delcy Rodríguez. Si pudiese hablarse de una capitulación de la soberanía energética de Venezuela, esta comenzó antes de la invasión y la reforma de la ley.

Maduro no le negó el petróleo a los EEUU, muy al contrario, le ofreció facilidades. Más bien fueron las sanciones estadounidenses el principal factor que interfirió en este flujo energético de sur a norte. Pero el punto sobre el que Maduro no estaba dispuesto a negociar era el de su salida del poder. Estos elementos de continuidad mencionados deben ser subrayados como otro factor en juego en la perduración del régimen chavista post 3-E.

I.II Segundo factor: autoritarismo y total irrespeto a la ley

El deterioro de la democracia en Venezuela vivió un aceleramiento al menos desde 2017, con la creación de la ‘plenipotenciaria' Asamblea Nacional Constituyente. Son muchos los pasos que paulatinamente se dieron hacia la consolidación de un régimen autoritario[6], que probablemente vio su punto más alto con el fraude electoral del 28 de julio de 2024 y la intensificación, como nunca, de la represión social, así como la instalación de un terrorismo de Estado[7]. En este marco, las leyes fundamentales de la República y la propia Constitución nacional quedaron como letra muerta, y las instituciones, que en teoría velan y garantizan su aplicabilidad, fueron significativamente degradadas. En cambio, otras leyes como la Ley Antibloqueo de 2020, se establecieron como excepcionalidades que consolidaron la discrecionalidad del gobierno chavista en el manejo de los activos del Estado y en el establecimiento de acuerdos con corporaciones extranjeras; así como el secreto y la inescrutabilidad de sus operaciones.

Dentro de esta lógica, las operaciones y acuerdos petroleros se fueron ajustando y moldeando a las circunstancias de la inoperabilidad de PDVSA y los efectos de las sanciones internacionales; así como a los intereses particulares del gobierno y las empresas, sin importar los cotos que ponían las leyes existentes. La mencionada Licencia LG41 concedida a Chevron se basó en negociaciones directas entre EEUU y el gobierno de Maduro, y se formalizó sin aprobación de la Asamblea Nacional. Los ajustes hechos con China en la Faja siguieron similar criterio de discrecionalidad y secretismo.

El gobierno de Maduro ejerció su poder desde una gobernabilidad neopatrimonial, dirigiendo el país como si fuese una hacienda personal. La validez y aplicabilidad real de las leyes y cuerpos normativos en Venezuela debe ser entendida dentro de este marco.

Entonces, ¿qué sentido tiene la RLH en este contexto?

Hacia lo interno, la reforma se concreta dentro de un entorno político que, después del 3-E, sigue siendo autoritario. La RLH de hecho viola la Constitución –que debe tener primacía por sobre toda otra ley−, en artículos como el 302 que reserva al Estado la actividad petrolera; el 307, dada la delegación discrecional de regalías e impuestos; el 150, al prescindirse de la aprobación parlamentaria para la celebración de contratos de interés público; o el 151, al contemplarse la resolución de controversias también en ámbitos internacionales; por mencionar ejemplos. Estos elementos dan cuenta de la nulidad normativa de dicha reforma por anticonstitucional.

Esto además se desarrolla dentro del poder tutelado que ejerce el gobierno de Trump sobre toda la administración de la industria petrolera venezolana, lo que desdibuja completamente no solo el cuerpo normativo del país, sino también la propia estructura concreta de la República y sus instituciones.

De manera que, las principales razones de ser de la RLH son dos: una, construir un marco de garantías, estabilidad jurídica y tranquilidad para la penetración masiva de capitales transnacionales en la industria; y dos, consolidar un marco jurídico que tenga sentido para un eventual nuevo régimen político subordinado, que además incruste y consolide estos cambios para las próximas décadas en el país.

II. LA REFORMA DE LA LEY DE HIDROCARBUROS DE ENERO 2026: 8 PUNTOS DESTACADOS

FOTOGRAFÍA. Sesión que sanciona la Reforma de la Ley de Hidrocarburos, 29/1/26. Fuente: Asamblea Nacional

Apenas 26 días después de la extracción de Maduro y Cilia Flores se sancionó la RLH. Se habló de que fue nutrida por “consultas en todo el país”, “de más de 120 propuestas recibidas”, y se aprobaba por unanimidad, “en el nombre de Dios”, mientras que toda la llamada “Bancada de la Patria” se puso de pie a aplaudir dicha oficialización[8]. Dado que esto ha representado un hecho histórico para Venezuela, será siempre oportuno recordar los diputados (chavistas y de oposición) y ministros que dejaron sus nombres refrendando esta reforma.

La RLH ha terminado de formalizar el desmantelamiento del ‘proyecto bolivariano', que entre sus pilares había reivindicado un nacionalismo energético contrapuesto al modelo neoliberal y desnacionalizador de la ‘Apertura Petrolera', y que proyectaba la recuperación del Petro-estado, esta vez para construir un proyecto alternativo al capitalismo, el ‘Socialismo del Siglo XXI'. Lo llamativo es que este desmantelamiento haya sido desarrollado progresivamente desde adentro y desde hace años, dentro de una mutación del chavismo[9] que también fue potenciada por las sanciones internacionales. Hoy esta mutación se muestra ampliamente subordinada luego de la intervención estadounidense, con el poder militar y corporativo norteamericano dándole forma a la nueva ley.

¿En qué consiste específicamente esta reforma? ¿Qué escenarios nos abre? Menciono a continuación 8 puntos destacados:

Lo primero que habría que decir es que, aunque se cataloga la reforma como ‘parcial', se debe destacar que la misma ha sido realmente sustancial, modificando el perfil estatista y prevalente a lo nacional de la ley, para entonces abrirse a una amplísima participación y atribuciones privadas. Varios de los artículos fueron extendidos y se añadieron nuevas secciones.
Es clave destacar que el Artículo 23 ha eliminado la exclusividad estatal total o mayoritaria en las actividades primarias del sector. Se reconocen a las empresas privadas como uno de los 3 tipos de actores que pueden participar en las mismas, junto al actor nacional y las Empresas Mixtas.
Es cierto que en lo nominal y normativo, se resalta que la propiedad sobre los yacimientos los conserva la República (Artículo 40, y en el Artículo 3 que se mantuvo de la LH-2006). Sin embargo, la parte venezolana ha quedado muy afectada, vulnerada y desvirtuada como para ejercer una efectiva y real soberanía y rol de propietario sobre el petróleo y la actividad de explotación, lo que ya se había evidenciado con la instauración de la figura de los CPPs. De hecho, en la Disposición Transitoria TERCERA se subraya la continuación de la “plena validez y eficacia jurídica” de los CPPs y demás modelos contractuales suscritos con fundamento en la Ley Constitucional Antibloqueo.
En línea con el punto anterior, se establece en la RLH la posibilidad de transferencia parcial o total de los derechos otorgados desde empresas nacionales a empresas privadas (Artículo 25). El Artículo 40, que fue incorporado como nuevo artículo, determina que se pueden suscribir contratos con empresas privadas para la ejecución de actividades primarias, en los cuales estas podrán asumir la “gestión integral” del ejercicio de las actividades; es decir, todas las operaciones. El Artículo 36 (nuevo) Numeral 3 plantea que el Ministerio con competencia en materia de hidrocarburos podrá autorizar al accionista privado minoritario a que ejerza la gestión técnica y operativa de la empresa mixta. El Artículo 42 (nuevo) contempla que las empresas de la República y sus filiales podrán ceder a la empresa operadora el derecho de uso del área operacional y del área delimitada. Todo esto es muy significativo, no solo por el extraordinario aumento de las atribuciones de las empresas privadas, sino por la considerable reducción del rol y peso de Petróleos de Venezuela S.A., mucho más en este contexto de vulnerabilidad institucional y nacional.
Esto no queda así: el Artículo 41 (nuevo) contempla que las empresas operadoras pueden ser retribuidas con una participación porcentual sobre los volúmenes de hidrocarburos fiscalizados, que serían comercializados directamente por la empresa operadora. El Artículo 68 asume que el Ministerio competente puede autorizar a empresas privadas a comercializar directamente la totalidad o una cuota de los volúmenes de hidrocarburos naturales producidos en el área asignada. En el Artículo 36 Numeral 1 también se autoriza a que el accionista privado minoritario pueda comercializar toda o una parte de la producción de la Empresa Mixta. Y en el Artículo 42 (nuevo), al recibir la empresa operadora los derechos de uso del área operacional, podrá pagar con petróleo como contraprestación a las empresas de la República. A su vez, en el Artículo 36 Numeral 2 se autoriza a dicho accionista privado a abrir y gestionar cuentas bancarias en cualquier moneda y jurisdicción, para el uso y administración de los fondos. Todo esto revela que las atribuciones de los privados son mucho más amplias, incluyendo entonces el manejo y comercialización directa del recurso, y la autonomía para el manejo de sus finanzas.
Otro elemento significativo tiene que ver con las posibilidades de bajar regalías e impuestos recabados de la actividad. Mientras en la Ley anterior se fijaba la regalía al 30%, en la RLH este porcentaje es determinado por el Ministerio competente de acuerdo al tipo de proyecto, los requerimientos de inversiones de capital, la “economicidad” del proyecto y la competitividad internacional (Artículo 51). Aunque la ley previa reconocía la posibilidad de que, por consideraciones económicas en campos maduros o en la Faja del Orinoco, se pudiese rebajar la regalía hasta el 20%, en la actual RLH esa cifra queda abierta y a discreción del ministerio. El Artículo 58 (nuevo) propone esta misma flexibilización y criterios para la reducción del Impuesto sobre la Renta, que estuvo establecido antes de la reforma en 50%. En el Artículo 26 se establece que, si cambios legales, fiscales, regulatorios o contractuales que se produjeran posterior a la celebración de contratos, afectan negativamente la ‘economía del proyecto', el Ministerio podrá ejecutar ajustes en regalías, tributos, tarifas, plazos, condiciones económicas o mecanismos de compensación, para ‘reestablecer la posición económica' previa de la empresa operadora. Es importante apuntar que, fácticamente hablando, la “economicidad” a la que se hace referencia no solo está vinculada a la viabilidad de un proyecto determinado sino también a las exigencias de los márgenes de ganancias que las empresas privadas consideran ideales. Adicionalmente, el Artículo 55 elimina los varios impuestos estipulados en la ley anterior (superficiales, de extracción, de consumo y de registro de exportación, antiguo Art. 48) y crea el ‘Impuesto Integrado de Hidrocarburos', simplificando la carga fiscal. La alícuota del mismo no puede exceder el 15% y la determina el Ministerio en competencia (Artículo 56). Y el Artículo 59 exonera a las empresas de una lista de otros impuestos y contribuciones –como el Impuesto a los Grandes Patrimonios o Contribuciones en áreas sociales.
Por último, el Artículo 34 elimina el requerimiento de aprobación de la Asamblea Nacional para la constitución de las Empresas Mixtas y las condiciones que regirán la realización de las actividades primarias. Ahora esta solo deberá ser ‘notificada'; las decisiones y autorizaciones pasan fundamentalmente por el Ejecutivo. Por otro lado, en el Artículo 8 (nuevo), ante dudas y controversias, se contemplan también mecanismos alternativos de resolución de las mismas, incluyendo mediación y arbitraje, que podrían ser internacionales.
Se recuerda que fueron derogadas la Ley de Regularización de la Participación Privada en las Actividades Primarias Previstas en el Decreto N° 1.510 con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos (2006); la Ley Orgánica que reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos (2009); la Ley que crea la Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos (2013); o el Decreto N° 5.200, Ley de Migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco y Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas (2007); entre otros.

III. TENDENCIAS, SIGNIFICADOS E IMPLICACIONES DE LAS TRANSFORMACIONES DEL RÉGIMEN PETROLERO

Dado que estas transformaciones todavía en curso trastocan la propia morfología del histórico modelo petrolero, habría múltiples implicaciones que examinar. Para este artículo voy a destacar específicamente 4 de ellas: la emergencia de un Petro-estado vasallo; la formación de una economía de enclave y la perpetuación del extractivismo petrolero; la merma económica que sostiene al Estado y sus consecuencias en la sociedad; y la peligrosa invisibilización de la crisis ecológica/climática.

III.I Emerge un Petro-estado vasallo

¿Qué es hoy el Estado venezolano, si ha dejado de ser aquel Petro-estado que otrora lograba una gran centralización del poder y la economía, un nivel considerable de captura de renta, y una relativa influencia internacional –desde la creación de la OPEP en los 60s, hasta las propuestas de integración regional de Chávez?

Como puede esperarse, el petróleo no dejará de ser un recurso importante para Venezuela. Mientras existan reservas de tales magnitudes, una gran debilidad de los otros sectores económicos, y un contexto global de guerra por los recursos y la energía, es probable que sigamos teniendo un Petro-estado, que base la mayoría de sus ingresos en los crudos. Lo que cambia es la nueva figura de vasallaje que adquiere.

¿Cuánto podría durar este régimen de sometimiento?

Dentro de la lógica de la llamada ‘Doctrina Donroe', el gobierno estadounidense tratará de mantener el máximo doblegamiento del Estado venezolano, mucho más si sus objetivos geopolíticos en otros continentes no se completaran. Por otra parte, si el régimen chavista logra acomodarse en esta fórmula y le ofrece una relación ventajosa a EEUU, esto podría posibilitar una extensión del mismo en el tiempo.

Para romper este vasallaje Venezuela requeriría, por un lado, lograr suficiente aglutinamiento de fuerzas nacionales/nacionalistas que puedan contraponerse al poder norteamericano; por otro lado, recuperar en la medida de lo posible capacidades materiales en lo institucional, lo económico y lo militar, con lo cual sostener una mínima posición soberana. Sin embargo, tal recuperación no parece factible en el corto plazo, mientras que ha prevalecido la fragmentación, incluso en las fuerzas chavistas. En todo caso, estos escenarios no están exentos de contradicciones, sea por la popularidad en bajada de Trump en EEUU, o por potenciales quiebres internos en Venezuela, con levantamientos o confrontaciones que podrían generar complejos conflictos nacionales.

Todo este marco ha generado un desafío histórico a las nociones de soberanía que se han construido en el país desde hace décadas, sino siglos. Dicho desafío interpela también a América Latina y el Caribe, que ve lo ocurrido en Venezuela como un proceso de agresiva re-colonización que tiene espectro regional. ¿Qué es hoy eso que llamamos soberanía?

III.II Economía de enclave y perpetuación del extractivismo petrolero

La destrucción del modelo tradicional de economía petrolera venezolana, ante la evolución de la apertura petrolera chavista, la RLH y el ya instalado sometimiento estadounidense –que controla toda la cadena de operaciones, comercialización y administración de la industria hidrocarburífera nacional−, nos están dejando ante la formación de una especie de economía de enclave.

Las economías de enclave fueron estudiadas por la teoría de la dependencia para indicar un “estilo de desarrollo” que se dio en varios países latinoamericanos entre el último cuarto del siglo XIX y primero del XX, y que remitía a la actividad de extracción de recursos que terminaba desvinculada del conjunto de la economía nacional, ya que estaba controlada directamente desde afuera[10]. Esto implicaba la organización de territorios como simples surtidores de recursos (o fuerza de trabajo) para el mercado global, con actividades extractivas que tenían escasa conexión con las poblaciones locales y rentas que se transferían hacia fuera de la jurisdicción.

Como vemos, esto nuevamente hace referencia a formatos de un pasado lejano. La Venezuela que hemos conocido en el último centenar de años puede terminar de quedar desdibujada y fragmentada, ahora marcada por la proliferación de territorios de expolio con altos niveles de desconexión con la economía nacional. Como si el país se definiese fundamentalmente por ser un conjunto de campos petroleros y minas.

Esto además perpetúa, por enésima, vez el extractivismo petrolero en Venezuela, bloqueando seriamente las posibilidades de llevar al país por otros caminos, ante una historia de dependencia, rentismo, corrupción y grandes daños ambientales que está ineludiblemente vinculada a este modelo societal. La discusión nacional predominante luego del 3-E evidencia las corrientes de siempre, que ven esto como una ‘oportunidad' para volver a hacer crecer la producción petrolera y gasífera. Lo ha dicho, por ejemplo, el exministro de petróleo chavista Rafael Ramírez[11], el exministro de Energía (oposición) Humberto Calderón Berti[12], lo plantean como consenso la vasta mayoría de los economistas[13]; Delcy Rodríguez afirmó que Venezuela debe convertirse “en una verdadera potencia productora de petróleo y de gas”[14], y María Corina Machado propuso en el CERAWEEK 2026 una meta nacional de cinco millones de barriles diarios[15]. Algunas voces minoritarias, en cambio, han reclamado el entreguismo petrolero[16]; mientras que la discusión sobre ‘transición energética' es minúscula. Pero lo que resalta es una gran ausencia de cuestionamientos al propio modelo que se ha revelado insostenible nacional y globalmente. Se replican nuevamente estos vacíos históricos en la discusión, junto a las condiciones tan adversas para pensar alternativas del post 3-E.

Sin embargo, se deben subrayar algunas contradicciones existentes en este horizonte de expansión petrolera anunciado por varios. La destrucción que ha sufrido la industria y la recuperación de numerosos pozos abandonados implica enormes inversiones que han sido estimadas entre 100.000 a 180.000 millones US$ para volver a alcanzar un estimado aproximado de 2,5 millones de barriles diarios en los próximos 10-15 años[17] −si todo sale bien. Por otro lado, el enorme grueso de las reservas por desarrollar son crudos pesados y extrapesados con costos de producción elevados –que requieren precios altos para sostener las inversiones− mientras que los crudos convencionales suelen estar en fases de declive con costes que también se han incrementado. Si bien se puede aumentar la producción desde Campos como Boscán (convencional) en el Lago de Maracaibo y desde la capacidad ya instalada en la Faja del Orinoco, en otros casos es más complicado y costoso –como iniciar de cero explotaciones en la Faja−, y pocos inversionistas pueden verse realmente atraídos.

III.III Petro-estado sin renta ni patrimonio: ¿cómo se sostiene el país que hemos conocido?

Pulverizada la estructura de captura de regalías e impuestos, y la propia capacidad de gestión de los bienes públicos por parte del Estado a través de PDVSA, se pone en jaque el propio sostenimiento de las capacidades de funcionamiento estatal. Se debe recordar que Venezuela aún depende entre un 80-90% de los ingresos petroleros y, como he mencionado, el resto de los sectores económicos están lejos de poder ofrecer un sustento similar a las arcas del Estado. ¿Cómo puede recuperarse y sostenerse entonces un modelo de sociedad que fue moldeado por décadas en torno a la renta petrolera?

Estos cambios tendrán un impacto cuádruple en la sociedad venezolana, que se suma al desastre que ya había instalado previamente el régimen chavista. Primero, las capacidades mermadas de funcionamiento del Estado se reflejan tanto en la precarización operativa de las instituciones fundamentales, como de la provisión básica que el mismo ofrece a la sociedad, lo que desintegra muy buena parte de los canales de asistencia social. La merma económica del Estado también incrementa sus niveles de fragilidad existentes ante los poderes internacionales y favorece la continuidad de un régimen neopatrimonial.

Segundo, el declive del sustento estatal a su vez vulnera su capacidad de gobernabilidad, incluyendo su presencia y poder en territorios más periféricos, donde además han proliferado grupos criminales e irregulares.

Tercero, y en consecuencia de los dos impactos anteriores, los vacíos en las funciones institucionales, de provisión y gobernabilidad estatal podrían terminar de ser cubiertos por el capital privado/transnacional. Esto representaría una privatización masiva de la sociedad venezolana, reduciendo dramáticamente el espectro de lo público. Esto puede también incluir un incremento de la presencia de fuerzas de seguridad privada[18], como se ve en África.

Cuarto y último, todo este proceso lo sufriría primordialmente la población venezolana, en especial el amplio sector más precarizado y el sector de trabajadores, campesinos e indígenas. En este marco se hacen extremadamente difíciles de realizar los derechos humanos y ambientales consagrados en la Constitución; lo que representa la continuación de una terrible situación humanitaria para el país, ahora bajo nuevas formas de gobernanza. Parece claro que un Petro-estado vasallo es incompatible con la democracia, y viceversa. Servicios públicos formalmente privatizados; nuevas facetas de regímenes laborales desregulados, sin respeto a los pasivos y sin mayores posibilidades de protección social; desatención absoluta de los sectores más vulnerables; autoritarismo, criminalización de la protesta y estados de excepción; entre otras expresiones.

III.IV La peligrosa invisibilización de la crisis ecológica/climática

La perpetuación petrolera en forma de un Estado vasallo, tiene también que ver con la intensificación de los múltiples impactos ambientales creados por este patrón energético –que se agravan con un eventual nuevo incremento de la producción−, ahora bajo un nuevo manto de gran impunidad legalizada.

En primer lugar, el gobierno de Maduro ya había pulverizado la institucionalidad y protección ambiental que quedaba en el país, poniéndola al servicio de un extractivismo depredador. A su vez, es bien sabido que el gobierno de Trump es enemigo público de la causa ambiental y climática. De manera que esta combinación es poco alentadora en el asunto –y pudiese agregarse que la opción de María Corina Machado tampoco está interesada en la defensa del ambiente.

El ámbito de favorecimiento del capital privado en las operaciones petroleras y la anulación de los contrapesos de PDVSA y las instituciones estatales que han quedado expresado en la RLH, dejan al ambiente prácticamente sin opciones. Derrames, incendios, accidentes, la permanente quema de gas en los mechurrios, continuarían desarrollándose con gran impunidad, con la perpetuación de zonas de sacrificio que no serán atendidas, para no afectar los sagrados márgenes de ganancia de las corporaciones petroleras. Prontuarios de corporaciones como Chevron, con grandes impactos ambientales en todo el mundo, como se ha dado en Ecuador, Angola, en el Delta del Niger o en la propia Venezuela[19], no encontrarían freno, en detrimento de comunidades locales, pescadores y pequeños agricultores que vienen sufriendo los embates de la actividad desde hace años, sin la consecución de justicia para estos.

En segundo lugar, EEUU, el mayor productor de hidrocarburos del mundo y principal responsable del cambio climático, con su impulso imperial continúa profundizando el modelo energético y extractivo que nos ha llevado a la dramática situación de crisis climática global que nos encontramos. El imperativo hidrocarburífero incontestable de Trump –drill baby drill− se proyecta en Venezuela, en sus reformas legislativas, en su régimen petrolero, haciendo de nuestro país un contribuidor privilegiado del antropoceno. Mientras la crisis exige desescalar muy buena parte de la quema de combustibles fósiles –como incluso lo ha señalado la Agencia Internacional de Energía−, Venezuela se abre en facilidades para re-escalar.

Es el camino absolutamente opuesto que debería tomar el país, pero muy pocos están hablando de ambiente y crisis climática. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela presentó su Segundo Reporte Académico de Cambio Climático 2025 a fines de ese año[20], donde se refirió a las grandes amenazas que para nuestra nación representará la agudización de este fenómeno, con impactos en los sistemas alimentarios, peligrosos problemas de acceso al agua, deslaves y sequías extremas, proliferación de enfermedades, entre otras. Además, ha mencionado lo escasamente preparada que está Venezuela, a lo que hay que agregar la indolencia de los actores políticos ante el problema.

Independientemente de las condiciones políticas adversas que enfrentamos, estos son temas ineludibles.

IV. CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS

El análisis muestra que, antes que una reforma petrolera que nos va a abrir a “oportunidades de crecimiento y desarrollo”, como se escucha en numerosas voces que presentan evaluaciones muy limitadas y poco críticas, estas transformaciones están apuntando a muy preocupantes tendencias que socavan las posibilidades de sostener las propias estructuras del proyecto republicano venezolano y no abordan las múltiples dimensiones de la larga crisis nacional.

Se reconoce la imperiosa necesidad que ha tenido Venezuela de llevar adelante un cambio político y abrir caminos para el retorno a la democracia; sin embargo, las opciones que se están presentando luego de la extracción de Maduro requieren también una interpretación crítica, una visión de más profundidad, y un mayor involucramiento de la sociedad que contribuya a darle un sentido social, nacional y democrático a este confuso e incierto período de potencial transición.

Si se asume la Constitución venezolana como el contrato colectivo que rige el país, se deben incrementar las exigencias para un regreso a la vía electoral y a los procedimientos democráticos, a la vez que se rechace la injerencia extranjera en las decisiones fundamentales del país.

Se reconoce también que el escenario ante el cual está Venezuela es de grandes complicaciones y complejidad, donde además están confluyendo la larga crisis nacional, la agresividad geopolítica estadounidense y la crisis civilizatoria global. Precisamente por este contexto, urge audacia política y la búsqueda de nuevos referentes y paradigmas.

Para poder recuperar una fuerza nacional que pueda afrontar tamaños retos, se requiere un proceso político y social que favorezca una confluencia amplia de grupos y sectores nacionalistas; y que dicha confluencia pueda aglutinarse en torno a un proyecto que ofrezca una agenda de recuperación y transformación económica, política, energética y ambiental con enfoque social y de sostenibilidad.

Para tal proyecto, se deben promover espacios amplios de discusión e intercambio de la sociedad venezolana, que está ávida de cambios y democracia. En estos espacios es necesario proponer reflexiones y cuestionamientos sobre el rol del petróleo en el futuro del país; cómo abordar las urgentes tareas de la transición energética y la crisis climática; y de qué formas se pueden fortalecer iniciativas que procuren una diversificación económica que, además, sea lo más inclusiva posible.

Pensar una Venezuela más allá del petróleo es urgente; retornar sobre los tortuosos caminos andados será una vuelta al abismo.

[1] Disponible aquí: http://www.gacetaoficial.gob.ve/gacetas/6978

[2] Véase por ejemplo: AFP (2021) Maduro invita a Venezuela a la inversión petrolera de EEUU y ofrece vender gas a México. https://www.youtube.com/watch?v=R67Qa2zIQqE&t=3s; Swiss Info (2024) Maduro invita a empresarios extranjeros a invertir en sector petrolero de Venezuela. https://www.swissinfo.ch/spa/maduro-invita-a-empresarios-extranjeros-a-invertir-en-sector-petrolero-de-venezuela/82027475

[3] Reuters (2025) Maduro presenta a Parlamento venezolano propuesta de reforma constitucional. https://www.reuters.com/latam/domestico/S6QTJJIRIZN2HJ6DEC7WUPZ24E-2025-02-16/

[4] Márquez-Marín, Gustavo. Mendoza-Potellá, Carlos. Millán-Campos, Oly (2023) Consenso de élites para ceder la soberanía petrolera. Contrato PDVSA-Chevron Inició Nueva Apertura Petrolera. https://www.aporrea.org/energia/a320133.html

[5] PDVSA Ad Hoc (2025) Cómo China utilizó su estrategia de la “Ruta de la Seda” para fortalecer su posición en la industria petrolera venezolana. https://pdvsa-adhoc.com/en/2025/10/how-china-used-its-silk-road-strategy-to-strengthen-its-position-in-the-venezuelan-oil-industry/; George, Libby (2026) How much does Venezuela owe China, and why is oil involved? https://www.reuters.com/business/energy/how-much-does-venezuela-owe-china-why-is-oil-involved-2026-01-23/

[6] Teran-Mantovani, Emiliano (2022) Las metamorfosis del progresismo: neoliberalización y derechización del proceso bolivariano en La Gran Crisis venezolana (2013-2020), en: Schavelzon, S. López, P. Ivanovic, M. Derivas y dilemas de los progresismos sudamericanos. Red Editorial, 217-261.

[7] Cese el Terrorismo de Estado en Venezuela. Respeto a la voluntad del pueblo venezolano (2024) https://muflven.org/wp-content/uploads/2024/08/CESE-EL-TERRORISMO-DE-ESTADO-EN-VENEZUELA-AGO-2024-2.pdf. RFI (2025) Venezuela: La creciente persecución política ‘genera un clima de temor', alertan expertos de la ONU. https://www.rfi.fr/es/am%C3%A9ricas/20250923-venezuela-la-creciente-persecuci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-genera-un-clima-de-temor-alertan-expertos-de-la-onu

[8] Telesur (2026) AN de Venezuela aprueba por unanimidad reforma a la Ley de Hidrocarburos. https://www.youtube.com/watch?v=mm2V8Ku8xjU

[9] Teran-Mantovani, Emiliano (2022) Las metamorfosis del progresismo: neoliberalización y derechización del proceso bolivariano en La Gran Crisis venezolana (2013-2020), en: Schavelzon, S. López, P. Ivanovic, M. Derivas y dilemas de los progresismos sudamericanos. Red Editorial, 217-261.

[10] Cardoso, Fernando Henrique. Faletto, Enzo (1979) Dependencia y desarrollo en América Latina. México: Siglo XXI.

[11] Rudich, Wanda. Morchón, Núria (2026) Venezuela tiene capacidad para triplicar su producción petrolera, según exministro Ramírez. https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-tiene-capacidad-para-triplicar-su-producci%C3%B3n-petrolera%2C-seg%C3%BAn-exministro-ram%C3%ADrez/90773773

[12] Analítica (2026) Entrevista Analítica: Humberto Calderón Berti ¿Qué pasará en la industria petrolera en Venezuela? https://www.youtube.com/watch?v=RjLhBplX378&t=1211s

[13] Martin, Nik (2026) Industria petrolera venezolana: esperanzas de recuperación. https://www.dw.com/es/industria-petrolera-venezolana-esperanzas-de-recuperaci%C3%B3n/a-75899950

[14] Periódico de la Energía (2026) Delcy Rodríguez dice que Venezuela debe convertirse en «potencia productora» de petróleo. https://elperiodicodelaenergia.com/delcy-rodriguez-dice-que-venezuela-debe-convertirse-en-potencia-productora-de-petroleo/

[15] Clarembaux, Patricia (2026) La apuesta petrolera de María Corina Machado: seguridad y transparencia para atraer inversionistas a Venezuela. https://elpais.com/us/2026-03-25/la-apuesta-petrolera-de-maria-corina-machado-seguridad-y-transparencia-para-atraer-inversionistas-a-venezuela.html

[16] D'León, Milton (2026) Petróleo bajo tutela imperial. Venezuela: la reforma de la Ley de Hidrocarburos al ritmo de Trump y las transnacionales petroleras. https://www.laizquierdadiario.com/Venezuela-la-reforma-de-la-Ley-de-Hidrocarburos-al-ritmo-de-Trump-y-las-transnacionales-petroleras; Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz (2026) Reforma a la Ley de Hidrocarburos: imperialismo y los nuevos escenarios de la soberanía en Venezuela. https://www.youtube.com/watch?v=8IBT-EWVAX4&t=954s

[17] Ambrose, Jillian. Gayle, Damien (2026) High costs, falling returns: what could go wrong for Trump's Venezuela oil gamble? https://www.theguardian.com/business/2026/jan/09/high-costs-falling-returns-trump-venezuela-oil-gamble; Escobar, Krysta (2026) Can Venezuela get back to producing 3 million barrels of crude oil a day? https://www.cnbc.com/2026/01/28/venezuela-crude-oil-production-investment.html; Liu, Tai (2026) Venezuela's Oil Renaissance Faces Several High Hurdles. https://about.bnef.com/insights/commodities/venezuelas-oil-renaissance-faces-several-high-hurdles/

[18] Le Grand Continent (2025) Erik Prince: el Condotiero neorreaccionario del Imperio Trump. https://legrandcontinent.eu/es/2025/12/23/erik-prince-el-condotiero-neorreaccionario-del-imperio-trump/

[19] Criticism of Chevron. https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Chevron

[20] Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (2025) Segundo Reporte Académico de Cambio Climático (DRACC) 2025. https://www.youtube.com/watch?v=shNjagg94-E&t=5693s

De Caracas a Teherán con escala técnica en La Habana.

Gustavo Rodríguez — 2026-04-11T01:59:21Z

par Gustavo Rodríguez - No Local | América del Norte, Cuba, Iran, Anarquismo, AntiFa, No a la guerra, Venezuela, Reflexión / Análisis

Kseniia (derecha) con dos soldados anarquistas de una unidad de reconocimiento aéreo. _ Foto- ©Solidarity Collectives.jpeg

—Aproximaciones a la guerra en curso desde la perspectiva ácrata

«Sabemos bien que hay valores que nacen viejos y que, desde su nacimiento, dan testimonio de su conformidad, de su conformismo, de su ineptitud para alterar cualquie orden establecido.»
Gilles Deleuze, Nietzsche.i

Hace 36 años escribí un texto condenando la invasión estadounidense a Panamá. Las «razones» del ataque —cínicamente bautizado como «Operación Causa Justa»— se «fundamentaban» en base a tres ejes: 1.) la «guerra contra las drogas», 2.) la «restitución de la democracia»; y 3.) la «salvaguarda de los estadounidenses residentes» en ese país centroamericano. El 3 de enero de 1990, once días después de la incursión de 13 mil marines,ii fue hecho prisionero el general Manuel Antonio Noriegaiii. Al día siguiente sería trasladado por órdenes de George H. W. Bush a la Ciudad de Miami para ser juzgado por cargos de «narcotráfico». En su lugar, implantarían a punta de bayoneta al gobierno títere de Guillermo Endara, quien a escasas horas de iniciada la agresión tomó juramento como presidente constitucional en una base norteamericana.

En mi artículo, pese a la sobreabundancia de verborrea soberanista propia de la contaminación de izquierda —en boga en el «anarquismo revolucionario»—no dejé de llamar las cosas por su nombre. Lo intitulé «Rival Drug Gangs Clash in Panamá» (Narcopandillas rivales chocan en Panamá).iv En verdad los hechos reclamaban el título. Las reflexiones de Tilly, en torno a la analogía entre la guerra y la construcción del Estado y el crimen organizado,v no dejaban lugar a duda. Se trataba de una disputa entre pandillas por el control de «la plaza». Como siempre pasa en esas trifulcas, el gánster más fuerte y mejor armado terminó imponiendo su dominio.

Por aquellos días era un secreto a voces que el depuesto dictador, en efecto, era un vulgar narcotraficante que había amasado una cuantiosa fortuna de la mano del tráfico de drogas, el contrabando de armas y el lavado de dinero. Además, se tenía constancia del carácter represivo de su régimen, manifiesto en la encarcelación de opositores y el asesinato de activistas sociales y guerrilleros. También era vox populi su injerencia en el fraude electoral que le dio el triunfo a Carlos Duque —candidato del regimen militar— de la Coalición de Liberación Nacional (COLINA), desconociendo los resultados obtenidos por la oposición conservadora encabezada por Endara.

Sin embargo, las huestes de la izquierda y extrema izquierda del poder y los paladines del nacionalismo revolucionario, se rajaban las vestiduras sin sonrojo denunciando el «secuestro» del narcogeneral y «la violación flagrante de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos».

En esas fechas la Anarquía despertaba desfachatada y sediciosa tras un largo invierno, impuesto a sangre y fuego por el «socialismo realmente existente» y la patología etnonacionalista que la subyugó durante el siglo XX. Afortunadamente, y pese a nefastos sedimentos liberales y «anarcobolcheviques», un anarquismo «vocacionalmente impertinente e incorregiblemente burlón [volvía] a sorprender, una y otra vez, al heterogéneo, desafinado y reaccionario coro de sus sepultureros con los intermitentes arrebatos que [lo colocaban] en la agenda de las posibilidades rebeldes».vi

Quizá por eso —o como consecuencia del desgaste y desprestigio de las experiencias del «socialismo real», la crisis teórico-política del marxismo occidental, el descrédito de los gobiernos socialdemócratas y la decadencia de las ideologías obreristas—, ese anarquismo despabilado se mantuvo ajeno a los alaridos «anti-imperialistas» del nacionalpopulismo y los pataleos del libertarismo chomskiano y demás especímenes de la izquierda del poder. En contraste, reafirmaba sobre la marcha su vocación antisoberanista. Ergo: apátrida e insumisa. De tal suerte, cobraba vida la praxis consecuentemente ácrata que reconoce la «liberación total» como nuestra única bandera e impulsa a confrontar al poder en todas sus presentaciones. Por consiguiente, no hacía distingo entre uno u otro gánster. Se tenía consciencia de que no había cabida en ninguno de los «bandos». Ni en la trinchera del capitalismo nacionalista de la oligarquía panameña, ni en la del capitalismo imperialista.

Con el pretexto de la «guerra contra las drogas» y la «restitución de la democracia» el gobierno de Washington ratificaba su hegemonía político-económica en el hemisferio. Con ese zarpazo la Casa Blanca pretendía recuperar el control del canal de Panamá y afirmar su dominio continental. Todo con el único afán de asegurarse un gigantesco patio trasero. Jamás hubo interés en erradicar el lucrativo tráfico de narcóticos. Mucho menos en «restituir la democracia». La permanencia en el poder, después de la «depuración» post invasión, de militares corruptos y connotados narcotraficantes fue la prueba fehaciente.vii De 1069 oficiales leales a Noriega, 980 se mantuvieron con mandos en la institución castrense.

En realidad, la intrusión militar se inscribía en los estertores de la llamada «guerra fría», marcando una transición significativa de la «lucha contra el comunismo» a la participación militar activa en la interdicción de narcóticos. La «guerra contra las drogas», iniciada en 1971 por el presidente Richard Nixon tras declarar a los estupefacientes «enemigo público número uno», se materializaba allende las fronteras extendiendo la guerra urbi et orbi. Aquella estrategia enfocada en la criminalización nunca fue una campaña de salud pública como el gobierno norteamericano y los medios de comunicación intentaron presentar.viii Sin embargo, continuó con ese enfoque en las administraciones posteriores hasta convertirse en una eficaz herramienta de control social en lo domestico —con especial saña durante los periodos presidenciales de Ronald Reagan— y en un poderoso recurso intervencionista en el plano internacional, del que dispuso George H. W. Bush aquel 3 de enero de 1989.

El argumento de la «guerra contra las drogas» también fue el pretexto por esos meses de 1989 para instalar una base militar norteamericana en Perú en el marco de la «Iniciativa Andina».ix En la misma tesitura, Washington amenazó con enviar al portaviones J.F. Kennedy frente a las costas de Colombia. Para noviembre de ese año, Bush ordenó la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta-Seis (JTF-6, por sus siglas en inglés). Este comando de operaciones con base en Fort Bliss, Texas, tendría el objetivo de «coordinar el apoyo militar con las agencias federales, estatales y locales» a lo largo de la frontera con México y la misión de «combatir el narcotráfico y las amenazas transnacionales a la seguridad nacional en la frontera sur». El castrismo no quedaría fuera del colimador del Pentágono y se vería obligado a improvisar medidas draconianas en la Isla con tal de asegurar la supervivencia del régimen.x A través de las innovaciones tecnológicas en el campo militar, el gobierno norteamericano interceptó mensajes cifrados y obtuvo evidencia satelital que implicaba al régimen de La Habana en el tráfico de drogas y el contrabando de armas.

Las perturbaciones provocadas por la revolución tecnológica de fin de siglo (XX) pusieron fecha de caducidad a 45 años de división bipolar del mundo. De este modo, concluía una era de tensión geopolítica, económica, cultural y tecnológica entre los bloques imperialistas (EE. UU-URSS). Asimismo, cesaba la lucha ideológica entre el «capitalismo realmente existente» y el «socialismo realmente existente» (capitalismo de Estado, para decirlo con mayor claridad). De paso, se legitimaba el predominio de un solo modelo capitalista.

Con el auge de las transformaciones tecnológicas, tras la implosión de la URSS, daba comienzo la «era globalizadora». Lo que Félix Guattari denominó capitalismo mundial integrado (CMI), puntualizando que dicha mundialización, lejos de constituir un factor de crecimiento, correspondía de hecho «a una reformulación radical de sus bases anteriores, que [podría] desembocar, tanto en una involución completa del sistema, como en un cambio de registro […] volviendo a transformar las relaciones sociales y desarrollando mercados cada vez más artificiales».xi

Efectivamente, estábamos frente a un sistema de dominación inédito. Para entenderlo y confrontarlo se requería un nuevo paradigma emancipatorio a la altura de las circunstancias. Empero, la vocación impertinente del sedicioso despertar de la Anarquía —decididamente posizquierda— y su intención de reinstalarse en un tiempo básicamente nuevo, tuvo una vida fugaz. Su efímera potencia le impidió incorporar toda aquella metamorfosis conceptual al andamiaje teórico-práctico del anarquismo contemporáneo y transformarse en la praxis prevalente.

Para entonces, perdía aliento la primera ola de informalismo insurreccional (protagonista del «verano caliente» de 1977). En tal sentido, se interrumpía el proceso de despliegue y apogeo de un nuevo paradigma sedicioso. El vacío se llenó rápidamente con la hegemonía ideológica y las prácticas centralistas de la organización plataformista y el revival del «anarcopopulismo». Empezaban a enquistarse en nuestras tiendas las bufonadas de Noam Chomsky y James Petras y, lo más trágico, se asumían como «directrices». Aspecto que, a la postre, sería decisivo en la reducción del anarquismo a la construcción ideológica más conveniente.

En paralelo, durante este período de retroceso de las luchas, cobraba presencia en las universidades una casta académica que cimentaba la «cátedra de anarquismo». Esta intelectualidad divina embonó con los despojos del anarquismo folk —heredero de la Era de Acuario y la primavera sesentayochera— e introdujo una peculiar interpretación cultural del anarquismo que muy pronto comenzaría a hacer mella. Para colmo de males, la lectura mal digerida de las tesis insurreccionalistas, con marcado hincapié en la «unidad de las luchas», identificaba «condiciones objetivas» en los llamados movimientos sociales, dando paso a una fase de gran plasticidad, repulsivamente edulcorada, que impulsó la retórica instituyente que hoy padecemos.

Vale destacar que mientras se inoculaba en nuestros círculos la «a» minúscula, de la mano de la antropología libertaria, hubo un segundo momento del informalismo ácrata —posterior al declive del turismo altermundista, la debacle del neozapatismo intergaláctico y la transformación de los movimientos sociales en coaliciones electoreras— que intentó articular durante las dos primeras décadas del siglo XXI la excedencia negativa de las constantes manifestaciones de nihilismo con los esfuerzos de recomposición de la insurrección permanente (de claro signo ácrata), pero para entonces la represión y el «fuego amigo» habían culminado el despojo de la Anarquía.

Déjà vécu: entre fobias y filias

Otro 3 de enero, pero de 2026 —con el cansino pretexto de la «guerra contra las drogas» y la «restitución de la democracia»—, el gobierno de Estados Unidos realiza en Venezuela una incursión militar denominada «Operación Resolución Absoluta» y ordena la captura de Nicolás Maduro. Una vez hecho prisionero fue trasladado a la Ciudad de Nueva York junto a su esposa («la primera combatiente») para ser juzgados por cargos de «narcotráfico» y «narcoterrorismo». En su lugar, implantarían al gobierno títere de Delcy Rodríguez, otrora vicepresidenta «bolivariana», quien a escasas horas de la agresión abría las puertas de Miraflores a altos funcionarios de la administración Trump, incluido el director de la CIA.xii

Otra vez, era un secreto a voces que el depuesto dictador, en efecto, era un vulgar narcotraficante que había amasado una cuantiosa fortuna de la mano de la corrupción, el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Además, se tenía constancia del carácter represivo de su régimen, manifiesto en la encarcelación y asesinato de estudiantes contestatarios y activistas sociales. También era vox populi su injerencia en el fraude electoral que le aseguró la reelección, desconociendo los resultados obtenidos por la oposición conservadora encabezada por Edmundo González.

De nueva cuenta, Charles Tilly no deja lugar a duda. Se trata de otra disputa entre pandillas por el control de «la plaza». Y, como siempre, el gánster más fuerte y mejor armado ha impuesto su dominio. Sin embargo, las huestes de la izquierda y extrema izquierda del poder y los paladines del nacionalismo revolucionario, otra vez se rajan las vestiduras sin sonrojo denunciando el secuestro del dictador y «la violación flagrante de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos».

Por si fuera poco, la nueva guerra del Golfo Pérsico —que vuelve a ocupar las pantallas televisivas— parece la repetición de «la guerra eterna» de Bush contra el terrorismo iniciada en Irak en 2003 pero remasterizada y potenciada al máximo 23 años después, ahora contra Irán. Resulta increíble verificar en los hechos la fidelidad con que se apegan al manual de estrategias bélicas de la administración Bush, incluidos los pretextos que se utilizaron entonces para «justificar» la guerra. Se repite también la selección del enemigo, escogiendo a otro tirano impresentable como el ayatolá Alí Jamenei. Aquí también tenemos constancia —gracias a las continuas críticas de compañeros anarquistas iraníes— de la corrupción y el carácter represivo del régimen islámico, manifiesto en la encarcelación masiva de opositores, el asesinato de más de 20 mil manifestantes y la ejecución de activistas sociales.

Otra vez se repiten las amenazas contra Colombia, México y Cuba. Se reedita la «Iniciativa Andina» (ahora «Escudo de las Américas») con base de «operaciones» en Ecuador y la misión de erradicar las narcoguerrillas que operan en la zona fronteriza con Colombia. De igual forma, se renueva la «Fuerza de Tarea Conjunta-Seis» en la frontera con México (ahora «Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza») e implementan en territorio mexicano cuatro «operaciones» («Albatros», «Barracuda», «Neptuno» y la «Iniciativa de Seguridad Marítima para América del Norte»). El castrismo se ve nuevamente obligado a improvisar medidas en la Isla con tal de asegurar sus privilegios y acepta la inversión privada de los «gusanos», transformados en mariposas, mientras se decide quién será la Delcy Rodríguez cubana. Otra vez se repiten las fobias y filias en torno a los involucrados en los conflictos y se invita a escoger entre el capitalismo nacionalista de las oligarquías criollas y el capitalismo imperialista.

Para quienes aventajamos con creces este nuevo siglo parece que vivimos un déjà vécu. Es decir, la intensa y persistente sensación de haber enfrentado la misma experiencia en el pasado, de volver a transitar en tiempo real algo «ya vivido». Por supuesto, este fenómeno neuro-psicológico a menudo nos obliga a pensar que la historia se repite. Pero la historia nunca se repite. Los eventos históricos jamás acontecen exactamente igual, aunque los patrones, las estructuras de poder e incluso las conductas humanas suelen reciclarse o presentar notables similitudes. El contexto siempre cambia pese a que las dinámicas subyacentes constantemente persisten. Esto a menudo indica ciertas «continuidades» —pese a evidentes diferencias en tiempo, lugar y actores— en la forma cómo se desenvuelven los conflictos bélicos, las crisis económicas o las metamorfosis políticas. Las circunstancias y los personajes cambian, la esencia de los acontecimientos se recicla. De tal suerte, en pleno siglo XXI, asistimos a la remasterización de los conflictos bélicos, las crisis económicas y las metamorfosis políticas que hicieron historia en el pasado siglo. Sin embargo, en la actualidad el contexto es aterradoramente otro gracias a «la revolución permanente de la técnica» (Günter Anders dixit).xiii Las «nuevas tecnologías» no sólo sacuden los mercados, sino también el tablero geopolítico. La guerra, una vez más, demuestra la dependencia mutua entre la innovación tecnológica y la maquinaria bélica.

A vueltas con la tentación izquierdista

Durante poco más de un siglo, la socialdemocracia y la ultraizquierda del poder se han dedicado a colonizar las luchas antiautoritarias y la insurrección anárquica. La resultante ha sido la imposición de una conceptualización ajena que, con el paso del tiempo, ha consolidado en nuestras tiendas la hegemonía político-cultural de estas tendencias auxiliares de la dominación. En los primeros años del siglo XX, en particular en el contexto de la Primera Guerra Mundial e inmediatamente después en el marco del golpe de Estado bolchevique de 1917, se manifestaron con claridad los efectos de esta colonización ideológica. xiv Las desvirtuaciones de Kropotkin (su apoyo a la Triple Entente)xv y la idolatría de los anarco-bolcheviques del Río de la Plata por Lenin,xvi resumen de manera fehaciente las consecuencias de esta penetración.

Que se tenga predilección por los Estados «antiimperialistas y populares» en las huestes de la socialdemocracia, la extrema izquierda del poder y el nacionalismo revolucionario se entiende. De igual forma es comprensible que se esgrima la «soberanía de las naciones» y el «derecho internacional» o que se manifieste preocupación por el trágico desenlace de los tiranos, se invite a tomar partido por dictaduras y oligarquías nacionales o a conformar nuevos Estados (Palestina y Kurdistán).xvii Todo corresponde a la perfección con la naturaleza contrainsurgente y la vocación oportunista de esas tendencias políticas. Pero, lo que resulta imposible de entender es que se reproduzcan los mismos discursos en tiendas ácratas. Mucho menos que, en nombre de la «unidad de la lucha antiimperialista», se convoque a remasterizar el «Frente Popular Antifascista» o se invite a votar por el Partido Demócrata (en EE.UU), por SUMAR (en el Estado español) o por MORENA (en México) para «frenar el avance del fascismo». Esta desconexión con la praxis sólo demuestra, en los hechos, el flagrante deterioro del significado —y significante— de la Acracia.

Es hora de que nos percatemos de la urgencia de apuntalar nuestro sustrato común. Ese ejercicio de reafirmación intransigente es cada día más necesario frente a la tentación izquierdista que vuelve a zarandear nuestras tiendas. El anarquismo, particularmente en los círculos del llamado «anarquismo organizado», está colonizado por la socialdemocracia y la ultraizquierda del poder. No hay un solo comunicado o una iniciativa en torno a la guerra en curso que no corrobore con creces lo antes dicho.xviii Incluso, el antijudaísmo de izquierda ha penetrado profundo en esos ambientes.xix

Mientras la tentación persiste y la penetración prospera, el antifascismo vuelve a ser la estrategia de reclutamiento para la guerra. Lo que explica la participación de «soldados anarquistas» en diferentes conflictos bélicos y el posicionamiento de ciertos libertarios de izquierda ante la «intervención extranjera» a favor del despotismo interno en Venezuela, Irán o Cuba, optando por el faute de mieux [mal menor] par excellence y la ilusoria distinción entre «agresor-agredido». O, en su defecto, los libertarios liberales alineándose con la oposición conservadora y la socialdemocracia para confrontar al «fascismo castro-chavista». De tal modo, ambos impulsan sin miramientos el falso antagonismo reformista («populismo Vs. pluralismo liberal» o «socialismo Vs. capitalismo»). Estos kropotkinianos posmodernos que enarbolan —junto a otros «anos»— la «inclusión antiautoritaria» y la «diversidad revolucionaria», han repetido la bochornosa alineación (y alienación) de su padre putativo.

El «pluralismo antiautoritario» —gestor indiscutible del anarquismo con «a» minúscula— es un fétido vertedero de contrainsurgentes reciclados. Ahí encontramos a los protagonistas del «nuevo» antifascismo: exbolcheviques desempleados, marxistas culturales, pacifistas cómplices, liberales con esteroides, anarcopopulistas de temporada, valedores de los «derechos humanos», neozapatistas intergalácticos, hooligans del St. Pauli (o del América), nacionalistas revolucionarios, decolonialistas militantes, neohippies compulsivos, autónomos septuagenarios, gestores contraculturales, decrecentistas coercitivos, neoplataformistas trasnochados y punks achacosos y chimuelos, entre otros defensores de los «ejércitos anarquistas», el helado caliente y el onanismo autogestivo.

Siempre nos hemos opuesto a la guerra. No desde el pacifismo cómplice ni la no-violencia tóxica, sino desde el antibelicismo ácrata, conscientes que los ejércitos son un instrumento opresor del Estado —de TODOS los Estados— y que la guerra ha de transformarse necesariamente en insurrección permanente en cualquier confín del planeta. Los Estados —TODOS— son intrínsecamente imperialistas, sin importar su capacidad armamentística ni su desarrollo tecnológico o su bonanza económica. Por eso no se requiere de una «intervención extranjera» para salir a combatir. El enemigo siempre ha estado en casa. Llámese socialista o capitalista, democrático o fascista, populista o libertario, secular o islamista, imperialista o anti-imperialista, conservador o liberal: quien detenta el poder es nuestro enemigo. La dominación no cambia su naturaleza ni su vocación opresora o su esencia de muerte en función de la ideología. Tampoco cambia tras haber «sufrido una agresión imperialista». El poder continúa siendo el enemigo sea cual sea el color que lo arrope o su condición de agresor o agredido.

Esta añeja reflexión es la centralidad descentrada de la Anarquía, el anti-principio del principio an-árquico, el presente preñado de la Acracia. La especificidad teórico-práctica de la potencia destituyente que instigó las experiencias subversivas de los siglos XIX y XX y continúa incitando la sedición anárquica en pleno siglo XXI. Prueba de ello es el constante accionar sedicioso en diversas geografías y la solidaridad en los hechos con nuestros afines secuestrados en las mazmorras de la dominación. No obstante —y muy a pesar nuestro—, aún se cuentan por docenas los autodenominados «anarquistas» que, tratando de encajar en un árbol genealógico ajeno, pregonan la «solidaridad crítica» con regímenes dictatoriales e invitan a la defensa de los Estados nacionales en nombre del anti-imperialismo, el antifascismo o la liberación nacional. Estos posicionamientos cómplices de la dominación cuentan con vieja data en nuestras tiendas. Su labor histórica ha sido confundir. De ahí sus propuestas de «poder popular», «poder paralelo», «contrapoder», «autogobierno», «auto-institución» y el oxímoron «anarquismo instituyente».

Una muestra de la penetración del anti-imperialismo, el antifascismo y de la doctrina de liberación nacional en nuestras tiendas es la aceptación a pies juntillas del «confederalismo democrático»xx. El pelotón Tekoşîna Anarşîst (Lucha Anarquista) es un ejemplo fehaciente de su huella desgarradora. Constituido en 2017 en el contexto de los días críticos de la guerra contra «el fascismo islámico», esta «unidad militar auxiliar» se conformó con el propósito de «apoyar y defender la revolución nacionalista en Rojava» amenazada por el totalitarismo teocrático del Estado Islámico (ISIS) y las pretensiones imperialistas de Irán y Turquía. En esa tesitura, e inspirados en la falacia del «pueblo en armas» y la leyenda infectiva de la Komintern en torno a las brigadas de «voluntarios antifascistas» en la España de 1936, decenas de jóvenes anarquistas alrededor del mundo se unirían a la Brigada Internacional de Liberación (IFB, por sus siglas en inglés) con el objetivo de combatir al lado de las milicias populares (YPJ/YPG).xxi Queremos suponer que por dificultades idiomáticas nunca han reparado en la procedencia de las armas que empuñan o que, presos del pragmatismo revolucionario, han hecho caso omiso adhiriendo la vieja máxima de «el enemigo de mi enemigo es mi amigo». Lo cierto es que su «practicidad» no es un hecho aislado.

El mismo patrón se repite a más de 2 mil kilómetros de distancia. En la primera línea del frente ucraniano también encontramos «soldados anarquistas».xxii El caso más emblemático es el del Колективи Солідарності (Colectivo Solidaridad). Constituido en 2022 tras la «invasión imperialista rusa», este colectivo preconiza el «pluralismo antiautoritario». Según relata Kseniia —una de las militantes de esta agrupación residente en la ciudad de Kiev—: «Algunos somos anarquistas, hay militantes feministas, progresistas, ecologistas, personas de izquierdas. Algunas no se identifican políticamente, pero comparten las ideas progresistas en general (derechos LGBTQ+, de las mujeres, medioambientales…)».xxiii Vale destacar que una parte de sus afiliados «decidió alistarse» en el ejército ucraniano y otro grupo «se está formando para fabricar y programar drones y entregárselos a soldados antiautoritarios o de izquierdas».xxiv

No deja de ser alucinante —por decir lo menos— que estos «soldados anarquistas», en el mismo tenor que sus homólogos de Rojava, abracen la máxima maquiavélica y no reparen en la procedencia de sus armas ni les quite el sueño su encuadre táctico al servicio de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). Aún resulta más aberrante que forjen relaciones y colaboren con otros movimientos como las Fuerzas Democráticas Sirias «donde también luchan algunos internacionalistas» (como Tekoşîna Anarşîst) y no tomen en cuenta que uno de los Estados que hostiga militarmente a las fuerzas kurdas (Turquía), forma parte de la OTAN. Pero, ya vimos que esas nimiedades no son condicionante. Los «soldados anarquistas» que luchan junto a las Fuerzas Democráticas tampoco se afligen porque Israel y Estados Unidos sean sus aliados tácticos en la lucha por la liberación del Kurdistán iraní.

Todas estas desvirtuaciones muestran la ausencia de disposición anárquica. Es decir, la falta de esa fuerza gravitacional que provoca la interacción atractiva entre práctica y teoría. Sin esa fuerza no hay Anarquía. Todo se reduce a un estrépito forzado de conceptualizaciones ajenas y palabras huecas.

La lucha ácrata no puede encasillarse a la izquierda del poder. Esto no sólo equivale a tomar partido en un simulacro, implica, también, aceptar el falso antagonismo «socialismo o barbarie», olvidando que leninismo y nazismo fueron expresiones irrefutables de un socialismo bárbaro. La Anarquía no es de izquierda y, evidentemente, tampoco de derecha. Ambas posiciones se sitúan a uno u otro lado del poder e impulsan procesos constituyentes. La Anarquía, en cambio, es una potencia intrínsecamente destituyente que busca la destrucción definitiva de todo arché (orden, poder, jerarquía o principio), incluido cualquier proyecto que pretenda ocupar el lugar del poder destituido.

Gustavo Rodríguez,
Planeta Tierra, a 29 de marzo de 2026.

Posdata 1 (aclaración oportuna): No soy utópico, estoy consciente de la imposibilidad de destrucción de todo arché, pero vivo convencido de la potencia an-árquica de la insurrección permanente y su imprevisible subversión del orden.

Posdata 2 (segunda aclaración oportuna): La malinterpretación de este texto podría dar por sentado que adhiero la táctica putschista del «derrotismo revolucionario» que promueve la contrainsurgencia leninista (estalinistas y trotskos). Nada más alejado de la intención de estas palabras. Mi crítica al chovinismo de Kropotkin o al «defensismo revolucionario» del anarquismo ministerial en la República española, corresponde al anhelo an-árquico de liberación total y no al beneplácito de las tesis bolcheviques.

Posdata 3 (de vocación pitonisa): En el pasado reciente vimos con vergüenza ajena como la Federación de la Cruz Negra Anarquista (ABCF, por sus siglas en inglés) incluyó en las relatorías de presos ácratas y sociales a los cinco espías de la dictadura cubana encarcelados en Estados Unidos. Hoy no debe sorprendernos si agrega a su lista al dictador Maduro (y su consorte) y emprenden una campaña de cartas —o una cadena de oraciones— por su inmediata liberación.

El insostenible rostro verde de Nestlé

Francisco Javier Velasco Páez — 2026-04-06T14:17:38Z

par Francisco Javier Velasco Páez - Local | Caracas, Ecología , Política , Reflexión / Análisis

Erizo de mar con un "sombrero" hecho con un paquete de Nescafé y una maraña de nailon de pesca, rodeado de fondos marinos degradados. Fuente: Greenpeace

Hace pocas semanas se realizó en Caracas un evento denominado Congreso Internacional de Sostenibilidad, el cual contemplaba como parte de las actividades de su programación una serie de “Conferencias Magistrales”. Entre ellas figuraba una cuyo título era “Creación de valor compartido y la sostenibilidad, dentro del plan de agricultura regenerativa de Nestlé Venezuela”, a cargo de un ejecutivo de esa conocida compañía transnacional suiza. Llama poderosamente la atención el hecho de que, en nombre de una empresa tan cuestionada internacionalmente en materia ecológica como Nestlé, se presente una conferencia que habla de agricultura regenerativa y sostenibilidad. Agreguemos a esto que la mencionada corporación fue uno de los patrocinantes del evento.

Vale, pues dedicar este escrito a poner de relieve lo que, según numerosas críticas, denuncias y demandas hechas en diversas partes del mundo (por parte de académicos, organizaciones ambientalistas, organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, grupos de defensa de consumidores, profesionales de la medicina, grupos de defensa de los derechos humanos y diversas instituciones), ha sido la trayectoria ambientalmente insostenible de Nestlé, particularmente en lo que respecta a su manejo del agua embotellada y el impacto de varios de sus productos en la salud humana. En este sentido, Nestlé ha sido señalada como una corporación que practica el greenwashing (Watson, 2016; Tempo, 2018; Garcisánchez, 2021; Brock, 2024; Vera, 2024; Client Earth, 2025; Sustainability Directory, 2025; Ethical Consumer, 2026; Prezi, 2026). Ese término significa en inglés “lavado verde” y alude a una estrategia de marketing engañosa en la que empresas aparentan ser ambientalmente responsables para mejorar su imagen y vender más, sin realizar cambios reales ni sostenibles. Utiliza publicidad falsa, lenguaje ambiguo y símbolos naturales para confundir al consumidor, perjudicando la honestidad empresarial. El greenwashing genera desconfianza en los consumidores, cansancio ante el exceso de información falsa y competencia desleal para las empresas que sí se esfuerzan genuinamente por la sostenibilidad.

El greenwashing suele apelar al uso de un lenguaje vago, sin certificaciones de respaldo, con términos tales como “ecológico”, “verde”, “sostenible” o “natural”. Acompañando esto, se utilizan imágenes en los envases, a menudo recargadas de colores verdes, hojas o ciertos animales. Cuando se logra identificar una pequeña característica verdaderamente ecológica, esta se destaca y exagera para ocultar que el resto del producto o la empresa son altamente contaminantes. Ejemplos comunes de greenwashing se encuentran en la industria del Fast Fashion, la industria petrolera y productos que cambian su empaque a color verde o con diseño rústico para tener una apariencia “más natural”, con miras a crear una imagen de responsabilidad ecológica. (Vidal, 2021; Ecojustice, 2024; Greenpeace, 2024; Pumasunco, 2025; Akepa, 2026).

Múltiples señalamientos a Nestlé por incurrir en greenwashing han sustentado sus denuncias en diversos problemas socioambientales generados por la compañía. Entre ellos figuran:

Contaminación por plásticos: Nestlé es reconocida mundialmente e identificada consistentemente en auditorías de marca como uno de los principales contaminadores globales con plásticos; es responsable de la gran presencia de residuos en océanos, playas, vías fluviales, bosques y ciudades que afectan severamente a la salud de las personas, la fauna acuática y terrestre (López, 2022; Carbono. News, 2023; Fronteras Comunes, 2026). Los envases, botellas, sobres y otros artículos plásticos de Nestlé se producen a partir de resinas elaboradas en empresas petroquímicas como Exxon, Shell, Total y Aramco; en su proceso de fabricación se liberan cantidades ingentes de CO2, que es un gas de efecto invernadero; se calcula que entre el 4% y el 5% de los gases de efecto invernadero proviene de la producción de plásticos (Martins, 2025). En Estados Unidos, Nestlé fue demandada, conjuntamente con Coca Cola, Pepsi Cola y Procter & Gamble, por su responsabilidad en la producción de productos defectuosos y el hecho de no advertir de los daños ocasionados por los envases plásticos de un solo uso (Rainey, 2020). En Francia, la multinacional suiza está acusada de haber vertido ilegalmente, durante al menos 10 años, cientos de miles de metros cúbicos de botellas de agua, provocando la contaminación de suelos y recursos hídricos, causando degradación ambiental y daños graves a la salud humana (Reddit, 2025). En Polonia, la compañía ha sido objeto de una demanda por engaño, ya que había asegurado que sus botellas de plástico eran reciclables cuando en realidad no lo eran (Packaging Europe, 2025).

Deforestación: desde 2010 Nestlé haenfrentado críticas significativas por la deforestación vinculada a su cadena de suministro de aceite de palma y cacao que ha provocado destrucción masiva de hábitats naturales en selvas tropicales. Los proveedores declarados por Nestlé se encuentran en una lista extremadamente larga en más de 24 países de la franja ecuatorial (Revista De Frente, 2021). La propia empresa se dio un margen de 10 años en 2010 (hasta 2020) para convertir el aceite de palma en “amigable” con el ambiente y socialmente responsable. Hasta hoy, a pesar del amplio margen que se otorgó, no parece haberlo logrado. Nestlé continúa haciendo negocios con el uso de aceite tropical barato e insostenible. En 2025, la organización Global Witness denunció que entre 2021 y 2024 Nestlé obtuvo grandes volúmenes de granos de cacao producidos en África occidental en plantaciones que arrasaron cientos de miles de hectáreas de bosque tropical (Expok, 2025). Nestlé fue acusada de utilizar trabajo infantil y forzoso en esas plantaciones de África occidental; en 2021 se comprometió a erradicar ese tipo de trabajo en 5 años, pero, según denuncias hechas en España, todavía en 2025 seguía comprando cacao procedente de granjas donde niñas y niños trabajan en condiciones muy duras (Pereira, 2025). En 2024, un informe de la Environmental Investigation Agency (EIA) expuso que compañías proveedoras de aceite de palma y cacao a Nestlé habían deforestado grandes extensiones de selva amazónica cometiendo ilegalidades con la complicidad del gobierno peruano (ESG News, 2024).

En 2024, Nestlé fue criticada por la Rainforest Action Network por declarar compromisos de deforestación cero sin tener en cuenta los piensos para animales a base de aceite de palma , especialmente para vacas lecheras. La organización ambientalista y de derechos humanos afirmó: «Los piensos para animales a base de aceite de palma constituyen actualmente la mayor importación de aceite de palma en Estados Unidos». Además, la nueva política de Nestlé no establece un plazo para poner fin a la destrucción de los bosques y las violaciones de los derechos humanos en sus cadenas de suministro. Tampoco incluye el compromiso de verificar de forma rigurosa e independiente las afirmaciones que la empresa sigue haciendo sobre la responsabilidad de sus cadenas de suministro y su supuesta ausencia de deforestación.

Nestlé ha debilitado su definición de ‘deforestación cero' y ha introducido nuevas exenciones a sus requisitos de deforestación para pequeños agricultores, lo que puede tener consecuencias no deseadas, ya que la deforestación para la producción de aceite de palma está cada vez más impulsada por especuladores de tierras que operan bajo la apariencia de ‘pequeños agricultores'” (Rainforest Action Network, 2024).

Agotamiento y contaminación de agua: Nestlé ha enfrentado severas críticas y batallas legales por la extracción de agua en zonas con estrés hídrico, afectando acuíferos en Minas Gerais (Brasil), Michigan (Estados Unidos), Vittel (Francia), Montseny (España) y Bahti Dilvan (Pakistán). Informes señalan que la empresa extrae agua subterránea a tasas no sostenibles para comercializar agua embotellada, a menudo pagando tarifas bajas. Aunque la empresa argumenta una “explotación conservadora” y monitoreo, las comunidades locales enfrentan escasez (Perkins, 2019; Ahmad, 2024; IBFAN, 2025). La extracción de agua para embotellar -un producto de consumo- ha sido considerada por numerosas organizaciones sociales como una privatización de un bien común que es un recurso publico esencial y que tiene un alto valor estratégico en el contexto de una emergencia climática.

En el caso de Francia Nestlé ha ocasionado crisis por la contaminación microbiológica en acuíferos en los que se extrae agua mineral (de marcas como Perrier, Hépar y Vittel). Según ha denunciado la Agencia Nacional Sanitaria de los Alimentos de Francia (FRANCE 24, 2024), para ocultar esto durante años, Nestlé utilizó tratamientos de purificación prohibidos por la normativa europea, como filtros UV y de carbón activo, resultando al final que la empresa se vio obligada a destruir millones de botellas y a cerrar pozos; además, perdió la certificación de agua mineral natural en algunas líneas.

Mortandad de lactantes y contribución a la crisis climática: desde la década de 1970Nestlé ha enfrentado críticas y boicots en decenas de países por sus prácticas de comercialización de preparados para lactantes, principalmente en países pobres de África, Asia y América Latina (Han, 2012; Calvillo, 2021; Solinet, 2002; Mancini, 2005; Kinzelmann, 2026). Esta multinacional ha promovido la venta de esos productos a través de mujeres vestidas de enfermeras, con muestras gratis entregadas en los hospitales, con campañas publicitarias millonarias y con la complicidad de algunos trabajadores de la salud, logrando hacer pensar a muchas mujeres que estos sustitutos eran una mejor opción a la lactancia materna. Esto ha traído como consecuencia el aumento de enfermedades y muerte entre los pequeños. No solo se trata de que estos productos nunca van a tener el valor nutricional de la leche materna, ni que con su consumo bajan radicalmente las defensas de los bebés ante muy diversas enfermedades, se trata de que los pequeños estaban y están sufriendo infecciones, incluso mortales, a causa de la preparación de estos productos.

Hace pocas semanas, en febrero de 2026, España notificó a las autoridades de la Unión Europea que un total de 41 lactantes habían sufrido trastornos gastrointestinales, en 13 de ellos graves, por consumir marcas de leche infantil (entre ellas de Nestlé) en una veintena de países (Guell y Medina, 2026). En ese mismo mes, las autoridades francesas anunciaron la investigación de la muerte de tres bebés por consumir sucedáneos de la leche infantil producidos por las empresas Nestlé y Danone que retiraron del mercado lotes del producto vendido en una docena de países (El Economista, 2026). También en ese mes, Nestlé se vio obligada en China a retirar del mercado lotes de una de sus marcas de leche en polvo infantil y a disculparse públicamente, ya que la fórmula contenía cantidades de yodo inadecuadas. Esto provocó una baja en las acciones de la compañía (Investing.com, 2026).

A lo anteriormente expresado se añade el hecho de que la producción a gran escala asociada a Nestlé contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la contaminación atmosférica. La corporación se ubica entre las 5 compañías más grandes del mundo en lo que refiere al procesamiento de lácteos, siendo estos (que incluyen a la leche) una de las mayores fuentes de emisiones de GEI.

Es preciso recordar que ya en 2014 Peter Brabeck, entonces presidente del gigante agroindustrial de capital suizo, dio pié a una controversia internacional al afirmar que el cambio climático se debía principalmente a ciclos naturales y que, en consecuencia, la sociedad debería centrarse en la adaptación (Confino, 2014). Más recientemente, el nuevo director ejecutivo de la compañía, admitiendo la culpa propia, culpó en parte a Donald Trump y su afirmación de que el cambio climático es un engaño, por el fracaso de Nestlé en hablar lo suficientemente claro sobre sostenibilidad (Speed, 2026).

En 2019, Nestlé hizo público un plan para reducir emisiones de GFI con un énfasis particular en lácteos e ingredientes provenientes de la ganadería que representan un 37% de las emisiones (34,2 millones de toneladas de CO2) identificadas como blanco en un propósito de alcanzar cero emisiones netas en 2050. Dado el tamaño del portafolio de lácteos, una cantidad desproporcionada de sus emisiones corresponde al metano que proviene del ganado en las cadenas de suministros. Se ha estimado que dichas emisiones alcanzan alrededor de 8,7 millones de toneladas de CO2, equivalentes al doble de emisiones de metano de la ganadería en Suiza (Changing Markets, 2023).

De acuerdo al informe de Responsabilidad Climática Corporativa de 2023, era altamente improbable que el plan de Nestlé se ajustara a las directrices de la ONU para cumplir con el compromiso de cero emisiones netas para 2050. La compañía ha recibido críticas por no haber abordado específicamente sus emisiones de metano (ni siquiera informándolas por separado) y por su falta general de transparencia en la reducción de GEI (Ethical Consumer, 2026). Nestlé comunicó el año pasado su salida de una alianza mundial para reducir las emisiones de metano, cuyo objetivo es reducir el impacto de la ganadería lechera en el calentamiento global (Público, 2025).

Por último, recordamos que en 2021 Nestlé presentó sus planes para apoyar y acelerar la transición a un sistema alimentario basado en agricultura regenerativa (Sustenomics, 2021). Esta última ha sido definida por centros de investigación y colectivos de prácticas como una agricultura que busca proteger y restaurar el ambiente, la salud del suelo y la biodiversidad, mejorar los medios de vida de los agricultores y el bienestar de las comunidades agrícolas (Justamante, 2021; Rainforest Alliance, 2024). No obstante, se han formulado críticas a lo que Nestlé denomina agricultura regenerativa que se centran en la apropiación corporativa del término, señalando que empresas como Nestlé, Pepsi Cola y Unilever utilizan los vocablos sostenibilidad y agricultura regenerativa para perpetuar modelos de agricultura intensiva con uso de agrotóxicos que contribuyen a la crisis climática, en vez de a una verdadera transición ecológica (Grain, 2023).

A manera de cierre, nos queda decir que, dada la profundidad de la crisis ecológica global y la venezolana en particular, y sus serias y variadas implicaciones sociales en materia de alimentación, salud, clima y equilibrio ambiental, es de suma importancia lograr, con incidencia eficaz de la ciudadanía organizada, sectores académicos, en convergencia con otros actores sociales, políticos y económicos, que las empresas, estatales o privadas, grandes o pequeñas, emprendimientos diversos, incorporen de manera real y suficiente prácticas verdaderamente sostenibles en sus procesos de producción y comercialización, al tiempo que se luche por escenarios de transición ecológica societal alternativos. No obstante, después de repasar críticamente un historial socioambiental tan extenso y oscuro como el de Nestlé, nos luce extremadamente incongruente presentarse con una figuración central en un escenario público a pontificar sobre la sostenibilidad y la regeneración ecológica. Para decirlo con una analogía, es como si en un congreso sobre derechos humanos participara como conferencista un torturador. Como dice un conocido refrán: “Zamuro cuidando carne”.

Referencias.

Ahmad, Hafsa (2024) Nestlé: Pure Life or Impure Lies? Examining the Swiss company's unethical practices in Pakistan. The Flaw. https://theflaw.org/articles/nestle-pure-life-or-impure-lies/#:~:text=Drenaje%20del%20acu%C3%ADfero&text=Estos%20derechos%20de%20propiedad%20se,humano%20y%20para%20fines%20agr%C3%ADcolas.

Akepa (2026) Greenwashing: 20+ recent stand-out examples. Greenwashing: 20+ recent stand-out examples. https://thesustainableagency.com/blog/greenwashing-examples/

Brock, Mindy (2024) Is Nestle Greenwashing? Marley's Monsters. https://www.marleysmonsters.com/blogs/greenwashing-greenwishing-or-greenhushing/is-nestle greenwashing?srsltid=AfmBOoodguMxPIP6KjDt8klRKeDdYe86DOF9alu1u3bDM9Jppi-JdNm_

Calvillo, Alejandro (2021) Nestlé y sus 80 años de impunidad. Sin embargo.mx. https://www.sinembargo.mx/3980647/nestle-y-sus-80-anos-de-impunidad/

Changing Markets (2023) Net-zero integrity: Nestlé's methane blindspot https://changingmarkets.org/report/net-zero-integrity-nestles-methane-blindspot/

Client Earth (2025) Nestlé Poland sued for Greenwashing https://www.clientearth.org/latest/press-office/nestle-poland-sued-for-greenwashing/

Confino, Jo (2026) Nestlé chairman warns against playing God over climate change. The Guardian. https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/nestle-chairman-climate-change-controversy-peter-brabeck

Ecojustice (2024) Greenwashing 101: What is it and why Ecojustice fights against it! https://ecojustice.ca/news/greenwashing-101-what-is-it-and-why-ecojustice-fights-against-it/

El Economista (2026) Francia investiga muerte de un tercer bebé que consumió leche de fórmula retirada del mercado. https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/francia-investiga-muerte-tercer-bebe-consumio-leche-formula-retirada-mercado-20260211-799432.html

ESG NEWS (2024) Palm Oil Supplier to Kellogg's, Colgate, Nestle linked to Peru deforestation – EIA Reports. https://esgnews.com/palm-oil-supplier-to-kelloggs-colgate-nestle-linked-to-peru-deforestation-eia-reports/

Ethical Consumer (2026) How ethical is Nestle? https://www.ethicalconsumer.org/company-profile/nestle-sa.

Expok (2025) Productos de Nestlé, Mondelēz, Unilever y Hershey podrían contener cacao asociado a la deforestación. https://www.expoknews.com/productos-podrian-contener-cacao-asociado-a-la-deforestacion/

FRANCE 24 (2024) Francia pone la lupa sobre la dudosa procedencia del agua embotellada de Nestlé. https://www.youtube.com/watch?v=wjTF15-Zf7w&t=65s

Fronteras Comunes (2026) Organizaciones ambientales piden a Nestlé

Garcisánchez, Marta (2021) Nestlé y su estrategia de greenwashing. Universidad de Valladolid. https://uvadoc.uva.es/handle/10324/48009

Grain (2023) La agricultura regenerativa era una buena idea, hasta que las corporaciones se apoderaron de ella. https://grain.org/es/article/7084-la-agricultura-regenerativa-era-una-buena-idea-hasta-que-las-corporaciones-se-apoderaron-de-ella

Greenpeace (2024) Greenwashing: qué es y por qué es una trampa para los consumidores responsables. https://www.greenpeace.org/chile/blog/issues/contaminacion/greenwashing-que-es-y-por-que-es-una-trampa-para-los-consumidores-responsables/

Guell, Orión y Medina, Miguel Angel (2026) 13 bebés fueron hospitalizados después de tomar la leche retirada por una toxina. El País https://elpais.com/sociedad/2026-02-19/el-consumo-de-leches-infantiles-retiradas-por-una-toxina-provoca-la-hospitalizacion-de-12-bebes.html

Han, Soul (2012) International groups boycott Nestle products to end indiscriminate advertising, 1977-1984. Global Nonviolent Action Database. https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/international-groups-boycott-nestle-products-end-indiscriminate-advertising-1977-1984

IBFAN (2025) Nestlé Water Scandals. https://www.ibfan.org/cop-30-climate-crisis-intensifies-water-scarcity-nestles-water-scandals/#:~:text=En%20Pakist%C3%A1n%2C%20varios%20ni%C3%B1os%20enfermaron,e%20hizo%20intransitables%20las%20carreteras.

Investing.com (2026) Las acciones de Nestlé caen tras petición de China para retirar fórmula infantil. https://es.investing.com/news/stock-market-news/las-acciones-de-nestle-caen-tras-peticion-de-china-para-retirar-formula-infantil-93CH-3458367

Justamante, Angela (2021) ¿Qué es la agricultura regenerativa? CREAF. https://www.creaf.cat/es/articulos/que-es-la-agricultura-regenerativa

Kinzelmann, Fabienne (2026) Los problemas de Nestlé con los preparados frescos para bebés desafían la renovación de su CEO. Bloomberg Línea. https://www.bloomberglinea.com/negocios/los-problemas-de-nestle-con-los-preparados-frescos-para-bebes-desafian-la-renovacion-de-su-ceo/

López, Marcelo (2022) Estas son las empresas internacionales que más contaminan con sus envases plásticos. Carbono. News. https://www.carbono.news/recursos-naturales/estas-son-las-empresas-internacionales-que-mas-contaminan-con-sus-envases-plasticos/

Mancini, Pablo (2005) Nestlé envuelta en un escándalo: leche en malas condiciones. El Blog Salmón. https://www.elblogsalmon.com/entorno/nestle-envuelta-en-un-escandalo-leche-en-malas-condiciones

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Perkins,Tom (2019) The fight to stop Nestlé from taking America's water to sell in plastic bottles. The Guardian. https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/29/the-fight-over-water-how-nestle-dries-up-us-creeks-to-sell-water-in-plastic-bottles#:~:text=%E2%80%9CCuando%20esos%20manantiales%20est%C3%A1n%20muriendo,%22hombre%20de%20la%20empresa%22.

Perreira, Xan (2025) Nestlé, la multinacional del expolio: el negocio de la vida convertido en mercancía. Spanish Revolution. https://spanishrevolution.net/nestle-la-multinacional-del-expolio-el-negocio-de-la-vida-convertido-en-mercancia/#

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Público (2025) Nestlé abandona la alianza mundial para reducir las emisiones de metano. https://www.publico.es/sociedad/nestle-abandona-alianza-mundial-reducir-emisiones-metano.html

Pumasunco, Manuel Fernando (2025) REA: Revista Científica Especializada en Educación y Ambiente. Vol. 4 Núm. 1 https://revistas.up.ac.pa/index.php/rea/article/view/7288.

Rainforest Action Network (2024) Nestlé's New Sourcing Policy Falls Short On Ambition Needed to End Deforestation. https://www.ran.org/press-releases/nestles-new-sourcing-policy-falls-short-on-ambition-needed-to-end-deforestation/

Rainforest Alliance (2024) ¿Qué es Agricultura Regenerativa? https://www.rainforest-alliance.org/es/perspectivas/que-es-la-agricultura-regenerativa/

Reddit (2025) Nestlé va a juicio por la contaminación «inconmensurable» de plásticos en vertederos de botellas de agua. https://www.reddit.com/r/FuckNestle/comments/1s2ahun/nestl%C3%A9_goes_on_trial_over_immeasurable_plastic/?tl=es-419

Revista De Frente (2021) Las violaciones a derechos humanos y crímenes socioambientales de Nestlé, la transnacional alimentaria más grande del mundo. https://www.revistadefrente.cl/las-violaciones-a-derechos-humanos-y-crimenes-socioambientales-de-nestle-la-transnacional-alimentaria-mas-grande-del-mundo/

Solinet (2002) Cuando la leche mata. BOICOT A NESTLÉ POR SUS PRÁCTICAS CRIMINALES. Solidaridad. Net. https://solidaridad.net/cuando-la-leche-mata-boicot-a-nestle-por-sus-practicas-criminales-103/

Speed, Madeleine (2026) Nestlé chief blames Trump for company going quiet on sustainability. SWI. https://www.swissinfo.ch/eng/agribusiness/nestl%C3%A9-chief-blames-trump-for-company-going-quiet-on-sustainability/90817643

Sustainability Directory (2025) Nestle Sued for Greenwashing Plastic Recycling Claims. https://news.sustainability-directory.com/esg/nestle-sued-for-greenwashing-plastic-recycling-claims/

Sustenomics (2021) Nestlé se suma a la tendencia de la agricultura regenerativa. https://sustenomics.com/nestle-se-suma-a-la-tendencia-de-la-agricultura-regenerativa/

Tempo (2018) Nestle Pledges to Make All Its Packaging Recyclable by 2025. https://en.tempo.co/read/917475/nestle-pledges-to-make-all-its-packaging-recyclable-by-2025

Vera, Emilio (2024) Repsol, Nestlé y Total Energies señaladas por su «greenwashing». Control publicidad. https://controlpublicidad.com/sostenibles-la-esg-de-las-marcas-a-examen/repsol-nestle-y-total-energies-senaladas-por-su-greenwashing/

Vidal, Fátima (2021) ‘Greenwashing', una estrategia poco sostenible. Barcelona School of Management. https://www.bsm.upf.edu/es/noticias/greenwashing-sostenibilidad

Watson, Bruce (2016) The troubling evolution of corporate greenwashing. The Guardian.https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/aug/20/greenwashing-environmentalism-lies-companies.

Gobierno de Delcy Rodríguez mantiene ataques contra defensores en Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Prensa Provea — 2026-04-04T17:18:24Z

par Prensa Provea - Local | Caracas, Derechos Humanos, Política , Represión , Reflexión / Análisis

El pasado 3 de marzo, durante la presentación del último informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, la representación del gobierno de Delcy Rodríguez ante el Consejo de Derechos Humanos mantuvo su línea de ataques y descalificaciones contra las personas defensoras de derechos humanos.

En una declaración depositada por escrito y no leída en el hemiciclo, esa representación afirmó: «Respaldamos la labor de los defensores de los derechos humanos y rechazamos categóricamente que algunas personas pretendan instrumentalizar esta labor con fines políticos para promover acciones de desestabilización interna”. Agregó que “ningún defensor verdadero de derechos humanos puede involucrarse en la planificación o ejecución de acciones de violencia contra los bienes públicos o la población. La condición (sic) de defensor de derechos humanos no le da inmunidad ante la ley si es que ha cometido delitos previstos en la legislación nacional”.

Esas afirmaciones son una copia textual de la intervención del gobierno durante la presentación del informe de la relatora Lawlor del año anterior, el 6 de marzo de 2025, cuando además acusaron a “algunas personas, políticamente motivadas y financiadas desde el extranjero” de utilizar “la noble causa de los derechos humanos para generar acciones desestabilizadoras del Gobierno venezolano”.

Estas acusaciones no son aisladas, forman parte de un patrón instalado por los representantes del gobierno de Nicolás Maduro en Ginebra desde el 5 de marzo de 2021, al responder a los informes de la Relatora Especial. En esa oportunidad, al referirse a las personas defensoras de derechos humanos, afirmaron que “en muchos casos se ha podido constatar el financiamiento de potencias (sic) a ciertas organizaciones que, cobijadas bajo el manto de los derechos humanos, generan violencia con fines de desestabilización política, en contra de gobiernos democráticos, legítimamente constituidos”.

Dos años más tarde, el 15 de marzo de 2023, descalificaron el informe de la Relatora Especial cuando este incluyó el caso de la defensora de derechos humanos Vanessa Rosales, privada arbitrariamente de su libertad durante ocho meses por ayudar a una niña de 13 años a interrumpir un embarazo resultado de una violación. Con base en las mismas teorías conspirativas, el representante del gobierno del entonces Nicolás Maduro descalificó a la relatora Mary Lawlor al señalar que “con intención o no, su accionar contribuye a las matrices de opinión negativas contra mi país, totalmente inaceptables, pues hace el juego a los factores que se valen de cualquier situación en su fracasado afán de desestabilizar al Gobierno Bolivariano”.

Es inaceptable que la administración de Delcy Rodríguez mantenga el patrón de ataque contra las personas defensoras de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instancia en la que estas participan legítimamente en los diálogos interactivos sobre los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. La criminalización de defensores y defensoras por parte de agentes del Estado ante esa instancia internacional evidencia una clara intención de sostener la persecución a través del andamiaje legal y las estructuras represivas que han perseguido, encarcelado y forzado al exilio a quienes defienden los derechos humanos en Venezuela.

En el siguiente PDF se puede leer la intervención a nombre de Venezuela, depositada pero no leída, en el Consejo de Derechos Humanos el 3 de marzo de 2026.

Carta abierta sobre el proceso para los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo de Venezuela

2026-04-04T17:01:04Z

Comunicados

La crisis de institucionalidad que atraviesa el país, reconocida por las autoridades, ha estado marcada en parte por una prolongada provisionalidad en los cargos o designaciones que no han cumplido estrictamente con los lapsos y procedimientos de ley. La falta de cumplimiento de las obligaciones de protección, garantía y respeto a los derechos humanos caracterizó a las recientes gestiones de la Fiscalía General y de la Defensoría del Pueblo.

Respecto a las recientes designaciones por parte de la Asamblea Nacional de ambos cargos, el artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que las faltas absolutas del fiscal, como la renuncia, serán suplidas por el vicefiscal o la vicefiscal. Por su parte, la falta absoluta del Defensor, según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, será suplida por el Director o Directora Ejecutiva de la institución. En este sentido, desconocemos la justificación para ejecutar la designación de forma distinta a lo pautado en las leyes correspondientes.

La ocurrencia de estas situaciones da cuenta de lo importante que es en este momento para nuestra sociedad la reestructuración institucional de los poderes públicos y su trascendencia para el presente y futuro de la nación. Por ello, las organizaciones firmantes de esta comunicación compartimos una serie de observaciones que consideramos urgente atender a fin de garantizar la legalidad y legitimidad del proceso en desarrollo.

El principio de diversidad y pluralidad que debe regir la integración del Comité de Evaluación de Postulaciones. De acuerdo a los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, los únicos requisitos para integrar el Comité son: ser mayor de edad, venezolano/a de nacimiento, y de reconocida honorabilidad y prestigio. Asimismo, el artículo 26 reitera que se debe procurar el mayor número de sectores de la sociedad en la designación de los miembros del Comité.

Es preocupante que el Comité actual esté integrado exclusivamente por 12 diputados/as; en su mayoría hombres, solo tres mujeres; y ocho pertenecen al mismo partido político. En función de lo establecido en nuestras leyes, la pluralidad de actores sociales y políticos resulta necesaria e insustituible como garantía de representatividad y participación de la sociedad venezolana en diversidad de procedencias, oficios e identidades. La ausencia de representantes de las universidades, gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil desvirtúa el espíritu de pluralidad necesario para garantizar una participación ciudadana protagónica y una representatividad real de la nación.

El principio de transparencia para facilitar la contraloría social, garantizar la independencia en la actuación del Comité y la posterior elección de cargos. La transparencia no es un accesorio, sino un requisito de validez. Un proceso cerrado a la observación técnica impide que la ciudadanía evalúe la idoneidad y la independencia de los perfiles. La legitimidad de origen del Fiscal General y el Defensor del Pueblo depende directamente de la transparencia con la que el Comité gestione el proceso y las entrevistas públicas.

El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo son las piezas angulares para: a) la garantía del debido proceso y la erradicación de la impunidad, b) la protección de los sectores más vulnerables frente a abusos de poder, c) el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Dado que el proceso no viene antecedido de la convocatoria al Comité de Postulaciones por parte del propio Poder Ciudadano, consideramos que la Asamblea tiene la responsabilidad de perfeccionar la participación ciudadana como principio constitucional al ejercer su facultad de designar a los titulares del Poder Ciudadano conforme al aparte final del artículo 279 constitucional.

En este sentido exigimos:

Un proceso abierto, verificable y transparente. Que se den a conocer los procedimientos aprobados para la evaluación de las postulaciones, los criterios y procesos de selección. Eso significa dar a conocer a los/as postulantes, sus credenciales y antecedentes. Facilitar mecanismos de observación y monitoreo del proceso, así como llevar a cabo entrevistas y audiencias públicas.
Reestructurar el Comité de Evaluación de Postulaciones en función de lo establecido en la legislación. Incluir a diferentes sectores de la vida nacional que garanticen representatividad, no solo político-partidista, sino también de diferentes grupos sociales e identitarios.
Garantizar una elección con criterios básicos de aptitud para los cargos. Que no se haya incurrido en prácticas restrictivas y discriminatorias de violaciones a los derechos humanos como negación, participación directa o encubrimiento.

Así mismo, sugerimos las siguientes estrategias para perfeccionar, complementar y satisfacer el principio y derecho a la participación ciudadana previsto en la Constitución:

La publicación de los resúmenes curriculares y documentos de postulación de las y los aspirantes, con resguardo de datos personales en la página web de la Asamblea Nacional.
Habilitar un mecanismo y lapso para escuchar las objeciones de la sociedad civil y la sociedad en general sobre las personas aspirantes. Según el caso, habilitar un procedimiento que garantice la transparencia y el debido proceso de las y los aspirantes.
Aprobación y publicación de baremos para la preselección de las y los aspirantes, con la previa recepción de propuestas por parte de la sociedad civil sobre los criterios a considerar en dichos baremos.
Publicación de los puntajes obtenidos por las y los aspirantes.
Un foro público con las y los aspirantes de la lista corta, con transmisión en vivo a través de internet y el canal de la Asamblea (ANTV).
Entrevistas públicas de las y los aspirantes que integren la lista corta, con transmisión en vivo a través de internet y el canal de la Asamblea (ANTV).
Solicitud a las y los aspirantes de una propuesta sobre los objetivos institucionales de su gestión en caso de resultar seleccionados/as.

Organizaciones firmantes:

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)

Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)

Espacio Público

Fundación Centro Gumilla

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)

Más allá del castigo: Hacia una cultura de respeto y derechos animales

Erick Camargo — 2026-03-29T19:20:08Z

par Erick Camargo - Local | Caracas, Liberación Animal , Política , Reflexión / Análisis

Imagen referencial creada

Tras analizar la Ley de Protección de la Fauna Doméstica vigente e identificar oportunidades de mejora, resulta valioso revisar las propuestas que hoy nutren el debate público. Especialmente desde octubre de 2025, tras diversas movilizaciones en Caracas, ha cobrado fuerza la solicitud de una «Ley Penal Animal». Si bien es fundamental celebrar cualquier iniciativa ciudadana que exhorte a las instituciones a visibilizar temas tradicionalmente relegados, es pertinente reflexionar sobre el enfoque discursivo que predomina en estas exigencias.

El auge del enfoque punitivo

Al observar la comunicación de organizaciones como Planeta Animal Rescue y el Bloque Unido de Defensa Animal de Venezuela, se percibe una marcada prioridad por la criminalización y el endurecimiento de las penas. Esta visión, compartida en ciertos boletines de la Asociación Pro-Defensa de los Animales (APROA), sugiere que la solución al maltrato reside principalmente en la severidad del castigo penal y el aumento de las multas.

Sin embargo, este enfoque estrictamente punitivo contrasta con las tendencias más actuales de la doctrina jurídica. El derecho penal moderno ha ido desplazando el énfasis desde el castigo hacia conceptos como la justicia restaurativa, la prevención y la reinserción.

Referencias para un debate constructivo

Autores de referencia, como Eugenio Zaffaroni, plantean que el derecho penal no debe ser solo un instrumento de castigo, sino un mecanismo para contener el poder del Estado y garantizar un equilibrio social. Asimismo, expertos como John Braithwaite promueven la justicia restaurativa como una vía más eficaz para sanar el tejido social. En nuestro contexto local, contamos con los aportes de Isabel de los Ríos, quien ha explorado medidas alternativas en el derecho ambiental que superan la visión penal tradicional.

Basar el cumplimiento de la ley únicamente en la promesa del castigo es lo que en círculos académicos se denomina «populismo judicial». Esta visión suele priorizar la reacción frente al síntoma antes que la transformación de las condiciones sociales que originan el problema.

Hacia el reconocimiento de la sintiencia

La construcción de un sistema legal efectivo para la protección de los animales debería cimentarse, ante todo, en el reconocimiento de su sintiencia. Este hecho científico, una vez integrado plenamente en nuestra legislación, permitiría que los animales dejen de ser considerados meros «objetos» o patrimonio económico para ser reconocidos como sujetos de derechos.

El castigo, como elemento disuasorio, tiene un alcance limitado si no se transforma la raíz cultural del problema. Mientras el animal sea percibido como una propiedad, la empatía hacia su bienestar será secundaria. En cambio, otorgarles personalidad jurídica fomentaría un cambio de paradigma: pasaríamos de ser «dueños» a ser cuidadores y tutores responsables.

Priorizar la prevención y la educación

El desafío actual consiste en sensibilizar a la sociedad sobre la dignidad intrínseca de toda forma de vida. Este cambio de mentalidad no debe emanar del miedo a la sanción, sino del respeto profundo por la vida. Para lograrlo, no basta con reformar leyes; es imperativo diseñar políticas públicas que incluyan:

Formación y educación ciudadana sobre bienestar animal.
Fortalecimiento institucional para crear instancias de atención y cuidado real.
Capacitación constante de los funcionarios públicos y cuerpos de seguridad.

En un Estado democrático, la pena debe ser siempre el último recurso. La prioridad debe ser evitar que el daño ocurra. A fin de cuentas, la sanción llega cuando el maltrato ya se ha consumado; la educación, en cambio, tiene el poder de prevenirlo.

Trabajadores venezolanos se movilizan en más de 20 estados en jornada nacional de protesta

Prensa CCURA — 2026-03-26T21:30:31Z

par Prensa CCURA - Local | Caracas, Control Obrero, Derechos Humanos, Movimientos Sociales , Reflexión / Análisis

Cordones policiales y grupos violentos de motorizados intentaron impedir la movilización en Caracas, pero los trabajadores lograron entregar su pliego de exigencias y mantenerse en la calle protestando.

Caracas, 23 de marzo de 2026.- La clase trabajadora venezolana irrumpió este lunes en las calles del país. Cientos de trabajadores se concentraron en la esquina de Pele el Ojo en Parque Carabobo, en el corazón de Caracas, como parte de la Jornada Nacional de Protesta convocada por el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha y el Comité Metropolitano de Trabajadores en Lucha. La acción, simultánea en más de 20 estados del país, marca un nuevo capítulo en la resistencia organizada del movimiento obrero venezolano.

La concentración en Parque Carabobo tenía un plan preciso: reunirse frente a la Fiscalía General de la República para hacer entrega allí del pliego nacional de exigencias, y desde ese punto continuar en marcha hacia el Ministerio del Trabajo en busca de respuesta al pliego presentado el pasado 26 de febrero. Sin embargo, el aparato gubernamental desplegó sus recursos para obstruir la movilización.

El oficialismo había tomado previamente el Parque Carabobo con un acto bailable, supuestamente en contra de las sanciones impuestas por el imperialismo norteamericano —con el cual el gobierno de Delcy Rodríguez mantiene excelentes relaciones, a pesar de los ataques del pasado 3 de enero de este año—, bloqueando físicamente el trayecto de la marcha. A esta maniobra se sumó el hostigamiento de grupos parapoliciales afines al gobierno que circulaban en motocicletas, intimidando a las y los trabajadores congregados. Como corolario, un cordón policial antimotines fue desplegado para bloquear el avance hacia el Ministerio del Trabajo.

A pesar de los obstáculos impuestos por la administración de Delcy Rodríguez, los trabajadores no cedieron. El pliego de exigencias fue entregado a representantes del Ministerio Público que se presentaron en la calle, y la marcha se realizó recorriendo las calles aledañas, visibilizando ante la ciudadanía las demandas del movimiento obrero.

Las demandas que los trabajadores llevan a las calles abarcan un amplio espectro de derechos vulnerados. En el centro del pliego se encuentran el reclamo de salarios y pensiones iguales a la canasta básica, la apertura de las contrataciones colectivas paralizadas y la defensa de la retroactividad de las prestaciones sociales frente a la pretensión gubernamental y empresarial de eliminarla. El movimiento también rechaza de manera frontal la constituyente laboral impulsada por el gobierno en alianza con Fedecámaras, que los trabajadores consideran una herramienta para desmantelar conquistas históricas.

El pliego incluye además la eliminación del memorándum 2792 y el instructivo de la ONAPRE, instrumentos que han vaciado el salario real de los trabajadores del sector público y privado; el reenganche con salarios caídos de quienes han sido despedidos injustificadamente, y la libertad inmediata de todos los trabajadores presos. En materia de libertades sindicales, se exige el pleno respeto a la autonomía y la organización independiente.

Las acciones represivas desplegadas hoy buscan, de manera evidente, disuadir la movilización y erosionar el derecho constitucional a la protesta. No obstante, los hechos demuestran lo contrario: la clase trabajadora venezolana retoma su confianza al calor de la movilización y la organización. La jornada del 23 de marzo es la continuación de un proceso que no se detendrá mientras persistan las condiciones que lo generan.

Desde la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (CCURA) llamamos a fortalecer la unidad del movimiento obrero, a extender y profundizar las jornadas de protesta, y a exigir el cese inmediato del carácter represivo del régimen y el levantamiento de todas las restricciones a las libertades democráticas.

La lucha continúa para profundizar la movilización e imponer un plan obrero y popular de emergencia que contemple el petróleo 100% estatal —sin empresas mixtas ni transnacionales—, el rechazo a la entrega de recursos mineros, la aplicación de impuestos progresivos a transnacionales y grandes empresas nacionales, y la concreción real de los fondos soberanos planteados por el gobierno para financiar aumentos salariales, salud, educación, producción de alimentos y medicamentos.

¡Solo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora!

Crisis hídrica en el estado Sucre

Observatorio de Ecología Política de Venezuela — 2026-03-26T21:12:07Z

par Observatorio de Ecología Política de Venezuela - Local | Cumaná, Ecología , Política , Reflexión / Análisis

Crisis hídrica en Cumaná. Crédito foto: Prensa OrienteVe

La población de Cumaná en el estado Sucre está asistiendo a una crisis hídrica de gran magnitud; llevan más de tres semanas sin suministro de agua, hecho que ha afectado a Cumaná y municipios como Sucre, Bolívar, Cruz Salmerón Acosta, Araya, Marigüitar. Esta problemática se generó por la obstrucción por derrumbe en el túnel de trasvase del embalse Turimiquire (causado por el sismo del 22 de febrero de 2026), lo cual redujo drásticamente el caudal que provee agua al estado Sucre y Nueva Esparta.

Instagram: NotiGuarico

Esta crisis hídrica ha ido agravándose, generando a su vez otras problemáticas como el aumento de casos de diarrea, vómitos, afecciones gastrointestinales (especialmente en niños y adultos mayores), atribuidos a agua contaminada de cisternas o fuentes alternativas.

Los habitantes de los municipios afectados han realizado protestas, cerrando vías a fin de exigir el derecho al agua. A pesar de que las autoridades regionales han decretado la emergencia hídrica (Decreto N° 277 del 5 de marzo) y han implementado un plan de abastecimiento, los camiones cisternas han sido insuficientes, ya que no cubren la demanda. De hecho, la población ha recurrido a ríos, pozos, caños o traslados temporales a otras ciudades (Carúpano, Margarita, etc.) para bañarse, cocinar o lavar.

Pese a los anuncios oficiales sobre un restablecimiento progresivo del servicio de agua potable, que supuestamente comenzó el 12 de marzo con un bombeo parcial en algunas zonas, la situación real al 15 de marzo evidencia que la mayoría de los sectores afectados continúan sin recibir agua por tubería o, en el mejor de los casos, cuentan con un suministro extremadamente irregular.

Las autoridades competentes insisten públicamente en que las labores de reparación y mantenimiento avanzan conforme a lo planeado, asegurando que el servicio de agua potable será restablecido prontamente. Sin embargo, numerosos reportes y denuncias de ciudadanos en redes sociales y medios de comunicación subrayan que la problemática persiste.

fuente: Reporteya

La crisis del agua en Cumaná lejos de limitarse a la simple falta de suministro, se ha transformado en un problema de múltiples dimensiones que afecta de manera directa la vida cotidiana de al menos 200 mil familias, quienes deben buscar alternativas para satisfacer sus necesidades básicas de higiene, alimentación y limpieza. Además, el impacto negativo se extiende a sectores clave como el comercio, la educación y la salud, ya que muchos establecimientos comerciales han tenido que reducir sus horarios o cerrar temporalmente debido a la imposibilidad de operar sin agua. Las escuelas enfrentan dificultades para mantener las condiciones mínimas de salubridad, lo que pone en riesgo la continuidad de las clases presenciales. Por su parte, los hospitales y centros de salud han visto comprometida su capacidad de atención, ya que la falta de agua afecta directamente la higiene, la limpieza de equipos y la atención de pacientes, agravando aún más la emergencia sanitaria.

Más allá del tema del derrumbe que actualmente afecta de manera significativa al caudal de la represa Turimiquire, existen artículos que señalan que esta infraestructura ha venido presentando, desde hace aproximadamente tres décadas, una serie de problemas recurrentes relacionados con filtraciones en su estructura. Estas filtraciones tienen un impacto directo y negativo en el volumen de agua disponible, ya que provocan una disminución sostenida del caudal que puede ser almacenado y distribuido. La importancia de este embalse es fundamental y no puede ser subestimada, ya que constituye la principal fuente de abastecimiento de agua potable tanto para la población del estado Sucre como para la del estado Nueva Esparta. Esta relevancia se ha hecho aún más evidente en el contexto de la actual emergencia hídrica, donde lel derrumbe de un tunel en la represa han generado serias dificultades para garantizar el suministro regular y suficiente de agua a miles de familias, afectando actividades cotidianas y la salud pública. Por lo tanto, la situación de la represa Turimiquire no solo es un asunto técnico, sino también social y estratégico para el bienestar de toda la zona oriental del país y que, por tanto, exige una respuesta integral y a largo plazo.

Guerra y devastación ecológica en el Medio Oriente

Francisco Javier Velasco Páez — 2026-03-26T01:31:39Z

par Francisco Javier Velasco Páez - No Local | Mundo, Ecología , No a la guerra, Política , Reflexión / Análisis

foto: EFE/EPA/Abir Sultan

Las guerras modernas provocan sufrimiento humano inmediato, no destruyen solo territorios e infraestructuras, sino que incrementan notablemente las ya fuertes presiones ambientales. Ya no afectan solo a los países directamente involucrados en esos conflictos, sino que generan efectos en cadena que se extienden por continentes, impactando ecosistemas, economías, sistemas alimentarios y la estabilidad climática global. En los conflictos armados de hoy en día se originan destrucciones ecológicas que suelen fragilizar por muy largo tiempo los ecosistemas, los recursos naturales y las condiciones de vida de las poblaciones civiles. Las guerras modernas contaminan la tierra, el agua y el aire, destruyen la flora y la fauna, aceleran la crisis climática y dejan cicatrices imborrables que perduran durante generaciones. Los ataques aéreos y misilísticos contra infraestructuras energéticas, las interrupciones en las rutas marítimas mundiales, las amenazas a los sistemas hídricos y la elevada huella de carbono de las operaciones militares contribuyen a la creciente crisis ambiental global.

Los conflictos actuales como el que involucra en primera instancia a Israel, Estados Unidos e Irán, el que tiene a Rusia y Ucrania como contrincantes, o la campaña militar que ha conducido al genocidio perpetrado en Gaza, deben ser entendidos no solo como crisis políticas, sino como motores de concentración de poder, luchas por la hegemonía, profundización de la desigualdad global y regional, y procesos de amplia devastación ambiental. En este último sentido la escalada de tensiones y los enfrentamientos militares entre los Estados Unidos, Israel e Irán demuestran de manera clara y dramática cómo el daño ambiental se ha convertido en una de las consecuencias más duraderas de los conflictos geopolíticos. Ya en la guerra de doce días entre Israel e Irán, que comenzó el 13 de junio de 2025 cuando Israel atacó decenas de objetivos en Irán con el propósito declarado de destruir su programa nuclear, a medida que se amplió el alcance de los objetivos declarados inicialmente, también lo hizo la gama de riesgos ambientales potenciales. Los posteriores ataques militares recíprocos tuvieron como blanco una gran variedad de instalaciones militares y civiles en ambos países. Inicialmente, la preocupación ambiental se centró en las consecuencias de los ataques militares contra instalaciones nucleares, lo que llevó al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a advertir sobre los peligros de atacar sitios nucleares debido al grave daño que causarían a las personas y al ambiente la contaminación radioactiva. Sin embargo, posteriormente surgieron preocupaciones en torno a otros daños ecológicos de larga duración como contaminación química resultante del humo surgido con explosiones (Edwards y Regan, 2025; Gambrell y Lidman, 2025; UK Parliament, 2025).

En Gaza el genocidio se ha combinado con ecocidio. Allí la acumulación de escombros (estimada en 39 millones de toneladas hacia mediados de 2024) y el uso de municiones con metales pesados han dejado el suelo de esa franja de territorio palestino altamente contaminado. La destrucción de sistemas de saneamiento ha provocado el vertido de aguas residuales sin tratar al mar y a los acuíferos de la zona (Felfel, 2025).

El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados en Irán en el marco de lo que denominaron “” (también conocida como «Operación Rugido del León). La fase inicial se centró en eliminar a altos mandos iraníes y, al mismo tiempo, debilitar la infraestructura de misiles, los sistemas de lanzamiento y las defensas aéreas. Estas acciones incluyeron un ataque con misiles Tomahawk contra la escuela primaria Shajarah Tayyebeh en Minab, sur de Irán, donde según las autoridades del país persa perdieron la vida unas 180 personas (Amnistía Internacional, 2026; DW, 2026). En las horas siguientes Irán inició una represalia contra Israel y Estados Unidos a gran escala, extendiendo y acelerando el conflicto más allá de su territorio. Lo que comenzó como una campaña concentrada contra el liderazgo y las capacidades de misiles, respondida por Irán, se ha convertido en una guerra regional (a la que se han sumado Hezbollah en el Líbano y grupos de resistencia árabe en Irak y otros lugares). El conflicto armado se ha sostenido con un número creciente de objetivos, incluyendo infraestructura económica y logística, refinerías, tanques de almacenamiento de petróleo y gas, oleoductos y gasoductos, redes eléctricas, sistemas de agua, plantas desalinizadoras, tierras de cultivo, bases militares, zonas residenciales y comerciales, viviendas, estaciones ferroviarias, hospitales, instalaciones deportivas, puertos y aeropuertos, naves de guerra, embarcaciones petroleras y zonas costeras. Simultáneamente, se han utilizado operaciones cibernéticas y mensajes psicológicos junto con acciones convencionales, creando un entorno operativo híbrido en el que la desestabilización se configura tanto por el control de la información y el debilitamiento de la infraestructura como por los misiles y los ataques aéreos. Zonas urbanas y rurales se han visto seriamente afectadas en un mismo ciclo de destrucción principalmente en Irán, Israel y el Líbano, pero también en Dubái, Abu Dhabi, Kuwait, Qatar, Bahréin, Irak, Arabia Saudita, Jordania, Omán y Azerbaiyán (incluso Chipre y Turquía han experimentado ataques menores de manera puntual), demostrando que esta guerra no es solo una tragedia humana, sino también ambiental, con consecuencias muy severas para los ecosistemas, el clima y la salud pública que pueden durar décadas. Más recientemente Israel ha llevado a cabo decenas de ataques en Líbano contra supuestos depósitos de armas y plataformas de lanzamiento y ha bombardeado las instalaciones gasíferas más grandes del mundo en Irán. Este último ha intensificado sus ataques contra instalaciones petroleras y petroquímicas en Israel y varios países del Golfo Pérsico. Como demuestran esos recientes ataques, puede preverse que la infraestructura civil y de doble uso se convertirá cada vez más en blancos de la aviación y los misiles. En una región como la del Medio Oriente y el Golfo Pérsico que ya sufre condiciones climáticas extremas, la situación generada puede considerarse como una verdadera “bomba de relojería ecológica (France 24, 2025; Paranaense, 2026).

Diversas y preocupantes consecuencias para la salud de los ecosistemas y la salud humana se están generando con este enfrentamiento bélico de gran magnitud. Comencemos con señalar que el humo proveniente de incendios y explosiones incluye contaminantes tales como partículas finas y dióxido de azufre, así como compuestos orgánicos volátiles tóxicos y otros subproductos peligrosos de la combustión. Estas partículas pueden penetrar profundamente en los pulmones y se asocian con un mayor riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, especialmente entre bebés, adultos mayores y personas con afecciones médicas preexistentes. Por ejemplo, el TNT, que se utiliza en municiones y está clasificado como posible carcinógeno humano, puede permanecer en el suelo, dañando la vegetación y las personas. Pese a que muchos de los emplazamientos militares al ser atacados muestran explosiones secundarias e incendios, estos casi nunca destruyen todos los materiales peligrosos y pueden generar contaminación adicional. Dichos contaminantes incluyen combustibles, aceites, metales pesados, componentes energéticos y sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), conocidas también como “químicos eternos” que no se degradan fácilmente, se acumulan en el agua, el suelo y el cuerpo humano, con grandes riesgos para la salud incidiendo en los niveles de colesterol, generando problemas inmunitarios y cáncer. Además, los incendios liberan furanos y dioxinas que también son cancerígenos (Conflict and Environment Observatory, 2026; Muller, 2026).

Aunque varias grandes ciudades han sido objeto de impactos de bombas y proyectiles (Tel Aviv, Beirut, Isaphan, Haifa, Riyad Doha, Dubai, entre otras), tomemos el ejemplo de Teherán, fuertemente castigada por bombardeos aéreos, para ilustrar aún más lo que está ocurriendo. Vale recordar que esta ciudad capital de Irán, de unos 10 millones de habitantes, ya venía confrontando una profunda crisis ambiental a resultas de una extrema sequía que viene afectando al país persa. Teherán es un claro ejemplo de cómo la infraestructura militar se entrelaza con las zonas civiles, allí numerosos edificios militares han sido bombardeados o atacados con misiles en la ciudad, así como residencias, centros comerciales, hospitales, ministerios y estadios deportivos. El trazado urbano y la geografía de Teherán influyen significativamente en la dispersión de contaminantes atmosféricos. Esta ciudad está rodeada por la cordillera de Alborz, que con frecuencia atrapa la niebla tóxica y la contaminación en su interior. Los edificios de gran altura también dificultan la circulación del viento, reduciendo la dispersión de los contaminantes derivados de los conflictos y empeorando la calidad del aire (cabe recordar que ya Teherán estaba afectada por graves presiones ambientales, como la escasez crónica de agua, el empeoramiento de la contaminación atmosférica y la degradación de los principales ecosistemas, exacerbadas por la crisis climática y la mala gestión estatal). Inmediatamente después de los ataques iniciados el 28 de febrero pasado, la agencia ambiental de Irán y la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní advirtieron a los residentes de Teherán que permanecieran en sus casas, alertando de que los productos químicos tóxicos esparcidos por los ataques aéreos contra cinco instalaciones de combustibles fósiles en los alrededores de la ciudad podrían provocar lluvia ácida y dañar la piel y los pulmones. Poco después nubes negras y tóxicas se extendieron sobre Teherán y se generó una lluvia aceitosa que se depositó sobre edificios, automóviles y personas. Los residentes describieron dolores de cabeza y dificultad para respirar. Sin embargo, los efectos agudos de la nube negra que se extendió por la ciudad podrían ser solo el comienzo. Se ha dispersado un verdadero cóctel químico que incluye cantidades significativas de compuestos aromáticos que se sabe que interactúan con el ADN y que se han relacionado con el cáncer. Además, una vez destruido el confinamiento que proporcionan los tanques y las tuberías, el material se ha derramado por todas partes, dejando un desastre de material nocivo que impregna el suelo y lo cubre todo. Existe el riesgo de que con esto se contamine el suministro de agua potable (Badillo, 2026; Mercedes, 2026; Soroshian, 2026).

Por otro lado, los ataques emprendidos por la coalición Israel-Estados Unidos en contra de naves de guerra iraníes y los dirigidos por Irán hacia barcos petroleros en el estrecho de Ormuz, han resultado en abundantes derrames de crudo que afectan importantes ecosistemas marinos como las praderas marinas que proporcionan hábitats para peces, ostras perlíferas, tortugas verdes y la segunda población más grande del mundo, especie en peligro de extinción. Las comunidades pesqueras de varios países de la cuenca también viven de los mariscos en estas aguas. El impacto de estos derrames llega incluso a lugares más lejanos como Sri Lanka (El Universo, 2026; Prensa Mercosur, 2026).

Otra forma en que las consecuencias ambientales de esta guerra pueden extenderse más allá de las zonas de conflicto son las enormes cantidades de emisiones de carbono que calientan el planeta y que son causadas por el enfrentamiento bélico. A esto se suma el aporte de aeronaves como por ejemplo los bombarderos B-2; uno solo de estos aviones consume aproximadamente 25. 000 litros de combustible por misión, además de decenas de aviones de reabastecimiento y unos 125 aviones de apoyo para las siete misiones de bombardeo estadounidenses. Las emisiones de carbono derivadas de su operación durante tan solo tres días rivalizan con las emisiones anuales de pequeñas naciones insulares, poniendo en peligro el progreso hacia los objetivos climáticos mundiales (Ruiz, 2025; Romero, 2026). La guerra no solo amenaza vidas humanas, sino que también contribuye al calentamiento del planeta. Las emisiones adicionales de carbono provocarán calores más intensos, sequías, tormentas y otros impactos que destruyen los medios de subsistencia, desestabilizan las economías e impulsan la migración, aumentando así la probabilidad de más conflictos armados. La alteración del clima y la pérdida de biodiversidad resultantes causarán pérdidas de cosechas, intensificación de desastres naturales y brotes de enfermedades infecciosas, exacerbando los conflictos existentes, iniciando otros nuevos y amenazando la seguridad y la estabilidad económica global, ya seriamente perturbada por el cierre del estrecho de Ormuz y el alza exponencial del precio del petróleo. Tanto la contaminación atmosférica como la marina son problemas transfronterizos, capaces de propagarse rápidamente a grandes distancias. Dada la escalada constante de la acción militar en Irán y los continuos ataques contra los estados vecinos del Golfo, independientemente de si los combates se mantienen confinados a la región o no, cada día que continúa el conflicto aumentan las probabilidades de que se produzcan daños ecológicos a nivel mundial.

Los países de la región del Golfo Pérsico, que suman más de 200 millones de habitantes, son particularmente vulnerables a las crisis alimentarias. Dependen casi por completo de las importaciones de arroz, maíz, soya y aceites vegetales. Cualquier interrupción en las cadenas de suministro tiene consecuencias significativas de inmediato, restricciones en el suministro de fertilizantes generan un efecto dominó en la seguridad alimentaria. Otro impacto a considerar en el ámbito agroalimentario es que la guerra en curso pone en riesgo la estabilidad de un tercio del comercio mundial de fertilizantes sintéticos producidos en la región. Debido a los bombardeos en instalaciones gasíferas y el bloqueo en Ormuz el envío de gas natural ha disminuido drásticamente. El envío de gas natural ha disminuido drásticamente, lo que afecta a la materia prima para los fertilizantes nitrogenados. Arabia Saudita Bahréin, Omán, Qatar son exportadores clave de fertilizantes como la urea, el fosfato diamónico (DAP) y el amoníaco anhidro, los precios de estos fertilizantes ya se han disparado. Todo esto ocurre en un momento en que la situación global de la población mundial en materia de seguridad alimentaria es inestable (en parte agravada por la crisis climática), con cerca de un 8% de la población padeciendo hambre y un número creciente de sitios en crisis que empujan a grandes grupos de población hacia la inanición (Dezba Inspection, 2026; Montes de Oca, 2026; Tanis, 2026).

Finalmente, nos referimos a lo que está pasando con el agua potable proveniente de plantas desalinizadoras. Ha habido ataques con misiles en algunas de esas plantas desalinizadoras en Bahrein y muy cerca de otras 43 en Arabia Saudita. La población de la región depende en gran medida de esta fuente de agua que abastece con 400 plantas desalinizadoras a unos 100 millones de personas. Las consecuencias ambientales de las plantas desalinizadoras dañadas van más allá del acceso humano al agua. Estas instalaciones vierten salmuera concentrada al océano y las interrupciones en su funcionamiento pueden perturbar los delicados ecosistemas marinos (Mattchet, 2026; Gayle,2026).

La escalada bélica iniciada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, ya está teniendo enormes repercusiones políticas, geopolíticas, económicas, sociales y ambientales en todo el mundo. Se requieren medidas efectivas para contener y extinguir esta pavorosa conflagración, pero en lugar de ello solo estamos viendo una retórica cada vez más incendiaria y pugnaz: más amenazas, bombardeos, destrucción, muertes y desastres ecológicos. El conflicto en Medio Oriente no es un asunto lejano: está profundamente conectado con los precios del petróleo, los intereses mineros, la lucha por la hegemonía y los modelos de seguridad que se imponen en el mundo. Urge construir una nueva concepción de seguridad centrada en los pueblos, las personas y el conjunto de la trama la vida que aún conforma la biosfera, no en los intereses de las grandes potencias o de las corporaciones.

En un momento como el que estamos viviendo el mundo necesita unirse para enfrentar el acelerado descalabro ecológico global, pero la continua militarización nos aleja de ese propósito. El aumento del gasto en defensa en los cinco continentes está desviando recursos que podrían destinarse a la disminución de las acentuadas brechas de desigualdad, la educación y la cultura, la salud, el fomento de la paz, el reforzamiento de la democracia y el cuido del ambiente, entre otras. El armamentismo, el extractivismo y la militarización de la seguridad global forman parte de una misma dinámica devastadora. El extractivismo es de por sí violento y antiecológico, pero si se utiliza además para la fabricación de armas, es todavía peor.

Dado el crítico momento por el que atraviesa la Tierra en muchos sentidos, tenemos la necesidad urgente de informarnos, informar y combatir la desinformación, debatir, organizarnos, movilizarnos, articularnos nacionalmente e internacionalmente y ejercer presión ciudadana con miras a parar y/o evitar a toda costa esta y otras guerras, no solo por la paz humana, sino también para salvar al planeta de un destino absolutamente catastrófico.

Referencias.

Amnistía Internacional (2026) Estados Unidos/Irán: Los responsables del ataque mortal e ilícito de Estados Unidos contra una escuela, en el que murieron más de 100 niños y niñas, deben rendir cuentas. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2026/03/usa-iran-those-responsible-for-deadly-and-unlawful-us-strike-on-school-that-killed-over-100-children-must-be-held-accountable/.

Badillo, R. (2026) Lluvia negra en Irán: el inquietante fenómeno que tiñe las calles y pone en alerta a los expertos. El Confidencial. https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2026-03-12/lluvia-negra-iran-inquierante-fenomeno-1qrt_4318413/

Conflict and Environment Observatory (2026) Operation Epic Fury: emerging environmental harm and risks in Iran and the región. https://ceobs.org/operation-epic-fury-emerging-environmental-harm-and-risks-in-iran-and-the-region/.

Dezba Inspection (2026) La guerra en Medio Oriente dispara fertilizantes: la urea ya roza US$700. https://www.dezbainspection.com/la-guerra-en-medio-oriente-dispara-fertilizantes-la-urea-ya-roza-us700/

DW (2026) New York Times: EE.UU. lanzó el ataque contra escuela iraní. https://www.dw.com/es/new-york-times-eeuu-lanz%C3%B3-el-ataque-contra-escuela-iran%C3%AD/a-76313670

Edwards, Christian y Regan, Helen (2025) Israel hit Iran's nuclear program and Iran hit back. Here's what we know. CNN. https://edition.cnn.com/2025/06/13/middleeast/israel-attack-iran-nuclear-program-explainer-intl.

El Universo (2026) Bomba de tiempo en el Estrecho de Ormuz: el desastre que pueden ocasionar los 68 buques petroleros cargados con unos 16.000 millones de litros de crudo. https://www.eluniverso.com/estados-unidos/estilo-de-vida/bomba-de-tiempo-en-el-estrecho-de-ormuz-nota/

Felfel Mohamed (2025) The Silent Victim. Environmental Risks of the 12-Day War Between Israel and Iran. Center for the Future for Research and Advanced Studies. https://futureuae.com/2.tar/Mainpage/Item/10301/the-silent-victim-environmental-risks-of-the-12-day-war-between-israel-and-iran

France 24 (2025) Aire y aguas contaminadas: el precio ambiental de la guerra en Medio Oriente. https://www.france24.com/es/programas/medio-ambiente/20260313-aire-y-aguas-contaminadas-el-precio-ambiental-de-la-guerra-en-medio-oriente.

Gambrell, John y Lidman, Melanie (2025) Israel ataca instalaciones nucleares de Irán y mata a generales. Irán responde con misiles. Los Ángeles Times. https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2025-06-12/israel-ataca-instalaciones-nucleares-y-de-misiles-de-iran-y-mata-a-altos-funcionarios-militares.

Gayle, Damien (2026) ‘Severe water stress': why desalination plants are the Gulf's greatest weakness. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2026/mar/11/severe-water-stress-why-desalination-plants-are-gulf-greatest-weakness.

La Jornada (2026) Irán ataca con misiles 3 buques en el estrecho de Ormuz y 2 en Irak. https://www.jornada.com.mx/2026/03/12/mundo/023n1mun,

Matchett, Ginger (2026) Attacks on desalination plants in the Iran war forecast a dark future. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/dispatches/attacks-on-desalination-plants-in-the-iran-war-forecast-a-dark-future/

Mercedes, Andrea (2026) La “lluvia negra” en Teherán: la nueva amenaza ambiental tras los bombardeos. Revista Mercado. https://revistamercado.do/money-invest/daily-news/la-lluvia-negra-en-teheran-la-nueva-amenaza-ambiental-tras-los-bombardeos/.

Montes de Oca, Ignacio (2026) El conflicto en Medio Oriente y el riesgo de una hambruna: fertilizantes en la mira. Pucara Defensa. https://www.pucara.org/post/el-conflicto-en-medio-oriente-y-el-riesgo-de-una-hambruna-fertilizantes-en-la-mira

Muller, Natalie (2026) Iran wa, r risks long-term toxic legacy for people and nature. DW. https://www.dw.com/en/iran-war-risks-long-term-toxic-legacy-for-people-and-nature-that-ripples-beyond-borders/a-76335587

Paranaense (2025) Guerra en Medio Oriente: su impacto ambiental y más crisis climática. https://paranaense.com.ar/guerra-en-medio-oriente-su-impacto-ambiental-y-mas-crisis-climatica/.

Prensa Mercosur (2026) Conflicto bélico en Irán amenaza ecosistemas del golfo Pérsico. https://prensamercosur.org/podcasts/.

Romero, Sofia (2026) Impacto ambiental de la construcción del B2 Spirit. PREZI. https://prezi.com/p/8ncrk6jp882w/impacto-ambiental-de-la-construccion-del-b-2-spirit/.

Ruiz, Roberto (2025) Así es el bombardero B-2 Spirit que han utilizado Estados Unidos y Trump para atacar las instalaciones nucleares de Irán. El Confidencial. https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2025-06-22/northrop-b2-spirit-bombarderos-estados-unidos-iran-1qrt_4156657/.

Soroshian, Armin (2026) In war-torn Iran, air pollution from burning oil depots and bombed buildings unleashes invisible health threats. The Concersation.https://theconversation.com/in-war-torn-iran-air-pollution-from-burning-oil-depots-and-bombed-buildings-unleashes-invisible-health-threats-278407.

Tamis, Fatma (2026) How the Iran war threatens global food supply. NPR. https://www.npr.org/2026/03/20/nx-s1-5750812/how-the-iran-war-threatens-global-food-supply.

UK Parliament (2025) Irán: Impactos de los ataques de Israel y Estados Unidos en junio de 2025. Informe de Investigación, Biblioteca de la Camra de los Comunes https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10292/

Pronunciamiento público sobre el proyecto de ley orgánica de minas

Observatorio de Ecología Política de Venezuela — 2026-03-26T01:29:04Z

par Observatorio de Ecología Política de Venezuela - Local | Edito, Arco Minero del Orinoco, Ecología , Movimientos Sociales , Venezuela, Solidaridad

imagen de portada Minería en el parque nacional Canaima. Crédito Sos Orinoco

El Proyecto de Ley Orgánica de Minas institucionaliza el ecocidio y el blanqueo del «Oro de Sangre» en Venezuela

Caracas, Venezuela 23 de marzo, 2026

Las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ambientales abajo firmantes, nos dirigimos a la comunidad nacional e internacional para alertar sobre la grave amenaza que representa el nuevo proyecto de Ley Orgánica de Minas actualmente en discusión.

Esta ley se inscribe en un contexto prolongado de violaciones sistemáticas de derechos sociales y ambientales, desconocimiento de la Constitución y del marco legal vigente, y adopción de normas lesivas —como la Ley Antibloqueo— que han profundizado la devastación ambiental y social del país.

Denunciamos que este marco jurídico y político más que un instrumento regulador de control y transparencia sólo generará un barniz de legalidad al actual saqueo sistemático de la Amazonía y del Escudo Guayanés profundizando el grave deterioro ambiental y la violación a los derechos humanos que se está produciendo.

En tal sentido:

Rechazamos categóricamente el término de «Desarrollo Minero Ecológico» introducido en el Artículo 8 de este proyecto de Ley. Desde una perspectiva científica y ética, la minería de oro es intrínsecamente destructiva. Este concepto sólo ha servido para esconder la destrucción de la biodiversidad y las cuencas hidrográficas bajo una falsa promesa de sostenibilidad que no existe en la práctica extractiva actual en ninguna parte del mundo.
Nos oponemos a la profundización de la discrecionalidad y la opacidad. El proyecto presentado en sus Artículos 4, 10, 11 y 17, otorga al Ejecutivo Nacional una discrecionalidad absoluta y criterios de confidencialidad en términos de regulación, otorgamiento de títulos y fiscalización, así como en la declaración de “Minerales Estratégicos”. Ello generará opacidad en las operaciones, impedirá el escrutinio público y la participación ciudadana, principalmente de las comunidades en las cuales se desarrollarán las operaciones mineras.
Alertamos sobre el grave riesgo de profundizar el daño ambiental en la región Amazónica venezolana. En el proyecto, el tratamiento de los temas ambientales es principalmente declarativo y presenta importantes vacíos regulatorios y de gobernanza ambiental. Particularmente, aun cuando menciona los Estudios de Impacto Ambiental no los reconoce taxativamente como condición para otorgar concesiones y otro tipo de contratos; incorpora la idea de exclusión territorial de la explotación minera, pero ellos son dependientes de Planes de Ordenamiento que, en Venezuela, cuando existen, están muy desactualizados; aun cuando obliga a las empresas que reciban concesiones a evitar daños ambientales e indemnizar los procesos causados, su determinación se basa en responsabilidad posterior al daño y no en criterios de prevención; no establece garantías financieras de restauración; así mismo, omite establecer un régimen de cierre de minas y de regulación sobre residuos mineros, así como definir mecanismos de monitoreo ambiental independiente que incluya sistemas de monitoreo ambiental, acceso ciudadano a datos ambientales y auditorías independientes; ni la creación de un fondo de remediación ambiental, no deducible de impuestos o regalías. Tampoco se mencionan mecanismos para la mitigación de emisión de gases de efecto invernadero, tales como el monitoreo y control de emisiones, planes de eficiencia y de transición energética.
Observamos la posible vulneración de Áreas Protegidas. El texto, aun cuando excluye a los Parques Nacionales y Monumentos Naturales como zonas permitidas para establecer concesiones mineras, esta exclusión no se extiende a otras figuras de protección tales como Reservas de Biosfera, Zonas Protectoras y Reservas Forestales. Por lo cual, se debe extender al respeto de los planes de Ordenamiento Territorial, actualizar los estudios de impacto ambiental y de la situación ecológica de todos estos territorios, para garantizar no sólo su protección, sino la actualización y refuerzo de las medidas existentes.
Consideramos que el proyecto presentado es lesivo a los derechos de los pueblos indígenas presentes en las zonas donde se realizará la actividad minera. Aun cuando establece que el aprovechamiento de los recursos en los “hábitats indígenas” deberá incluir la previa información y consulta a las comunidades indígenas, omite referirse al derecho de estos pueblos a la demarcación de sus territorios y no menciona el consentimiento libre, previo e informado, que es el estándar internacional actual.
Rechazamos la militarización de los territorios donde se concederán las concesiones mineras. La creación del «Resguardo Nacional Minero» (Artículos 13 y 14) bajo el control de la Guardia Nacional Bolivariana formaliza el dominio militar sobre las zonas extractivas. La presencia militar en las minas ha estado históricamente asociada a la violación de derechos humanos, la corrupción y la creación de gobernanzas híbridas.
Objetamos la determinación del carácter de ley orgánica dada a esta Ley. En Venezuela la determinación de leyes como orgánicas sin justificación, sólo ha servido para darle una supuesta jerarquía que permite omitir otras leyes orgánicas u ordinarias como las referidas a temas ambientales o de salvaguarda de derechos humanos.

En función de las razones anteriores, consideramos que la Asamblea Nacional debe pausar la discusión de la Ley para permitir la incorporación de los siguientes aspectos:

Incorporar mecanismos explícitos de transparencia e información pública de todos los procesos administrativos, desde los procesos de autorizaciones y operación de las empresas que realicen actividades de explotación minera determinadas por la Ley.
Hacer explícita la obligación constitucional de la realización de Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural en todos los proyectos de explotación minera, tal como lo exige el Artículo 129 de la Constitución Nacional.
Incluir mecanismos de control, seguimiento y aseguramiento ambiental que garanticen el desarrollo de sistemas robustos de gestión ambiental en todas las operaciones mineras de acuerdo con los mejores estándares internacionales de responsabilidad ambiental y protección de los derechos humanos.
Incorporar en la Ley un marco de derechos humanos que oriente las actividades mineras de acuerdo con los estándares internacionales en la materia. Ello debe incluir procesos que garanticen beneficios justos, equitativos y transparentes para las comunidades indígenas en las zonas bajo explotación.
Establecer mecanismos de seguridad que garanticen la protección de los derechos humanos de todas las comunidades presentes, incluyendo la incorporación de Fuerzas Armadas exclusivamente en las tareas determinadas por la Constitución y las Leyes.
Establecer un marco legal de estándares estrictos de control ambiental y seguridad industrial y laboral, con inspección pública y abierta, que permitan garantizar la correcta inversión y mantenimiento de los equipos de contención de residuos, remediación y mitigación ambiental, así como los de seguridad laboral; a fin de disminuir el riesgo de accidentes en las áreas mineras.
Establecer con carácter de urgencia un marco normativo que obligue al Ejecutivo Nacional a ejecutar planes de saneamiento ecológico y remediación de daños, garantizando el derecho a la reparación de las poblaciones vulneradas por la explotación minera.

Finalmente, los cambios legislativos venezolanos solo tendrán sentido si se dan dentro de un proceso de profundo respeto por la Constitución y la amplia normativa ambiental venezolana ya existente, así como un retorno a la democracia y el fortalecimiento de las instituciones.

El oro de Venezuela no vale la vida de nuestros ríos, selvas y comunidades.

Suscriben este pronunciamiento:

SOSOrinoco
Provea
Clima21
AC Chunikai
Observatorio de Ecología Política de Venezuela
Civilis
Fundación Aguaclara
Fundación ECOVITA
Fundación Hoffmann Salud Integral
Fundación Memoria Colectiva Instituto Venezolano Alemán de Ciencias Ecológicas Aplicadas IVACEA.
Movimiento SER
Fundaredes
Laboratorio de Desarrollo Humano
Red de DDHH en Acción
Universidad Autónoma Indigena- Wainjirawa

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