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La Fabricación del Enemigo.

Carlos (anemias) — 2026-09-20T21:55:17Z

par Carlos (anemias) - No Local | México , Anarquismo, AntiFa, Represión , Reflexión / Análisis, Focus

– Del Protocolo de 1904 a la Ofensiva Digital contra el anarquismo de la Administración Trump y el Oscurantismo de la 4T –
Lo esencial, esa fuerza excepcionalmente importante que surge de muchas personas que sienten las mismas sensaciones emocionales, impulsadas por sentimientos muy parecidos (ninguno idéntico, por el amor de Dios, lo sé bien), se sienten atraídas unas por otras para constituir un todo homogéneo que no necesita acuerdos o contratos escritos o hablados para constituirse. De repente, esta fuerza colectiva emerge y está ahí, tangible, puedo tocarla, puedo oír su voz, puedo dejarme llevar por sus sugerencias, dirigir mi mirada hacia donde me dice que mire, ver con sus ojos hechos de mil pupilas lo que mis pobres ojos miopes no pueden ver, recordar lo que mi pobre mente sola no puede recordar.
Alfredo M. Bonanno

Los Estados han ido redefiniendo sucesivamente al "enemigo interno" (anarquista, agitador, extremista, terrorista) para justificar mecanismos cada vez más amplios de vigilancia, cooperación policial y persecución transnacional.
Justo, la reciente ofensiva transnacional desplegada por el gobierno de USA contra las redes anarquistas y grupos radicales llamados de extrema izquierda, no es una novedad jurídica, sino la reactivación de un viejo engranaje de persecución ideológica global. Al homologar el activismo anarquista con el terrorismo internacional, la administración norteamericana recurre a los mismos mecanismos punitivos con los que los Estados del siglo XIX y XX buscaron asfixiar la disidencia, una inercia de control que hoy encuentra un preocupante reflejo tanto en el país gringo como en el oscurantismo del propio Estado mexicano.
Esta estrategia de persecución tiene sus raíces directas en los antiguos tratados policiales diseñados específicamente para erradicar el pensamiento y la praxis ácrata.i El antecedente más nítido es la Conferencia Internacional Antianárquica de Roma, celebrada el 21 de diciembre de 1898, donde las potencias europeas acordaron por primera vez unificar sus sistemas de inteligencia para vigilar las diferentes manifestaciones anárquicas. Este esfuerzo cristalizó formalmente el 14 de marzo de 1904 con la firma del Protocolo Secreto de San Petersburgo, fue un tratado internacional (Rusia promotor, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, Dinamarca, Suecia, Noruega, Rumanía, Serbia, Bulgaria y el Imperio Otomano) que transformó drásticamente el panorama de la disidencia anarquista global. El impacto del protocolo de 1904 en los anarquistas fue devastador: los imperios y repúblicas crearon las primeras «listas negras» transnacionales. Esto facilitó la extradición y expulsión exprés de muchxs anarquistas, convirtió el pensamiento radical en un crimen común y desató la clausura sistemática de imprentas y periódicos de agitación en todo el planeta.
– Los tratados y marcos legales antianarquistas internacionales más sobresalientes

1. La Conferencia Internacional de Roma para la Defensa Social contra los Anarquistas (1898)
Celebrada entre el 24 de noviembre y el 21 de diciembre de 1898, fue convocada de urgencia por el gobierno de Italia bajo la presión de imperios como el alemán y el austrohúngaro, tras el asesinato de la emperatriz Isabel de Baviera ("Sissi") a manos del anarquista Luigi Lucheni.
Participaron 21 países: Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Italia (anfitrión), Luxemburgo, México, Mónaco, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Siam (actual Tailandia), Suecia, Noruega, Suiza y el Imperio Otomano. Aunque no fue un tratado de extradición directo, fue el primer protocolo internacional que definió legalmente el anarquismo como "todo acto dirigido a destruir la organización de la sociedad mediante el uso de la violencia".
Los gobiernos firmantes prohibieron la posesión de explosivos, ilegalizaron la pertenencia a grupos anarquistas, censuraron la propaganda ácrata y —lo más importante— crearon agencias policiales especializadas de control interno que compartían expedientes de sospechosos, dando origen a los primeros retratos delictivos transnacionales.
Bajo el régimen de Porfirio Díaz, México envió representación diplomática y participó activamente en la Conferencia de Roma. El porfiriato veía con enorme temor el avance del anarquismo y las ideas socialistas radicales entre los trabajadores del país, ya había cerrado al Gran Círculo de Obreros de México que tenía influencia anarquista, reprimido diferentes huelgas e insurrecciones agrarias también de influencia anárquica. Las resoluciones de Roma (como el intercambio de fichas policiales y el control estricto de la propaganda) influyeron directamente en los métodos de espionaje que la policía porfirista y los diplomáticos mexicanos usaron posteriormente para perseguir a los opositores.

2. Las Leyes Perversas (Lois Scélérates) de Francia (1893-1894)
Leyes nacionales francesas aprobadas tras una oleada de ataques con bombas en París, funcionaron como un tratado de facto con países vecinos debido a sus convenios de extradición condicional.
Estas leyes criminalizaban no solo los ataques, sino cualquier tipo de apología o propaganda de hechos anarquistas en la prensa.
Generaron convenios directos de persecución con Suiza y Bélgica, obligando a estos últimos a abandonar su histórica tradición de neutralidad y asilo político, comenzando a expulsar y arrestar secretamente a anarquistas que cruzaban las fronteras huyendo de la justicia francesa.

3. Tratado de Extradición y Protección contra el Anarquismo de 1902.
Este acuerdo se discutió en la Ciudad de México el 28 de enero de 1902, en el marco de la Segunda Conferencia Internacional Americana (también conocida como la conferencia panamericana). El gobierno del dictador Porfirio Díaz no solo participó, sino que fungió como anfitrión y uno de los principales promotores de este marco legal, en un contexto marcado por el temor de las élites políticas al crecimiento y avance de las ideas anarquistas en el país.
La preocupación del régimen no era exclusivamente teórica. Durante los años previos, el gobierno porfirista había enfrentado diversos episodios de violencia política que fueron asociados por la prensa y por sectores gubernamentales al anarquismo internacional. Uno de los casos más conocidos fue el incidente en la alameda central protagonizado por Arnulfo Arroyo en 1897 durante las celebraciones de la Independencia. Posteriormente, Fernando Palomares intentaría atentar contra Díaz en 1908 igual durante las celebraciones de independencia, esta vez en el zócalo de la ciudad. Al año siguiente, durante la histórica reunión de 1909 entre Porfirio Díaz y William Howard Taft en El Paso, Texas, el estadounidense Julius Bergerson intentó asesinar a ambos mandatarios.
Cabe destacar a Primitivo Ron también vinculado al anarquismo por los medios y sobre todo debido a sus reflexiones escritas en sus cartas. Ron asesinó a Ramón Corona en 1889 en Jalisco, intentó en el mismo momento asesinar a la esposa de Corona: Mary Ann McEntee O'Roak y previamente intentó asesinar al arzobispo de Guadalajara, Pedro Loza y Pardavé.
Resulta significativo que varias de estas figuras (Ron, Arroyo y Bergerson) fueran descritas por las autoridades y por la prensa de su tiempo como anarquistas o simpatizantes del anarquismo, aunque posteriormente fueran declaradas legalmente insanas o dementes mediante “peritajes médicos”.
La preocupación del régimen porfirista no era abstracta. El diplomático José Francisco Godoy, integrante de la delegación mexicana en la Exposición Panamericana de Buffalo de 1901, se encontraba en actividades oficiales junto al presidente William McKinley poco antes de su asesinato por el anarquista León Czolgosz. Su hija Mercedes Godoy relata en un capítulo de su libro When I Was A Girl In Mexico – publicado en abril de 1919 (Págs. 104 a 108):
El asesinato del presidente McKinley fue un acontecimiento trágico y lamentable. Mis padres me contaron lo agradablemente que habían pasado ese día con él durante una excursión y almuerzo en las Cataratas del Niágara. Todos los funcionarios, tanto estadounidenses como latinoamericanos, fueron invitados, al igual que el presidente y la señora McKinley. Ambos se encontraban de muy buen ánimo, alegres y cordiales, mezclándose y conversando de manera muy amable con los demás invitados.
Al regresar a Buffalo y a la Exposición, el grupo se dispersó. Mi padre fue entonces a casa por nosotros, los niños, para llevarnos a reunirnos con mi madre, quien se había quedado con unos amigos en el edificio de México. Para nuestro gran horror y pesar, al entrar al recinto en un carruaje, ya que ese día se permitía el acceso de carruajes a los invitados, nos informaron en la entrada que se había atentado contra la vida del presidente McKinley y que estaba gravemente herido.
En ese momento comenzamos a escuchar gritos y alaridos de “¡Línchenlo!”, y la conmoción entre la gente era enorme. Justo entonces pasó junto a nosotros, a toda velocidad, un carruaje en el que llevaban al asesino, Czolgosz, a prisión.
En este contexto se desarrolló el Tratado de Extradición y Protección contra el Anarquismo, cuyo objetivo central era privar a los militantes anarquistas de la posibilidad de acogerse al asilo político. Para lograrlo, los Estados firmantes recurrieron a una estrategia jurídica particularmente eficaz: redefinir como delitos comunes una amplia gama de conductas asociadas al activismo revolucionario. Para lograrlo, los países participantes utilizaron una trampa jurídica:
• Criminalización del ideal político: El documento enumeraba de forma muy amplia y sistemática más de 20 tipos de delitos (como posesión de explosivos, conspiración, sabotaje, homicidio y daños a la propiedad).
• La despolitización del ácrata: Al catalogar estos actos estrictamente como delitos comunes, el tratado despojaba al anarquismo de cualquier fundamento o estatus político. De esta manera, si un militante anarquista huía de México hacia Estados Unidos o Argentina, ya no podía argumentar ser un "perseguido político" para salvarse; el Estado receptor estaba legalmente obligado a negarle el refugio y proceder con su extradición.
Al ser un tratado panamericano, involucró a casi todo el continente. El documento fue signado por los presidentes y representantes plenipotenciarios de 17 países: México (Anfitrión), Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití y la República Dominicana.

4. La Ley de Exclusión de Anarquistas de Estados Unidos (Immigration Act of 1903)
Aunque EE. UU. prefería actuar de manera unilateral en lugar de firmar pactos multilaterales con las monarquías europeas, la Casa Blanca ejecutó este marco de exclusión tras el asesinato del presidente William McKinley en 1901 a manos del anarquista Leon Czolgosz.
El Congreso estadounidense codificó esta ley en 1903, convirtiéndose en el primer tratado de control migratorio e ideológico moderno. Permitía interrogar a los migrantes extranjeros en los puertos y autorizaba la deportación o exclusión explícita de cualquier persona por sus meras creencias filosóficas o políticas relacionadas con el anarquismo. El Tribunal Supremo ratificó su constitucionalidad en 1904, sentando las bases para las deportaciones masivas de disidentes (como Emma Goldman) décadas después.
Tras la promulgación de esta ley, el gobierno de Porfirio Díaz colaboró estrechamente con el de EE. UU. (mediante fiscales y agencias de detectives privadas como la Agencia Pinkerton) para aplicar este marco legal en contra de los miembros de la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano (PLM).

5. El Protocolo Secreto de San Petersburgo de 1904 (también conocido como el Protocolo secreto para la guerra internacional contra el anarquismo) fue un acuerdo internacional enfocado en la cooperación policial y política para reprimir el movimiento anarquista en Europa.
Establecía directrices para facilitar la expulsión y extradición de personas sospechosas de anarquismo hacia sus países de origen.
Creó un sistema para compartir datos de vigilancia, antecedentes y movimientos de militantes anarquistas entre las policías de los países firmantes. Fue impulsado e inicialmente firmado por potencias como Alemania, Austria-Hungría y Dinamarca, y más tarde aceptado por España y Portugal. Gran Bretaña y Francia decidieron no firmarlo formalmente, aunque sí se comprometieron a colaborar en asuntos policiales de inteligencia.

6. El Tratado de Cooperación Policial de América del Sur (1905-1920)
El Cono Sur de América Latina (Argentina promotor, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú y Chile) experimentó una masiva migración europea a principios del siglo XX, lo que trasladó el potente movimiento anarcosindicalista al continente americano.
Provocados por huelgas generales masivas y sabotajes organizados por sindicatos de corte anarquista, varios gobiernos sudamericanos firmaron tratados multilaterales y bilaterales de cooperación policial.
Estos pactos transfronterizos permitían a las policías de Buenos Aires, Montevideo o Santiago intercambiar «fichas Bertillon» (medidas corporales y fotografías de sospechosos), facilitando la aplicación de leyes de residencia represivas (como la Ley 4.144 de Residencia en Argentina), que permitían expulsar de manera exprés a los líderes sindicales anarquistas extranjeros hacia sus países de origen sin juicio previo.

7. El Convenio Internacional para la Represión del Terrorismo (Ginebra, 1937)
Este fue el último gran intento de la Sociedad de Naciones (antecesora de la ONU) motivado originalmente por el magnicidio del rey Alejandro I de Yugoslavia en Marsella en 1934.
Aunque el panorama político ya incluía al fascismo y al comunismo, el tratado heredó la estructura jurídica de los antiguos protocolos antianárquicos. Redefinió formalmente el terrorismo internacional y obligaba a los Estados firmantes (Francia, Bélgica, Reino Unido, Unión Soviética (URSS), Grecia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Rumanía, Países Bajos, España, Bulgaria, Egipto, India, Turquía, Haití, Cuba y República Dominicana) a tipificar como delito federal cualquier acto político destinado a aterrorizar a la población o dañar bienes públicos. Aunque no entró plenamente en vigor debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, sirvió como el puente legal directo hacia los tratados antiterroristas modernos de las Naciones Unidas.

– Del papel al entorno digital
Un siglo después, la arquitectura de la persecución ha abandonado las fichas policiales y los archivos físicos para trasladarse al ámbito digital. Sin embargo, la lógica de fondo permanece sorprendentemente similar. Donde antes existían listas negras impresas, expedientes diplomáticos y retratos antropométricos, hoy aparecen bases de datos, vigilancia algorítmica, monitoreo de redes sociales y bloqueos financieros transnacionales.
La reciente ofensiva contra Autistici/Inventati y la red Noblogs muestra precisamente esa continuidad histórica. La caída coordinada de decenas de portales anarquistas y de contrainformación dejó en evidencia que Internet nunca fue el territorio libre e independiente que muchos imaginaron. La infraestructura digital depende de servidores, registradores de dominio, sistemas financieros y proveedores tecnológicos sometidos a presiones estatales.
La ofensiva antiterrorista impulsada por Trump puede resumirse cronológicamente así:
• 22 de septiembre de 2025: Trump inaugura esta campaña firmando la orden que cataloga de manera doméstica a "Antifa" como organización terrorista. Designating Antifa as a Domestic Terrorist Organization, esto significa que, ordenó a las agencias federales investigar y perseguir actividades vinculadas a personas y grupos que actuaran en nombre de Antifa o dieran soporte material utilizando las herramientas legales ya existentes.
• 15 de octubre de 2025: Se emite la acusación de terrorismo bajo el cargo de Proporcionar apoyo material a terroristas -Providing Material Support to Terrorists-, a los detenidos por los hechos solidarios (por los detenidos por ICE) del 4 de julio de 2025 en el Centro de Detención de Prairieland en Alvarado, Texas. El caso involucra hasta ahora a 22 personas arrestadas por su presunta participación, quienes fueron sentenciados el 23 de junio de 2026 a penas de entre 30 y 100 años de prisión.
Más allá de los hechos ocurridos en el Centro de Detención de Prairieland, la relevancia del caso reside en haber funcionado como un laboratorio jurídico. Los detenidos no fueron arrestados inicialmente bajo cargos de terrorismo. Las acusaciones inventadas estuvieron relacionadas con armas de fuego, tentativa de homicidio y otros delitos graves. Fue después de la orden ejecutiva del 22 de septiembre de 2025 cuando el Departamento de Justicia incorporó el delito de "Providing Material Support to Terrorists" y comenzó a presentar públicamente el expediente como un caso vinculado a Antifa. En otras palabras, Prairieland no sólo juzgó determinados hechos ocurridos en Texas; puso a prueba hasta dónde podían extenderse las categorías jurídicas del terrorismo doméstico hacia movimientos políticos descentralizados.
• 13 de noviembre de 2025: El Departamento de Estado internacionaliza la persecución al incluir formalmente en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) a redes históricas europeas y sus símiles en Latam como la Federación Anarquista Informal (FAI/FRI), las CCF y Antifa Ost.
La designación de Antifa presenta una particularidad histórica. A diferencia de organizaciones jerárquicas tradicionales, Antifa opera más como una identidad política, una corriente ideológica o un conjunto de redes descentralizadas que como una institución con dirección central, membresía formal o estructura homogénea. Este carácter difuso ha generado un intenso debate jurídico: ¿es posible tratar como organización terrorista a una constelación de grupos autónomos que ni siquiera se reconocen necesariamente entre sí? Precisamente sobre esta ambigüedad se construyó buena parte de la controversia en torno a Prairieland
• 16 de julio de 2026: El secretario de Estado, Marco Rubio, convoca en Washington una cumbre global para presionar a más de 60 países a homologar estos criterios de persecución política.
• 30 de agosto de 2026: La estrategia alcanza su punto más crítico con el bloqueo financiero del Departamento del Tesoro contra el colectivo de servidores Autistici/Inventati (Noblogs), provocando la caída inmediata de decenas de portales y bitácoras de contrainformación en México, Brasil, Chile y Europa.
La ofensiva no se limitó a perseguir individuos. En agosto de 2026 alcanzó directamente a la infraestructura tecnológica utilizada por cientos de colectivos. El colectivo italiano Autistici/Inventati, activo desde 2001 y responsable del alojamiento de miles de correos electrónicos, listas de distribución, sitios web y blogs a través de la plataforma NoBlogs, fue catalogado por USA como una entidad terrorista global. La medida no se dirigía contra una organización armada sino contra un proveedor independiente de servicios digitales. Allí reside su carácter novedoso: por primera vez la infraestructura misma fue presentada como parte del problema de seguridad.
El instrumento decisivo no fue policial sino financiero. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, posee la capacidad de aislar económicamente a personas, organizaciones y entidades consideradas amenazas para la seguridad nacional. Una vez incorporado a las listas de sanciones, un individuo o colectivo puede perder acceso a bancos, servicios financieros, registradores de dominios, plataformas tecnológicas y proveedores de infraestructura digital. Más que encarcelar, OFAC puede volver prácticamente inviable la existencia operativa de una organización

– Y las implicaciones para México?
Este afán por catalogar y perseguir a la disidencia autónoma no es exclusivo del imperialismo estadounidense. En el contexto local, la retórica antiterrorista de Washington encuentra un inquietante paralelismo doméstico en la llamada "lista de enemigos" o perfiles de riesgo notificados bajo la gestión de Claudia Sheinbaum y la 4T. Aunque el gobierno de México rechazó asistir a la cumbre de Marco Rubio en “defensa de su soberanía”, internamente mantiene una política de profunda oscurantismo. La 4T utiliza con rigor los mecanismos legales de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente el artículo 110, para reservar y clasificar como "información confidencial o reservada" por motivos de "seguridad nacional" cualquier padrón, ficha o análisis de inteligencia táctica. Bajo este amparo legal, se desconoce por completo qué colectivos estudiantiles, organizaciones anticarcelarias o grupos anarquistas de acción están incluidos en los listados de vigilancia del Estado mexicano.
A) Dependencia tecnológica
Aunque México no participe formalmente en estas políticas, gran parte de la infraestructura digital utilizada por organizaciones sociales, medios autónomos y colectivos políticos se encuentra alojada en servicios sujetos a jurisdicción estadounidense o dependientes de corporaciones norteamericanas. Esto implica que decisiones tomadas en Washington pueden producir efectos inmediatos sobre proyectos ubicados físicamente en territorio mexicano.
B) Cooperación de inteligencia
La cooperación contemporánea entre agencias de inteligencia recuerda las prácticas inauguradas a finales del siglo XIX. Si entonces los gobiernos intercambiaban fichas antropométricas y retratos policiales, hoy comparten bases de datos, alertas migratorias, información financiera e inteligencia digital. La diferencia ya no es de lógica sino de escala. El principio sigue siendo el mismo: identificar, clasificar y vigilar actores considerados políticamente peligrosos.
C) El Oscurantismo mexicano
¿Existen listas equivalentes en México?
¿Qué colectivos son monitoreados?
¿Qué criterios se utilizan?
¿Qué agencias participan?
¿Cuál es el nivel de intercambio con agencias estadounidenses?
A diferencia de los archivos de la DFS, hoy resulta imposible conocer con precisión qué perfiles u organizaciones aparecen en los registros contemporáneos de inteligencia nacional. El oscurantismo actual impide determinar hasta dónde llegan los mecanismos de vigilancia sobre movimientos estudiantiles, organizaciones anticarcelarias, colectivos ambientalistas o grupos anarquistas. El principal problema ya no es sólo la existencia de los archivos, sino la imposibilidad de acceso a ellos.
El paralelismo más inquietante entre los tratados antianarquistas de los siglos XIX y XX y los acontecimientos recientes no radica en las ideologías involucradas, sino en la arquitectura de control. En 1904 los Estados descubrieron que podían coordinar policías, compartir expedientes y expulsar disidentes a través de acuerdos internacionales. En 2026 descubren que también pueden coordinar sistemas financieros, plataformas digitales, proveedores de infraestructura e inteligencia algorítmica. La tecnología cambió radicalmente; la lógica política permanece sorprendentemente familiar.
La caída en bloque de webs anarquistas y de las plataformas vinculadas a Autistici/Inventati el pasado 30 de agosto nos arroja una bofetada de realidad: nos damos cuenta, de que el espacio virtual no es autónomo, no es nuestro pero que intentamos okupar, no lo controlamos del todo. Internet, que ha sido idealizado como un territorio libre de fronteras, es propiedad de los grandes servidores corporativos y los dictados financieros de las potencias. El ciberespacio se ha convertido en el escenario de una guerra silenciosa entre los movimientos sociales y el sistema de dominación, donde el software libre y el cifrado luchan en desventaja contra algoritmos punitivos y bloqueos de Estado.
Ante este panorama, la respuesta contemporánea no ha sido la desmovilización, sino una mutación táctica que rima perfectamente con el pasado. Horas después de la caída de los servidores, algunxs colectivos levantaron réplicas de sus sitios, otros, manteniendo la comunicación y las noticias de las actividades en foros cerrados, desafiando las penas de hasta 20 y más años de prisión por supuesto "apoyo material". Esta “resiliencia” tecnológica guarda notables paralelismos con las respuestas de los siglos XIX y XX. Durante el clima internacional de persecución antianarquista de principios del siglo XX, donde los editores huían con tipos móviles escondidos en maletas para armar imprentas nómadas en sótanos secretos. Aunque las herramientas son diferentes, la estrategia resulta familiar. Del mismo modo que los impresores anarquistas de principios del siglo XX ocultaban tipos móviles y trasladaban imprentas clandestinas de una ciudad a otra para escapar de la censura, hoy los colectivos recurren al cifrado, las redes descentralizadas y el anonimato digital para mantener sus canales de comunicación, donde hoy se usa la criptografía PGP y canales de mensajería encriptada, ayer se utilizaban tintas invisibles y alfabetos cifrados comerciales para burlar el espionaje de las oficinas postales estatales.
La lección de la historia es persistente: tal como ocurrió tras la represión originada por los tratados antianarquistas del pasado, cuando las ideas sobrevivieron a la incautación de las prensas de hierro, el cierre de una página web no extingue la disidencia. Aunque la infraestructura digital sea confiscada transnacionalmente por el poder o vigilada secretamente por el oscurantismo institucional local, la tecnología es solo una herramienta táctica provisional. La historia parece repetir una misma enseñanza bajo tecnologías distintas. El cierre de una imprenta nunca logró destruir las ideas que imprimía; de igual forma, la clausura de una página web difícilmente elimina los conflictos sociales que la hicieron necesaria. La infraestructura cambia, las formas de control se modernizan y las estrategias represivas se perfeccionan. Lo que permanece es la tensión constante entre el poder que busca vigilar y clasificar a la disidencia y la capacidad de los movimientos sociales para reinventar sus formas de organización, solidaridad y resistencia.
La verdadera trinchera, la memoria colectiva y la agitación insurreccional vuelven siempre a su espacio original, vital e incontrolable: el apoyo mutuo y la lucha indomable en las calles.
Carlos (anemias)
Septiembre 2026

Paraguaná como Zona de Sacrificio: El caso venezolano ante el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza

Erick Camargo — 2026-09-09T23:29:27Z

par Erick Camargo - No Local | Amazonas, Derechos Humanos, Ecología , Luchas Indígenas , Movimientos Sociales , Reflexión / Análisis

Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza

Entre el 16 y el 21 de agosto se celebró, en la ciudad de Puyo, en la Amazonía ecuatoriana, la XII edición del Foro Social Panamazónico (FOSPA), titulado “Un solo territorio, libre de extractivismo”. En el marco de este evento, la Alianza para los Derechos de la Naturaleza, GARN, por sus siglas en inglés, promotora del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, instaló la 3° Sesión Regional del Tribunales, en el cual se cucharon seis casos emblemáticos de Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia, todos atravesados por el mismo patrón: expansión petrolera sin consulta, ecosistemas de altísima sensibilidad ecológica y pueblos indígenas o comunidades que llevan años resistiendo.

Zona de Sacrificio de Paraguaná

El caso venezolano presentado fue el de la constitución de una Zona de Sacrificio en el área de la Península de Paraguaná y el Golfete de Coro. Esto desde la construcción del Complejo Refinador Paraguaná, compuesto por las refinerías de Amuay y Cardón; que llegaron a ser el más grande centro refinador del mundo con una capacidad instalada de 1 millón de barriles diarios por día. Si bien, las refinerías impulsaron el crecimiento urbano en una zona árida, donde la población era escasa y formada por caseríos de pescadores; los habitantes de estas ciudades han convivido con las emisiones y la contaminación de las aguas producto de la actividad industrial. Por otro lado, los pescadores han visto afectado su modo de vida constantemente.

Entre los impactos registrados y denunciados por las comunidades, ONGs e investigadores, se cuenta una gran contaminación con diversos desechos tóxicos y petróleo del mar, las tierras, las aguas y del aire; la afectación de la pesca y de los cultivos locales; numerosas enfermedades, como las de tipo neurológicas, respiratorias y hasta cáncer. La acumulación de coque en el puerto de Adaro ha sido una constante fuente de quejas y protestas. Y el potencial de accidentes mortales como el ocurrido en 2012 con la explosión en la refinería de Amuay, que dejó un saldo de decenas de muertos. Esta situación se ha incrementado con el abandono y desinversión de la industria petrolera.

Los habitantes han señalado con preocupación la contaminación generada por los mechurrios, así como la quema de escoria y columnas negras que en ocasiones suelen aparecer en estos quemadores. La crisis general ha provocado el abandono de las prácticas de gestión y saneamiento ambiental, ya insuficientes en su mejor momento, agravando enormemente la situación ambiental. Los derrames de petróleo y fugas de gas en el Golfete de Coro se han vuelto una constante muy reiterada, con frecuencias menores a un mes por cada accidente; esto derivado de la falta de mantenimiento de los oleoductos, gasoductos y poliductos del Complejo Refinador.

Los pescadores han sido los más organizados denunciantes, especialmente de los derrames y fugas, al ser los primeros en verlos. Los líderes comunitarios y víctimas de enfermedades producto de la contaminación han alzado su voz. Pero estas personas han sido sistemáticamente silenciadas e ignoradas por el Estado y medios de comunicación. Recién en la última década se iniciaron los reportajes más intensos sobre la grave problemática de los derrames en el Golfete, provocando que el Estado respondiese con criminalización, represión y persecución. Sin que se atienda la situación crítica, ni se reparen las fallas de infraestructura que agravan la contaminación.

De esta forma fue presentado el caso por los miembros del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Emiliano Terán Mantovani y Erick Daniel Camargo, ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.
Un largo periplo

Emiliano Terán Mantovani tiene más de una década estudiando el caso, que fue parte, además, recientemente de su proyecto de tesis doctoral. En 2021 la Asamblea Regional de la red OilWatch se celebró en Caracas, realizando un “Toxic Tour” en Paraguaná, Costa Oriental del Lago y Maracaibo; allí los miembros de las diversas organizaciones de esta red pudieron constatar la situación medioambiental, conversaron con activistas, periodistas, trabajadores y jubilados de PDVSA, pescadores y expertos e investigadores. Posteriormente fue publicado, internacionalmente, un informe llamado Zonas de Sacrificio, donde este caso era expuesto con las evidencias y fuentes de investigación llevada a cabo por el equipo del Observatorio de Ecología Política de Venezuela.

En abril de 2026 en Santa Marta en la Conferencia por Territorios Libres de Combustibles Fósiles, el Tribunal escuchó y admitió el caso de Venezuela, luego de haber leído el caso. Así se admitió que para la audiencia a realizarse en la XII FOSPA sería presentado el caso para la revisión y sentencia de los jueces que se constituirían en la 3° Audiencia Regional de la Amazonía, a realizarse en agosto de 2026.

La audiencia de Puyo

El abogado ambiental de extensa trayectoria e intachable reputación en Ecuador, Mario Melo, fue designado Fiscal de la Tierra, encargado de dirigir la acusación ante los jueces del Tribunal. Venezuela fue el quinto caso presentado del día, luego de los presentados por Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. En la audiencia fueron interrogados Emiliano Terán Mantovani y Erick Camargo, quienes expusieron su trayectoria como investigadores, divulgadores y conocedores del caso, del territorio y el contacto que han tenido con los habitantes de la región.

Junto con la exposición del caso, se había introducido un documento al tribunal señalando los principales responsables, la empresa estatal petrolera PDVSA y los Ministerios del Poder Popular para el Ecosocialismo y el de Hidrocarburos. Las principales acusaciones, basadas en la legislación nacional fueron; de acuerdo a la Ley Penal del Ambiente aprobada por la Asamblea Nacional en el año 2012, la empresa PDVSA ha incurrido en los delitos tipificados en esta ley bajo el artículo 89; que señala el vertido de hidrocarburos o sus derivados a cuerpos de agua; el delito tipificado en el artículo 96 de esta misma ley, en el cual se señala la emisión o el permitir la emisión de gases, agentes biológicos o bioquímicos o de cualquier naturaleza, en cantidades capaces de deteriorar o contaminar la atmósfera o el aire, en contravención a las normas técnicas que rigen la materia; también cometen el delito tipificado en el artículo 99 de la mencionada ley, en que se señala la disposición indebida de residuos sólidos no peligrosos, el artículo 100 n que se señala la disposición indebida de residuos sólidos peligrosos; en los que cabe el uso del coque y químicos catalizadores, la escoria de las refinerías. Estos delitos además se componen de la agravante genérica señalada en el artículo 14 de la ley, en su numeral 3°, poniendo en peligro la salud pública de los habitantes de la ciudad de Punto Fijo. Además, por consecuencia de esta situación, incurren en el delito tipificado en el artículo 79, correspondiente a la alteración de las cadenas tróficas en el Golfete de Coro y costa caribeña de Paraguaná, por las consecuencias de los vertidos de hidrocarburos.

Los funcionarios del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos y del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo de acuerdo a la Ley Penal del Ambiente, incurren en el delito tipificado en el artículo 34, correspondiente a la Obstrucción de la Justicia por parte de funcionarios públicos, así como el artículo 35 correspondiente a la presentación de información falsa sobre la situación del Golfete de Coro y las instalaciones petroleras. (Se podría señalar otras violaciones al ordenamiento legal interno venezolano, además de violaciones a los DDHH contra quienes han recabado información o han ventilado información sobre la situación del Complejo Refinador (caso PDVSA-Obreros), así como la violación a los derechos de la naturaleza).

Además, se solicitó al Tribunal que el Estado venezolano reconozca formalmente que Paraguaná y el Lago de Maracaibo se han convertido en Zonas de Sacrificio formalmente reconocida; en consecuencia:

Solicitar al Ministerio de Ecosocialismo que inicie el procedimiento para la creación, en la zona terrestre afectada la declaratoria de un Área Bajo Administración Especial, de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial, como Área Crítica con Prioridad de Tratamiento, para el inicio inmediato de remediación ambiental.
A la vez, que en la zona marítima afectada sea ampliada el área del Parque Nacional Médanos de Coro, para que cubra la totalidad del Golfete de Coro, afectado por los derrames, y así garantizar uno de los objetivos de la creación del Parque, que es la protección de la posidonia marina y la zona de reproducción de pesca que significa este ecosistema.

En segundo lugar, solicitamos pedir ante el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Constitucional que, interpretando y procurando el cumplimiento de los artículos 127 (medio ambiente sano), 305 (que exige la garantía de la soberanía alimentaria y protección de pescadores); así como el artículo 22 que garantiza derechos que no necesariamente estén expresamente establecidos en el texto constitucional; para que declaren como a los peces del Golfete de Coro como sujetos de derechos y así blindar su protección jurídica y del ecosistema donde viven.

En tercer lugar solicitamos que pidan a la Fiscalía General iniciar una investigación para determinar la responsabilidad penal y reparación por daños y perjuicios ocasionados por la empresa petrolera estatal PDVSA a los habitantes de Paraguaná, afectados por la contaminación petrolera.

El Tribunal Internacional

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución ética y ciudadana creada en enero de 2014 por iniciativa de la GRAN para investigar, visibilizar y juzgar violaciones a los derechos de los ecosistemas. No es legalmente vinculante, pero sus sentencias y recomendaciones revisten de un carácter ético y político de reconocimiento internacional por las organizaciones defensoras de la naturaleza y los Derechos Humanos. Funciona como un tribunal de conciencia independiente de los gobiernos y corporaciones, sus sentencias ayudan a generar presión social, política y jurisprudencia modelo para los tribunales vinculantes.

El Tribunal reconoce además a la Naturaleza como sujeto de derechos, bajo el argumento que esta no es un recurso explotable, sino un sujeto vivo, conformado por millones de seres vivos (incluidos nosotros), con derecho a existir, persistir y regenerarse. Y es integrado por jueves de una alta solvencia intelectual, moral y ética; reconocidos así por la colectividad de organizaciones ambientales y defensora de derechos.

El panel de jueces estuvo presidido por Patricia Gualinga (lideresa Kichwa de Sarayaku, Ecuador) y Gregorio Mirabal (líder Kurripako, Venezuela), acompañados por figuras internacionales como el economista Alberto Acosta (Ecuador), Yuvelis Morales (Premio Goldman 2026, Colombia), Tatiana Roa (Pacto Ecosocial del Sur, Colombia), Alfredo Wagner (Universidad Estatal de Maranhão y la Universidad Estatal de Amazonas, Brasil) y Mariluz Cañaquiri (lideresa Kukama, Perú, premio Goldman 2025), con la secretaría de Natalia Greene y la dirección de la Asamblea de Jueces a cargo de Francesco Martone.

La sesión contó además con la intervención especial del Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos al Agua Potable, Pedro Arrojo-Agudo, quien advirtió: “El agua en buen estado no es un lujo de ricos, es una necesidad de supervivencia. Estamos caminando aceleradamente hacia un sendero de autodestrucción”.

La sentencia

El juez Gregorio Mirabal, líder indígena Kurripaco, declaró culpable al Estado venezolano de atentar contra la salud y el modo de vida de los habitantes de Paraguaná y especialmente de las comunidades de pescadores; así como exigió que deben reparar y remediar los daños ambientales cometidos.

La Sentencia General, en su preliminar, que engloba a todos los casos, dictaminó que:

Denunciando que las actividades extractivas tienen efectos catastróficos sobre la Naturaleza y los pueblos indígenas por su escala e impacto profundo, poniendo en riesgo la vida en todas sus formas y configurando crímenes de ecocidio y etnocidio debido a la pérdida de territorios, la destrucción de medios de vida, la ruptura del tejido comunitario y la amenaza a la relación ancestral y espiritual de las comunidades con sus territorios;

Destacando que la violación sistemática del derecho a la consulta previa, libre e informada viene acompañada del hostigamiento, persecución y criminalización de quienes defienden los territorios a nivel individual y colectivo, patrón que responde a la subordinación general de los derechos conquistados por las comunidades ante los intereses económicos de las empresas extractivas, cediendo incluso las áreas naturales protegidas;

Reconociendo que las obras de infraestructura petrolera están interconectadas y no pueden analizarse como proyectos aislados, pues forman un solo modelo extractivista que causa crímenes sistémicos contra la Naturaleza y los pueblos, poniendo en riesgo las bases mismas de la vida;

El panel de jueces del Tribunal:

Ratifica que los casos escuchados constituyen profundas vulneraciones a la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra (Cumbre de Cochabamba, 2010) —jurisprudencia de este Tribunal— y a los derechos de los pueblos y comunidades ancestrales.
Determina que los impactos actuales y proyectados de las actividades de extracción de combustibles fósiles sobre la Madre Tierra y los pueblos se configuran como crímenes de ecocidio y etnocidio.
Declara a la Amazonía como Sujeto Integral de Derechos y Zona de Exclusión Total de Combustibles Fósiles, y demanda la reparación integral a las comunidades y ecosistemas afectados.
Exhorta a los Estados al cumplimiento inmediato de las consultas populares en Ecuador (incluyendo el retiro de la infraestructura petrolera del Yasuní, así como las consultas de Girón, Cuenca y el Distrito Metropolitano de Quito) y de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular la del pueblo U'wa de Colombia.
Exhorta a los Estados a respetar y proteger el derecho a defender la Naturaleza, persiguiendo cualquier forma de amenaza o hostigamiento contra personas o comunidades defensoras, y reconociendo formalmente a las guardias y sistemas de autogobierno indígena.
Se compromete a enviar la sentencia definitiva a los Gobiernos de la región amazónica, a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a acompañar, en el ámbito de sus competencias, el proceso de ejecución de la misma.

Francesco Martone cerró la sesión con una definición del propósito del Tribunal: “Lo que se ha escuchado hoy es la confirmación de que el modelo capitalista extractivista mata la Naturaleza y los pueblos. Nuestra tarea es restituir derechos.”

Nuevo Acuerdo Petrolero Trump-Rodríguez: pacto neocolonial y remodelación de Venezuela

Emiliano Terán Mantovani — 2026-09-07T22:14:23Z

par Emiliano Terán Mantovani - Local | Caracas, Arco Minero del Orinoco, Ecología , Política , Reflexión / Análisis

Delcy Rodríguez (d), habla con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, el 2 de septiembre de 2026, en Caracas. Fuente: EFE

Las preguntas que recurrentemente surgen sobre ¿quién controlará la industria y los ingresos petroleros? O ¿cómo se beneficiará Venezuela? deben contrastarse con la nítida evidencia de cómo se está reorganizando el saqueo del país, bajo otras estructuras y modalidades; de cómo se está consolidando un pacto imperial/oligárquico-nacional que está desestructurando la histórica República para impulsar una remodelación del país, que facilite una apropiación masiva de recursos naturales baratos, de territorios, rentas y excedentes y, eventualmente, fuerza de trabajo también barata. ¿Qué hacer?

I. Rasgos generales del Nuevo Acuerdo Petrolero Trump-Rodríguez: enormes reservas cedidas, NABEP y Departamento de Guerra

Desde el 28 de agosto pasado se anunció un enorme Acuerdo Petrolero entre el gobierno de Donald Trump y el interinato de Delcy Rodríguez, propuesto por el primero como el “más grande de la historia”. Trump afirmaba que EEUU tomaba control de una parte importante de las reservas petroleras venezolanas “sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”, y que se duplicaban y más las reservas de su país[1].

Semejantes anuncios contrastan con la ausencia de información detallada, más allá de algunas Hojas Informativas, discursos y post en redes sociales. Pero este vacío y arbitrariedades se han hecho ya una costumbre en la Venezuela de los últimos lustros: tanto en la forma de gestionar el país que existió en el gobierno de Maduro, como actualmente bajo la tutela estadounidense luego de la intervención militar del 3 de enero. Curiosas continuidades autoritarias.

Curioso también porque estas opacidades se basan específicamente en el aprovechamiento de nada más y nada menos que unos 65 mil millones de barriles de reservas probadas[2] de petróleo, lo que equivale a una quinta parte de las mismas. No hay precedentes de un acuerdo así en la centenaria historia petrolera nacional.

El Fact Sheet de la Casa Blanca del 31 de agosto[3] habla de concesiones de 100 años para 17 campos petrolíferos, aunque Delcy Rodríguez se refirió a 25 años de vigencia del acuerdo entre los dos países. Estos 17 campos están entre los mejores y en las regiones más productoras: varios proyectos del Lago de Maracaibo, otros también en el norte del estado Zulia; y otros en la Faja Petrolífera del Orinoco[4] (FPO). Aunque la mayor parte de ellos cuentan con capacidad instalada y de producción, otros pocos son proyectos aún por desarrollar.

Y hay mucho más: más allá de solo un acuerdo entre gobiernos, lo que tenemos es un marco binacional de pautas energéticas que será ejecutado y operacionalizado por una empresa venezolana no solo muy poco conocida hasta este acuerdo ‒nacida en 2024‒, sino que sus fundadores, y su actual CEO, Alejandro Betancourt, han estado envueltos en tramas de corrupción que han tenido enorme impacto en Venezuela. La empresa: North American Blue Energy Partners (NABEP)[5], con sede en Barbados, que pasaría súbitamente a ser la segunda compañía privada con mayores reservas del mundo. Betancourt fue presidente de la empresa Derwick Associates, célebre por estar involucrada en uno de los mayores casos de corrupción vinculado a la crisis eléctrica de Venezuela[6], que contribuyó a dejar el sistema nacional en la ruina, con los impactos humanitarios, sociales y económicos sabidos.

Alejandro Betancourt ha enfrentado investigaciones en Venezuela, además del propio Estados Unidos (EEUU), España y Suiza por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero; y ha sido arrestado dos veces en el Reino Unido en 2025 por solicitudes de extradición de España y Suiza[7]. De manera que aquí, nuevamente, hay que resaltar las continuidades de la corrupción y el autoritarismo en el interinato tutelado Delcy-Trump. Veníamos de años de obscuridad en la gestión petrolera venezolana durante el régimen de Maduro, donde proliferaban brokers, petroleros particulares desconocidos, empresas de maletín ‒también como mecanismo para burlar las sanciones internacionales. En este contexto ya operaba Betancourt junto a Harry Sargeant III, logrando contratos para diversas actividades en la industria petrolera venezolana, hasta llegar a la fundación de NABEP y la firma de acuerdos de esta con PDVSA y CVP en 2024. La “probada trayectoria” de esta empresa, a la que hace alusión el mencionado Fact Sheet de la Casa Blanca, se refiere a cómo NABEP logró remontar una cifra de producción total que alcanzó los 200.000 barriles diarios (Lago de Maracaibo y FPO)[8], pasando a ser la segunda mayor productora privada en Venezuela después de Chevron. En estas continuidades, se fue Alex Saab y reaparece Alejandro Betancourt.

Es muy emblemático y representativo de esta nueva/vieja fórmula de saqueo e impunidad, que sea precisamente una figura como la de NABEP la que vaya a ejecutar semejante acuerdo extractivo. Para el caso de Venezuela, da continuidad a un modelo oligárquico de ocultamiento, arbitrariedad y «capitalismo de amigotes» (crony capitalism) que puede potenciar el extractivismo y hacer persistir en el tiempo a la estructura de poder gobernante. NABEP entonces funciona como bisagra entre cadenas transnacionales de apropiación masiva de riqueza, a expensas de Venezuela.

Para el caso de Estados Unidos, nótese que su gobierno puede vetar el nombramiento de miembros del consejo de administración de NABEP; la mayoría de estos deben ser estadounidenses; mientras que los acuerdos y controversias se rigen por la legislación de ese país, y están sujetos a la jurisdicción de sus tribunales. Además, NABEP entrega el 35% de la participación en su empresa matriz a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de EEUU. Esto último es muy significativo, al evidenciar la lógica militar que atraviesa el acceso de los recursos expresada en la llamada ‘Doctrina Donroe', donde los acuerdos se desarrollan mientras apunta el fuego de cañón; se insertan nuestros recursos en la clasificación de Reserva Estratégica de Petróleo, vista como un asunto de seguridad nacional que debe ser garantizada por el sector militar; y el crudo venezolano pasa con mucha más fuerza a nutrir la muy activa maquinaria de guerra global estadounidense.

Adicionalmente, se destaca que NABEP le otorga al Departamento de Estado de EEUU el derecho a comprar el 20% de la extracción de todos los yacimientos actuales y futuros que NABEP opere. La particularidad: ese 20% queda garantizado, y lo podrá comprar a precio de costo. Para el restante 80% de la producción, el Departamento de Estado posee ‘derecho de tanteo' (“Right of first refusal”) para comprarlo prioritariamente, lo que de acuerdo a EEUU, garantiza una fuente de energía en el propio hemisferio ante situaciones de emergencia.

Finalmente, el Fact Sheet plantea abierta y explícitamente que con este acuerdo se expulsa a sus adversarios internacionales del hemisferio, haciendo referencia directamente a China ‒que operaba unos 5 yacimientos que están dentro del acuerdo[9]‒, Rusia y Cuba.

De modo que, en lo fáctico, NABEP es claramente un dispositivo de re-colonización territorial y del país; así como de disputa geopolítica.

II. Pacto neo-colonial y la remodelación de Venezuela

¿Cómo pasa, se cuela y establece tan dantesco acuerdo energético binacional, violando de esta forma la Constitución vigente, y pasándole por encima no solo a la tradición de nacionalismo petrolero construida por décadas, sino incluso a la historia de 215 años de la República de Venezuela? ¿Cómo semejante barbaridad puede estar concretándose?

Buena parte de las respuestas están en nuestra historia más reciente. Primero, el gobierno de Maduro gestionó de manera terrible la crisis económica que ya germinaba durante el gobierno de Chávez ‒quien profundizó el histórico modelo rentista petrolero, en franco agotamiento. Ya sabemos que el resultado ha sido el colapso de todo un país, potenciado por las sanciones internacionales. En paralelo, la premisa de Maduro de sostener el poder a toda costa implicó no solo instalar una dictadura de nuevo tipo en el país, sino desintegrar la democracia, las instituciones, los canales regulares de mediación política, la economía legal, y las alternativas políticas y económicas, con tal de alcanzar este objetivo. Todo esto dejó un país extremadamente vulnerable y fragmentado a la luz de la intervención militar estadounidense ocurrida el 3 de enero de 2026.

Segundo, esta intervención imperialista, que representa un parteaguas para la historia contemporánea de Venezuela, ha venido aboliendo la soberanía del país ‒o mejor dicho, lo que quedaba de ella. El gobierno de Trump es quien dicta las órdenes; y el gobierno de Rodríguez funge más bien como un administrador nacional, el más ideal y complaciente que puede tener hoy EEUU, el cual le garantiza además la gobernabilidad territorial ‒a diferencia de lo que puede ofrecerle María Corina Machado.

Desde Washington se han ordenado la profunda reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la nueva Ley de Minas, los nuevos acuerdos para recuperar el sistema eléctrico nacional, el anuncio del proceso de reestructuración de la deuda pública externa, la reconstrucción post-terremotos, y la decisión de cuando habrá elecciones y democracia. Desde Washington se manejan los ingresos petroleros del país, y se dicta cómo y cuándo se gastan. Así de simple.

El nuevo Acuerdo Petrolero es hijo de la convergencia, o mejor dicho, del pacto entre esta forma ‘brutalista' (usando el término de Achille Mbembe[10]) de imperialismo que impulsa Trump, basado en la Doctrina Donroe, y un régimen autoritario y corrupto que ha preferido hipotecar el país para las próximas décadas con tal de conservar el poder y su seguridad. Se combinan, por tanto, dos estilos de autoritarismo ‒con sus propios mecanismos funcionales de poder y apropiación de riqueza‒ bajo una misma forma tutelada desde Norteamérica.

El nuevo Acuerdo Petrolero es hijo de este proceso de descomposición política que ya lleva años en Venezuela; y es la coronación de la capitulación y desmantelamiento del nacionalismo petrolero, que ya había iniciado con Maduro y que se termina de desatar con la intervención estadounidense. Los ‘Contratos de Participación Productiva' (CPP) y el ‘Modelo Chevron' en el país ya iniciaban años atrás, cuando en EEUU gobernaba Joe Biden, ofreciéndole el control de todo a las empresas privadas, algo inconstitucional. El injerto de los CPP en la estructura petrolera de negocios fue clave en la concepción y posterior elaboración de la reforma de la Ley de Hidrocarburos de este año. En el marco de los CPP y de dicha reforma, en realidad NABEP u otra empresa pueden ejercer cualquier actividad operativa en la cadena de valor, dominar fácticamente en los territorios, obtener recálculos de regalías e impuestos y manejar sus ingresos incluso en cuentas bancarias fuera del país. Para decirlo en los términos técnicos que ofrece la ley reformada: abordar la “gestión integral”[11] del negocio.

Son estos antecedentes y las evidencias que estamos constatando, los que pueden ayudar a responder las preguntas que recurrentemente surgen sobre ¿quién controlará la industria y los ingresos petroleros? O ¿cómo se beneficiará Venezuela? No es siquiera suficiente una interpretación puramente normativa o jurídica del leonino acuerdo, cuando lo que está prevaleciendo en el curso de los acontecimientos es el ejercicio del poder arbitrario de subordinación neocolonial, en estado puro, al desnudo, encadenado con el autoritarismo doméstico. Tampoco son suficientes los análisis basados en expectativas político-partidistas ‒un sector de la población, por ejemplo, tenía expectativas de democracia y ‘progreso' con Trump, las cuales evidentemente se han venido desinflando. Menos aún aquellas interpretaciones referidas a promesas políticas superficiales de ‘crecimiento' y ‘recuperación económica' ‒tómese en cuenta que, si llegase a concretarse esos 200.000 millones US$ en regalías e impuestos en 25 años (unos 8.000 millones anuales), podrían representar apenas una quinta parte de los ingresos fiscales petroleros anuales (promedio) del período 2005-2009, sin saber además cómo y para qué se van a gastar (por ejemplo, estaremos forzados al pago de la deuda externa reestructurada en quién sabe qué condiciones), y a qué grupos beneficiará.

Preguntas como estas deben en realidad contrastarse con la nítida evidencia de cómo se está reorganizando el saqueo del país, bajo otras estructuras y modalidades; de cómo se está consolidando un pacto imperial/oligárquico-nacional que está desestructurando la histórica República para impulsar una remodelación del país, donde se configure un Estado-neocolonia que facilite una apropiación masiva de recursos naturales baratos, de territorios, rentas y excedentes y, eventualmente, fuerza de trabajo también barata. Puede ser útil revisar casos similares, como el de Irak después de la invasión de 2003 y la remodelación del Petro-estado de ese país[12].

Por estos objetivos, en esta fórmula no entran la democracia y los derechos. El citado Fact Sheet estadounidense es claro: “El crecimiento de la producción, el rendimiento y la inversión liderada por el sector privado en Venezuela es una condición previa fundamental para impulsar la continuidad de las reformas y la transición democrática tras el increíble éxito de la Operación Resolución Absoluta”[13]. Primero, garantizar la apropiación energética, luego lo demás. Solo que Trump, a pesar de la retórica de voceros estadounidenses sobre la ‘transición a la democracia', el 2 de septiembre pasado ha repetido lo dicho en variadas ocasiones: “Venezuela no está lista aún para elecciones”[14]. No entran aquí la democracia, la separación de poderes, la independencia del Estado, el cumplimiento de la Constitución, pues son estorbos para los objetivos energéticos/económicos.

Esto, en el fondo, implica que no entran los venezolanos. Poco importan. No entra el respeto por sus decisiones, expresadas por ejemplo en las elecciones del 28 de julio de 2024. No entran sus derechos sociales y laborales. Ni hablar del ambiente, ámbito absolutamente invisibilizado en este conflicto. Ni pensar en lo que sería la gobernanza ambiental del Acuerdo Petrolero; en lo que serán los derrames y accidentes dentro del marco de la agonía del estado de derecho, y del temible prontuario de las corporaciones estadounidenses por todo el mundo. Mucho menos pensar en lo que significa que vayan a ser quemados esos 11.000 millones de barriles de petróleo tan impunemente, mientras la crisis climática se agudiza, y Venezuela (como el resto de países de América Latina) está a las puertas de enfrentar en pocas semanas el llamado “Super Niño”, uno sin precedentes.

En síntesis, la ocurrencia de este mega Acuerdo Petrolero termina de confirmar las cosas para quienes tenían dudas. Conecta las pretensiones geopolíticas expresadas en el documento de Seguridad Nacional de noviembre de 2025 y en la iniciativa ‘Pax Silica', con el anuncio en el Fact Sheet del 31 de agosto de 2026 que plantea que “Este acuerdo garantiza nuestro dominio energético para el próximo siglo”. El acuerdo es también hijo de este nuevo contexto geopolítico extraordinariamente conflictivo en torno a recursos estratégicos, cadenas de suministro y áreas de influencia; y determinado por fuerzas políticas muy regresivas que quieren acabar con la democracia como modelo político, mientras la crisis civilizatoria global no hace sino agudizarse.

Recordando la célebre reunión de Trump con las grandes petroleras para hablar de Venezuela, el 9 de enero de este año, se ve con más nitidez cuál era la estrategia para dar tranquilidad a sus preocupaciones y garantizar las ‘long term investments': enraizar y amarrar el hipotecamiento de todo un país para las próximas décadas. Solo así podría eventualmente hacerse realidad esa garantía de energía estable, confiable y barata, en tiempos de ‘emergencias' y confrontación geopolítica.

III. ¿Qué hacer? Desde una perspectiva soberana y popular

Familiares de presos políticos participan en la protesta "¿Cuánto petróleo nos cuestan nuestros presos?". Sept-2026. Fuente: JUAN BARRETO / AFPReconociendo los enormes desafíos que están ante nosotros, y a modo de contribución a una discusión colectiva, avanzo sobre 7 aspectos para abordar nuestra coyuntura:

El acuerdo petrolero ha generado una muy amplia y diversa expresión de voces críticas, que han reaccionado con indignación y rechazo. Economistas y académicos de diferentes tendencias políticas, exministros de los gobiernos anteriores a Chávez, sectores críticos del chavismo, algunos sectores de oposición y María Corina Machado, izquierdas y sectores sindicales, organizaciones sociales y derechos humanos, entre otros. Es crucial encontrar espacios de encuentro de estas voces, procurando la conformación de un frente nacional que, desde declaraciones, campañas y acciones, se opongan a este acuerdo en nombre del respeto a la Constitución. Se reconoce que existen diferencias entre estos actores, y no todos rechazan el acuerdo por las mismas razones, pero del mismo modo la gravedad de la situación exige una respuesta amplia, diversa y masiva.
El acuerdo se sostiene básicamente por la fuerza y poder imperial de EEUU, unido al régimen autoritario que aún predomina en Venezuela. Pero tiene pies de barro debido a su carácter inconstitucional, a estar tomándose las decisiones en el marco de un gobierno ilegítimo, a estar plagado de irregularidades y opacidades, llevado adelante además por una empresa con directivas que cargan graves acusaciones de corrupción, y por lesionar considerablemente los intereses del país. Además, varios senadores demócratas y algunos exfuncionarios estadounidenses han también planteado cuestionamientos al acuerdo; mientras que muchas de las grandes petroleras han manifestado dudas respecto al mismo y a la bizarra participación de Betancourt[15]. Queda, adicionalmente, la interrogante de qué vaya a pasar con el gobierno de Trump, si una debacle electoral se produjera en las mid-term de noviembre de este año.
Partiendo de estas premisas, son determinantes las acciones que subrayen la ilegitimidad e ilegalidad del acuerdo; y que sirvan como base para acciones políticas y judiciales que podrían prosperar si se desarrollaran condiciones y contextos país más propicios (como la reactivación de la democracia y de las capacidades concretas de interpelación política y ciudadana). Esto, hay que decirlo, no es algo que necesariamente pueda darse en cortos plazos.
Insistir en el retorno de la vía electoral en el más corto plazo, lo que puede contribuir además a crear mejores condiciones para la movilización popular, y la concreción de las demandas de democracia y derechos que tiene la sociedad venezolana. Es crucial que el nuevo Consejo Nacional Electoral sea de consenso y reconocido por el país, para que tenga sentido y validez la elección.
Semejantes peticiones no serán posibles sin la movilización y la exigencia de la sociedad. Se reconoce que las condiciones materiales de la población son notablemente precarias y se mantienen mecanismos de censura desde el Estado. Pero, como contraste, hay un enorme descontento popular y un hartazgo respecto a los actores político-partidistas predominantes, lo que se traduce en un gran deseo de cambio y, sobre todo, de recuperación de las condiciones mínimas de vida[16]. Adicional a esto, las extendidas expresiones de solidaridad que se dieron en los terremotos y posterior a ellos, revelan una sustancia popular muy positiva que requiere apoyos para su organización y articulación.
Desde una visión de mediano y largo plazo, Venezuela requiere la construcción de una oposición política alternativa, más allá de los liderazgos actuales, incluyendo a María Corina Machado. Aunque Machado es aún hoy la líder que logra mayor respaldo y conglomera un parte relevante de la población, su programa económico no se distancia del formato entreguista del gobierno chavista, así como tampoco lo hace su subordinación política al gobierno de Trump. Quienes no seguimos este enfoque, reconocemos la imperiosa necesidad de la construcción de esta oposición alternativa que defienda las reivindicaciones populares históricas (enfoques hacia las clases más desfavorecidas, salud y educación pública, soberanía sobre la economía nacional, inclusión y participación social, entre otras) y ambientales, subrayando los graves problemas ecológicos que nos aquejan y la urgencia de abordar la crisis climática.
Hay también una disputa cultural y en torno a los sentidos comunes que hay que abordar. Esto implica re-fortalecer los ideales de democracia, que han sido muy vulnerados en el régimen de Maduro y con la intervención estadounidense. Proponer miradas alternativas sobre la reconstrucción de Venezuela, que destaque la importancia de la economía, pero que también resalte que nuestro país es mucho más que petróleo, crecimiento del PIB y e indicadores macroeconómicos. Venezuela es también sus economías locales y regionales ‒que han ayudado a sostener buena parte del país cuando la economía nacional colapsó‒; sus territorios y ecosistemas, que surten de vida a la sociedad; su tejido social, sus comunidades y sus diversas identidades culturales, que nutren no solo la memoria colectiva sino también la venezolanidad; y en última instancia, la dignidad popular que ha marcado la historia nacional, llena de luchas por la justicia y la libertad. Esto puede además alimentar otras visiones de soberanía, más allá de pensarla solamente desde la centralidad del Estado, para comprenderla del mismo modo como las voluntades, participación, acción y autonomía de la población. ‘Recuperar Venezuela' debe inscribirse en un horizonte donde se pueda ampliar el bienestar y el sostenimiento de la vida de las grandes mayorías, como elementos centrales.

*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo e investigador de la Universidad Central de Venezuela, Phd en Ciencia y Tecnología Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro y fundador del Observatorio de Ecología Política de Venezuela

NOTAS

[1] https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117175567133618952

[2] Se debe destacar que esta cifra está calculada a partir de un factor de recobro de 20%, el cual, al menos en Venezuela, no ha sido en realidad alcanzado, por lo que este nivel de reservas es, al menos, objeto de controversias. Otra cuestión a discutir es si dichas reservas se pueden explotar todas.

[3] https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/08/fact-sheet-president-donald-j-trump-announces-historic-oil-agreement-to-secure-american-energy-dominance-and-drive-venezuelas-economic-recovery/

[4] Entre los yacimientos se encuentran: Lagunillas Lago, Lagocinco, Sinovenezolana, Lagomar, Tía Juana Lago, Rosa Mediano, Lagomedio, Petrozamora, Petrocedeño, Junín Sur, Boyacá 8 y 5, Junín 1, 3 y 11, y Ayacucho 6 y 7. Más info: https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/venezuela/acuerdo-entre-eeuu-y-venezuela-desplaza-a-operadores-sancionados-por-washington-de-17-yacimientos/

[5] https://www.nabep.net/

[6] Véase documentación del caso en: https://armando.info/este-sargento-de-florida-es-el-plan-b-de-maduro-con-bolichico-incluido/; y https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2025/10/El-bolichico-Alejandro-Betancourt-Lopez-pagara-cuentas-a-la-justicia.pdf

[7] https://elpais.com/america/2026-09-03/los-acuerdos-petroleros-de-estados-unidos-y-venezuela-opacos-y-millonarios.html

[8] https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/venezuela/quien-es-alejandro-betancourt-el-controvertido-empresario-al-que-trump-confia-el-petroleo-venezolano/

[9] https://www.reuters.com/business/energy/under-us-venezuela-oil-deal-some-chinese-russian-operators-lose-out-officials-2026-08-31/

[10] Mbembe, historiador camerunés, publicó su libro “Brutalismo” en 2020, donde analiza las nuevas tendencias de un sistema global que despliega violencia desinhibida y sin límites, que contabiliza y digitaliza las tramas de la vida, y la convierte a la humanidad en materia y energía. https://www.planetadelibros.com.ec/libro-brutalismo/347266

[11] Véase mi artículo anterior: Análisis integrado de la reforma a la Ley de Hidrocarburos en Venezuela: tendencias, significados e implicaciones. https://ecopoliticavenezuela.org/analisis-integrado-de-la-reforma-a-la-ley-de-hidrocarburos-en-venezuela-tendencias-significados-e-implicaciones/

[12] Véase: Muttitt, Greg (2011) Fuel on the fire: oil and politics in occupied Iraq. London: Bodley Head. También: Le Billon, Philippe (2015) ‘The Contested Politics of Iraq's Oil Wealth', in Isakhan B. The Legacy of Iraq: From the 2003 War to the ‘Islamic State'. Edinburgh University Press.

[13] Original: “Private-sector led growth in production, output, and investment in Venezuela is a key precondition to driving continued reform and democratic transition following the incredible success of Operation Absolute Resolve”.

[14] https://elpais.com/us/2026-09-02/donald-trump-advierte-de-que-venezuela-no-esta-preparada-para-ir-a-elecciones.html

[15] https://www.reuters.com/business/energy/trumps-oil-deal-with-venezuela-raises-red-flags-some-major-producers-sources-say-2026-09-01/

[16] Véase los resultados de la última encuesta de Datincorp: https://diarioversionfinal.com/politica-dinero/datincorp-81-de-los-venezolanos-no-se-siente-representado-por-ningun-liderazgo-politico/

Carta abierta de C-cura a las y los trabajadores petroleros de Venezuela

Prensa C-cura — 2026-09-07T00:39:07Z

par Prensa C-cura - Comunicados | Puerto la cruz, Control Obrero, Movimientos Sociales , Reflexión / Análisis, Focus

5 de septiembre de 2026. Desde nuestra corriente sindical, estamos enviando una carta a las trabajadoras y trabajadores petroleros, la industria fundamental de nuestro país.

En esta hora difícil que vivimos, nos dirigimos a los que producen la principal riqueza en Venezuela para decirles que llegó el momento de alzar nuestra voz, y creemos que hay que hacerlo en la capital del país, en la sede de Pdvsa, el próximo 1° de octubre, fecha en la que se vence nuestra convención colectiva. Pero para eso es necesario que nos organicemos de forma autónoma en todas las áreas. En Puerto La Cruz estamos convocando a un plenario el próximo sábado en el sindicato Suoepqs, antes Fedepetrol.

Estimado compañero:

Está cordialmente invitado a participar en el plenario de C-cura que realizaremos el próximo sábado 12 de septiembre en las instalaciones de nuestro sindicato Suoepqs (antiguo Fedepetrol), en Guarauao, Puerto La Cruz.

Las y los trabajadores del país, y los petroleros en particular, atravesamos por una difícil situación, con un gobierno represivo que desde hace años aplica un brutal ajuste, haciéndole pagar a la clase trabajadora las consecuencias de la crisis capitalista. Situación que se agrava con el pacto entre el gobierno de Delcy Rodriguez y el utraderechista Donald Trump, mediante el cual entregan nuestro petróleo y demás recursos a las transnacionales.

Esta invitación es para usted que ve cómo pasan los años sin que se discuta el contrato colectivo, algo que era sagrado para todas y todos los trabajadores petroleros; usted que trabaja duro todos los días y sin embargo devenga un salario de hambre, con el que apenas puede llevar comida a la mesa; usted que arriesga su vida trabajando sin las condiciones mínimas de seguridad e higiene, y que además ve como han destruido nuestro sistema de salud, el Sicoprosa. Numerosos trabajadores y familiares siguen esperando por una intervención quirúrgica o por un tratamiento. Vemos como las clínicas de Pdvsa se encuentran sin dotación de recursos ni insumos. Por ello, luchamos por un servicio de salud pública nacional de calidad para todos los trabajadores y sectores populares. A usted que lo engañaron con un supuesto plan de vivienda que nunca se ejecutó. Usted que junto a su familia pasa toda clase de vicisitudes mientras los burócratas de la Futpv y los sindicatos afectos a Wills Rangel, disfrutan de privilegios, viajan por el mundo y se atienden en las más costosas clínicas. Usted que cree que es necesario realizar elecciones democráticas y transparentes en nuestra federación y en los sindicatos de base, después de años de dictadura sindical.

A los jubilados y jubiladas que han ido a Caracas a exigir sus derechos y por el fondo de ahorro y pensiones, y que terminaron siendo reprimidos. Rechazamos que los jubilados meritocráticos no están incluidos en el fondo de ahorros. Rechazamos esa discriminación donde hay jubilados de primera y de segunda.

Porque sabemos de su entrega a nuestra principal empresa, y de su disposición a luchar por nuestros reclamos, lo invitamos a sumarse a esta iniciativa de organización clasista y combativa. Creemos que todas las voces y opiniones son importantes. Lo convocamos a construir con nosotros, colectivamente, un plan de lucha y movilización que parta de una gran concentración en Pdvsa La Campiña el próximo 1° de octubre, día en que nuevamente se vence el contrato colectivo petrolero.

Esperamos contar con su presencia.

Atentamente,

Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)

De Derwick a NABEP: el viejo saqueo eléctrico reaparece en el nuevo reparto petrolero venezolano

Alejandro López-González — 2026-09-05T14:20:00Z

par Alejandro López-González - Local | Maracaibo, Ecología , Política , Reflexión / Análisis

Imagen referencial de instalaciones de NABEP. Fuente de la imagen: https://www.nabep.net/

Más de una década después del desfalco de Derwick al sector eléctrico venezolano, en abril de 2024, aparece NABEP, creada por Harry Sargeant III y Alejandro Betancourt y firmando Contratos de Participación Productiva con PDVSA. Incluso existe una continuidad física reveladora entre las dos empresas: la sucursal de NABEP en Caracas fue registrada en la misma oficina de Torre Kyra que anteriormente había utilizado Derwick Associates.

Hace pocos días publiqué en este mismo espacio un artículo titulado “Reconstrucción eléctrica al estilo USA: IMPSA, GE, Siemens y la exclusión después del saqueo”, en el que intentaba advertir sobre algo que comienza a hacerse cada vez más evidente: el cambio político ocurrido en Venezuela no necesariamente significa el final de los mecanismos de apropiación de la renta nacional, sino posiblemente su reorganización bajo nuevos actores, nuevas alianzas y una arquitectura internacional mucho más sólida. Entonces escribí que el nuevo esquema podía ser menos improvisado que el construido durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y que, precisamente por eso, podía resultar más efectivo en sus propósitos y duradero. Los acontecimientos de los últimos días parecen confirmar aquella preocupación.

El denominado por la Casa Blanca “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” tiene como protagonista empresarial a una compañía que hasta hace muy poco era prácticamente desconocida para la mayoría de los venezolanos: North American Blue Energy Partners (NABEP). Pero NABEP tiene detrás un nombre que sí deberíamos recordar, el de Alejandro Betancourt. El mismo empresario que apareció al frente de Derwick Associates durante la emergencia eléctrica venezolana de 2009-2011; la misma trama empresarial que recibió miles de millones de dólares en contrataciones eléctricas otorgadas sin licitación; el mismo grupo de empresarios que pasó de tener poca o ninguna experiencia conocida en generación eléctrica a convertirse, en cuestión de meses, en uno de los mayores contratistas energéticos del Estado venezolano. Hoy ese empresario reaparece, ya no alrededor de unas cuantas plantas termoeléctricas. Ahora aparece alrededor de 65.000 millones de barriles de petróleo. Y eso cambia completamente la escala del problema.

En marzo de 2020 publiqué para el Observatorio de Ecología Política de Venezuela el artículo “¿Cuánto dinero se perdió por el desfalco eléctrico en 20 años de revolución bolivariana?”. En aquel análisis estimé que durante los primeros veinte años del período bolivariano se habían movilizado alrededor de 105.000 millones de dólares hacia el sector eléctrico venezolano. Según las estimaciones del ingeniero José Aguilar que utilicé entonces, más del 65% de ese gasto se habría producido después de decretada la emergencia eléctrica en 2010. Conviene aclarar nuevamente qué significa esa cifra. No son 105.000 millones de dólares judicialmente demostrados como robados por una única empresa o por un único grupo de funcionarios. Es la magnitud estimada del gigantesco volumen de recursos invertidos, gastados, contratados o comprometidos alrededor del sistema eléctrico durante aquellos años.

Dentro de esa enorme cantidad hubo obras realizadas, centrales construidas, transmisión, generación, mantenimiento, proyectos inconclusos, sobrecostos, abandono, corrupción, equipos que nunca llegaron a funcionar adecuadamente y una enorme cantidad de dinero cuya trazabilidad pública continúa siendo deficiente. El resultado material, sin embargo, es incontestable. Después de semejante movilización de recursos, Venezuela terminó con un sistema eléctrico severamente deteriorado, una generación termoeléctrica con niveles extraordinarios de indisponibilidad, una red de transmisión debilitada, proyectos hidroeléctricos inconclusos y millones de ciudadanos sometidos durante años a apagones y racionamientos. En mis artículos de 2019 y 2020 insistí repetidamente en esta contradicción: Venezuela gastaba cifras propias de una gran potencia energética pero obtenía servicios eléctricos propios de una economía en colapso. Y dentro de aquel proceso nació Derwick.

La historia de Derwick Associates debería enseñarse como caso de estudio sobre las relaciones entre renta petrolera, emergencia administrativa y capitalismo de conexiones en Venezuela. Alejandro Betancourt tenía aproximadamente 29 años y Pedro Trebbau 26 cuando constituyeron Derwick. A pesar de que no se encontró evidencia de experiencia previa de ambos en el sector energético, la empresa sostuvo que sus accionistas y colaboradores poseían experiencia suficiente y el ascenso de Derwick fuese meteórico. Entre 2009 y 2011 obtuvo en aproximadamente catorce meses contratos superiores a 5.000 millones de dólares, correspondientes, entre otros proyectos, a once instalaciones de generación eléctrica. La emergencia eléctrica decretada por Hugo Chávez permitió que muchas de aquellas contrataciones se realizaran sin procedimientos competitivos ordinarios. Aquí encontramos una característica recurrente de la historia económica venezolana reciente:

primero se declara una emergencia (eléctrica, alimentaria, sanitaria, etc);
la emergencia suspende los controles;
la suspensión de controles permite adjudicaciones extraordinarias;
y alrededor de esas adjudicaciones aparecen empresarios extraordinariamente prósperos.

Después llegan los sobrecostos, las obras inconclusas y las explicaciones. Transparencia Venezuela calculó posteriormente que once de los proyectos de Derwick analizados debieron costar aproximadamente 2.100 millones de dólares, mientras que la factura asociada ascendía alrededor de 5.000 millones, estimando un sobreprecio aproximado de 138%, equivalente a unos 2.900 millones de dólares. Derwick negó públicamente esos cálculos, afirmó que sus precios eran competitivos y sostuvo que sus costos respondían a las condiciones extraordinarias de la emergencia venezolana. Aunque, es importante dejar constancia de esa defensa y recordar que Betancourt no ha sido condenado judicialmente por esos hechos, la ausencia de una condena no obliga a los investigadores, periodistas, académicos ni ciudadanos venezolanos a padecer amnesia. Porque los contratos existieron, las adjudicaciones directas y las plantas también existieron, todos, con unos sobrecostos que fueron documentados por organizaciones independientes mientras que lo más evidente es que el sistema eléctrico quedó, después de la emergencia eléctrica y estas acciones, absolutamente destruido, saqueado y desmantelado. Lo que quiero señalar es que para comprender la dimensión política del problema no es necesario que los delitos hayan sido demostrados ni es necesario atribuir responsabilidades judiciales que no han sido establecidas: los hechos conocidos son suficientemente graves por sí solos.

El bolichico eléctrico se hizo ahora petrolero

En 2011, mientras todavía se desarrollaba el gigantesco negocio eléctrico, Alejandro Betancourt y Francisco Convit aparecieron como directores de Derwick Oil & Gas Corporation, constituida en Barbados. A través de esa estructura empresarial comenzaron a adquirir intereses vinculados con los campos que posteriormente integrarían Petrozamora, en el estado Zulia. Investigaciones de Armando.info han reconstruido cómo Derwick Oil & Gas transfirió posteriormente activos hacia otras estructuras empresariales vinculadas a Betancourt y cómo este entramado acabó asociado con Gazprombank Latin America Ventures y con Petrozamora. Este es el antecedente genealógico de la actual North American Blue Energy Partners (NABEP), este dato resulta fundamental, porque la actual concesionaria de los 65.000 millones de barriles de petróleo otorgados por el gobierno de Delcy Rodríguez, en el mayor acuerdo energético de la historia, según la Casa Blanco, no representa la llegada de Alejandro Betancourt al negocio petrolero venezolano sino su regreso ampliado. Su primera aventura petrolera nació mientras Derwick todavía acumulaba contratos dentro de la emergencia eléctrica venezolana.

Más de una década después del desfalco de Derwick al sector eléctrico venezolano, en abril de 2024, aparece NABEP, creada por Harry Sargeant III y Alejandro Betancourt y firmando Contratos de Participación Productiva con PDVSA. Incluso existe una continuidad física reveladora: la sucursal de NABEP en Caracas fue registrada en la misma oficina de Torre Kyra que anteriormente había utilizado Derwick Associates. Pero la conexión importante no es la dirección de una oficina, es Petrozamora.

El contrato NABEP-PDVSA hace referencia a un acuerdo confidencial del 17 de abril de 2024 entre PDVSA, CVP, NABEP, Alejandro Betancourt y Harry Sargeant III, mediante el cual se establecieron nuevas condiciones para operar Petrozamora. Por eso presentar a NABEP como una empresa completamente desligada de Derwick es absolutamente ingenuo, la evolución del operador financiero privilegiado del sector energético de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Alejandro Betancourt, tiene una genealogía muy clara:

Derwick Associates → Derwick Oil & Gas → estructuras petroleras vinculadas a Betancourt → Petrozamora → NABEP. Cambian las razones sociales pero permanece Alejandro Betancourt.

De los megavatios a los 65.000 millones de barriles

Y entonces llegamos al acuerdo anunciado el 31 de agosto de 2026. La Casa Blanca informó que las autoridades venezolanas han concedido a NABEP derechos por 100 años sobre 17 campos petroleros que contienen aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas. Reuters confirma que NABEP está controlada actualmente por Alejandro Betancourt y que estos campos representan alrededor de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas. Hay que detenerse un momento ante esa cifra: Sesenta y cinco mil millones de barriles. Estamos hablando de una cantidad de petróleo superior al total de las reservas probadas actualmente atribuidas al territorio estadounidense, que la propia Casa Blanca sitúa aproximadamente en 46.000 millones de barriles. Y el plazo anunciado es de cien años. No estamos hablando de un contrato de servicios, no estamos hablando de contratar una empresa para perforar veinte pozos, no estamos hablando de una concesión marginal. Estamos hablando de colocar durante un siglo una fracción gigantesca de la riqueza petrolera venezolana bajo una estructura privada encabezada por NABEP. Y NABEP, insisto, está controlada por Alejandro Betancourt. El contraste histórico es grotesco. Uno de los empresarios más representativos del período de contrataciones eléctricas extraordinarias de la era Chávez reaparece ahora como beneficiario de probablemente la mayor concentración privada de derechos petroleros otorgada en la historia contemporánea venezolana. Parece que en Venezuela ciertos empresarios nunca pierden, solo cambian de negocio.

Estados Unidos no es simplemente comprador: es socio

Según la propia Casa Blanca, NABEP concederá a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de los Estados Unidos una participación del 35% en su empresa matriz. Además, Estados Unidos tendrá derecho a adquirir 20% de toda la producción de NABEP a costo de producción y tendrá derecho preferente para adquirir el 80% restante; dispondrá de poder de veto sobre los nombramientos de la junta directiva y la mayoría de los integrantes de esa junta deberá ser estadounidense. Conviene traducir esta arquitectura del lenguaje corporativo al lenguaje político. El Gobierno de Estados Unidos pasa a convertirse en socio corporativo de una compañía controlada por Alejandro Betancourt. El mismo Betancourt cuya trayectoria empresarial venezolana está asociada directamente con Derwick y esto produce una paradoja extraordinaria. La Casa Blanca sostiene que este nuevo esquema servirá para desplazar de los campos venezolanos a empresas rusas, chinas y a quienes denomina socios corruptos de los gobiernos de Chávez y Maduro. Pero para realizar esa operación ha escogido precisamente como vehículo a la compañía controlada por uno de los empresarios más emblemáticos del sistema de contrataciones opacas, turbias y extraordinarias del propio chavismo. No estamos ante una ruptura limpia con el viejo modelo, estamos observando una recomposición de sus beneficiarios de siempre. Los antiguos intermediarios nacionales no desaparecen, son reciclados, consiguen nuevos socios y, en este caso, acaban asociándose con el propio Gobierno estadounidense que ahora tutela al gobierno interino de Venezuela.

El Gobierno de Donald Trump presenta el acuerdo utilizando expresiones como “estabilización”, “reconstrucción” y “transición democrática”. Son las palabras del Gobierno estadounidense. No tienen por qué ser las nuestras. Desde la perspectiva de la economía política venezolana, lo que tenemos delante se parece mucho más a una redistribución del control sobre la renta petrolera. Venezuela llega a esta negociación después de décadas de destrucción institucional, descapitalización de PDVSA, pérdida de capacidad técnica, corrupción, sanciones, emigración masiva de personal calificado y debilitamiento extremo del Estado. La historia económica demuestra que los países negocian sus recursos de acuerdo con las relaciones de poder existentes en el momento de la negociación y Venezuela está negociando desde una posición extraordinariamente débil. Reuters ha señalado además que el diseño del acuerdo ha generado inquietudes por su falta de transparencia, ausencia de un proceso competitivo abierto y dudas jurídicas acerca de su estructura.

Si realmente se tratara de obtener las mejores condiciones posibles para Venezuela, ¿por qué entregar semejante volumen de reservas a NABEP? ¿Por qué no realizar una competencia internacional? ¿Por qué una empresa constituida apenas en 2024 recibe derechos durante cien años sobre 17 campos? ¿Por qué NABEP y no Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, ENI, Shell, Equinor, TotalEnergies o cualquier consorcio seleccionado mediante un procedimiento internacional transparente? No basta con responder que NABEP ya produce petróleo en Venezuela. Estamos hablando de 65.000 millones de barriles. Una concesión de semejante magnitud exige estándares institucionales extraordinarios.

En Venezuela llevamos décadas cambiando el nombre de los mecanismos sin modificar suficientemente su naturaleza. Durante la emergencia eléctrica se argumentó que no había tiempo para licitaciones porque el país necesitaba megavatios urgentemente. Así aparecieron contratos extraordinarios, intermediarios extraordinarios, fortunas extraordinarias y después aparecieron plantas indisponibles. Hoy se nos presenta otra emergencia. Ahora hay que aumentar rápidamente la producción petrolera, atraer capital y restablecer infraestructura y nuevamente aparece el argumento de la urgencia. Nuevamente aparecen contratos extraordinarios, nuevamente aparece una estructura privada privilegiada y, de manera casi increíble, reaparece incluso uno de los mismos empresarios: Alejandro Betancourt.

En mi artículo del pasado 25 de agosto advertía que alrededor de la recuperación del sistema eléctrico venezolano se estaba construyendo un gigantesco negocio. No porque reparar infraestructura sea innecesario sino porque quien controla la financiación de la recuperación puede terminar controlando también los flujos económicos que produce esa infraestructura. El mismo principio vale para el petróleo, un país debilitado primero pierde capacidad para operar sus recursos y después necesita capital urgentemente. Quien dispone del capital impone las condiciones y finalmente la pérdida de soberanía se presenta como única alternativa pragmática. Ese mecanismo puede ser muchísimo más sofisticado que el saqueo desordenado que caracterizó buena parte de la era Chávez-Maduro, precisamente por eso puede ser más planificado, articulado e inteligente. El saqueo torpe de la era Chávez-Maduro destruye el activo que explota, ll saqueo inteligente procura conservarlo, mantener el esquema de enriquecimiento descarnado, cínico y desequilibrado, en el tiempo. No hace falta destruir PDVSA físicamente para vaciar de contenido la soberanía petrolera, basta con trasladar progresivamente el control económico, financiero, comercial y contractual hacia estructuras externas.

Probablemente este sea el aspecto más difícil de explicar a los venezolanos, después de la experiencia de Derwick; después de miles de millones de dólares en contratos eléctricos; después de las investigaciones sobre sobreprecios; después del colapso del Sistema Eléctrico Nacional; después de que durante años una generación completa de venezolanos aprendiera a organizar su vida alrededor de apagones; el Estado venezolano no aparece auditando públicamente esa historia para determinar responsabilidades. Sino que uno de sus principales protagonistas empresariales reaparece recibiendo una de las mayores oportunidades económicas jamás concedidas a un privado en Venezuela.

También habrá que decir algo incómodo respecto de Estados Unidos. Durante años Washington convirtió la corrupción venezolana en uno de sus principales argumentos contra los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Ahora tiene la oportunidad de demostrar qué significa realmente combatir ese modelo, pero su decisión inicial resulta inquietante. La administración de Donald Trump no ha escogido únicamente asociarse con Chevron, ExxonMobil o alguno de los grandes operadores internacionales sometidos durante décadas al escrutinio de los mercados públicos sino que ha decidido convertirse en socio institucional de una estructura empresarial controlada por Alejandro Betancourt. Políticamente, resulta difícil formularlo de manera más suave: el Gobierno estadounidense ha terminado asociándose con uno de los principales beneficiarios empresariales del período de opacidad y contrataciones extraordinarias que acompañó al saqueo del sistema eléctrico venezolano.

Nuestro problema histórico nunca ha sido exclusivamente quién administra la renta. Nuestro verdadero problema ha sido el modelo basado en la apropiación de esa renta por pequeñas estructuras políticas, burocráticas y empresariales. Durante unos años esas estructuras estuvieron alrededor de PDVSA y de las élites bolivarianas. Ahora corremos el riesgo de trasladarlas hacia una combinación de empresarios venezolanos reciclados, capital privado estadounidense y poder geopolítico extranjero. Eso no constituye una superación del rentismo. Es su internacionalización. Después de décadas denunciando el rentismo petrolero venezolano, podemos terminar construyendo una estructura todavía más dependiente del petróleo, pero con una proporción creciente de su control económico fuera del país. No es necesario celebrar semejante proceso simplemente porque algunos de sus nuevos protagonistas hablan inglés en lugar de ruso o chino (aunque ni con rusos ni con chinos se hizo nada ni remotamente semejante a esto). Para Venezuela, la pregunta continúa siendo exactamente la misma: ¿quién controla el recurso, quién asume los costos, quién recibe la renta y qué queda finalmente para la sociedad venezolana?

Y, sobre todo, por qué una persona con la trayectoria empresarial de Alejandro Betancourt termina nuevamente colocada exactamente donde circula la mayor renta del país. En Venezuela ya vivimos una emergencia eléctrica utilizada para justificar contratos extraordinarios. Sabemos cómo terminó. Sería una temeridad histórica aceptar ahora, sin preguntar, una emergencia petrolera utilizada para justificar concesiones extraordinarias. El nombre empresarial cambió, antes se llamaba Derwick, ahora se llama NABEP pero Alejandro Betancourt sigue allí y esta vez no estamos hablando de turbinas, estamos hablando de 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano a ser explotados durante 100 años.

La constante remasterización del fabulismo proletario—Otra confirmación de que «la revolución de papá ha muerto»

Gustavo Rodríguez — 2026-09-04T03:23:18Z

par Gustavo Rodríguez - No Local | México , Anarquismo, Control Obrero, Reflexión / Análisis

Gustavo Rodríguez, agosto de 2026.

«Terminemos de una vez por todas con los ilusionismos de la dialéctica. Los explotados no son portadores de ningún proyecto positivo […] Su única comunidad es el capital».
Ai ferri corti, verano de 19981.

En fechas recientes apareció publicado en el Portal OACA un artículo intitulado Más proletariado y menos obituarios: del fin de la clase obrera a su reconstrucción bajo la rúbrica del historiador català Agustín Guillamón, especialista en el movimiento obrero revolucionario y la Guerra y revolución españolas del año 1936 (sic.). En efecto, el autor es conocido por sus crónicas ideocéntricas en derredor de esa gesta, con particular énfasis en el desempeño de los partidos trotskista, bordiguista y anarcobolchevique. Sin embargo, en esta ocasión abandona la historiografía y se aventura como visionario —casi escribo comisario— político. Vale precisar, que no es la primera vez que incursiona en estos menesteres. Ahora con un propósito mucho más modesto: aspira a refutar los señalamientos críticos que sostienen algunos compañeros «del ámbito libertario» en torno a la posibilidad de «recomposición del proletariado» tras el agotamiento de un ciclo histórico.

Si bien su argumentación da inicio con un amplio reconocimiento de la «desaparición de la cultura obrera, la integración institucional de las organizaciones sindicales, la disolución de las antiguas comunidades de trabajo y de barrio y la creciente colonización mercantil de la existencia» —diagnóstico que considera «contiene elementos difíciles de discutir»—, inmediatamente después, identifica este cúmulo de derrotas como los principales factores que han «privado al proletariado de la centralidad política que desempeñó durante más de un siglo». Acto seguido, trata de paliar desde sus concepciones ideológicas un «diagnóstico pesimista que recorre buena parte del pensamiento crítico contemporáneo».

Con tal fin, nos invita a establecer la diferenciación entre el reconocimiento de una derrota y la imposibilidad histórica de que el «proletariado se recomponga como sujeto potencial de una transformación revolucionaria». Dando por sentado que una cosa es reconocer la profunda crisis en la que quedaron sumidas las formas político-organizativas que orientaron las luchas pasadas, y otra, que a partir de esa certeza, se concluya que la «contradicción entre capital y trabajo ha perdido su carácter estructurante dentro del capitalismo contemporáneo» (énfasis mío).

Empero, distinguir tal diferencia es una cosa y evaluar el éxito que supuestamente se desprendería de reconocer la diferencia es otra. La evidencia aquí, tal vez no sea tan directa como aparenta y se corre el riesgo de estar leyendo la causalidad de manera invertida a partir de una falacia de distinción que separa dos elementos que, en la práctica, son inherentes. No se puede separar la vigencia de una relación social de la capacidad real de organizarse en torno a ella. En este contexto, la relación causa/consecuencia es inversa: las formas organizativas de los trabajadores han caducado porque la contradicción capital-trabajo dejó de ser estructurante. La actual naturaleza del trabajo (industrias creativas, hiperautomatización, robotización, uberización, economía colaborativa, servidumbre digital, etc.) ha cambiado tanto que la vieja contradicción dejó de operar en la realidad material.

El pensamiento unidireccional

Cuando la realidad material se transforma, los conceptos y los sistemas conceptuales también se transforman o incluso, se desechan. El análisis histórico y el conceptual siempre han de ir de la mano. Un sistema conceptual incapaz de orientar la acción práctica se vuelve obsoleto. Sobran ejemplos de obsolescencia conceptual a lo largo de la historia. Valga mencionar el sistema conceptual geocéntrico, por citar un caso irrefutable, y como éste fue superado una vez que se hizo público su obituario tras el machetazo de Copérnico. O, para aterrizar en nuestros días, qué mejor ejemplo que el concepto de «propiedad» y el sistema conceptual de la propiedad que ahora comprende los llamados bienes digitales (códigos de fuente, nombres de dominio, software, arte digital, criptomonedas, tokens no fungibles, etc.) y, hasta hace muy poco, solo reconocía objetos físicos y tangibles.

Definitivamente, los conceptos y los sistemas conceptuales nacen, se reproducen y mueren cual hongos y bacterias. Tal es el caso, por supuesto, del concepto «proletario» y del sistema conceptual marxiano. Los sistemas conceptuales siempre están subyugados a los cambios de la realidad material. De ahí, la sobreabundancia de enfoques teóricos que exigen abandonar la categoría de clase en nuestra era, conscientes que no existen categorías teóricas estáticas, sino procesos históricos en constante movimiento y contradicción.

Estoy convencido que esto ya era del conocimiento del historiador Guillamón, aunque, Agustín, el marxiano militante, convenientemente opte por obviarlo. El problema del pensamiento marxiano, precisamente, radica en no haber podido librarse nunca de la tentación dogmática. Así las cosas, convirtió un método de análisis dinámico en un pensamiento unidireccional. Lo que acarreó centrar su análisis de la lucha de clases más en las clases que en la lucha, suponiendo tercamente que la una era la consecuencia directa de la otra y que solo se trataba de distinguir —en clave hegeliana pero a manera de trabalenguas sociologizante— a la clase en sí (an sich), de la clase para sí (fur sich). Y justo en ese doble mortal hacía el futuro; es decir, en el salto de la clase en sí a la clase para sí —inevitable, según la profecía— es donde la canoa hace aguas y nos muestra el total desgaste del sistema conceptual marxiano.

Sin embargo, pese a la evidencia, este pensamiento no admite el menor margen de interpretación y avanza en línea recta desde la causa hasta el efecto en busca de una única respuesta correcta; confirmando su carácter inequívoco (no es casual que se asuma como «ciencia»). Tal confirmación, por sí sola, debería ser suficiente para alertar —y ahuyentar— de tales formulismos a las individualidades anárquicas. No obstante, el pensamiento dogmático continúa haciendo mella en nuestras tiendas. La reencarnación del anarcoleninismo en las filas del autodenominado «anarquismo organizado» da testimonio de los nuevos estragos.

El problema, como señalara con ingenioso sarcasmo un cibernauta anónimo en el portal Alasbarricadas.org., es que a los anarcoleninistas «en líneas generales —a diferencia de muchos textos posmodernos— se les entiende lo que dicen, aunque a los veinte párrafos de lectura, me entra un sueño invencible, incoercible, incontrolable. Lo de los análisis certeros, lo del estudio de coyuntura o como diablos se diga, lo de la recomposición de la vanguardia… Me recuerda a los buenos viejos tiempos de los setenta y los sesenta, que te pillaba un maoísta y te sonaba una chapa mientras se sentaba en el autobús en tus rodillas, sin pedir permiso» (énfasis mío).

Lo que corrobora, más allá de la coña, dos flaquezas significativas en el pensamiento ácrata contemporáneo. La primera: la probada ausencia de aquella formación autodidacta que nutría de pensamiento y acción nuestros abordajes; dotándonos un marco valorativo, una intención rupturista y unos instrumentos en correspondencia que hoy carecemos. (Ya no se produce teoría en nuestras tiendas: hoy se importa)2. La segunda, consecuencia directa de la primera: El pensamiento dogmático —de inspiración marxiana-leninista— vuelve a abrirse paso hasta la cocina. La razón es sencilla. La fábula proletaria resulta mucho más comprensible y convincente que la configuración abierta de pensamiento y acción que da cuerpo a la tensión anárquica.

Igual que la perorata del Testigo de Jehová o la soflama del maoísta que te sonaba una chapa, mientras se sentaba en tus rodillas a recitar el Libro Rojo, el fabulismo proletario aleja a priori toda ambigüedad. El axioma en el pensamiento dogmático es claro. Nos vende una «realidad funcional» que ofrece certezas —y el animal humano es el único en todo el reino animal que las necesita—. Para la multitud, mientras menos se interpreta la realidad: mejor funciona. Lamentablemente, este «razonamiento» a veces también se registra entre quienes ostentan la camiseta negra con la A circulada. Lo que, de cierta manera, explica la prevalencia de algunas desvirtuaciones ideológicas. El pensamiento dogmático engarza pragmatismo y poder. Ese es el peligro.

Estructura productiva realmente existente

Las transformaciones estructurales acontecidas a finales del siglo pasado y la primera década del XXI —inducidas por la llamada «globalización» y el avance de las nuevas tecnologías— produjeron un cambio de paradigma que afectó de forma sustancial la realidad material. Tal mutación, desmoronó la representación de la sociedad como sistema de integración. El escenario fue por todos conocido: mayor precarización, aumento del sector servicio, reducción de trabajadores industriales, subcontratación, dependencia de la financiación pública, etc. En ese contexto, se generaron nuevas fracturas que desgarraron aún más la proximidad física de los trabajadores, clausurando su capacidad organizativa. Lo que confirmó, en los hechos, que la vieja contradicción capital-trabajo había dejado de operar de manera estructurante.

En tal sentido, la nueva geolocalización del «proletariado global» que intenta concretar Guillamón, tampoco aporta mucho para validar lo contrario. Si bien es cierto que «la desindustrialización relativa de Europa y Norteamérica [coincidió] con una extraordinaria expansión del trabajo asalariado en Asia, América Latina, África y Europa oriental»; en la actualidad —con la desglobalización y la reterritorialización de la industria— se ha registrado una superlativa contracción que ha dado paso a mayor precarización, aumento del sector servicio, reducción de trabajadores industriales, subcontratación y dependencia de la financiación pública. Igual a la que se registra en Europa.

La industrialización del «sur global» a duras penas rebasa el primer quinquenio de este siglo. Sin dudas, fue un proceso en auge durante las décadas de 1970 a 1990, que, de cierta manera, se prolongó a la primera década del siglo XXI. Ahora la realidad material es otra. Con la Gran Recesión, provocada por la rápida expansión de la crisis financiera de 2008, se desplomó la demanda de manufacturas y materias primas por parte de los llamados países desarrollados. América Latina sería uno de los territorios más afectados, pero no el único. En la región, la caída del comercio internacional y la drástica reducción de financiamiento, trajo consigo el desplome del producto interno bruto (PIB) ocasionando una fuerte desaceleración regional.3

Diecisiete años después y tras la implantación del nuevo paradigma postpandemia, el cierre de industrias y plantas automotrices en Argentina ha provocado el despido de miles de trabajadores. Las causas son múltiples pero, destacan cuatro que se han vuelto una constante en el «sur global»: la desglobalización en curso, la imposición de aranceles, la apertura a las importaciones y la caída del consumo interno. Solo en este año (2026), se anunció el cierre de la planta Nissan y la planta productora de Citroën, mientras Peugeot y Stellantis han anunciado «paradas temporales». En todos los casos han regresado al modelo de importación. Fate, la megafábrica de neumáticos de Buenos Aires, también cerró sus puertas, dejando sin empleo a casi un millar de trabajadores. La empresa estadounidense Cabot, la única planta dedicada a la producción de negro de humo —esencial para la elaboración de neumáticos, productos de caucho, tóner, pinturas y plásticos—, después de 60 años operando en Buenos Aires, informó el cierre definitivo de la planta el pasado mes de mayo. Según algunos analistas, estos despidos se suman a los más de 206 mil del sector privado que han perdido sus empleos.

En México el panorama no es diferente. El sector manufacturero y automotriz atraviesa un periodo de reconfiguración y contracción que ha derivado en cierres definitivos de plantas históricas y despidos masivos. Así las cosas, tan solo en lo que va de año cesó la producción de la planta Nissan CIVAC en el estado de Morelos —tras 60 años de operación continua—, concluyó actividades la Planta COMPAS (proyecto conjunto entre Renault-Nissan y Daimler de producción de autos de lujo) y la planta de Toyota de la ciudad de Tijuana, anunció «el inicio de un proceso gradual de traslado de su producción hacia San Antonio, Texas», impactando el empleo de la región. Estados fronterizos como Baja California y Chihuahua han reportado el cierre de maquiladoras y plantas de subensamble que trasladaron su producción a Estados Unidos, lo que acumula más de 40 meses de caídas en el empleo fabril, con fuertes retrocesos en la manufactura de autopartes, componentes electrónicos, textiles, prendas de vestir y artículos de plástico.

La conclusión a la que arriba Guillamón de que en medio de este patético escenario «el proletariado no ha dejado de constituir el sujeto potencial de una transformación revolucionaria» no termina de asumir su manifiesta ambigüedad. El «sujeto» que se alude no es espontáneamente revolucionario a partir de sus lazos productivos y, en caso de que llegara a serlo, su nuevo carácter no se deduciría directamente de su situación económica sino de su propio esfuerzo de elaboración y/o confirmación de esta. Su asunción «revolucionaria» no es el resultado llano y previsible de una simple operación aritmética a partir de un lugar dado en la estructura productiva, sino el complejo compromiso que se gesta en un recorrido de luchas y en una decisión autónoma. Hoy la posibilidad de una ruptura social sobre la base de los núcleos productivos realmente existentes es una ilusión. Asumir que su sola existencia alcanza y sobra para considerar la posible concreción de la arquitectura del diseño utópico es, en el mejor de los casos, una muestra de ceguera dogmática insuperable.

Precisamente, la evolución real de la estructura productiva somete la configuración concreta de ese diseño a nuevas complicaciones. Por lo pronto, en tiempos de la 1ª Internacional —¡y durante la mayor parte del siglo XX!— se creyó firmemente que el movimiento histórico tendría por desembocadura, inmediata o a mediano plazo, tanto el crecimiento cuantitativo del «proletariado» como su homogeneización interna en los términos de las formas productivas «superiores» representadas por la gran industria. Sin embargo, el propio devenir se ha encargado por sí solo y sin auxilio teórico alguno de negar categóricamente tales vaticinios. A lo que en realidad hemos asistido es a una complejización creciente de los procesos productivos mediante la emancipación de la técnica; a un inacabable surtido de divisiones y subdivisiones en la esfera de la producción de bienes y servicios; y a una segmentación horizontal y vertical de lo que todavía hoy suele registrarse bajo la consoladora pero a todas luces insuficiente expresión de «mano de obra».

La gran industria, la producción en serie y las cadenas de montaje ya no constituyen el paradigma productivo en aquellos países donde alguna vez se conociera su hegemonía y nunca llegaron a serlo en la mayor parte de América Latina, África y Asia (con la excepción de China), que apenas llegaron a ser bendecidas con su rocío. La diversificación, la segmentación y la tecnocratización sustituyeron en los hechos a la profecía de una expansión y homogeneización que jamás se verificó. Y no solo la estructura productiva realmente existente e imperante en las mayores extensiones planetarias vio cómo se multiplicaba la cantidad de lugares y posiciones posibles sino que, prácticamente, cada proceso productivo particular recibió el homenaje de la división interna del trabajo, de la diferenciación y de la tecnificación creciente que eran impensables en los esquemas tradicionales. En la actualidad –y desde hace décadas– no podemos menos que constatar el enorme redimensionamiento de los servicios con respecto a la producción fabril de bienes en sentido estricto y también tendremos que reconocer en casi cualquier proceso particular de trabajo la multiplicación de aquellos puestos que ya no se caracterizan como labores manuales y directas sino que, contrariamente, encuentran su rasgo de distinción en múltiples funciones de «apoyo técnico».

En este marco, la vieja conciencia unitaria de clase fue sorprendida en su buena fe original, por lo menos por dos razones: en primer lugar, porque de acuerdo con sus propias bases teóricas de sustentación debería experimentar el mismo proceso de fragmentación que afecta a sus soportes existenciales y, en segundo término, porque ya no puede servirse de aquellas antiguas nociones que apelaban al interés inmediato como detonante de su historia formativa. Así, la comunidad mítica del «proletariado» tuvo que abrir paso y ofrecer un lugar al reconocimiento de contradicciones internas en su propio seno, con sus correspondientes formulaciones discursivas e independientemente del nivel de análisis que se adopte; sea éste el campo, la fábrica, el taller, la oficina, la estructura productiva nacional o el cuadro de divisiones y subdivisiones internacionales del trabajo.

Si realmente fuera cierto que la existencia delimitada por las condiciones inmediatas de trabajo determina la conciencia que se tenga de ellas y de tantas otras cosas, entonces tendríamos que darle a la distribución de la conciencia la forma de un escalafón y resignarnos una y otra vez a que el interés de cada cual provocara en su soberano despliegue algo no muy diferente a lo que tenemos. Sospecha que obliga por sí misma, en cualquier intento de reconstrucción teórica, a desechar ese supuesto bizantino del interés «estructural» y «objetivo».

Sostener que «la fragmentación de los procesos productivos ha ido acompañada por una integración cada vez más intensa del mercado mundial» también coloca en el pasado el marco de análisis. Una vez más, la realidad material es otra. La fragmentación de los procesos productivos pasó a ser historia con la irrupción del nuevo paradigma productivo postpandemia. La abrupta alteración en la continuidad del flujo de mercancías, incluso de insumos y materias primas y, la consecuente parálisis de los «momentos» —Marx dixit— de la producción; desataron una tormenta perfecta en el seno de la economía global con efectos inmediatos en la dinámica de expansión y acumulación de capital, dando inicio a la desglobalización y la reterritorialización industrial. Evidentemente, el gran «empujón» de las últimas tres décadas de postindustrialismo y la imposición (y socialización) de las nuevas tecnologías de la mano de la Cuarta Revolución Industrial (4IR), fue determinante en el afianzamiento del nuevo paradigma productivo y la consolidación del Ciberleviatán en franca reconfiguración del «mundo bipolar» que, una vez más, enfrenta con ahínco dos modelos de capitalismo con sus rivalidades geopolíticas.

Tesla es el mejor ejemplo del nuevo paradigma productivo. Esta Gigafábrica logró evitar el colapso de la crisis de 2020 —en pleno confinamiento por la pandemia de COVID-19— y sus consecuentes efectos de «cuellos de botella logísticos» durante 2021 y 2022, porque no es solo una fábrica de automóviles eléctricos sino un ecosistema productivo. A contramano de las estrategias globalizadoras de los procesos productivos, donde las fábricas eran dependientes de diversas cadenas de suministro, Tesla asumió la producción total de todos sus componentes. Al comienzo compraba celdas de ion de litio en Japón y las enviaba a Tailandia para fabricar las baterías. Pero su objetivo era la «soberanía estructural». Es decir, librarse de las cadenas de suministro y concretar un modelo de plena autosuficiencia, por lo que decidió fabricar baterías para tener el control desde cero, o sea, desde la extracción del litio hasta la colocación de la batería en el coche. No es casual que este ecosistema productivo se instalara en Nevada, el único lugar en Estados Unidos donde se encuentra una mina en activo de extracción de litio (Silver Peak), asegurando el suministro para la fabricación de un millón de coches al año. Tampoco es casual que Tesla abriera una planta de refinamiento de litio en Texas.

En cuanto al rol del «sujeto potencial de una transformación revolucionaria» en Tesla, quizá sea oportuno comentar que los más de 125 mil empleados de la empresa trabajan bajo el esquema de «integración vertical y jerarquía horizontal» que se encauza en la estrategia de «talento y cultura laboral». Dicha estrategia se centra en siete «pilares fundamentales»: visión, innovación, transparencia, mentalidad de propietario, velocidad, aprendizaje continuo y cultura empresarial sólida.4 Otro aspecto a destacar es que trabajan más de 60 horas semanales y no están sindicalizados.5 El salario base es mucho más bajo que el promedio del mercado automotriz, compensado de manera agresiva con «acciones millonarias» y «bonos de productividad y desempeño» en base al rendimiento individual.

Proletariado global: ¿En fase de expansión o en peligro de extinción?

La costumbre más o menos reciente entre la tendencia bordiguista libertaria de una conciliación forzada entre las tradiciones retóricas de la vieja formulación clasista y las realidades sociales contemporáneas conduce a vulgaridades y chapucerías teóricas igualmente grotescas que las que se produjeron en el pasado. La mayor de las cuales consiste en ese procedimiento increíblemente arbitrario de subsumir dentro del concepto de «proletariado» las configuraciones identitarias más insólitas. Definitivamente, no alcanza ya con la incorporación y el auxilio teóricos de categorías incluyentes que resuelvan las limitaciones y estrecheces de la visión marxiana. Ahora es preciso avanzar hacia categorías que den cuenta también del devenir histórico y que puedan transformarse en la razón previa de su temática y, por lo tanto, concebir que la dominación política y el Poder son tan anteriores a la explotación económica en cualquiera de sus definiciones como lo son las piojosas pelucas de los Luises de la adoración numismática de la que después fueron objeto.

La caracterización excluyente y completa de una sociedad como capitalista, por muy trillada y aceptada que esté, es penosamente pobre y denota, casi como ninguna otra situación, la debilidad teórica que todavía arrastramos y, para demostrarlo, basta con evocar que la expresión aun pretende designar —y, lo que es peor, explicar— cosas tan diversas como la Holanda de Guillermo de Orange, la Rusia de Nicolás II, la Palestina de Hamás y la Venezuela de Delcy Rodríguez.

Marx y sus acólitos definían al «proletariado» no solo por el papel que jugaba en la economía capitalista (clase en sí), sino por su capacidad organizativa, su autorreconocimiento como sujeto colectivo y su consecuente actuación política (clase para sí). En tal sentido —y trasladado al lenguaje común de los mortales—, la clase en sí estaría conformada por todo animal humano que venda su tiempo y carezca de toda autonomía material (capital, medios de producción, patentes, tierra, redes de distribución, etc.). De tal suerte, en la medida que crece la llamada población económicamente activa, la clase en sí se multiplica exponencialmente a nivel global.

En efecto, no cabe duda, que el trabajo asalariado todavía existe y que registró un crecimiento cuantitativo sin precedentes, gracias al desarrollo del «Capitalismo Mundial Integrado» —Guattari dixit—. En particular, durante los años 90 y la primera década del siglo XXI. Sin embargo, esa verdad de Perogrullo a la que se aferra Guillamón, como prueba fehaciente de la expansión del «proletariado global» en nuestros días, no le autoriza a concluir que en ese conglomerado amorfo y variopinto de asalariados habita «el sujeto potencial de una transformación revolucionaria». Tamaño ilusionismo no es más que un refugio retórico sin sustento práctico que intenta oxigenar al fabulismo proletario, con el objeto de suministrarle vida artificial a un sistema conceptual arcaico.

Para el pensamiento marxiano, la contradicción —y, por lo tanto, la raíz económica de la lucha de clases— se da entre el carácter social y colectivo de la producción y el carácter privado de la apropiación y, por lo tanto, del secuestro y la canalización de la «plusvalía». Pero la expresión cotidiana e históricamente concreta de esta contradicción no es otra que la forma dineraria del salario, ubicada en el campo inmediato de percepciones y de conciencia tanto de la burguesía como del proletariado. La cuestión es que el dogma les ha impedido percibir que si la lucha se derivara única e imperativamente de la situación económica de clase, aquella bien podría no producirse en momento alguno.

Por lo tanto, si la lucha de clases solo se limitara a seguir y expresar los movimientos asociados al destino dinerario de la «plusvalía», el resultado histórico concreto sería bien diferente del esperado por la vulgaridad marxiana de base estructuralista. Afortunadamente, desde el punto de vista anárquico, la mediación insustituible de la conciencia, la gestación de afinidades sediciosas y la afirmación de éstas a través de sus luchas y enfrentamientos, se encargan, por su propia cuenta, de producir aquellas orientaciones y tendencias que efectivamente empalmen con una práctica anárquica de enfrentamiento al Poder de cara al siglo que vivimos.

Situados en la perspectiva histórica del anarquismo contemporáneo, parece claro que si el rol destructivo se apoyara exclusivamente en el «proletariado» solo podría desembocarse o bien en una dictadura totalitaria —que, una vez más, nada tendría de proletaria, como nos confirman todos los ensayos previos— o en el desarrollo de experiencias cooperativas virtualmente testimoniales. Hoy, la complejidad de las tramas de Poder y la redoblada atención que merece su consideración en cuanto estrategia y no solo como cuadro de relaciones socialmente consagradas de dominación, hacen pensar que es necesario ir más allá todavía y que ya no es suficiente con la supresión de las posiciones sociales que lo expresan, sino que también habrá que afrontar la oposición respecto a los discursos que las forman, las legitiman y las justifican, y frente a las estrategias a través de las cuales se despliegan y se ponen de manifiesto.

Nuestro recorrido nos permite arribar ahora mismo a tres conclusiones provisionales sobre nuestro tema; en primer lugar, que la lucha ya no puede corresponderse con ese simplificado diseño decimonónico que disponía un campo de batalla dicotómico entre la burguesía y el proletariado, como nos propone Guillamón y reproducen, tal coreografía de nado sincronizado Liza, Embat, Batzac «y tantos otros [que reclaman] más protagonismo al proletariado y menos obituarios derrotistas». En segundo término, que la lucha de clases, mediada y expresada a través de la conciencia, no es otra cosa que la suma de las luchas contra la dominación de una miríada de afinidades sediciosas que se construyen y reconstruyen en su propio recorrido de enfrentamientos y, por último, que todo ello obliga a situarnos mucho más allá del estrecho encasillamiento clasista de un mecanismo central determinante y a explorar una trama indefinidamente más intrincada y más fina que nos permita impulsar los empeños de liberación total de la mano de una estrategia re-fundacional (teórico-práctica) de la sedición anárquica, asumiendo al anarquismo como una tensión perpetua: arma de la crítica y enfrentamiento cotidiano al Poder, y ya no como expresión radical de la lucha de clases en el sentido decimonónico.

Aceptemos entonces, que el desarrollo mecánico y automático de las fuerzas productivas solo conduce a su propia perpetuación —exacerbada en estos tiempos en que ese desarrollo, gracias a la revolución permanente de la tecnología («la única revolución permanente y global de la historia», Anders dixit.), ha producido una complejización y una diversificación ostentosas— y que la pérdida de homogeneidades identitarias hace imposible no solo la «recomposición del proletariado», sino la edificación de una sociedad libertaria como se soñaba antaño. Lo que nos recuerda que sigue siendo indiscutiblemente cierto que ninguna sociedad jamás podrá refundarse en libertad sin haber resuelto el gran tema de la abolición del Poder y el desmantelamiento de todo lo existente, pero habrá que incorporar también la convicción de que tal cosa no opera en un espacio de determinaciones unidireccionales y que, por lo tanto, ninguna sociedad puede recrear tampoco nada que realmente valga la pena si no está en condiciones de resolver tales necesidades.

Admitamos, por extensión de estos razonamientos, la idea de que uno de los grandes problemas a resolver por cierto núcleo de necesidades, voluntades e iniciativas sediciosas pasa a ser, radicalmente, el de los sujetos conscientes que sustituyan con ventajas al difunto proletariado. Por consiguiente, lo que cabe dejar establecido en este preciso instante es que dichos sujetos —en el remoto caso de concretarse— no podrán ser simplemente la contracara generada por el capitalismo en su propia dinámica y que, mucho menos, podrán localizarse exclusivamente en la lucha de clases tal como se le ha concebido tradicionalmente.

No es casual que desde los intentos revolucionarios de 1936 —¡hace 90 años!— los distintos movimientos libertarios no hayan producido nuevos diseños de reconstrucción social, lo que bien podría estar respondiendo tanto a implícitas constataciones del tipo anterior como al carácter intemporal de aquellos bocetos rígidos trazados por la abstracción de las clases y sus luchas. Esas conceptualizaciones fueron concebibles en la medida en que también lo fueron los proyectos insurreccionales y los instrumentos orgánicos que le sirvieron de sustento, los cuales no atraviesan su mejor momento desde hace décadas. El viejo modelo emancipador era el negativo de una sociedad formalmente jerarquizada que se regía por un principio organizativo central, razón por la que solo bastaba con expropiar los medios de producción y destruir las estructuras piramidales de dominación —invirtiendo el principio— para que un cuadro completo de relaciones libertarias de convivencia se materializara como posibilidad inmediata.

Tampoco es fortuito que las experiencias de lucha más recientes —a las que apela Guillamón— se ubiquen en torno a la autonomía obrera y la autogestión proletaria. O sea, se remontan a 1969 (el autunno caldo italiano),1976 (la reorganización del sindicalismo libertario en la llamada transición española) y 1977 (el esplendor del movimiento autónomo italiano y el inició de los anni di piombo). Si bien esos ensayos organizativos pueden resultarnos próximos a quienes acumulamos otoños, no deja de ser significativo que en el verano de 1977 nacía mi hija mayor y el próximo año arribará a medio siglo de vida. Sin duda, todas esas experiencias hoy conforman la prehistoria de las luchas. Prehistoria mitificada, por cierto, y aún pendiente de balance crítico. Mientras tanto, habrá que garabatear un nuevo cuadro de conflictividad que ya no podrá ser considerado de la misma forma que medio siglo atrás, mucho menos, podrá ser contenido por su mera representación decimonónica.

Del mismo modo, las sociedades contemporáneas y el juego de conflictos que simulan se resisten a ser interpretadas a partir de ese concepto central que alguna vez fue el trabajo. En sociedades atravesadas por identidades múltiples, superpuestas y cambiantes, el trabajo ha perdido la centralidad cultural e ideológica que le permitió ser el punto nodal desde el cual generar otros entendimientos teórica y prácticamente pertinentes. En estrecha relación con lo anterior, parece claro que el propio esquema trazado por las clases, ha adquirido una complejidad, una diversidad y una segmentación interna que poco o nada tiene que ver con aquel breve paisaje de polaridades perfectas que alguna vez permitieron orientar sin demasiadas vacilaciones cualquier estrategia de enfrentamiento.

Incluso, la Revolución Social, en el sentido mítico que le diera la tradición anarcosindicalista, es hoy una entidad inasible y, en el sentido estricto de la experiencia histórica, un fenómeno infrecuente y de muy remotas posibilidades. Es más, la propia «violencia transformadora» ha dado paso a la violencia del consenso. Entre otras razones, porque además, los «sujetos revolucionarios» a los cuales se les adjudicaba el protagonismo de las insurrecciones clásicas de signo comunista, o bien muestran síntomas de una ostensible degeneración o se encuentran en estado permanente de flagrante integración al sistema de dominación. Esta metamorfosis del «sujeto histórico» ha dado lugar a un sentimiento generalizado de falsa emancipación, donde la resultante es un no sujeto, es decir, un sujeto carente de toda sujeción: el sujeto positivo de la sociedad de la eficacia y la optimización.

Lo que nos remite, otra vez, a la imposibilidad de trazar tanto una representación gráfica de las luchas, como —en forma más abstracta todavía— un mapa de la sociedad contemporánea en cuanto espacio ordenado de lugares fijos, identidades inamovibles o atribuciones conceptuales inapelables. En este plano, la crítica al neoleninismo y al bordiguismo libertario que hoy pretende ser hegemónico en nuestras tiendas, adquiere particular trascendencia desde la perspectiva anárquica. Entre otras cosas, porque dicho pensamiento reactualiza, a su modo, parte de la temática fundacional, aunque canalizándola hacia la defensa a ultranza del Poder Popular como contrapunto de la crítica del Estado; lo que adultera la esencia misma de la Anarquía, que no es otra que la crítica del Poder en todas sus presentaciones.

Por último, vale señalar que el peligro de dar cobijo a este ilusionismo circense que promueve la falacia perpetuacionista de la centralidad táctica y el fabulismo proletario, radica, hoy como siempre, en su potencial contrainsurgente. Quienes anuncian desde una narrativa dogmática la resurrección del «proletariado» distorsionan la realidad material: confunden las ilusiones con los hechos, el pasado y el presente. Y no los culpo, cuando la realidad se vuelve insoportable, la huida hacia la fantasía es inevitable. El problema es que se crean falsas expectativas en torno a la miseria, el resentimiento y la humillación (materias prima por excelencia de los fascismos) que pueden conducir, una vez más, a la inacción o al matadero. Es decir, a la remasterización de la organización disciplinada y centralista —con sus siglas y programas—, tendiente a cancelar la insurrección individual y la conflictividad permanente; o a la instauración de una dictadura «proletaria» donde, otra vez, serán cercenadas todas las energías y potencialidades emancipadoras.

PD: Revolución, hace muchos años, es sinónimo de barbarie. Desde la Revolución francesa a la fecha, TODAS las revoluciones han culminado en regímenes de dominación total, progenitoras de Auschwitz y el archipiélago Gulag.

Ai ferri corti con l'esistente, i suoi defensori e i suoi falsi critici –que puede ser traducido como “Cuerpo a cuerpo con lo existente, sus defensores y sus falsos críticos”–, texto anónimo particularmente celebrado por la tendencia informal anárquica. (Consultado 19/8/2026). ↩︎
Lo que indica algo peor: la carencia de práctica. Porque, a diferencia del pensamiento dogmático, la teoría anárquica solo se elabora a partir de la práctica. Sin ella, no hay praxis y todo se reduce a la pose libertaria y la plática de café. ↩︎
Según —los nada confiables— datos oficiales, Argentina y México serían los más castigados en 2009 con contracciones de sus PIB de -5.9 y -5,3% respectivamente. Ese mismo año, en México se registró un alza de 5,9% en la tasa de desempleo (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI) y un incremento significativo en el índice de pobreza con el ingreso de casi 6 millones de «nuevos pobres» (INEGI). Mientras que en Argentina, la tasa de desocupación alcanzó el 8,8% en el segundo trimestre de ese año (Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC) y el índice de pobreza en zonas urbanas se ubicó entre 13,9 y 15,3% (INDEC), aunque algunos centros de estudio independientes y universidades, estimaron que la pobreza real en 2009 superaba el 30% de la población. ↩︎
Estrategia de talento y cultura en Tesla. (Consultado 19/8/2026). ↩︎
Es el único gran fabricante automotriz en Estados Unidos cuyos empleados no están representados por una organización sindical. ↩︎

Buscando bandas venezolanas para programa de Radio Web

Codo (A) Codo — 2026-09-02T23:41:05Z

par Codo (A) Codo - Local | Focus, Acción, Software Libre, Contracultura, AntiFa, Anarquismo, Hato Arriba

Estoy preparando una emisión de Radio (“Véner-zuela” véner significa enojad@ en francés) de una hora, una vez por semana en http://www.droogies.org/ una radio de Francia sin publicidad hecho por amigos, que se escucha en la web y se descarga por Android y iOS, la hora se dedicara a bandas de Oï, Punk, Ska, Post-Punk y Hard Core independiente de Venezuela y de las que se fueron del país, pueden mandar canciones, discos, a droogies@contrapoder.org , no dudan en publicar sus eventos, noticias, opiniones en https://indymedia-venezuela.contrapoder.org
Esteban

Frente de Liberación de la Tierra

fargov — 2026-09-01T14:02:07Z

par fargov - No Local | Mundo, Anarquismo, Ecología , Reflexión / Análisis

El Frente de Liberación de la Tierra (FLT), conocido internacionalmente como Earth Liberation Front (ELF), es un colectivo anónimo y descentralizado que emplea el sabotaje económico y la acción directa para oponerse a la explotación y destrucción del medio ambiente.

Origen y expansión

El movimiento nació en Brighton (Reino Unido) en 1992, impulsado por activistas de Earth First! que buscaban una vía para realizar acciones de «ecotaje» sin vincularlas a campañas legales. Se extendió por Europa en 1994 y posteriormente a América del Norte, operando en más de una docena de países.

Ideología y principios

El grupo busca eliminar el beneficio económico en actividades dañinas para el planeta (tala masiva, ingeniería genética, urbanización salvaje, consumo masivo de combustibles). Sus directrices establecen tres reglas fundamentales:

Infligir el máximo daño económico a las industrias destructivas.
Informar y educar al público sobre las atrocidades contra la naturaleza.
Tomar precauciones estrictas para no dañar a ningún ser vivo (humano o no humano).

Estructura y tácticas

Sin líderes ni membresía formal, el FLT opera mediante células autónomas y grupos de afinidad reducidos.

Sus tácticas incluyen la destrucción de propiedad, el sabotaje de maquinaria pesada e incendios en instalaciones desocupadas. En 2001, el FBI clasificó al ELF como la mayor amenaza de terrorismo doméstico en EE. UU., catalogando sus acciones como ecoterrorismo, a pesar de su política explícita de no atentar contra la integridad física de las personas.

Casos emblemáticos

Vail, Colorado (1998): Incendio en una estación de esquí que causó 12 millones de dólares en daños para frenar la destrucción del hábitat de linces.
Noroeste de EE. UU.: Sabotaje a concesionarios de SUV, laboratorios de OMG y sedes madereras.
Europa: Acciones contra granjas peleteras, torres de caza e infraestructuras industriales, trabajando en consonancia con el Frente de Liberación Animal (FLA).

El debate actual

Aunque su punto álgido fue entre finales de los años 90 y los 2000, el legado del FLT continúa reabriendo debates clave sobre los límites del ecologismo, la legitimidad del sabotaje económico frente a la crisis climática y la frontera entre la protesta radical y el delito criminal.

Comunicado del Colectivo Autistici/Inventati

Colectivo Autistici/Inventati — 2026-08-31T22:46:29Z

par Colectivo Autistici/Inventati - Comunicados | Mundo, Anarquismo, AntiFa, Contracultura, Represión , Solidaridad , Focus

Hoy hemos sabido que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido incluir a un pequeño colectivo de voluntarixs y activistas digitales italianxs en el elenco de las organizaciones terroristas mundiales merecedoras de sanciones, como se puede leer en las declaraciones del Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y en la Orden Ejecutiva emitida en relación a este asunto.

Nosotrxs volvemos a oponernos al remitente de todas las acusaciones presentadas en estas declaraciones y al mismo tiempo nos reafirmamos con fuerza en nuestro empeño por facilitar una plataforma de instrumentos de auto-defensa digital para permitir a activistas, individualidades, grupos y asociaciones comunicar libremente.

No nos detendremos y continuaremos a hacer lo que hemos hecho siempre, oponiendonos de todas las maneras a las falsas acusaciones construidas por una administración políticamente desesperada que tiene como único objetivo distraer a las personas y los medios de su propia violencia y su propio deseo de guerra.

El antifascismo y el anticapitalismo no son terrorismo. Protestar no es terrorismo. Y todxs tienen el derecho de tomar la palabra y luchar por toda la humanidad.

«Socializar saberes sin fundar poderes»

BOLIVIA: EN LA ENCRUCIJADA DE LA INSURRECCIÓN Y LA CONTRARREVOLUCIÓN

Guerra de Clases — 2026-08-31T20:48:55Z

par Guerra de Clases - No Local | América Latina, Anarquismo, Movimientos Sociales , Proyección / Debate / Concierto

GUERRA SOCIAL EN EL ALTIPLANO

Las protestas en Bolivia se han recrudecido en las últimas semanas. La normalidad y la paz social añorada eternamente por los capitalistas está rota. Decenas de bloqueos carreteros en rutas estratégicas que conectan La Paz con Cochabamba, Oruro y los pasos fronterizos hacia Chile y Perú, se multiplican sin cesar, pese a la atroz represión de policías, bandas militares y matones a sueldo, a los que el proletariado ha respondido con genuina violencia organizada de clase.

La sociedad de la mercancía, mediante sus chacales voceros y buitres periodistas, se apresura a despotricar sus ideologías y odio racial contra los insurrectos. Primero acusando a los rebeldes, de ser todos en bloque partidarios de Evo Morales (manipulados por los resquicios de la ideología MASista) ocultando el hecho de que esta jornada de lucha callejera no es por un personaje obsoleto, sino la respuesta de la clase trabajadora a las condiciones miserables de subsistencia y a las políticas hambreadoras de los títeres de turno que buscan acelerar el saqueo de recursos (agua, litio, tierras, minerales) e imponer más medidas de austeridad.

Mientras tanto, organizaciones que giran en torno la Central Obrera Boliviana (COB), sectores mineros, campesinos y agrupaciones indígenas, endurecieron las protestas y comenzaron a enarbolar como demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los “dirigentes sociales” (mejor dicho burócratas apagafuegos) denunciaron una creciente “traición del Gobierno hacia las bases populares” y rechazaron las convocatorias oficiales al diálogo. Pero para nosotros, anarquistas-comunistas, toda esa queja es una patraña, no existe tal traición, pues es el natural accionar de la burguesía imponiendo su voluntad para asegurar la continuidad de la dominación del Capital.

Las organizaciones sindicales, lejos de ser un arma de lucha contra el capital, son una herramienta perfectamente integrada al sistema, que sirven de mediadoras y conciliadoras entre la clase dirigente y los explotados, para regular el precio de la fuerza laboral e impedir la clase trabajadora se constituya en fuerza revolucionaria. Otra de sus características nauseabundas, es que cumplen la función de encuadrar la fuerza masiva de la clase en intereses sectoriales, contribuyendo al divisionismo y la fragmentación de la lucha, fomentando la ilusión de que cada sector laboral, raza, etnia, posee intereses particulares desligados del resto.

Al Igual que recientemente ocurrió en Ecuador con la CONAIE (Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador), que solo sirvió para desgastar, enfrascar y liquidar las movilizaciones, las grandes organizaciones burocráticas “de vanguardia” encargadas de las negociaciones (¿acaso hay algo que negociar con nuestros enemigos de clase?) intentan llevar nuevamente a la clase trabajadora al desfiladero de las ilusiones democráticas burguesas, para que todo siga igual o peor que antes.

El gobierno del mequetrefe Rodrigo Paz se apresuró a negociar acuerdos para dividir el movimiento, con concesiones a algunos de los sectores movilizados. Negoció con las cooperativas, anulando una deuda de 95 millones de bolivianos con la Caja Nacional de Salud y manteniendo el subsidio al combustible. También negoció con el magisterio y con la COB de El Alto, y firmó un acuerdo con los dirigentes de los «ponchos rojos» de La Paz. Esos sectores se retiraron de a poco del conflicto. Fue evidente que algunas de las bases repudiaron a sus líderes por haber firmado.

Nos permitimos citar un fragmento de un texto que circula en la web, que ejemplifica y contribuye a lo mencionado (pese a que no compartimos su perspectiva de “democracia obrera”), demostrando como esas mafias de “profesionales de las luchas y las movilizaciones” son los verdaderos sepultureros de toda tentativa revolucionaria:

Mientras que el 30 de mayo, Asambleas Generales autoorganizadas como la de Patacamaya, con la participación de representantes de las 77 comunidades de la provincia de Aroma, decidieron, al igual que en todo el país, rechazar cualquier diálogo con el gobierno, exigir su renuncia y mantener bloqueos indefinidos, radicalizando la movilización —con 93 bloqueos hoy, frente a los 60 de hace dos días—, la dirigencia de la COB, la principal federación sindical, elude una vez más su responsabilidad y pospone —con el pretexto de la seguridad— la Asamblea General Nacional, donde se debía tomar una decisión hoy: negociar con el gobierno o continuar la lucha hasta su caída. Y en un intento por impedir esta Asamblea, la dirigencia de la COB no ha fijado fecha para la próxima.

La postura de la dirigencia de la COB es clara para todos.

Numerosos comités autoorganizados habían convocado a participar en esta Asamblea para decidir sobre la continuación de la lucha por el derrocamiento del gobierno, y era seguro que obtendrían la mayoría, arrastrando consigo a las bases de la COB. Esto habría transformado efectivamente esta asamblea abierta de la COB en una dirección nacional autoorganizada para la lucha por el derrocamiento del gobierno. La dirección de la COB ha demostrado hoy que no desea derrocar al gobierno y, por lo tanto, no quiere que el actual movimiento insurreccional pertenezca a quienes lo lideran.

Muchos lo consideran una traición.

Al mismo tiempo, esto no sorprende a muchos, dado que la COB ya había traicionado la primera fase del movimiento en diciembre/enero de 2026, y sobre todo, no desanima a nadie porque los comités autoorganizados habían advertido ampliamente sobre lo que probablemente sucedería.

Esto no destruirá el movimiento. Simplemente alentará a los comités autoorganizados a establecer por sí mismos la dirección democrática nacional [SIC!] de la que carece el movimiento y que podría haberse reunido hoy.[1]

Así se las gasta el izquierdismo, el sindicalismo y el ciudadanismo. Hoy te llevan a la huelga, pero antes o durante el proceso ya te han vendido a los voraces conglomerados empresariales y sus familias políticas.

Mientras se siga atrapado en la narrativa que esta lucha es por defender la democracia y la soberanía contra el avance de la ultra derecha y el fascismo, estaremos condenados a que la lucha transcurra sin trastocar las estructuras del sistema capitalista, transitando de simples recambios gubernamentales donde la burguesía nacionalista prepara el terreno para la llegada de burguesías estrafalarias con menos escrúpulos (los Mileis, los Noboas, los bukele, los Trump).

Bolivia posee una gran tradición de combatividad en el terreno de la lucha de clases (desde la insurrección obrera de 1952 a las guerras del agua del 2000 y del gas en 2003). Esta jornada de lucha, ha sido posible gracias a la existencia de una comunidad de lucha (perspectiva de colectividad, redes de apoyo, asambleas, grupos de logística); y queda claro que, aunque la masividad de un movimiento no lo vuelve invulnerable, sin una base social que se arroje a la lucha y se respalde entre sí, la paz social del capitalismo se impondrá de manera más violenta aunque el proletariado se encuentre en una situación de precariedad y miseria extrema (véase el caso de Argentina).

¿Y LUEGO DE LA INSURRECCIÓN?

Por otro lado, cabe aclarar que hoy, la situación de insurrección proletaria en Bolivia no surge en un contexto de revolución mundial, sino por el contrario, acontece en un vórtice de contrarrevolución donde la burguesía se muestra desesperada en su carrera de acumulación de capital —acelerando la guerra, el ecocidio y el control tecnológico—. El accionar de los bloques burgueses que representan los nuevos fascismos y las nuevas derechas, tiende a acelerar las contradicciones de clase pero eso no significa que en automático nuestra clase responda con elocuencia y contundencia a los ataques del capitalismo. Queda claro que no se puede dejar todo a la espontaneidad.

Si la batuta de la lucha es llevada por la reformista Central Obrera Boliviana (COB), tras la decadencia del MAS, es porque en efecto, las condiciones no han madurado lo suficiente para hacer contra peso y llevar adelante una insurrección generalizada que vaya más allá de los límites de la pusilánime democracia y el izquierdismo. No obstante, superar eso, no es algo que dependa específicamente de la mera voluntad de unos individuos o una organización, sino que solo puede ser producto de balances y rupturas dentro del desarrollo mismo de la lucha.

Dos décadas de revueltas en todo el mundo, confirman una vez más que luchar bajo las banderas de los sectores de le izquierda reformista y progresista es condenarnos al estancamiento y a duros golpes que hacen quebrar la moral colectiva del proletariado. No es de sorprender que en Bolivia, pese a que exista en estos momentos una comunidad de lucha proletaria con gran combatividad, existan limitaciones producto de la confusión y la desidia, que albergan el riesgo de llevar la rebelión a un punto muerto.

¿Eso quiere decir que se debe permanecer inmóvil y expectante “hasta que las condiciones estén dadas? Creemos que no. Pese a que sabemos que no estamos siquiera en una fase “pre-revolucionaria”, eso no es el final del camino, ni significa la conclusión de la lucha, ni mucho menos nuestra derrota definitiva.

Los hechos materiales evidencian la lucha proletaria, no como debería de ser, sino como es: contradictoria en medio del caos y la revuelta, con la inevitable injerencia en sus comienzos de sectores interclasistas y reformistas que buscarán sacar provecho de la partida. Nunca surgirá en condiciones idóneas y a nuestra conveniencia. Es por eso que de nada sirve aislarnos en nombre de una pureza revolucionaria. Como agitadores y revolucionarios, debemos alentar al desbordamiento de las mismas organizaciones que han demostrado ser obsoletas para extender la lucha, no para “mejorarlas o cambiarlas desde dentro”, sino para romperlas, superarlas y crear nuestros propios organismos autónomos que respondan a nuestros intereses históricos de clase… así hasta la revolución social.

Es absurdo pensar que después de décadas de descuartizamiento del proletariado y sus estructuras de combate y lucha radical (sea por la represión o la cooptación), este va a desarrollar de la noche a la mañana un aglutinamiento para lanzarse al asalto al cielo con un programa revolucionario en mano y la bandera con la inscripción de Omnia sunt communia. Así no funciona la lucha de clases. No es que primero el proletariado “adquiera conciencia, se haga revolucionario y luego se lance a la lucha”, sino que es en el proceso de la lucha (siempre convulso, complejo, lleno de contradicciones y errores) donde desarrolla su conciencia y revela la perspectiva revolucionaria, o por lo menos, ahí se hacen más evidentes los limites oprobiosos del reformismo, orillándole a replantear los métodos de lucha.

Los sectores que ya están inmersos en las bases de esas organizaciones, que se hayan percatado de que delegar la lucha solo llevará al impase, deberán atender esa problemática y reagruparse para superar esa contradicción.

El gobierno tiene clara su respuesta: estado de sitio, ley mordaza, represión brutal y gatillo fácil para sofocar la revuelta a la brevedad. Pese a los muertos, aún no lo ha logrado y su desesperación aumenta. Pero, ¿Qué hay del otro lado de la barricada? ¿Seguiremos albergando la estúpida esperanza de que otros gobiernos progresistas o el bloque chino-ruso-iraní intervendrán desde fuera para salvarnos? Todos los estados son enemigos del proletariado y tarde o temprano nos aplastarán o entregarán como botín a sus rivales. El proletariado no tiene amigos entre la burguesía; solo cuenta con sus propias fuerzas, memoria histórica y métodos de lucha.

El polvorín sigue pegado a la mecha, las movilizaciones continúan y las asambleas barriales siguen con fuerza, pero no debemos confiarnos. Sabemos que uno de los puntos débiles de toda revuelta es que si se estas se prolongan, suman el peso del desgaste y la desesperación sobre los sublevados. La escasez de productos de primera necesidad, medicamentos e insumos se agrava por los bloqueos y la falta de combustible, y esto es crucial para la continuidad de la resistencia proletaria.

Lo que acontece en Bolivia, debe aportar enormes lecciones a nuestro arsenal en esta guerra de clases. O avanzamos hacia la abolición del capital, del dinero, del mercado, del Estado y de las clases… o prolongaremos nuestra penuria bajo este sistema.

Viva la revuelta proletaria en Bolivia!

Arriba los que luchan!

Ni izquierda ni derecha!

Muerte al Estado y al capital!

Contra la contra – Junio 2026

Notas

[1] Información citada por Luttesinvisibles.

Rechazamos el falso diálogo digitado desde el Departamento de Estado

Partido Socialismo y Libertad — 2026-08-29T01:28:10Z

par Partido Socialismo y Libertad - Local | Caracas, Política , Reflexión / Análisis

El pasado 18 de junio se produjo una visita inesperada al país. Dinorah Figuera, presidenta de la extinta Asamblea Nacional elegida en el año 2015, llegó a Maiquetía acompañada de algunos de los diputados de dicho parlamento.

De manera insólita, y como algo muy normal, afirmó ante los periodistas que: «Yo estoy asumiendo una invitación que me hace el Departamento de Estado para asumir los desafíos que van a dirimir las diferencias, pero a tener congruencias y coincidencias en los temas de tener un CNE creíble». Incluso fue más lejos y dejó en claro que Estados Unidos le había encomendado la tarea de negociar con el gobierno de Delcy Rodríguez, la conformación de un Consejo Nacional Electoral “creíble”.

Lo primero que hizo al llegar a Venezuela fue reunirse con el encargado de negocios de los Estados Unidos, John Barret, incluso antes de hacerlo con Jorge Rodríguez, presidente de la actual Asamblea Nacional. Suponemos que la reunión con Barret fue para recibir las últimas instrucciones de sus amos.

Es decir, con total desfachatez, reconoce que viene mandata por el gobierno del ultraderechista Donald Trump, para iniciar un proceso que solo le concierne a las venezolanas y venezolanos. Mayor injerencia de Estados Unidos, y sumisión por parte de Figuera, imposible.

Este proceso, que significaría el inicio del tercer momento (democratización) del plan de tres fases trazado por Trump y hecho público por su secretario de Estado, Marcos Rubio, se comenzó a delinear desde el pasado 22 de abril cuando Figuera se reunió en Washington con el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kozac.

Llama la atención que menos de un mes antes de la entrada en escena de Dinorah Figuera, la Plataforma Unitaria Democrática, que integra a los principales partidos de la oposición burguesa, en una reunión realizada en Panamá con los auspicios del ultraderechista José Raúl Mulino, designara a María Corina Machado como la encargada de iniciar las negociaciones con el gobierno venezolano para iniciar una eventual transición democrática.

Todo esto fue echado por tierra por el gobierno de Donald Trump, designando a Figuera como la encargada de las negociaciones con el chavismo, y dejando en claro que quien pone las pautas y condiciones es Estados Unidos.

El pasado 12 de agosto culminó el primer ciclo de conversaciones de la mesa de diálogo instalada entre el gobierno y la Asamblea Nacional actual y representantes de la Asamblea Nacional de 2015. Ante ello, el Departamento de Estado expresó en redes sociales su satisfacción por las conversaciones, y le dio un espaldarazo al proceso que nuevamente deja fuera de la jugada a María Corina Machado, que ante el hecho consumado, no le quedó más remedio que decir que no pondría obstáculos al proceso de dialogo.

Recientemente Henry Ramos Allup, dirigente de Acción Democrática, cuestionó este proceso de diálogo, argumentando que en el mismo solo participan dos partidos de la Plataforma Unitaria (Primero Justicia y Voluntad Popular), poniéndose en evidencia nuevamente las profundas grietas que cruzan a la oposición patronal.

Desde el Partido Socialismo y Libertad decimos que este supuesto proceso de diálogo entre un sector de la oposición patronal y el gobierno, no es más que un nuevo capítulo del pacto entreguista del chavismo con Trump. Una vuelta de tuerca más al tutelaje y control que ejerce Estados Unidos sobre nuestro país, con la anuencia y el beneplácito de un gobierno que desde el pasado 3 de enero capituló en toda regla ante el imperialismo estadounidense.

Se trata de un falso diálogo, impuesto por Estados Unidos, con representantes escogidos por Trump y Rubio, muy alejado de los intereses y necesidades del pueblo trabajador venezolano. El PSL rechaza estos diálogos, que no son más que otra expresión vergonzosa de la sumisión del gobierno de Delcy Rodríguez a los designios imperialistas. Trump y Delcy Rodríguez tratan de canalizar el repudio generalizado al gobierno, y buscan evitar que el pueblo con su movilización los desborde.

Como era de esperar, en estos diálogos están completamente ausentes los principales problemas de los trabajadores y los sectores populares. Nada se dice sobre los salarios miserables, no hay ningún plan para frenar la devaluación de la moneda y la inflación. Ni una palabra sobre los continuos apagones, sobre la escasez de agua, gas y gasolina, nada sobre la recuperación de Pdvsa y las empresas básicas, mucho menos sobre el desastre de la educación y la salud.

El PSL está totalmente de acuerdo en que es necesario recuperar las libertades democráticas conculcadas en la última década, pero esto debe ser potestad del pueblo venezolano e impuesto con la lucha y movilización independiente del gobierno y de los partidos patronales y proimperialistas.

Sin duda es urgente la convocatoria a elecciones democráticas y transparentes, pero para ello son condiciones previas que se eliminen todas las leyes con las que se persigue a los que disienten y criminaliza a los que luchan; exigimos el desmantelamiento de los cuerpos represivos; hay que liberar a todos los presos que aún permanecen detenidos por oponerse al gobierno o luchar por sus derechos; que se reenganche a las y los trabajadores despedidos; es necesario legalizar a todos los partidos políticos sin excepción, eliminar todos los obstáculos seudolegales que hacen casi imposible que un partido se legalice; hay que eliminar las llamadas “inhabilitaciones políticas”; permitir el regreso seguro de todos los exiliados. Es necesario que se faciliten las elecciones en todos los sindicatos y federaciones, que se discutan las contrataciones colectivas vencidas, tanto en el sector público como en el privado, que se respete el derecho a huelga, la libertad sindical y la autonomía de los sindicatos, federaciones y centrales sindicales.

Desde el Partido Socialismo y Libertad planteamos que debemos movilizarnos para recuperar las libertades democráticas e imponer con la lucha un Plan Obrero y Popular de emergencia. ¡Basta de control de nuestro petróleo por Estados Unidos! ¡Que todos los recursos del Estado se pongan al servicio de los damnificados y afectados por el doble terremoto! Hoy más que nunca es urgente un aumento general de salarios igual a la canasta básica ¡Basta de bonificación salarial! Hay que defender la retroactividad de las prestaciones sociales ante el intento de Fedecámaras de eliminarla.

Hay que conformar un Fondo Social de Emergencia aplicando un impuesto especial progresivo a los que más tienen (grandes empresas nacionales y transnacionales, banqueros y terratenientes); haciendo que el petróleo sea 100% estatal sin empresas mixtas ni Contratos de Participación Productiva, y destinar todo ese dinero a salarios, jubilaciones, salud, educación y recuperación de los servicios públicos y reconstrucción de La Guaira con participación de la comunidades y los damnificados.

Caracas, 24 de agosto de 2026

Secretario general de la Futpv exige aumento salarial de emergencia y convoca a jornada nacional de protesta para el 1° de octubre

La clase info — 2026-08-29T01:21:32Z

par La clase info - Local | Caracas, Control Obrero, Política , Reflexión / Análisis

José Bodas Lugo, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV) y dirigente de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-CURA), informó sobre la culminación de la Asamblea Nacional Sindical integrada por miembros del Comité Ejecutivo de la FUTPV y secretarios generales de los sindicatos del sector.

Bodas destacó que la realización de esta asamblea representa un logro alcanzado gracias a las movilizaciones y luchas sostenidas por los trabajadores, logrando que el Comité Ejecutivo y la asamblea de sindicatos se reunieran tras más de 13 años de inactividad conjunta.

El dirigente denunció que las decisiones tomadas durante la jornada por la Asamblea Sindical Nacional carecen de validez legal, argumentando que el período para el cual fue electa dicha directiva (octubre de 2009 a octubre de 2014) ya venció. Asimismo, rechazó la pretensión de expulsar del comité ejecutivo al dirigente sindical Iván Freites, calificando la medida de arbitraria y políticamente motivada por vulnerar el derecho a la defensa.

Ante la situación económica del sector, Bodas fijó posición en representación de la masa laboral exigiendo; aumento salarial de emergencia, incremento inmediato de sueldos, salarios y pensiones indexados a la canasta básica, señalando que actualmente un trabajador petrolero percibe un promedio estimado de 30 dólares mensuales.

José Bodas hizo un llamado a trabajadores, jubilados, sobrevivientes y a la clase trabajadora en general a movilizarse el próximo 1° de octubre fecha en que vence la convención colectiva , para exigir la negociación de un nuevo contrato colectivo democrático frente a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y las empresas mixtas.

Señaló el dirigente sindical que buscan la reincorporación de más de 15 sindicatos fundadores excluidos de la FUTPV, la participación de todas las juntas directivas sindicales en la administración de la convención colectiva y la restitución y resguardo de los fondos sindicales.

Sobre la información falsa acerca de la «refundación de la AIT»

AIT — 2026-08-28T20:46:28Z

par AIT - Comunicados | Reflexión / Análisis, Focus

A principios de este mes, la organización española de la Confederación Internacional del Trabajo (CIT), organización internacional que apoya la integración con los sindicatos marxistas-leninistas y verticales, publicó información falsa afirmando que: “La CIT nace de una refundación de la histórica Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT), tras la expulsión de varios de sus sindicatos miembros en 2016.” Desmentimos esta información por considerarla deliberadamente engañosa. La AIT jamás ha votado a favor de su refundación, y dicha propuesta nunca se ha presentado ante un Congreso de la AIT para su debate. Como organización internacional basada en los principios del horizontalismo —es decir, la toma de decisiones por parte de sus miembros en sus Congresos—, ninguna decisión de este tipo podría adoptarse sin pasar por los procedimientos orgánicos de la AIT.

La AIT ha aclarado este asunto en numerosas ocasiones, pese a que la organización española de la CIT insiste en mantener esta mentira.

La CIT surgió de los esfuerzos de tres sindicatos que antes formaban parte de la AIT, los cuales habían desarrollado estructuras organizativas y directivas no orgánicas para unirse a organizaciones similares que permitieran el ejecucionismo y otras prácticas que no se ajustaban a las tácticas y objetivos de la AIT. Al intentar dividir la AIT y formar otra internacional, negándose a participar orgánicamente en ella, se autoexcluyeron y fueron desafiliados.

Estas son algunas de las decisiones del XXVI Congreso de la AIT celebrado en 2016:

«La AIT determina como ilegítimos cualesquiera intentos de la CNTE desfederada o la USI desfederada a representar a la AIT, autodenominarse AIT o “relanzar” la AIT».

„Cualesquiera intentos de “relanzar” la AIT, reorganizarla, etc. etc., que se tomen fuera de los procedimientos orgánicos de la AIT, deben ser considerados inorgánicos y tratados como intentos de apoderarse y usurpar la Internacional. En cualquier situación en la que alguna organización haga una convocatoria pública con este fin, se debe emitir un comunicado explicando que no está respaldada por la AIT. Si tenemos conocimiento de que se invita a otras organizaciones a participar en ellas, deberemos informarles de que la AIT no apoya tales iniciativas.”

Sobre la “CNT” de España: “Podemos decir que la CNT se ha retirado de la AIT pero también que se ha desafiliado por falta de pago de cuotas, violando los estatutos de la AIT y tratando de provocar una escisión.”

Estos son los acuerdos de la AIT. Basta ya de mentiras.

Nelson Garrido, el agitador profesional que hacía imágenes

Rafael Uzcategui — 2026-08-28T01:32:37Z

par Rafael Uzcategui - Local | Edito, Caracas, Anarquismo, Artes, Contracultura, Reflexión / Análisis

Este 20 de agosto, a días de cumplir 74 años, falleció en Caracas el fotógrafo venezolano Nelson Garrido, Premio Nacional de Artes Plásticas y referente de la imagen en el país. Tanto en su obra personal como en su trabajo sobre el arte popular en Venezuela y en su vocación de formación permanente a nuevas generaciones de fotógrafos, construyó un legado insustituible entre nosotros.

Sin embargo, yo no me acerqué a él por la fotografía, sino por el activismo. Su estirpe iconoclasta y su animosidad antiautoritaria crearon una afinidad instantánea que se fortaleció con el paso de los años.

A comienzos de los 2000 lo conocimos a partir del periódico anarquista El Libertario, del cual Nelson se hizo un asiduo colaborador, haciendo y aportando imágenes sin cobrarnos nunca un centavo. Durante varios años hicimos de su escuela de fotografía, llamada, con su particular sentido de la provocación, «Organización Nelson Garrido» (ONG), nuestro segundo hogar, donde hicimos e inventamos muchas cosas.

Una de las que más recuerdo fue el llamado «Foro Social Alternativo», creado en el año 2006 como una respuesta al oficialista Foro Social Mundial, que tenía como sede Caracas. Cuatro gatos, con la complicidad y estímulo del propio Garrido, decidimos enfrentar a un chavismo que estaba en su mejor momento económico y de popularidad.

Intentamos, sin éxito, articular a las disidencias de izquierda, desde Domingo Alberto Rangel y los trotskistas hasta Douglas Bravo. Demasiados caudillos juntos en el mismo espacio, lo que hizo aquello inoperante.

Así que fuimos los anarquistas de El Libertario, junto a Garrido, los que finalmente organizamos aquel pandemónium: foros en la UCV y el Colegio de Ingenieros, participación en una movilización contra la explotación del carbón y la distribución del periódico Alterforo, cuyos 10.000 ejemplares en dos idiomas removieron las aguas de la vendimia oficialista en su propio territorio.

El epicentro operativo era la ONG, donde cada día se alimentaban 150 bocas y durante las noches era una fiesta de disidencias varias. Retrospectivamente, aquello era Liliput contra Gulliver, pero no solo sobrevivimos, sino que continuamos haciendo cosas.

La pasión común por lo editorial generaba una sinergia avasallante. Para el libro Venezuela: la revolución como espectáculo. Una crítica anarquista al gobierno bolivariano, Nelson hizo retratos de las figuras de acción de Hugo Chávez que aportaron valor agregado al libro.

Para el texto Contracorriente: la historia del movimiento anarquista en Venezuela (1811-1998) se le ocurrió destrozar a martillazos un busto de Simón Bolívar e ir fotografiando todo el proceso. Para una portada de una edición de El Libertario propuso fotografiar a una persona con una franela de Acción Democrática portando una máscara del caudillo de Sabaneta. Más de uno ardía con todo aquello. Y nosotros, muy felices.

En el año 2019, cuando hacíamos en Provea un libro sobre la historia del punk en Venezuela, Garrido generó una imagen inspirada en la canción «Miraflores», de Sentimiento Muerto. Al centro de la imagen, un presidente con máscara de cerdo y boina roja, flanqueado por dos civiles uniformados, sobre una mesa con diferentes elementos simbólicos.

La foto, que fue impresa para el insert del disco que acompañaba el texto, fue considerada «material subversivo» por las autoridades. Y el trabajador de la imprenta que la transportaba, José Guillermo Mendoza, recluido en El Helicoide por 24 horas. Aquella publicidad gratuita ocasionó que aquel libro-CD se distribuyera más rápidamente.

Por todo lo anterior, nunca pude separar al fotógrafo del agitador. Para Nelson, hacer imágenes no era registrar lo que ocurría, sino intervenir en ello: provocar, incomodar, burlarse del poder y, de ser posible, meter ruido donde reinaba el orden.

Lo hizo con una cámara, pero también abriendo generosamente las puertas de su escuela de fotografía, alimentando disidentes, prestándose para aventuras improbables y acompañando causas que sabía de antemano perdidas y minoritarias.

¿Cómo lidias con el vacío? Ahora que ya no está, seguramente habrá quienes expliquen, con mejores herramientas que yo, la importancia de Nelson Garrido para la fotografía y el arte venezolanos.

Yo prefiero recordarlo de otra manera: como aquel agitador profesional que hacía imágenes. O quizás al revés: como un extraordinario fabricante de imágenes que nunca dejó de agitar.

Y en la Venezuela que tarde o temprano vendrá, nos harán muchísima falta ambas cosas. Nos toca sufrir el proceso de despedir a un cómplice, un referente, un maestro, un compañero. Pero, sobre todo, a un amigo. Y qué duro es decirle adiós a los amigos.

Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»

El Escaparate Sangriento, el Capital y su mundial de futbol: 60 Años de Espectáculo, Censura y Control político en México (1968–2026)

Carlos (anemias) — 2026-08-28T00:18:28Z

par Carlos (anemias) - No Local | México , Anarquismo, Política , Reflexión / Análisis

La historia del capitalismo y del Estado en México se vive en la geografía del despojo y en las vitrinas ensangrentadas de sus megaeventos corporativos. Los estadios de fútbol son sofisticados laboratorios de control político, limpieza social y pacificación de masas.
A casi sesenta años de las primeras Olimpiadas militarizadas, el hilo conductor de la dominación estatal sigue intacto. La siguiente reflexión conecta los nodos de la infamia —1968, 1970, 1986 y el actual 2026— para demostrar que la crisis estructural nunca se fue, pero la voluntad de revuelta tampoco.
I. 1968–1970: El Origen del Blindaje Político y la Paz de los Sepulcros
La genealogía del espectáculo deportivo como arma del Estado mexicano se consolida entre 1968 y 1970. El régimen de Gustavo Díaz Ordaz entendió que su mayor vulnerabilidad era la interrupción material de la narrativa de modernidad y progreso que representaba el llevar a cabo los XIX Juegos Olímpicos en México. La respuesta del Estado frente al intento de boicot del grupo CAOS (Comité Anti-Olímpico de Subversión) y la interferencia del Movimiento Estudiantil fue el terrorismo abierto que derivo en el autoexilio de dicho grupo y la represión y posterior masacre del 2 de octubre en Tlatelolco. Fue el bautizo de sangre necesario para garantizar el flujo mercantil de la antorcha olímpica.
Apenas veinte meses después, en 1970, el aparato estatal utilizó el primer Mundial de Fútbol en México como una gigantesca cortina de humo para camuflar el inicio de la Guerra Sucia. Mientras la Federación futbolera y el monopolio televisivo vendían una fiesta de fraternidad global, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y grupos paramilitares perseguían, torturaban y desaparecían a la disidencia radicalizada en la clandestinidad, de los cuáles varios elementos anarquistas pasarían a nutrir las filas del entonces naciente movimiento armado. Se decretó la expropiación forzada de decenas de hectáreas ejidales de Santa Úrsula Coapa. El suelo no solo se usó para el polígono que hoy ocupa el estadio y sus enormes estacionamientos privados, sino también para abrir las grandes arterias viales indispensables para que el turismo y la televisión internacional circularan sin problemas: la Calzada de Tlalpan, el Anillo Periférico Sur y el Circuito Azteca. La protesta abierta fue asfixiada por una censura de prensa absoluta y hasta el audio de las transmisiones. El 13 de septiembre de 1966, la policía junto con el cuerpo de granaderos entró por la fuerza a los predios ejidales, acompañados de bulldozers (retroexcavadoras), demolieron viviendas hechas de madera, adobe y lámina, expulsando a decenas de familias a la calle de manera inmediata para limpiar los terrenos de las obras complementarias del estadio.
II. 1986: La Necropolítica sobre los Escombros
Dieciséis años más tarde, la receta de la dominación se perfeccionó bajo el amparo de la tragedia. El terremoto de 1985 expuso la total parálisis del gobierno de Miguel de la Madrid, forzando el nacimiento de una sociedad civil autoorganizada mediante la solidaridad y el apoyo mutuo. Ante el peligro de perder el control de la narrativa pública, el Estado y la mafia transnacional de la FIFA, en complicidad económica con el "soldado del PRI" Emilio Azcárraga Milmo y su emporio, decidieron que el Mundial de 1986 marchara sobre las fosas comunes y las ruinas aún calientes del centro de la ciudad.
Se canalizaron millones de pesos de un erario público quebrado e inflacionario hacia la logística del fútbol, ignorando a los miles de damnificados sin vivienda. De nuevo, la maquinaria mediática y los ingenieros de sonido de la televisión censuraron el descontento. El fútbol operó, una vez más, como la anestesia obligatoria para procesar una crisis económica y social asfixiante.
III. 2026: La Gentrificación Militarizada
Hoy, a cuarenta años de la farsa del 86, a 56 años del despojo en el 70 y a casi sesenta del terror del 68, la Ciudad de México vuelve a ser el epicentro de la rapiña corporativa de la FIFA -La pelota vuelve a casa-. La crisis estructural no se ha ido; se ha sofisticado. El pretexto actual ya no es la reconstrucción post-terremoto ni el "Milagro Mexicano", sino el mito del progreso inmobiliario y la turistificación masiva. El Mundial de 2026 consagra el despojo habitacional mediante la gentrificación.
Este nuevo megaevento es una extensión de la guerra del Estado contra el pueblo que aún no se amansa por el espectáculo futbolero. Los nietos de los antiguos ejidos, hoy las colonias populares que rodean al “coloso” de Santa Úrsula (Santa Úrsula Coapa, Huipulco, Pedregal de Carrasco), el Mundial ha significado el encarecimiento de la vida, el aislamiento o expulsión de sus viviendas por el auge de los alojamientos digitales a corto plazo y el robo sistemático del agua (como en 1970). Las calles de la ciudad se encuentran bajo un estado de sitio político no oficial: cámaras de reconocimiento facial, cordones policiales y patrullajes militares destinados a "limpiar estéticamente" el espacio público de trabajadores informales, indigentes y sobre todo de manifestantes.
IV. Romper la Normalidad del Espectáculo. A la Acción insurrecta
El hilo histórico que une 1968, 1970, 1986 y 2026 demuestra que el Estado es el administrador violento de los recursos en favor de la burguesía transnacional, y que el espectáculo requiere obligatoriamente el silencio y el desplazamiento de los oprimidos.
El boicot y el sabotaje es la acción para ejercer en las calles: la intervención de la propaganda oficial, el bloqueo de vías neurálgicas de transporte y el ataque directo a las marcas e infraestructura de las corporaciones patrocinadoras. El Capital y el Estado niegan la vivienda, al agua y a la vida en nuestros propios barrios, nuestra obligación política es negarle la paz a su fiesta multimillonaria.
¡¡¡Frente al balón del Capital, ¡guerra a los templos del consumo y solidaridad activa con lxs compañerxs en lucha y resistencia!!!

Julio de 2026

El «fracaso» del desarrollo en Nuestra América/Abya Yala/ Améfrica Ladina

Homar Garcés — 2026-08-28T00:03:08Z

par Homar Garcés - Local | Acarigua, Derechos Humanos, Política , Reflexión / Análisis

Bajo las advocaciones de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo local, desarrollo global, desarrollo rural, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, ecodesarrollo, etnodesarrollo, desarrollo a escala humana, desarrollo local, desarrollo endógeno, desarrollo con equidad de género, codesarrollo y desarrollo transformador; el desarrollo ha sido como el Santo Grial al cual buscan acceder políticos y economistas de las naciones periféricas del capitalismo, en un ilusorio esfuerzo por dejar atrás las taras que lo impiden.
Superar el subdesarrollo y generar desarrollo ha sido, quizá, el principal leit motiv de los discursos académicos y políticos que han caracterizado, desde la década de los años 50 del siglo XX hasta el tiempo presente, la historia de las naciones de Nuestra América/Abya Yala/Améfrica Ladina, extensiva también a otras naciones del mundo que se han fijado como meta colocarse al mismo nivel de los países desarrollados, es decir, de Europa occidental y Estados Unidos. Categorías como pobreza, desempleo, subempleo y desigualdad fueron «descubiertas» como las causas por las cuales nuestros países no accedían al desarrollo anhelado, a pesar de las diversas potencialidades y condiciones que cada uno posee para lograrlo.

Esto hizo que algunos economistas autóctonos fijaran algunos criterios en torno a si tales categorías eran, verdaderamente, las causas de nuestro atraso, lo que hizo extender la mirada hacia otros elementos igualmente importantes, entre éstos, la dependencia respecto a los grandes centros de poder, representados, sin casualidad, por los países de Europa occidental y Estados Unidos. Ya no se trataba únicamente de disminuir y erradicar los niveles de pobreza, analfabetismo, falta de salubridad, desnutrición, desempleo, subempleo y desigualdad existentes sino también (y primordialmente) de romper los lazos de dependencia y transculturización con aquellos países. A la par de ello, surgió en nuestro continente, a finales de los 70, una corriente ecodesarrollista que se enfocó en el impacto causado por el agotamiento paulatino de recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, los desequilibrios ecológicos locales y globales, y las alteraciones graves observadas en el clima en general.

Es bastante significativo que en 1992 se haya dado a conocer públicamente un histórico manifiesto refrendado por más de 1500 científicos –incluyendo entre éstos a cien ganadores del premio Nobel– en el cual se advertía sobre las consecuencias irreversibles del modelo actual de desarrollo. Tiempo después, la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (2000), señalaría que «no debemos escatimar esfuerzos para liberar a toda la humanidad, y sobre todo a nuestra descendencia, de la amenaza de vivir en un planeta irremediablemente echado a perder por las actividades humanas, y cuyos recursos ya no serán suficientes para sus necesidades». Y ésto no podría atribuirse a individuos o grupos ideológicamente identificados con la izquierda revolucionaria. No. Había una compresión de las diferentes consecuencias de la existencia y funcionamiento del sistema capitalista a nivel global, lo que se incrementó durante las décadas finales del siglo XX cuando el neoliberalismo económico comenzó su acción depredadora en la mayoría de los países del continente americano; de lo cual no escapó Venezuela, a pesar de la contundencia de la rebelión popular del 27 de febrero de 1989.

Visto bajo un prisma más realista y objetivo, el desarrollo se convirtió en un fenómeno capaz de empobrecer a personas y a sociedades alrededor del planeta, de causarles pérdidas (de capacidades, de identidad étnica y cultural, de recursos naturales), de restringirles derechos y libertades públicas, y de generar unos nuevos desequilibrios y desigualdades que terminarán por hacer más difícil la vida material de las personas, especialmente, de aquellas que se hallan en el umbral de la pobreza o ya lo han traspasado. En definitiva, el modelo de desarrollo hasta ahora conocido y seguido representa, en gran medida, un fracaso visible. Además, a dicho modelo habrá que endilgarle también su contribución a establecer un sistema mundial basado en profundas asimetrías entre unas y otras regiones del planeta, y en un balance de poder claramente favorable a los países comúnmente denominados desarrollados.

Respecto a esta realidad, el economista estadounidense John Kenneth Galbraith (1967) advertía sobre la evolución adoptada por el capitalismo contemporáneo, indicando que «si seguimos creyendo que los objetivos del sistema industrial –la expansión del producto, el aumento concomitante del consumo, el progreso tecnológico, las imágenes públicas que lo sostienen– coinciden con la vida misma, entonces todas nuestras vidas seguirán al servicio de esos objetivos (...) Nuestros deseos y nuestras necesidades se manipularán de acuerdo con las necesidades del sistema industrial (…). Al final se tendrá el resultado global de una benigna esclavitud… no será la esclavitud del siervo de la gleba, pero no será la libertad». Y eso sin ser de izquierda, con cuánta más razón para quienes propugnan una alternativa revolucionaria al capitalismo.

Como complemento del cuestionamiento del sistema capitalista globalizado, en las últimas décadas las propuestas del Buen Vivir contenidas en el concepto de los pueblos andinos de América del sur de Sumak Kawsay (en su versión quichua) o Suma Qamaña (en su versión aymara) vienen a enriquecer la búsqueda y puesta en práctica de desarrollos alternativos que se alejen y se diferencien significativamente de lo que representa la lógica del capitalismo; siendo éstas, en consecuencia, propuestas radicalizadas de transformación social, de indudable influencia en lo político, lo económico, lo social, lo cultural y lo espiritual; y, por consiguiente, son propuestas de alto calibre subversivo frente a las posiciones económicas, políticas, sociales, culturales y espirituales tradicionalmente seguidas, de acuerdo a la visión colonialista del eurocentrismo o Modernidad.

En este punto, es preciso tener presente que el desarrollo alcanzado por los países de Europa occidental y Estados Unidos se debió, en gran parte, gracias, en primer lugar, a la condición de colonias de nuestras naciones y, en segundo lugar, luego de sus independencias formales respecto a la metrópoli española, a la condición de neocolonias, esta vez bajo la hegemonía yanqui. A esto contribuye, indudablemente, la corrupción y el comportamiento servil y antinacional de las minorías privilegiadas que nos gobiernan. Por lo mismo, es absurdo e ilusorio creer que el soñado desarrollo de los países que integran Nuestra América/Abya Yala/Améfrica Ladina se podría lograr repitiendo los mismos esquemas utilizados por aquellos países; más aún cuando éstos hacen todo lo posible para que se mantengan vigentes las asimetrías establecidas entre unos y otros.

Reconstrucción eléctrica al estilo USA: IMPSA, GE, Siemens y la exclusión después del saqueo

Alejandro López-González — 2026-08-27T23:58:52Z

par Alejandro López-González - Local | Maracaibo, Ecología , Política , Reflexión / Análisis

Reunión entre el ministro de Energía Rolando Alcalá y el encargado de negocios estadounidense John Barrett, con el fin de reconstruir el sistema eléctrico nacional. Mayo 2026. Fuente: Primera Edición

La empresa que participó en Macagua, Tocoma y el Parque Eólico La Guajira regresa bajo control estadounidense, ahora como pieza de una arquitectura ‘Made in USA' de recuperación del sistema eléctrico venezolano.

Alejandro López-González

El pasado 12 de agosto del presente año, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela anunció y respaldó la concreción del nuevo acuerdo entre CORPOELEC e IMPSA para recuperar capacidad del sistema eléctrico venezolano. La cifra que ha concentrado la atención pública es 2.640 MW, aunque conviene precisar qué significa realmente: el contrato definitivo plantea una primera etapa de 672 MW en 24 meses —432 MW en las unidades 1 y 2 de Tocoma y 240 MW en las unidades 4, 5 y 6 de Macagua—, mientras que los 2.640 MW corresponden a la meta de largo alcance asociada al conjunto Tocoma-Macagua. De esos 672 MW iniciales, se ha anunciado además que los primeros 160 MW de Macagua podrían estar disponibles en un plazo del orden de 90 a 100 días.

No es el primer anuncio de contratación o negociación para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional que ha sido tutelado, impulsado o respaldado por el gobierno de Estados Unidos desde la caída del gobierno de Nicolás Maduro y el establecimiento de un interinato encabezado por Delcy Rodríguez. Desde abril se han mencionado negociaciones con Siemens y General Electric para atender la crisis del Zulia; en junio se firmó un memorando entre CORPOELEC y GE Vernova; en julio se anunció un acuerdo con la empresa rusa INSA y nuevos compromisos con GE; y, finalmente, el acuerdo con IMPSA ha pasado de la renegociación a un addendum contractual definitivo.

La nueva cartera de contratistas

IMPSA: Argentina / control estadounidense desde 2025. Tocoma y Macagua: 672 MW en 24 meses como primera etapa; meta de largo plazo de 2.640 MW.

GE Vernova: Estados Unidos. Memorando del 15 de junio: 1.000 MW en 24 meses y más de 5.000 MW en cuatro años, en generación hidroeléctrica y térmica.

Siemens: Alemania. Negociaciones anunciadas para el Zulia, incluyendo las plantas TZ1, TZ7 y Ramón Laguna; sin contrato definitivo públicamente confirmado en la documentación revisada.

INSA: Rusia. Acuerdo anunciado en julio para reactivar más de 2.400 MW, dentro de un paquete conjunto con GE de 7.400 MW; con menor nivel de verificación técnica pública que IMPSA y GE Vernova.

Estas metas, por supuesto, no pueden sumarse de manera lineal. Una parte se solapa, otra corresponde a horizontes temporales distintos y otra incluye sustitución de equipos obsoletos, reserva y crecimiento futuro de demanda. El propio diagnóstico consolidado para 2026 estima una producción real cercana a 12.000 MW frente a una demanda aproximada de 14.000 a 15.579 MW, de modo que el déficit estructural inmediato se ubica, según las fuentes y el momento, alrededor de 2.000 a 3.500 MW. Por eso, cuando se anuncian 5.000, 7.400 o 2.640 MW, estamos ante programas de recuperación y reconstrucción, no ante una simple suma de déficit presente.

IMPSA no es nueva en Venezuela

Conviene destacar el caso de IMPSA. Esta empresa, originalmente argentina, no llega ahora a Venezuela como un contratista desconocido. Su relación con el país se remonta al menos a 2004, cuando, en el contexto de la relación política entre Hugo Chávez y Néstor Kirchner, se acordó la rehabilitación de Macagua I. A partir de allí, IMPSA quedó vinculada a algunos de los proyectos más ambiciosos —y finalmente más frustrantes— del desarrollo eléctrico de la era chavista.

Macagua I: Rehabilitación y modernización de seis unidades Francis de aproximadamente 79,5 MW cada una, además de generadores, transformadores, excitación y sistemas auxiliares. El contrato fue valorado inicialmente alrededor de US$142 millones y posteriormente ampliado hasta aproximadamente US$484 millones.

Tocoma / Central Manuel Piar: Suministro de diez turbinas Kaplan de aproximadamente 223-232 MW por unidad, diez generadores y sistemas de control, protección, medición y supervisión. El contrato inicial de 2008 fue de alrededor de US$520 millones; distintas fuentes citan un valor contractual total cercano a US$1.390 millones.

Parque Eólico La Guajira: Fase I-A con 12 aerogeneradores IMPSA IWP-83 de 2,1 MW cada uno, para 25,2 MW; contrato llave en mano e incluyendo dos años de operación y mantenimiento. Una fase adicional preveía 24 aerogeneradores más, 50,4 MW adicionales, para completar 75,6 MW en la Fase I.

Uribante-Caparo: Rehabilitación de descargas de fondo en La Vueltosa y Borde Seco y trabajos en la toma de la Central Fabricio Ojeda, por aproximadamente US$65,8 millones.

Central José Antonio Páez: Provisión de cinco rodetes Pelton y modernización de comunicaciones, por aproximadamente US$9,6 millones.

La exposición contractual acumulada de IMPSA en Venezuela —considerando Tocoma, Macagua, Uribante-Caparo, Páez y La Guajira— ha sido estimada en torno a US$2.019 millones. No toda esa cifra fue deuda ni pérdida: es importante distinguir valor contractual, facturación certificada, cuentas vencidas y pérdida económica neta. Esa distinción técnica es crucial, porque la historia del sector eléctrico venezolano ha estado llena de cifras gigantescas que se mezclan hasta perder significado contable.

La Guajira: un recuerdo de lo que nunca fue

El primer parque eólico plenamente desarrollado en Venezuela con tecnología de gran escala fue el de La Guajira zuliana. IMPSA instaló allí 12 aerogeneradores IWP-83, cada uno con una potencia nominal de 2,1 MW, para una capacidad total de 25,2 MW. El proyecto se ejecutó bajo modalidad llave en mano y contemplaba dos años de operación y mantenimiento. La planificación de la Fase I preveía 75,6 MW en total, con 24 aerogeneradores adicionales por 50,4 MW. En los planes eólicos venezolanos de mediados de la década de 2000, La Guajira había sido concebida como el punto de partida de un desarrollo muchísimo mayor; posteriormente llegó a plantearse, desde el propio gobierno, un aprovechamiento de hasta 10.000 MW hacia 2030 en el corredor eólico de la península.

La cifra de US$70 millones aparece frecuentemente asociada en la discusión pública a proyectos eólicos venezolanos, pero existen publicaciones que sitúan presupuestos globales del proyecto en cifras muy superiores. Por rigor, lo técnicamente sólido es afirmar la capacidad instalada, la tecnología, el número de máquinas y el alcance contractual; no fijar como hecho un costo que las fuentes consultadas no permiten cerrar de manera consistente. Ese proyecto, condenado luego al deterioro, al vandalismo, al saqueo de materiales y al silencio institucional, pudo haber sido el embrión de una industria eólica venezolana de escala regional. No es una fantasía retrospectiva: el país dispone de uno de los corredores de viento más atractivos del Caribe y los planes oficiales llegaron a imaginar miles de megavatios. La pérdida no fue solamente de doce aerogeneradores o de 25,2 MW. Fue la pérdida de experiencia tecnológica, mantenimiento, logística, capacidades industriales y aprendizaje institucional. En un sector energético, esa destrucción de conocimiento puede ser más costosa que la pérdida de una máquina.

Tocoma: las Kaplan gigantes que nunca entregaron su energía

Central Hidroeléctrica Manuel Piar, estado Bolívar. Fuente: El EstímuloLa participación de IMPSA en Tocoma fue aún más importante. La Central Hidroeléctrica Manuel Piar fue concebida para completar el aprovechamiento del Bajo Caroní con diez unidades Kaplan de aproximadamente 223 a 232 MW cada una. El programa completo ronda 2.160 MW. Se trataba de máquinas entre las Kaplan de mayor potencia del mundo, diseñadas para operar en las condiciones hidráulicas específicas del Caroní. El contrato de IMPSA comprendía diez turbinas, diez generadores y sistemas de control, protección, medición y supervisión. El valor inicial citado para el contrato de 2008 fue de unos US$520 millones, mientras que otras referencias elevan el valor contractual total asociado hasta aproximadamente US$1.390 millones.

Tocoma llegó a reportar un avance físico cercano al 87%. Esa cifra, sin embargo, es engañosa si se interpreta como una central casi terminada. Una hidroeléctrica puede tener gran parte de su obra civil ejecutada y seguir muy lejos de estar disponible para el sistema. Faltaban —y en varios casos todavía faltan— montaje electromecánico, integración eléctrica, sistemas de control, pruebas, puesta en marcha y certificaciones de seguridad. Aproximadamente 60% del equipamiento de Tocoma llegó a estar fabricado y almacenado en Mendoza durante más de una década; hoy ese material necesita inspección, reacondicionamiento potencial y verificación de compatibilidad antes de instalarse.

Lo más absurdo es que el nuevo contrato de 2026 no está inventando Tocoma. Está intentando rescatar una obra que Venezuela ya había pagado parcialmente, que llegó a niveles avanzados de ejecución y que fue abandonada por una combinación de corrupción, conflictos contractuales, desorden administrativo y falta de pago. La primera etapa actual se concentra en las unidades 1 y 2, 432 MW en 24 meses. Si finalmente se completan las diez unidades y se recupera Macagua, la meta anunciada asciende a 2.640 MW.

Cuando Venezuela dejó de pagar, IMPSA cayó con ella

Los sucesivos desfalcos, atrasos, improvisaciones y desórdenes financieros de los grandes proyectos estructurantes del sistema eléctrico nacional llevaron también a IMPSA a una situación crítica. En una entrevista concedida en 2018, Enrique Pescarmona fue explícito: las facturas venezolanas llegaron a acumular atrasos de 300 días o más, y la empresa pasó alrededor de once meses sin cobrar. Cuando le preguntaron si el problema que detonó la crisis de IMPSA provenía de una obra venezolana, respondió de manera directa: Macagua.

La evidencia financiera de la época coincide con ese relato. En 2014, Venezuela representaba aproximadamente 76% de las cuentas comerciales por cobrar de IMPSA. La empresa llegó a reclamar alrededor de US$500 millones de deuda de CORPOELEC durante la crisis de liquidez que precedió al default; en años posteriores las obligaciones acumuladas reclamadas a Venezuela fueron estimadas en cifras de hasta US$1.200 millones. El 15 de septiembre de 2014, IMPSA notificó formalmente que postergaría pagos de capital e intereses de sus obligaciones financieras. El golpe venezolano no fue el único problema —la filial brasileña Wind Power Energia también estaba en crisis—, pero fue uno de los factores decisivos.

La pérdida económica neta para IMPSA es difícil de fijar porque depende de cuánto se considere recuperable, de las provisiones por incobrabilidad, de los intereses y del valor de los equipos fabricados que todavía pueden utilizarse. Las estimaciones consolidadas revisadas sitúan un rango central de pérdida entre US$300 y US$600 millones, con escenarios superiores cuando se incorporan costos financieros y contratos no ejecutados. Este es precisamente el tipo de caso que muestra que el colapso venezolano no solo destruyó infraestructura venezolana: también destruyó cadenas de proveedores, contratistas y capacidades industriales extranjeras vinculadas al país.

De empresa familiar a empresa estatal, y de allí a capital estadounidense

La crisis obligó a IMPSA a reestructurarse. En 2017 alcanzó un Acuerdo Preventivo Extrajudicial para reorganizar una deuda del orden de US$1.136 millones. Entre 2018 y 2021 avanzó un proceso de capitalización que terminó colocando el control en manos del Estado argentino —la Nación y la provincia de Mendoza— y desplazando a la familia Pescarmona del control mayoritario. Fue, en los hechos, un rescate estatal de una empresa industrial estratégica que venía asfixiada por deuda y por cuentas por cobrar que no se convertían en caja.

Ese ciclo terminó con el gobierno de Javier Milei. En febrero de 2025 se concretó la privatización de IMPSA, la primera de esa administración. El control pasó al consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund (IAF), liderado por ARC Energy. La oferta incluyó una inyección de capital de US$27 millones y quedó asociada a la reestructuración de una deuda cercana a US$576-580 millones. La transferencia incluyó las acciones estatales de la Nación y Mendoza. Desde entonces, la propia IMPSA se presenta como una compañía bajo propiedad del consorcio estadounidense IAF, combinando ingeniería argentina con una nueva estructura de control y proyección internacional.

La secuencia temporal no deja de ser políticamente llamativa: una empresa que fue llevada al borde de la quiebra, en parte por los impagos venezolanos, fue rescatada por el Estado argentino, privatizada después a capital estadounidense y, apenas un año más tarde, vuelve a Venezuela con autorización de Estados Unidos y respaldo explícito de su Embajada. Para operar con CORPOELEC, además, IMPSA necesitó una licencia estadounidense específica que habilitara negociación, exportación de equipos, instalación y puesta en funcionamiento, debido al régimen de sanciones. El regreso de IMPSA es, por tanto, técnico, financiero y geopolítico al mismo tiempo.

Los US$100.000 millones que ya se fueron

En artículos anteriores he detallado las enormes cantidades de dinero perdido en los grandes proyectos fallidos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Mi estimación histórica ha situado en más de US$100.000 millones —en algunos cálculos alrededor de US$105.000 millones— los recursos movilizados hacia el sector eléctrico durante el ciclo bolivariano, sin que esa masa de inversión se tradujera en un sistema confiable, mantenible y financieramente sostenible. Ese número debe leerse como una estimación agregada de inversión y gasto del período, no como una sentencia judicial que atribuya cada dólar a corrupción. Dentro de ese universo coexistieron obras reales, equipos instalados, sobrecostos, proyectos inconclusos, abandono, mala gestión, pérdidas y operaciones cuya trazabilidad sigue siendo insuficiente.

Sobre este tema he publicado, entre otros, “¿Cuánto dinero se perdió por el desfalco eléctrico en 20 años de revolución bolivariana?”, “Las termoeléctricas y la ruina del sector energético nacional”, “4000 millones de dólares costaría recuperar las termoeléctricas en Venezuela”, “La energía eólica en Venezuela y propuestas para la superación de la crisis eléctrica actual” y “El Black-Out del sistema eléctrico venezolano: ruptura del equilibrio en la generación termoeléctrica”.

El negocio de reconstruir lo que antes se destruyó

Actualmente, los negocios alrededor del sector eléctrico venezolano serán enormes. No podría ser de otra manera: reconstruir un sistema con decenas de gigavatios nominales instalados pero una disponibilidad real muy inferior implica contratos de generación, transmisión, distribución, automatización, control, combustible, gas, mantenimiento, repuestos, seguros, logística y financiamiento. El negocio no está únicamente en instalar megavatios; está en capturar durante años los flujos asociados a sostenerlos.

Antes, buena parte de los beneficios de la opacidad se concentraron en redes cercanas a las cúpulas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en energía eléctrica y petróleo, junto con empresarios, intermediarios y operadores políticos de distintos signos. Sobre vínculos concretos entre funcionarios, contratistas y figuras opositoras existen denuncias políticas y periodísticas de muy distinta calidad probatoria; por rigor, no corresponde convertirlas automáticamente en hechos judicialmente establecidos. Lo que sí es incontrovertible es la ausencia de rendición de cuentas suficiente sobre proyectos multimillonarios y la coexistencia de sobrecostos, obras inconclusas y deterioro operativo.

Ahora los principales beneficiarios potenciales serán, en una proporción creciente, corporaciones y fondos occidentales vinculados al nuevo arreglo político de Washington sobre Venezuela. Allí participan intereses estadounidenses, europeos y también, paradójicamente, rusos. En el entorno político de Donald Trump existe además una presencia visible de grupos empresariales, financieros y de presión fuertemente alineados con Israel. Prefiero formularlo así —lobbies proisraelíes y redes empresariales del entorno de Washington— y no convertir una disputa geopolítica en una etiqueta étnica o religiosa. El problema no es la identidad de quienes invierten; el problema es la relación de poder que se establece cuando un país debilitado negocia infraestructura estratégica desde una posición de extrema dependencia.

La diferencia con el ciclo anterior puede ser decisiva. El entorno de Chávez y Maduro administró una renta extraordinaria con una lógica rapaz, inmediatista, voraz y excluyente. No fue capaz de comprender una verdad básica de la ingeniería y de la economía política: incluso para extraer renta de un país es necesario conservar la infraestructura que hace posible esa renta. Una central debe mantenerse. Una turbina necesita repuestos. Una red de transmisión necesita poda, aislamiento, protecciones, torres y personal. Un sistema eléctrico no se sostiene con discursos, decretos ni cadenas nacionales. Se sostiene con mantenimiento, planificación, inventarios, ingeniería, tarifas, financiamiento y disciplina operacional.

El saqueo de las cúpulas políticas y burocráticas del sector eléctrico hizo inviable, incluso desde su propia lógica, el proyecto de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Esa es una señal de torpeza histórica: destruyeron la infraestructura que necesitaban para sostener su propio poder. La nueva arquitectura de control extranjero probablemente será menos improvisada. Puede ser más eficiente y, precisamente por eso, más duradera. Un actor que pretende apropiarse durante décadas de flujos petroleros, gasíferos, mineros o eléctricos entiende que necesita carreteras, puertos, redes, generación y transmisión funcionando. El saqueo puede volverse sostenible para quien saquea, aunque no necesariamente justo para quien habita el territorio.

Cuando cualquier mejora parece una salvación

Entre tanto, entre tan poco, el pueblo venezolano ha perdido buena parte de la capacidad material para exigir un horizonte superior. La necesidad transforma cualquier mejora en salvación. Después de años de apagones, agua intermitente, gas escaso, basura acumulada y servicios públicos degradados, recuperar 160 MW en 90 días puede sentirse como un milagro. Y quizá, operacionalmente, sea una buena noticia. Pero una mejora operativa no debe borrar la discusión sobre soberanía, transparencia, propiedad, regulación y distribución de beneficios.

A este punto nos han llevado: al punto de agradecer el saqueo menor, de aceptar condiciones que en otro contexto serían políticamente intolerables con tal de respirar tranquilos y disponer de un mínimo de servicios públicos. Agua, electricidad, gas y aseo urbano fueron destruidos o deteriorados por años de corrupción burocrática, improvisación, politización extrema y abandono del mantenimiento. La sociedad que ha vivido esa destrucción puede terminar recibiendo cualquier restauración externa como una liberación.

Pero hay una diferencia entre reconstrucción y soberanía. Reconstruir Tocoma es necesario. Recuperar Macagua es necesario. Volver a poner en servicio megavatios termoeléctricos y modernizar la red también lo es. Incluso la participación de empresas extranjeras puede ser técnicamente imprescindible después de tantos años de descapitalización. Lo que no deberíamos aceptar es que la necesidad elimine la obligación de preguntar quién financia, quién controla, quién cobra, bajo qué legislación, con qué garantías, con qué tasa de retorno y qué parte del valor permanece en Venezuela.

La tragedia venezolana consiste en que el chavismo destruyó parte de las capacidades materiales que habrían permitido negociar desde una posición soberana. Ahora la reconstrucción puede quedar en manos de quienes disponen del capital, las licencias, la tecnología y el poder geopolítico. Hacer que un país agradezca al opresor —o a quien llega en una posición dominante después de la destrucción— es la mayor victoria de la tiranía global, del Leviatán moderno y de la talasocracia occidental. La electricidad volverá. La pregunta verdaderamente importante es quién será dueño de la luz cuando vuelva.

Referencias documentales y enlaces

• IMPSA y Venezuela. Historia empresarial, proyectos hidroeléctricos y eólicos, crisis de impagos y reactivación (informe de trabajo, 14 de agosto de 2026).

• Reconstrucción del Sistema Eléctrico Venezolano. Cronología de anuncios de Delcy Rodríguez y la Embajada de EE.UU. (enero-agosto 2026) y empresas contratistas (informe de trabajo, 14 de agosto de 2026).

• Reuters, “Argentina privatizes state metal firm in Milei era first” (8 de enero de 2025). [enlace]

• IMPSA, perfil corporativo actual y estructura de propiedad. [enlace]

• IMPSA, reestructuración financiera bajo IAF (mayo de 2026). [enlace]

• Observatorio de Ecología Política de Venezuela, archivo de artículos de Alejandro López-González. [enlace]

• Alejandro López-González, “La energía eólica en Venezuela y propuestas para la superación de la crisis eléctrica actual”. [enlace]

• Alejandro López-González, “4000 millones de dólares costaría recuperar las termoeléctricas en Venezuela”. [enlace]

• Alejandro López-González, archivo de artículos en Aporrea. [enlace]

Solidaridad y sociabilidad en el marco de la catástrofe: signos potenciales de transformación eco-societal integral

Francisco Javier Velasco Páez — 2026-08-27T23:50:53Z

par Francisco Javier Velasco Páez - Local | La Guaira, Ecología , Política , Reflexión / Análisis, Solidaridad

Voluntarios ayudando a rescatistas en La Guaira después del terremoto. Crédito foto: Selene Doucas del equipo de voluntarios.

La catástrofe generada por el doble terremoto del pasado 24 de junio de 2026 no debe ser entendida como una fatalidad puramente natural ni mucho menos como un castigo divino como algunos fanáticos intolerantes han querido hacer ver. Se trata de algo que, cabalgando sobre un fenómeno natural, deriva de una situación marcada por ausencias e incapacidades burocráticas, corrupción, autoritarismo, desigualdades, primacía de criterios crematísticos y de poder, desconocimiento flagrante de procesos y circunstancias ambientales en torno a las cuales se crean vecindarios, comunidades y asentamientos, y se erigen infraestructuras, de un desequilibrio social y ecológico asociado a maneras de vivir y formas de existencia en el territorio insostenibles.

Como mucho se ha comentado, esta descomunal tragedia que ha golpeado a una parte del pueblo venezolano, ha puesto al descubierto no pocas carencias, deficiencias, vulnerabilidades, arbitrariedades e irresponsabilidades. También ha puesto de manifiesto múltiples esfuerzos de generosa ayuda humanitaria provenientes de distintos rincones de la nación y de otros lugares en el mundo (no incluimos aquí lo que puede calificarse de injerencia encubierta con propósitos de control político, social y económico que lamentablemente también ha estado presente; aunque tampoco es cierto, como han sostenido algunos voceros, que la ayuda internacional responde solo a agendas de desestabilización y dominación geopolítica). Pero por sobre todo queremos destacar el inmenso esfuerzo solidario, de ayuda mutua, emprendido de manera autónoma y con escasos recursos logísticos por muchos grupos de personas, familiares, amigos, vecinos, pescadores, trabajadores, motorizados, estudiantes, artistas, profesionales, deportistas, religiosos, educadores, académicos, gremios, activistas y organizaciones sociales de horizontes diversos, entre otros. Ante el caos, el inmovilismo, la ineficiencia y el autoritarismo oficial, brillaron la solidaridad espontánea y la horizontalidad de la ciudadanía. Esto revela una vez un más dinamismo inscrito en la propia matriz social de nuestro pueblo, con una existencia oculta y exterior a los márgenes de visibilidad establecidos por una percepción de la vida social mediatizada por la cosa institucional. Ese dinamismo surge con más fuerza y adquiere una importancia inusitada en circunstancias catastróficas tales como las del reciente sismo, en las que la integridad del tejido social y el corpus comunitario se ve afectada; en coyunturas como esa aflora y se apropia de una gran parte importante del conjunto social. En efecto, la tragedia creada con la conjunción de variados factores que lastiman el núcleo de lo socio-comunitario, ha hecho posible la visualización de una energía social espontanea que sigue vías alternativas a la institucional y sirve de estimulante al reconocimiento y la dignificación de un vitalismo subyacente en lo más profundo de la existencia popular. Por otro lado, ha impulsado acciones de cristalización de una unión social en torno a vínculos afectivos y emocionales, así como a activar una sociabilidad que emana espontáneamente del cuerpo social. De allí la perplejidad de algunos observadores y analistas ante la efervescencia de un sorprendente y aparentemente no tan habitual sentimiento de confraternidad que surge en el territorio.

Lo acontecido después del doble sismo ha revelado también, una vez más, la existencia de una crisis profunda de la representación política que es testimonio de un divorcio radical entre la lógica que rige las instituciones (bastante precarizadas y reducidas) y los intereses y deseos de la sociedad. Hemos vivido un período en el que la configuración de la cosa política apunta exclusivamente a la autor-reproducción de una burocracia dirigente y unas elites políticas cuya única finalidad es la perpetuación del poder o la conquista de este, pero en ningún caso traduce las demandas generadas en el seno de la vida social. El espacio de la política ha devenido en un simple engranaje gestionado y administrado verticalmente, arbitrariamente, que busca controlar la totalidad de la vida social. La salud, la educación, la familia, el trabajo han venido pasando a la tutela del Estado con modos de vida impuestos. Sin embargo, eso coexiste, en una contradicción permanente, no resuelta, con una variada gama de universos simbólicos que de manera más o menos soterrada subsisten y resisten en los imaginarios y el patrimonio colectivo. A la situación actual también han contribuido constantes desregulaciones, nuevos espacios de desorden, resultantes de los intentos de absoluto control de la vida social, paradójicamente llevados a cabo en un contexto de progresiva desinstitucionalización. Los hechos insinúan una dinámica social de manera co-participativa a través de sociabilidades alternativas que nacen, renacen y se enfrentan a la tutela de las instituciones gubernamentales (ahora también foránea), a sus errores, trabas, insuficiencias, incapacidades y corrupciones. Dicha dinámica reafirma una vitalidad en la que se expresa la fuerza de lo social. Revaloriza la disposición auto-organizativa que subyace en la sociabilidad popular, muestra la posibilidad de auto-institucionalidad alternativa, estimula el reconocimiento de la posibilidad de una autonomía y de una soberanía de lo social. Permite vislumbrar una transición de lo social de un punto exógeno a un punto endógeno o, dicho de otra manera, la suposición de que la entidad organizadora pueda emerger e imbricarse en lo social en lugar de considerar que ella debe estar separada y que su existencia le antecede.

Las primeras manifestaciones de la catástrofe, particularmente en La Guaira, desencadenaron una cooperación insólita. Largas filas de personas, voluntarios y voluntarias, provenientes de diferentes lugares y distintos sectores sociales, se concentraron ante las edificaciones e infraestructuras colapsadas o altamente dañadas para un esfuerzo común, remover escombros, socorrer a los heridos, tratar de salvar vidas, localizar, consolar y ayudar a los sobrevivientes, repartir agua, comida, medicinas y ropa. Esa dinámica no estuvo estimulada por las instituciones. Por el contrario, se vio obstaculizada por efectivos militares y miembros de cuerpos de seguridad, por el intento burocrático de frenar la oleada masiva de personas que querían integrarse a la coparticipación y aportar su colaboración (cabe no obstante destacar como excepción la actuación de los bomberos que, con una dotación tremendamente menguada, unieron esfuerzos denodados con ciudadanos, paramédicos y rescatistas nacionales e internacionales). Cadenas humanas se formaron teniéndose de la mano en las zonas afectadas, expresando un sentimiento reivindicativo y de denuncia contra la actitud demostrada por la administración. De esta manera, el paisaje de ruinas y desolación adquirió un rango simbólico que connota un signo de pertenencia, de identificación, se transformó en un emblema alrededor del cual se juntaron un sentimiento y una actitud común. Asistimos también al nacimiento de las figuras de mártires y héroes (frutos de la facultad de mitologización presente en todas las culturas), que han devenido en personajes míticos o cuasi-míticos en torno a los cuales un sentimiento de tristeza o reconocimiento colectivo del sacrificio, transmitido a través de una especie de contagio afectivo, se aglutina. Entre los primeros podemos citar de manera emblemática el caso de los gemelos de 3 años de edad Matías y Mateo Peña, hallados muertos en Tanaguarena; entre los segundos podemos mencionar los casos de Ibrahim Eser, ciudadano de origen turco que rescató con sus propias manos a más de 30 vecinos tras haber salvado a su familia; o el del perro Tsunami, de raza Border Collie, salvado del abandono y el maltrato severo, y luego entrenado, que se destacó conmovedoramente localizando sobrevivientes entre los escombros. Por otra parte, es necesario también poner de relieve la figura de los voluntarios que adquirió un notable carácter de componente ennoblecedor, connotando una dimensión heroico-moral consolidada por su desinterés en recibir cualquier recompensa económica por su trabajo de sacrificio; en un contexto de penuria económica, estos voluntarios han reafirmado su rechazo a ver identificado su trabajo con la concepción clásica del trabajo. Su principio de base ha sido todo lo contrario, el aspecto moral dado a su ocupación, el deber que ha impulsado la decisión de colaborar de diferentes formas. Nos consta, y así lo muestran también muchos testimonios, que personas que han ofrecido sus esfuerzos en una onda expansiva para labores nada gratas, penosas, en medio de escenas de dolor, horror y hasta de nauseas, han experimentado una cierta sensación de bienestar, lo que pudiéramos llamar un sentimiento complejo de redención con respecto a actitudes instaladas en la vida colectiva e individual que se han hecho habituales. Esto revela la recuperación de un valor y de un sentido de ciertos aspectos de la vida eclipsados por la monotonía y la vaciedad de ciertas de reglas de vida impuestas como patrones dominantes.

La respuesta de la gente ha sido también reveladora de un equívoco de cierta sociología que consiste en identificar de manera absoluta y simplificadora la cosa social con la cosa institucional. En efecto, existe un espectro de la vida social colonizado por el dominio institucional, pero detrás de él se encuentra una centralidad subterránea, latente, que actúa y se agita al margen de los límites de lo que es estrictamente formal, que se resiste a la sumisión y el estrangulamiento, incluso en épocas no marcadas por la crisis. Lo institucional oculta y trata de impedir la visualización de ese mundo. Pero hemos visto como en una situación de catástrofe emerge ante la incapacidad institucional. Así, de forma progresiva, un sentimiento de solidaridad y comunidad fue naciendo.

Nuestra interpretación de la prueba de solidaridad inducida como consecuencia de la catástrofe, originada con los dos terremotos, pone el acento en la fuerza de la sociabilidad que se despertó. En una sociedad en la que los referentes ideológicos y morales se han desdibujado, donde no se distinguen objetivos históricos claros a los cuales adherirse, la circunstancia de tragedia ha hecho posible, en particular pero no exclusivamente para gente joven, un cierto sentimiento de protagonismo histórico y épico, sostenido en una participación, en una vivencia con los otros, en una experiencia común que favorece un fuerte lazo de confraternidad en cuya conformación han jugado un papel muy importante las emociones, las sensaciones y las sensibilidades compartidas. Surgiendo de la adversidad, el compromiso en torno a un ideal solidario ha sido capaz de mantener durante varias semanas un vínculo socio-comunitario.

Los tiempos reclaman ahora medios individuales y sociales innovadores y alternativos tendientes a resolver los problemas, deficiencias, carencias, desigualdades e injusticias que nos aquejan. La reacción espontánea y enérgica de muchos ciudadanos y ciudadanas ante la catástrofe, muestra a la vez un déficit en la construcción de lo social y una energía, un referente fundamental a ser considerado a la hora de cambiar este orden corroído de cosas, de trascender la crisis sistémica que agobia a Venezuela desde hace años y de posibles contribuciones locales a la crisis civilizatoria que enfrenta el mundo contemporáneo, ofrece larvariamente grandes posibilidades de transformación emancipadora. En este sentido no hablamos de un mero cambio de un estamento socio-político por otro, de un relevo de élites o de un nuevo pacto entre ellas, nos referimos a una transición societal multidimensional que involucra debates verdaderamente democráticos y propuestas concretas relativas a imaginarios, percepciones, valores, horizontes socio-históricos y eco-sociales, formas de ocupación del territorio, tecnologías, dinámicas económicas, relaciones entre los ciudadanos y entre estos y la naturaleza, articulaciones con otras sociedades, vale decir modos de vida y de concebir la vida social.

Más allá del “desastre natural”: comprender los trágicos terremotos del 24J en Venezuela desde una perspectiva política

Emiliano Terán Mantovani — 2026-08-27T23:46:31Z

par Emiliano Terán Mantovani - Local | Edito, La Guaira, Ecología , Política , Reflexión / Análisis

Imagen obtenida de CNN en Español

Desde la ocurrencia de los trágicos terremotos del 24 de junio, que azotaron el país y que, de acuerdo a cifras oficiales ha dejado 5.208 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda (al 20/07), se ha sentido un recurrente llamado a “no politizar” los trágicos terremotos que hemos vivido.

Tal llamado no es concebible, dado que difícilmente pueda disociarse lo político de la forma como se ha desarrollado este terrible evento. Politizar no es únicamente partidizar, o quienes ‘sacan provecho' de lo ocurrido. Politizar es también tratar de comprender las relaciones de poder, lo intereses políticos y económicos subyacentes en las causas y el desarrollo de estos terremotos. Nada más sano y necesario que esto.

Es sencillo: mientras necesitamos que se salven y resguarden la mayor cantidad de vidas en el corto plazo, que se recuperen unas mínimas condiciones de vida (que será un reto sostenido en el tiempo), debemos intentar comprender las causas, responsabilidades y dimensiones de este nuevo proceso.

Necesitamos observar y entender cómo se va abordando esta nueva crisis; necesitamos saber a qué nuevo marco nos enfrentaremos para comprender qué estrategias seguir.

Partiendo de esto, resalto los siguientes puntos:

1. Prácticamente todos los fenómenos ‘naturales', ambientales, climáticos o eventos geológicos de este tipo tienen, en la historia moderna, una dimensión política. Piénsese en el cambio climático y su evolución en los últimos 30 años.

2. Los intentos de despolitizar el abordaje de esta tragedia son claramente políticos.

3. Los terremotos del 24J se producen dentro de un marco previo donde el régimen político predominante había desbaratado el sistema de salud, las capacidades de interpelación y escrutinio al poder público, y persiguió a las organizaciones sociales y/o no gubernamentales (que cumplen funciones de asistencia en territorio).

Es decir, el antecedente de la gestión de lo social fue la desidia, el abandono, la negligencia y la corrupción, dentro de un sistema político además carente de apoyo social, un sistema completamente deslegitimado. Esto es algo imposible de obviar.

4. Es profundamente político el cómo se concibe y aborda la gestión de riesgos y desastres, para enfrentar situaciones como estas. Gestión que fue abandonada por muchos años por el gobierno chavista, dejando además en sequía a los sistemas de monitoreo, investigación científica, políticas de prevención, etc.

5. Es profundamente política la relación que se establece entre la corrupción y la construcción inadecuada de infraestructuras y, en general, entre la corrupción y la precariedad en la asistencia social.

6. Es profundamente política la forma particular cómo se ha abordado la crisis que ha desatado los terremotos, con una indolencia y pasividad que ha tenido un impacto social y humanitario.

7. Es profundamente político el constatar una y otra vez que Estados Unidos como potencia interventora poco le ha interesado la salud del sistema social venezolano; y que ante la nueva crisis solo sigue reteniendo unos 8.000 millones US$ en ingresos petroleros de Venezuela y en cambio lo que ha enviado son 386 millones US$ en ayuda y 900 efectivos militares a territorio nacional.

8. Es profundamente política también la sensación social de rabia por la desatención e indolencia gubernamental.

Debo agregar un comentario más, al margen: decir que los terremotos son también asuntos políticos no implica de ninguna manera la afirmación sin sustento alguno de que estos han sido provocados por el proyecto de investigación atmosférica HAARP (desmentido científicamente hasta el cansancio[1]); o bien que fueron producto del fracking, cuando esta técnica no es usada en Venezuela y la explotación petrolera en el norte del país es convencional.

¿Qué hacer? ¿Por dónde comenzar? Algunas sugerencias

Voluntarios tiran de una cuerda para mover escombros de un edificio destruido por los terremotos en La Guaira, Venezuela, este domingo 12 de julio 2026. AP Photo/Ariana Cubillos - Ariana CubillosSi se reconoce el amplísimo impacto humanitario que han generado los terremotos en Venezuela, se debe apuntar a:

1. Fin definitivo de las sanciones internacionales

2. Creación de un Fondo Especial para enfrentar el post-Terremoto, fondo que pueda ser públicamente auditado y observado, y que sea co-gestionado tanto por autoridades nacionales y contribuyentes internacionales, como por otros actores políticos del país y de la sociedad civil.

Priorizar en este fondo el sistema de Salud.

3. Restitución de los ingresos petroleros confiscados por los Estados Unidos en 2026.

4. Auditoría de la deuda pública externa, eliminación de la “deuda odiosa” y consideración de la condonación de una parte de la deuda.

5. Consolidación de un Puente Humanitario Permanente, que posea mecanismos de contraloría social, y que su distribución pueda tener participación también de los actores organizados de la sociedad civil.

Este Puente Humanitario Permanente debe intentar trascender la coyuntura de emergencia y poder, en la medida de lo posible, establecerse en el tiempo para evitar que, luego que baje la atención mediática sobre Venezuela, la población no quede en el abandono.

6. Apoyo y fortalecimiento de las organizaciones sociales y de asistencia social, que contribuyen a descentralizar y ejecutar la gestión social y de recuperación.

7. Fortalecimiento de redes sociales de producción/comercio/intercambio de alimentos y otros productos de elaboración nacional que puedan contribuir a la soberanía alimentaria de la población.

8. Favorecer la congregación de gremios y profesionales del país para atender las diversas aristas y dimensiones que implican la reconstrucción

9. Convocatoria de elecciones en el corto/mediano plazo para impulsar la reconstrucción del país en democracia. El proceso debe ser acompañado por las instituciones y países que puedan velar por la realización transparente del acto electoral.

10. Liberación de todos los presos políticos.

Notas

[1] https://factual.afp.com/doc.afp.com.B8FB69E

El legado de la impugnación de la Ley de División Político-Territorial del Estado Amazonas en el nacimiento de ORPIA

Observatorio de Ecología Política de Venezuela — 2026-08-27T16:28:00Z

par Observatorio de Ecología Política de Venezuela - Local | Amazonas, Arco Minero del Orinoco, Ecología , Luchas Indígenas , Reflexión / Análisis

VI Congreso de ORPIA, septiembre 2013. FUENTE: ORPIA/PROVEA
Imagen de Observatorio de Ecología Política de Venezuela

El legado de la impugnación de la Ley de División Político-Territorial del Estado Amazonas (sancionada por la Asamblea Legislativa regional en 1994) en el nacimiento de la Organización Regional de Pueblos Indígenas (ORPIA)

(insumos para un diálogo jurídico intercultural e interinstitucional)

Vladimir Aguilar Castro

Universidad de Los Andes

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI)

Contexto: el hito histórico

A poco más de treinta años de la impugnación de laLey de División Político-Territorial del Estado Amazonas (sancionada por la Asamblea Legislativa regional en 1994), una nueva propuesta de ley vuelve por sus fueros. Este episodio dio cuenta que solo con organización se puede alcanzar la realización y materialización de derechos reconocidos. La transición de Amazonas de Territorio Federal a Estado en el año de 1992 del siglo pasado, trajo consigo una de las disputas jurídico-políticas más trascendentales para el movimiento indígena venezolano.

La posterior impugnación y solicitud de nulidad de la Ley de División Político-Territorial del Estado Amazonas (sancionada por la Asamblea Legislativa regional en 1994), no solo fue una batalla legal, sino el catalizador definitivo para la cohesión del movimiento indígena contemporáneo en la región, y el surgimiento y la consolidación de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA).

El proceso histórico e institucional se estructuró a través de los siguientes hitos:

Una división territorial inconsulta (1992-1994): Al elevarse Amazonas a la categoría de Estado en julio de 1992, la naciente Asamblea Legislativa regional asumió la tarea de diseñar la nueva división político-territorial. En 1994, se sancionó una ley que creaba los municipios actuales, pero el diseño se realizó de espaldas a la realidad sociocultural de la región.
Invisibilización de la diversidad cultural territorial: El ordenamiento ignoraba flagrantemente la presencia, la continuidad geográfica y los patrones de asentamiento ancestral de los pueblos indígenas del Estado. Eran tiempos en el que el derecho indígena solo estaba reconocido a nivel internacional y esa propuesta de ley desconocía la progresividad de los mismos.
Falta de consulta: La ley imponía una estructura municipal centralista que fragmentaba hábitats ancestrales y tradicionales y diluía el peso demográfico y político de las comunidades.

El nacimiento de ORPIA o de como la organización empuja el derecho

El nacimiento de ORPIA fue consustancial con la estrategia de impugnación de una ley que, a todas luces, violentaba los derechos ambientales y culturales de una de las regiones con la mayor diversidad de pueblos indígenas del país. La organización empujó el derecho.

La articulación del movimiento y el surgimiento de ORPIA coincidió con la inminencia de este reordenamiento inconsulto, sumado a la conmoción provocada por la trágica Masacre de Haximú en el Alto Orinoco ocurrida a mediados de 1993 a manos de mineros ilegales o garimpeiros, generando una movilización sin precedentes y una acción en justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La demanda de nulidad como estrategia de defensa jurídica

Ya constituida, ORPIA asumió como una de sus primeras grandes banderas reivindicativas la lucha contra la Ley de División Político-Territorial de 1994. En alianza con defensores de derechos humanos y la Iglesia local (a través del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho), se ejerció un recurso de nulidad ante en su momento Corte Suprema de Justicia, cuyo caso pasaría posteriormente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

La argumentación jurídica indígena fue pionera para la época, ya que sostenía que la ley violaba el régimen constitucional de excepción previsto en la transición del estado. Denunciaba además la omisión del reconocimiento a las formas de organización política y tenencia de tierras indígenas. Planteaba por primera vez, en el debate público judicial, la necesidad de que la creación de municipios tomara en cuenta la situación sociocultural, histórica y geográfica de los pueblos indígenas, así como regímenes de cogobierno o autonomía interna.

El fortalecimiento y legado del movimiento indígena regional

Aunque el litigio constitucional se extendió durante años y la realidad político-institucional de los municipios terminó imponiéndose en la práctica, el proceso de resistencia jurídica y política transformó por completo el panorama regional. ORPIA logró aglutinar a decenas de organizaciones de base pasando de liderazgos locales aislados a una plataforma con interlocución nacional e internacional.

Por otra parte, la robustez política y las tesis jurídicas ensayadas durante la impugnación de la ley de división territorial, sirvieron como insumo técnico y doctrinario fundamental para los delegados indígenas que redactaron el siempre vigente y progresista Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), consolidando los derechos a la demarcación de tierras de propiedad colectiva y el respeto a sus formas de organización propia.

La lección aprendida

No tiene sentido, en tiempos en que existe un amplio abanico de derechos de la naturaleza, ambientales e indígenas que amparan a sujetos de derechos históricamente silenciados y vulnerados, que una propuesta de ley vuelva a prescindir de ellos. Por el contrario, se constituye en una coyuntura jurídica y política trascendental para avanzar en la materialización de derechos reconocidos, y en el aterrizaje de disposiciones normativas internacionales, nacionales y locales, que pueden dar cuenta de la importancia de implementar estrategias de gobernanza colaborativa entre el Estado, sus instituciones y los pueblos indígenas, sin perder de vista que el ámbito de implementación de estos derechos es una entidad que, en su Constitución Estadal, lleva por nombre Estado Indígena de Amazonas.

La profundización del modelo de acumulación energética basado en el combustible fósil acecha con una agenda de presión global, estando la Amazonía en la primera línea de fuego. No es posible pensar una transición política en el país sin transición ecológica.

El 2 de julio vence el plazo constitucional para restablecer la soberanía popular en Venezuela

Laboratorio de Paz — 2026-06-05T20:25:56Z

par Laboratorio de Paz - Comunicados | Caracas, Derechos Humanos, Política , Reflexión / Análisis, Focus

(Caracas, 3 de junio de 2026) Desde Laboratorio de Paz expresamos nuestra profunda preocupación ante el vencimiento del plazo máximo previsto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la suplencia temporal de la Presidencia de la República.

El artículo 234 de la Constitución establece que las faltas temporales del Presidente serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días adicionales. Agotado ese período extraordinario, corresponde a la Asamblea Nacional determinar si la ausencia debe considerarse una falta absoluta y activar los mecanismos constitucionales correspondientes.

En consecuencia, el próximo 2 de julio de 2026 culmina el plazo máximo de ciento ochenta días previsto por la Constitución para mantener una suplencia temporal de la Presidencia de la República.

Esta discusión normativa no depende de las distintas opiniones que puedan existir sobre la naturaleza de los acontecimientos ocurridos el 3 de enero de 2026. En una democracia constitucional, incluso las situaciones extraordinarias están sometidas a límites, controles y plazos. La excepcionalidad solo puede justificarse mientras se mantenga dentro del marco establecido por la Constitución. Lo que distingue a un Estado democrático de un régimen arbitrario es precisamente que ninguna excepción puede convertirse en una forma permanente de gobierno.

Por ello, el 2 de julio representa un límite constitucional inequívoco. A partir de esa fecha no existe en el ordenamiento jurídico venezolano ninguna disposición que autorice la prolongación indefinida de una suplencia temporal de la Presidencia de la República. Tampoco existe figura constitucional alguna que permita extender un interinato presidencial más allá de los plazos expresamente establecidos en la Carta Magna.

En consecuencia, si al vencerse este plazo no se ha declarado la falta absoluta de la Presidencia ni se ha iniciado un proceso destinado a restablecer el ejercicio de la soberanía popular mediante elecciones, la continuidad de Delcy Rodríguez al frente de la Presidencia de la República carecerá de fundamento normativo expreso y constituirá el ejercicio de una autoridad presidencial sinmandato constitucional vigente, mediante un ejercicio arbitrario e irrefutablemente no democrático.

Ello configuraría una nueva ruptura del orden constitucional venezolano y profundizaría la ya gravecrisis de legitimidad institucional que atraviesa el país.

Asimismo, resulta especialmente grave que la Asamblea Nacional haya incumplido el deber constitucional que le corresponde de pronunciarse sobre la situación presidencial una vez agotados los plazos previstos para la falta temporal. La inacción del órgano legislativo no elimina las obligaciones establecidas por la Constitución ni puede utilizarse para justificar la prolongación indefinida de una situación excepcional.

El mantenimiento de un gobierno sin fundamento constitucional expreso después del 2 de julio significaría, además, la consolidación de un esquema de poder sustentado en la excepcionalidad permanente. Ello implicaría una nueva erosión de la vigencia efectiva de la Constitución y un retroceso adicional para el Estado de derecho, la separación de poderes y las garantías democráticas.

Las consecuencias de esta situación trascienden el ámbito institucional. La prolongación indefinida de la excepcionalidad afecta directamente el derecho de los venezolanos a participar en los asuntos públicos, a elegir libremente a sus autoridades y a determinar democráticamente el destino de la nación, derechos reconocidos tanto por la Constitución venezolana como por los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Por estas razones, hacemos un llamado a toda la ciudadanía venezolana, a las organizaciones sociales, gremiales, sindicales, comunitarias, académicas y políticas, a defender la vigencia de la Carta Magna y exigir el anuncio de un calendario electoral que permita, en un plazo razonable, restablecer plenamente la vigencia de la Constitución y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de la población.

Asimismo, exhortamos a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales, a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y a los gobiernos democráticos del mundo a redoblar sus esfuerzos para promover el respeto de la Constitución venezolana y exigir la realización de elecciones en el menor tiempo posible.

El 2 de julio no vence únicamente un plazo constitucional. También vence la posibilidad de seguir justificando la excepcionalidad como una medida temporal. A partir de esa fecha, cualquier continuidad del ejercicio presidencial al margen de los mecanismos previstos por la Constitución deberá entenderse como una decisión consciente de apartarse del orden constitucional y de restringir aún más el derecho de los venezolanos a decidir democráticamente su futuro.

Laboratorio de Paz
Junio de 2026

Venezuela está más cerca de una recomposición autoritaria que de una transición democrática

Laboratorio de Paz — 2026-06-05T20:16:07Z

par Laboratorio de Paz - Local | Caracas, Derechos Humanos, Política , Represión , Reflexión / Análisis

Nuevo documento analiza los primeros cinco meses del gobierno de Delcy Rodríguez y advierte sobre la ausencia de avances verificables hacia la democratización del país.

(Caracas, junio de 2026). Laboratorio de Paz presentó el documento “Cinco meses del interinato: Reconfiguración sin transición. Balance político, institucional, económico y de derechos humanos de Venezuela tras el 3E”, un análisis que evalúa la evolución de la situación venezolana desde la salida de Nicolás Maduro del poder y la instalación de una administración provisional encabezada por Delcy Rodríguez.

El documento concluye que, pese a algunas señales parciales de apertura, Venezuela continúa sin mostrar avances verificables hacia una transición democrática. Por el contrario, la evidencia acumulada apunta a un proceso de recomposición autoritaria y reconfiguración interna del poder.

Entre los principales hallazgos, el informe destaca la ausencia de un cronograma electoral presidencial, la falta de renovación del Consejo Nacional Electoral, la continuidad de funcionarios señalados por organismos internacionales de derechos humanos en posiciones estratégicas del Estado y la inexistencia de mecanismos efectivos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas.

La investigación también advierte sobre la consolidación de la excepcionalidad como forma de gobierno. Según el análisis, importantes decisiones políticas e institucionales han sido adoptadas mediante mecanismos extraordinarios o interpretaciones controvertidas de la Constitución, generando incertidumbre jurídica y debilitando la confianza ciudadana.

En materia de derechos humanos, el informe señala que las excarcelaciones ocurridas durante el período no han estado acompañadas de la restitución plena de derechos para presos políticos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Asimismo, persisten denuncias sobre restricciones al espacio cívico, causas penales abiertas, medidas cautelares y obstáculos para el ejercicio de las libertades fundamentales.

Laboratorio de Paz también identifica una creciente demanda social por elecciones. El análisis destaca que diversos sectores sociales, incluidos trabajadores, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil, han comenzado a reincorporar la exigencia de un proceso electoral libre y verificable como parte central de sus demandas.

Ante este escenario, la organización formuló cinco recomendaciones dirigidas a la sociedad venezolana. Entre ellas destacan la exigencia de un calendario electoral presidencial verificable, la demanda de garantías para la participación política sin represalias, la reconstrucción de la confianza y del tejido asociativo dañado por la represión posterior al 28 de julio de 2024, la defensa de los derechos de las víctimas frente a propuestas de impunidad y la recuperación de la constitucionalidad como base para cualquier proceso de transición sostenible.

“Una transición democrática no puede sostenerse indefinidamente sobre mecanismos excepcionales, acuerdos políticos opacos o fórmulas que sacrifiquen la verdad y la justicia. La recuperación democrática exige legitimidad electoral, constitucionalidad, participación ciudadana y garantías efectivas de derechos humanos”, señala el documento.

El informe completo se encuentra disponible para consulta en www.labpaz.org

Cinco meses del interinato:
Reconfiguración sin transición

A Comprehensive Analysis of the Reform of Venezuela's Hydrocarbons Law: Trends, Implications, and Consequences

Emiliano Terán Mantovani — 2026-06-05T13:48:07Z

par Emiliano Terán Mantovani - Local | Caracas, Arco Minero del Orinoco, Ecología , Política , Reflexión / Análisis

FOTO DE ENCABEZADO: Empleados frente a la sede de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en Caracas, en octubre.Credit...Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times

More than just a regulatory change, the January 29, 2026, reform of Hugo Chávez's landmark 2001 Hydrocarbons Law—which had already been amended in 2006 to strengthen state control and participation in the industry and its profits—signals a profound economic and political transformation of the century-old Venezuelan petro-state model itself. The country and its sovereignty stand at a crossroads, facing an oil model that has been exhausted for decades but is simultaneously being dismantled amid a deep and prolonged internal political crisis and U.S. intervention that has taken root in Venezuela since January 3, 2026.

This article aims to briefly address this legal reform—hereafter RLH—not only by examining regulatory changes but also by highlighting other dimensions at stake, such as political, environmental, economic, and humanitarian factors. I present a brief background before examining the main amendments made to the law and conclude by analyzing four of the most significant implications and meanings of this process.

I. BACKGROUND

Two factors must be examined to understand the context in which the RLH is situated.

I.I First factor: the new oil opening under Chavismo in previous years

Certainly, the reform—which was swiftly approved and published in Official Gazette No. 6,978[1]—occurred in the context of U.S. military intervention, but it cannot in any way be interpreted as a break with previous energy nationalism.

On the contrary, the Maduro government, at least since 2018, had initiated a strong, albeit unorthodox, process of neoliberalization of the economy, which included the oil industry. As early as 2016, a ‘special investment regime' that sought to provide greater facilities and incentives to foreign investors was promoted. Equally noteworthy is the 2018 decree exempting transnational capital from the emblematic income tax on profits derived from oil activities. These policies intensified under the Economic Recovery and Prosperity Program (2018), the significant “Anti-Blockade Law” (2020), and the Special Economic Zones Law (2022), alongside other economic liberalization measures.

Faced with the disastrous results of the rigid controls imposed on the entire economy; the urgent need to boost revenues in an industry that was increasingly in decline; and the impact of international sanctions—particularly those imposed in 2019 that directly affected the oil sector— the government promoted a more open and pragmatic shift, not only inviting all companies to invest in Venezuela—especially U.S. investors[2]—but also seeking to ensure that the conditions for such investment were as favorable as possible. In this context, the Hydrocarbons Law had been in the crosshairs of various groups for several years, as it posed regulatory obstacles to these changes—which were to include a proposed constitutional reform that Maduro had incompletely outlined in February 2025[3].

In reality, the submissive approach to oil only intensified, as symbolically evidenced by the “Productive Participation Contracts” (CPP) under the Anti-Blockade Law —which granted enormous powers to private minority shareholders in Joint Ventures — and above all, by OFAC's LG41 License (November 2022), which allowed Chevron to resume its activities in Venezuela. This license has been classified as a “business model”[4] that reflected the pattern of extraordinary concessions and privileges granted to corporations that began to prevail in the country from that point onward. LG41 authorized the U.S. corporation to directly manage primary operations and administer the mixed enterprises, including the production and marketing of extracted oil. It also prohibited the corporation from paying royalties and taxes to the State, and it barred Iranian and Russian companies from serving as suppliers to the mixed enterprises. This not only violated the Hydrocarbons Law of the time and the Constitution, but also established clear forms of interference in the country's sovereignty.

This license, as well as the commercial arrangements that de facto existed with China in the Orinoco Oil Belt—where a large portion of the crude oil and profits are retained by the Chinese (due to significant shipments for debt repayment, discounts, and intermediary costs) and they held logistical and operational control over the exploitation[5]—reveal that the historic concept of energy nationalism was already being dismantled. As we will see in the following section, the provisions of LG41 would ultimately be confirmed and enshrined in the RLH; thus in this sense, elements of continuity are evident between the Maduro administrations and the government led by Delcy Rodríguez. If one were to speak of a capitulation of Venezuela's energy sovereignty, it began before the invasion and the reform of the law.

Maduro did not deny the U.S. access to oil; on the contrary, he offered concessions. Rather, it was U.S. sanctions that were the main factor disrupting this south-to-north energy flow. But the one point on which Maduro was unwilling to negotiate was his departure from power. These elements of continuity must be highlighted as another factor at play in the persistence of the post-January 3 Chavista regime.

I.II Second factor: authoritarianism and total disregard for the law

The deterioration of democracy in Venezuela accelerated at least since 2017, with the creation of the “plenipotentiary” National Constituent Assembly. Many steps were gradually taken toward the consolidation of an authoritarian regime[6], which likely reached its peak with the electoral fraud of July 28, 2024, and the unprecedented intensification of social repression, as well as the establishment of state terrorism[7]. Within this framework, the Republic's fundamental laws and the national Constitution itself became a dead letter, and the institutions that in theory oversee and guarantee their enforceability were significantly undermined. In contrast, other laws, such as the 2020 Anti-Blockade Law, were established as exceptions that consolidated the Chavista government's discretion in managing state assets and in establishing agreements with foreign corporations, as well as the secrecy and opacity of its operations.

Within this logic, oil operations and agreements were adjusted and shaped to accommodate the circumstances of PDVSA's inoperability and the effects of international sanctions, as well as the particular interests of the government and companies, regardless of the constraints imposed by existing laws. The aforementioned LG41 License granted to Chevron was based on direct negotiations between the U.S. and the Maduro government and was formalized without the approval of the National Assembly. The arrangements made with China in the Orinoco Belt followed similar criteria of discretion and secrecy.

The Maduro government exercised its power through a neo-patrimonial style of governance, running the country as if it were a personal estate. The validity and actual applicability of laws and regulatory bodies in Venezuela must be understood within this framework.

So, what is the point of the RLH in this context?

Domestically, the reform takes shape within a political environment that, following the January 3 events, remains authoritarian. The RLH in fact violates the Constitution—which must take precedence over all other laws—in articles such as Article 302, which reserves oil activities for the State; Article 307, given the discretionary delegation of royalties and taxes; Article 150, by dispensing with parliamentary approval for the conclusion of contracts of public interest; or Article 151, by providing for the resolution of disputes in international forums as well; to mention a few examples. These elements demonstrate the regulatory nullity of said reform due to its unconstitutionality.

This also unfolds within the tutelary power exercised by the Trump administration over the entire management of the Venezuelan oil industry, which completely undermines not only the country's legal framework but also the very concrete structure of the Republic and its institutions.

Thus, the main rationales behind the RLH are twofold: first, to establish a framework of guarantees, legal stability, and certainty for the massive influx of transnational capital into the industry; and second, to consolidate a legal framework that makes sense for a potential new subordinate political regime, one that would further embed and consolidate these changes for the coming decades in the country.

II. THE JANUARY 2026 REFORM OF THE HYDROCARBON LAW: 8 KEY POINTS

FOTOGRAFÍA. Sesión que sanciona la Reforma de la Ley de Hidrocarburos, 29/1/26. Fuente: Asamblea NacionalJust 26 days after the ousting of Maduro and Cilia Flores, the RLH was enacted. It was said that it was informed by “consultations across the country,” “from more than 120 proposals received,” and that it was approved unanimously, “in the name of God,” while the entire so-called “Bancada de la Patria” stood to applaud this official adoption[8]. Given that this has represented a historic event for Venezuela, it will always be appropriate to remember the legislators (both Chavistas and opposition members) and ministers who put their names to this reform.

The RLH has completed the formal dismantling of the “Bolivarian project,” which among its pillars had championed an energy nationalism opposed to the neoliberal and denationalizing model of the “Oil Opening,” and which envisioned the restoration of the Petro-state, this time to build an alternative to capitalism: “21st-Century Socialism.” What is striking is that this dismantling has been carried out progressively from within and for years, as part of a transformation of Chavismo[9] that was also fueled by international sanctions. Today, this transformation appears largely subordinated following U.S. intervention, with U.S. military and corporate power shaping the new law.

What does this reform specifically entail?

What scenarios does it open up for us? I list 8 key points below:

The first thing to note is that, although the reform is classified as “partial,” it should be emphasized that it has in fact been substantial, altering the law's previously statist and predominantly state-centered character to make way for extensive private participation and authority. Several articles were expanded, and new sections were added.
It is key to note that Article 23 has eliminated total or majority state exclusivity in the sector's primary activities. Private companies are recognized as one of the three types of actors that may participate in these activities, alongside national entities and mixed enterprises.
It is true that, in nominal and regulatory terms, it is emphasized that ownership of the oil fields remains with the Republic (Article 40, and in Article 3, which was retained from the LH-2006). However, the Venezuelan side has been severely affected, undermined, and stripped of its capacity to exercise effective and genuine sovereignty and act as the owner of the oil and the exploitation activities, a fact that had already become evident with the establishment of the CPPs. In fact, the THIRD Transitory Provision underscores the continued “full legal validity and effectiveness” of the CPPs and other contractual models entered into pursuant to the Constitutional Anti-Blockade Law.
In line with the previous point, the RLH establishes the possibility of partial or total transfer of the rights granted from national companies to private companies (Article 25). Article 40, which was incorporated as a new article, provides that contracts may be entered into with private companies for the performance of primary activities, in which such companies may assume the “comprehensive management” of the performance of the activities; that is, all operations. Article 36 (new), Paragraph 3, provides that the Ministry with jurisdiction over hydrocarbons may authorize the private minority shareholder to exercise technical and operational management of the joint venture. Article 42 (new) provides that companies of the Republic and their subsidiaries may transfer to the operating company the right to use the operational area and the delineated area. All of this is highly significant, not only because of the extraordinary expansion of private companies' powers, but also because of the considerable reduction in the role and influence of Petróleos de Venezuela S.A., all the more so in this context of institutional and national vulnerability.
It does not end there: Article 41 (new) provides that operating companies may be compensated with a percentage share of the volumes of hydrocarbons under supervision, which would be marketed directly by the operating company. Article 68 provides that the competent Ministry may authorize private companies to directly market all or a portion of the volumes of natural hydrocarbons produced in the assigned area. Article 36, Paragraph 1 also authorizes the private minority shareholder to market all or part of the Joint Venture's production. And under Article 42 (new), upon receiving the rights to use the operational area, the operating company may pay with oil as consideration to companies of the Republic. In turn, Article 36, Paragraph 2 authorizes said private shareholder to open and manage bank accounts in any currency and jurisdiction for the use and administration of the funds. All of this reveals that the powers granted to private entities are much broader, thus including the direct management and marketing of the resource, as well as autonomy in managing their finances.
Another significant element relates to the possibility of reducing royalties and taxes collected from the activity. While the previous law set the royalty at 30%, in the RLH this percentage is determined by the competent Ministry based on the type of project, capital investment requirements, the project's “economic viability,” and international competitiveness (Article 51). Although the previous law recognized the possibility that, for economic reasons in mature fields or in the Orinoco Belt, the royalty could be reduced to 20%, in the current RLH that figure remains open and at the discretion of the ministry. Article 58 (new) proposes this same flexibility and criteria for reducing the Income Tax, which was set at 50% prior to the reform. Article 26 establishes that, if legal, fiscal, regulatory, or contractual changes occurring after the execution of contracts negatively affect the ‘project economics,' the Ministry may make adjustments to royalties, taxes, tariffs, terms, economic conditions, or compensation mechanisms to ‘restore the prior economic position' of the operating company. It is important to note that, in practical terms, the “economic viability” referred to is linked not only to the viability of a given project but also to the profit margin requirements that private companies consider ideal. Additionally, Article 55 eliminates the various taxes stipulated in the previous law (surface, extraction, consumption, and export registration taxes, formerly Article 48) and creates the “Integrated Hydrocarbons Tax,” simplifying the tax burden. The rate of this tax may not exceed 15% and is determined by the competent Ministry (Article 56). And Article 59 exempts companies from a list of other taxes and contributions—such as the Wealth Tax or social contributions.
Finally, Article 34 eliminates the requirement for approval by the National Assembly for the establishment of mixed enterprises and the conditions governing the conduct of primary activities. Now this must only be ‘notified'; decisions and authorizations are primarily handled by the Executive. On the other hand, in Article 8 (new), in the event of doubts and disputes, alternative dispute resolution mechanisms are also provided for, including mediation and arbitration, which may be international.
It is recalled that the following were repealed: the Law on the Regularization of Private Participation in Primary Activities Provided for in Decree No. 1,510 with the Force of Law (2006); the Organic Law reserving for the State Goods and Services Related to Primary Hydrocarbon Activities (2009); the Law establishing the Special Contribution for Extraordinary and Exorbitant Prices in the (2013); or Decree No. 5,200, Law on the Transition to Joint Ventures of the Association Agreements for the Orinoco Oil Belt and Exploration Agreements on a Risk and Profit-Sharing Basis (2007); among others.

III. TRENDS, MEANINGS AND IMPLICATIONS OF THE TRANSFORMATIONS OF THE OIL REGIME

Given that these still-ongoing transformations are disrupting the very structure of the historic oil model, there are numerous implications to examine. For this article, I will specifically highlight four of them: the emergence of a vassal petro-state; the formation of an enclave economy and the perpetuation of oil extractivism; the economic decline sustaining the state and its consequences for society; and the dangerous invisibilization of the ecological/climate crisis.

III.I The Emergence of a Vassal Petro-State

What is the Venezuelan state today, if it has ceased to be that petro-state that once achieved a high degree of centralization of power and the economy, a considerable level of rent-seeking, and relative international influence—from the creation of OPEC in the 1960s to Chávez's proposals for regional integration?

As might be expected, oil will remain an important resource for Venezuela. As long as reserves of such magnitude exist, alongside the great weakness of other economic sectors and a global context of war over resources and energy, it is likely that we will continue to have a petro-state that bases the majority of its revenue on crude oil. What is changing is the new form of vassalage it is acquiring.

How long could this regime of subjugation last?

Within the logic of the so-called ‘Donnelly Doctrine,' the U.S. government will seek to maintain maximum subjugation of the Venezuelan state, all the more so if its geopolitical objectives on other continents remain unfulfilled. On the other hand, if the Chavista regime manages to adapt to this formula and offers the U.S. an advantageous relationship, this could allow the regime to persist over time.

To break free from this vassalage, Venezuela would need, on the one hand, to achieve sufficient unity among national/nationalist forces capable of opposing U.S. power; on the other hand, to recover, as much as possible, its institutional, economic, and military capabilities, thereby maintaining a minimal degree of sovereignty. However, such a recovery does not seem feasible in the short term, as fragmentation has prevailed, including within Chavista forces. In any case, these scenarios are not without contradictions, whether due to Trump's declining popularity in the U.S. or potential internal fractures in Venezuela, with uprisings or confrontations that could generate complex national conflicts.

This entire framework has posed a historic challenge to the notions of sovereignty that have been built in the country over decades, if not centuries. This challenge also concerns Latin America and the Caribbean, which view what has occurred in Venezuela as a process of aggressive re-colonization with regional implications. What is this thing we call sovereignty today?

III.II Enclave Economy and the Perpetuation of Oil Extractivism

The destruction of Venezuela's traditional oil economy model—amid the evolution of Chavista oil liberalization, the RLH, and the already established U.S. subjugation—which controls the entire chain of operations, commercialization, and administration of the national hydrocarbon industry—is leading us toward the formation of a kind of enclave economy.

Enclave economies were studied by dependency theory to describe a “development model” that emerged in several Latin American countries between the last quarter of the 19th century and the first quarter of the 20th, referring to resource extraction activities that became disconnected from the broader national economy, as they were directly controlled from abroad[10]. This entailed organizing territories as mere suppliers of resources (or labor) for the global market, with extractive activities that had little connection to local populations and revenues that were transferred outside the jurisdiction.

As we can see, this once again refers to patterns from a distant past. The Venezuela we have known over the last hundred years may end up becoming blurred and fragmented, now marked by the proliferation of territories of plunder with high levels of disconnection from the national economy. As if the country were defined fundamentally by being a collection of oil fields and mines.

This also perpetuates, for the umpteenth time, oil extractivism in Venezuela, seriously blocking any possibility of steering the country down a different path, given a history of dependency, rent-seeking, corruption, and massive environmental damage that is inextricably linked to this societal model. The prevailing national discourse following January 3 reflects the usual trends, which view this as an “opportunity” to boost oil and gas production once again. This has been stated, for example, by former Chavista oil minister Rafael Ramírez[11]1 and former opposition energy minister Humberto Calderón Berti[12], and is presented as a consensus by the vast majority of economists[13]; Delcy Rodríguez stated that Venezuela must become “a true oil and gas producing power”[14], and María Corina Machado proposed at CERAWEEK 2026 a national target of five million barrels per day[15]. Some minority voices, however, have denounced the surrender of oil sovereignty[16]; while the discussion on ‘energy transition' is negligible. But what stands out is a significant lack of questioning of the very model that has proven unsustainable both nationally and globally. These historical gaps in the discussion are once again evident, alongside the extremely adverse conditions for considering post-3-E alternatives.

However, it is important to highlight some contradictions in this outlook for oil expansion that has been predicted by many. The damage suffered by the industry and the rehabilitation of numerous abandoned wells require enormous investments, estimated at between US$100 billion and US$180 billion, to return to an estimated production of approximately 2.5 million barrels per day over the next 10–15 years[17]—if all goes well. On the other hand, the vast majority of the reserves to be developed are heavy and extra-heavy crudes with high production costs—which require high prices to sustain the investments—while conventional crudes are typically in decline phases with costs that have also increased. While production can be increased from fields such as Boscán (conventional) in Lake Maracaibo and from existing capacity in the Orinoco Belt, in other cases it is more complicated and costly—such as starting operations from scratch in the Belt—and few investors are likely to be truly attracted.

III.III A petro-state without revenue or assets: how is the country we have known sustained?

With the structure for capturing royalties and taxes shattered, and the state's own capacity to manage public assets through PDVSA undermined, the very sustainability of the state's operational capabilities is now in jeopardy. One should recall that Venezuela still depends on oil revenues for 80–90% of its income and, as I have mentioned, the rest of the economic sectors are far from being able to provide a similar source of revenue for the state coffers. How, then, can a model of society that was shaped for decades around oil revenues recover and sustain itself?

These changes will have a fourfold impact on Venezuelan society, adding to the disaster already wrought by the Chavista regime. First, the diminished operational capacities of the state are reflected both in the operational precariousness of fundamental institutions and in the basic services it provides to society, which dismantles a significant portion of social assistance channels. The state's economic decline also increases its existing vulnerability to international powers and fosters the continuation of a neo-patrimonial regime.

Second, the decline in state support in turn undermines its capacity for governance, including its presence and power in more peripheral territories, where criminal and irregular groups have also proliferated.

Third, and as a consequence of the two previous impacts, the gaps in institutional functions, state provision, and governance could end up being filled by private/transnational capital. This would represent a massive privatization of Venezuelan society, dramatically reducing the public sphere. This may also include an increase in the presence of private security forces[18], as seen in Africa.

Fourth and finally, the Venezuelan population would bear the brunt of this entire process, particularly the large most vulnerable sector and the sector of workers, peasants, and indigenous peoples. Within this framework, it becomes extremely difficult to realize the human and environmental rights enshrined in the Constitution; this represents the continuation of a terrible humanitarian situation for the country, now under new forms of governance. It seems clear that a vassal petro-state is incompatible with democracy, and vice versa. Formally privatized public services; new facets of deregulated labor regimes, with no respect for labor rights and little prospect of social protection; absolute neglect of the most vulnerable sectors; authoritarianism, criminalization of protest, and states of emergency; among other manifestations.

III.IV The Dangerous Invisibilization of the Ecological/Climate Crisis

The perpetuation of the oil industry in the form of a vassal state is also linked to the intensification of the multiple environmental impacts caused by this energy model—impacts that are exacerbated by a potential further increase in production—now under a new cloak of widespread legalized impunity.

First, the Maduro government had already dismantled the country's remaining environmental institutions and protections, placing them at the service of predatory extractivism. At the same time, it is well known that the Trump administration is a public enemy of the environmental and climate cause. Thus, this combination is hardly encouraging in this matter—and it could be added that María Corina Machado's alternative is not interested in defending the environment either.

The scope for favoring private capital in oil operations and the nullification of the checks and balances provided by PDVSA and state institutions, as expressed in the RLH, leave the environment with virtually no options. Spills, fires, accidents, and the constant flaring of gas at the flares would continue to occur with great impunity, perpetuating “sacrifice zones” that will be neglected so as not to affect the oil corporations' sacred profit margins. The track records of corporations like Chevron, with major environmental impacts worldwide—as seen in Ecuador, Angola, the Niger Delta, or Venezuela itself[19]—would face no restraint, to the detriment of local communities, fishermen, and small farmers who have been suffering the brunt of this activity for years, without ever seeing justice served.

Second, the United States, the world's largest producer of hydrocarbons and the primary driver of climate change, continues to deepen the energy and extractive model through its imperialist drive, a model that has led us to the dramatic global climate crisis we now face. Trump's unquestionable hydrocarbon imperative—“drill baby drill”—is being projected onto Venezuela, through its legislative reforms and its oil regime, turning our country into a privileged contributor to the Anthropocene. While the crisis demands a significant reduction in fossil fuel combustion—as even the International Energy Agency has pointed out—Venezuela is opening the door to ramp up.

This is the exact opposite path the country should be taking, yet very few are speaking out about the environment and the climate crisis. The Venezuelan Academy of Physical, Mathematical, and Natural Sciences presented its Second Academic Report on Climate Change 2025 at the end of that year[20], in which it addressed the major threats that the intensification of this phenomenon will pose to our nation, including impacts on food systems, dangerous water access issues, landslides and extreme droughts, and the spread of diseases, among others. Furthermore, it has highlighted how ill-prepared Venezuela is, to which must be added the indifference of political actors toward the problem.

Regardless of the adverse political conditions we face, these are unavoidable issues.

IV. CONCLUSIONS AND ALTERNATIVES

The analysis shows that, rather than an oil reform that will open up “opportunities for growth and development”—as claimed by numerous voices offering very limited and uncritical assessments—these transformations are pointing toward deeply troubling trends that undermine the very foundations of the Venezuelan republican project and fail to address the multiple dimensions of the long-standing national crisis.

We recognize Venezuela's urgent need to bring about political change and pave the way for a return to democracy; however, the options emerging following Maduro's removal also require critical analysis, a deeper perspective, and greater societal involvement to help give this confusing and uncertain period of potential transition a social, national, and democratic meaning.

If the Venezuelan Constitution is taken as the collective contract governing the country, demands for a return to the electoral process and democratic procedures must be intensified, while foreign interference in the country's fundamental decisions must be rejected.

It is also recognized that the scenario facing Venezuela is one of great complications and complexity, where the long-standing national crisis, U.S. geopolitical aggression, and the global civilizational crisis are all converging. Precisely because of this context, political boldness and the search for new reference points and paradigms are urgently needed.

To rebuild a national force capable of tackling such immense challenges, a political and social process is required that fosters a broad convergence of nationalist groups and sectors; and that this convergence coalesce around a project offering an agenda for economic, political, energy, and environmental recovery and transformation with a social and sustainability focus.

For such a project, broad spaces for discussion and exchange must be promoted within Venezuelan society, which is eager for change and democracy. In these spaces, it is necessary to propose reflections and questions regarding the role of oil in the country's future; how to address the urgent tasks of the energy transition and the climate crisis; and how to strengthen initiatives that seek economic diversification that is, moreover, as inclusive as possible.

Envisioning a Venezuela beyond oil is urgent; retracing the tortuous paths already taken would be a return to the abyss.

[1] Available here: http://www.gacetaoficial.gob.ve/gacetas/6978

[2] See, for example: AFP (2021) Maduro invites U.S. oil investment to Venezuela and offers to sell gas to Mexico.

https://www.youtube.com/watch?v=R67Qa2zIQqE&t=3s; Swiss Info (2024) Maduro invites foreign businesspeople to invest in Venezuela's oil sector. https://www.swissinfo.ch/spa/maduro-invita-a-empresarios-extranjeros-a-invertir-en-sector-petrolero-de-venezuela/82027475

[3] Reuters (2025) Maduro presents constitutional reform proposal to the Venezuelan Parliament. https://www.reuters.com/latam/domestico/S6QTJJIRIZN2HJ6DEC7WUPZ24E-2025-02-16/

[4] Márquez-Marín, Gustavo. Mendoza-Potellá, Carlos. Millán-Campos, Oly (2023) Elite consensus to cede oil sovereignty. PDVSA-Chevron contract initiated new oil opening. https://www.aporrea.org/energia/a320133.html

[5] PDVSA Ad Hoc (2025) How China Used Its “Silk Road” Strategy to Strengthen Its Position in the Venezuelan Oil Industry. https://pdvsa-adhoc.com/en/2025/10/how-china-used-its-silk-road-strategy-to-strengthen-its-position-in-the-venezuelan-oil-industry/ ; George, Libby (2026) How much does Venezuela owe China, and why is oil involved? https://www.reuters.com/business/energy/how-much-does-venezuela-owe-china-why-is-oil-involved-2026-01-23/

[6] Teran-Mantovani, Emiliano (2022) The Metamorphoses of Progressivism: Neoliberalization and the Shift to the Right of the Bolivarian Process in the Great Venezuelan Crisis (2013–2020), in: Schavelzon, S. López, P. Ivanovic, M. Derivas y dilemas de los progresismos sudamericanos. Red Editorial, 217–261.

[7] End State Terrorism in Venezuela. Respect the Will of the Venezuelan People (2024) https://muflven.org/wp-content/uploads/2024/08/CESE-EL-TERRORISMO-DE-ESTADO-EN-VENEZUELA-AGO-2024-2.pdf. RFI (2025) Venezuela: Growing political persecution ‘creates a climate of fear,' warn UN experts. https://www.rfi.fr/es/am%C3%A9ricas/20250923-venezuela-la-creciente-persecuci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-genera-un-clima-de-temor-alertan-expertos-de-la-onu

[8] Telesur (2026) Venezuela's National Assembly unanimously approves reform of the Hydrocarbons Law. https://www.youtube.com/watch?v=mm2V8Ku8xjU

[9] Teran-Mantovani, Emiliano (2022) The Metamorphoses of Progressivism: Neoliberalization and the Shift to the Right of the Bolivarian Process in the Great Venezuelan Crisis (2013–2020), in: Schavelzon, S. López, P. Ivanovic, M. Drift and Dilemmas of South American Progressivism. Red Editorial, 217–261.

[10] Cardoso, Fernando Henrique. Faletto, Enzo (1979) Dependency and Development in Latin America. Mexico: Siglo XXI.

[11] Rudich, Wanda. Morchón, Núria (2026) Venezuela has the capacity to triple its oil production, according to former Minister Ramírez. https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-tiene-capacidad-para-triplicar-su-producci%C3%B3n-petrolera%2C-seg%C3%BAn-exministro-ram%C3%ADrez/90773773

[12] Analítica (2026) Analítica Interview: Humberto Calderón Berti What will happen in Venezuela's oil industry? https://www.youtube.com/watch?v=RjLhBplX378&t=1211s

[13] Martin, Nik (2026) Venezuelan oil industry: hopes for recovery. https://www.dw.com/es/industria-petrolera-venezolana-esperanzas-de-recuperaci%C3%B3n/a-75899950

[14] Periódico de la Energía (2026) Delcy Rodríguez says Venezuela must become an “oil-producing power.” https://elperiodicodelaenergia.com/delcy-rodriguez-dice-que-venezuela-debe-convertirse-en-potencia-productora-de-petroleo/

[15] Clarembaux, Patricia (2026) María Corina Machado's oil strategy: security and transparency to attract investors to Venezuela. https://elpais.com/us/2026-03-25/la-apuesta-petrolera-de-maria-corina-machado-seguridad-y-transparencia-para-atraer-inversionistas-a-venezuela.html

[16] D'León, Milton (2026) Oil under imperial tutelage. Venezuela: Reform of the Hydrocarbons Law in Step with Trump and the Transnational Oil Companies. https://www.laizquierdadiario.com/Venezuela-la-reforma-de-la-Ley-de-Hidrocarburos-al-ritmo-de-Trump-y-las-transnacionales-petroleras; Marcelo Quiroga Santa Cruz Free Chair (2026) Reform of the Hydrocarbons Law: Imperialism and the New Scenarios of Sovereignty in Venezuela. https://www.youtube.com/watch?v=8IBT-EWVAX4&t=954s

[17] Ambrose, Jillian. Gayle, Damien (2026) High costs, falling returns: what could go wrong for Trump's Venezuela oil gamble? https://www.theguardian.com/business/2026/jan/09/high-costs-falling-returns-trump-venezuela-oil-gamble ; Escobar, Krysta (2026) Can Venezuela get back to producing 3 million barrels of crude oil a day? https://www.cnbc.com/2026/01/28/venezuela-crude-oil-production-investment.html; Liu, Tai (2026) Venezuela's Oil Renaissance Faces Several High Hurdles. https://about.bnef.com/insights/commodities/venezuelas-oil-renaissance-faces-several-high-hurdles/

[18] Le Grand Continent (2025) Erik Prince: the Neo-Reactionary Condottiero of the Trump Empire. https://legrandcontinent.eu/es/2025/12/23/erik-prince-el-condotiero-neorreaccionario-del-imperio-trump/

[19] Criticism of Chevron. https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Chevron

[20] Venezuelan Academy of Physical, Mathematical, and Natural Sciences (2025) Second Academic Report on Climate Change (DRACC) 2025. https://www.youtube.com/watch?v=shNjagg94-E&t=5693s

El cinismo de Rodríguez: ¿Volver a qué? La diáspora venezolana no olvida el desastre económico

Esperanza Hermida — 2026-05-26T17:18:23Z

par Esperanza Hermida - Local | América Latina, Derechos Humanos, Movimientos Sociales , Política , Venezuela, Reflexión / Análisis

Gobierno de Delcy Rodriguez, en alianza con el imperialismo yanqui, no ofrece garantías para el retorno de 7,9 millones de migrantes que malviven en el exilio.

Para millones de personas venezolanas que abandonaron el país en busca de oportunidades, pero que viven en situación de precariedad entre América Latina, EEUU y España, el llamado de Jorge Rodríguez a «superar» el pasado y regresar a Venezuela ha generado una ola de escepticismo. Para muchas personas migrantes, el gesto es una clara demostración de cinismo, considerando que el gobierno de Delcy Rodríguez -en alianza con Trump- no ha restablecido el poder adquisitivo del salario, y que el gobierno de Maduro, destruyó la economía y la seguridad social del país.

Entre 2015 y 2026, Venezuela experimentó el mayor éxodo de su historia, con 7,9 millones de personas que optaron por huir de la crisis económica, la inseguridad, la represión y la falta de oportunidades laborales (R4V, dic 2025). El 89,6% se quedó en América Latina y el Caribe (R4V, nov 2025). En su mayoría eran personas en edad productiva, incluyendo profesionales del magisterio, la salud, el sector petrolero y obreros de alta calificación, que buscaban un futuro mejor para sí y sus familias.

Sin embargo, la realidad laboral en el exterior ha sido dura. En América Latina y el Caribe, el 82% de las personas migrantes venezolanas se encuentra en el sector laboral informal (OIM, 2024), con salarios precarios y sin derechos laborales. En países como Colombia, la informalidad alcanza 73,1% (DANE-OIM, 2024); en Perú, 93,7% (INEI-OIM, 2022); y en Chile, 63,8% (SERMIG-OIT, 2023). La sobrecualificación es la norma: ingenieros manejan taxis, médicas venden arepas en la calle, y profesores limpian casas. El 62% de los profesionales no ejerce su carrera (OIM, 2023).

En España, son de Venezuela muchas de las personas que sostienen el sistema de cuidados. De 518.918 venezolanos empadronados (INE, enero 2026), 285.996 cotizan a la Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, abril 2026). El resto está en paro, inactivo o economía sumergida. En Galicia, CEFILVEGA constata que 4 de cada 10 mujeres venezolanas ocupadas trabajan en cuidados, y el 62% tiene título universitario sin homologar, cobran entre 700 y 900 euros al mes como internas sin papeles, con jornadas que superan las 60 horas semanales (CEFILVEGA, 2025). Según sindicatos como CCOO y UGT, hay un contingente de enfermeras, maestras y psicólogas venezolanas que cuidan a mayores en condiciones de explotación. «Es un sistema que se apoya en la precariedad de estas mujeres», denuncia la CIG en Galicia (CIG, marzo 2026).

En EEUU, la situación es aún más crítica. Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, el gobierno de Trump aceleró las deportaciones. En marzo de 2025 se suspendió el TPS para 472.000 venezolanos (DHS), que perdieron su permiso de trabajo. Ahora, muchas viven con el miedo constante a ser deportadas, y se ven obligadas a aceptar trabajos informales y mal pagados.

Mientras tanto, en Venezuela, 5,1 millones de personas jubiladas sobreviven con pensiones de 3,2 USD al mes (IVSS, 2026). La situación es tan grave que la ONG Convite documentó 3.200 muertes de adultos mayores entre 2018 y 2023 asociadas a la falta de medicinas y tratamientos básicos (ONG Convite). La canasta básica supera los 550 USD (CENDAS-FVM, mayo 2026).

La vuelta a la patria depende de la mejora sustancial de las condiciones estructurales del país, especialmente del restablecimiento del salario y no de un “pasar la página” como pretende Jorge Rodríguez cínicamente. Mientras esta transformación económica no se produzca, el éxodo venezolano seguirá creciendo y la esperanza de un retorno digno se desvanece.

ALGUNOS DATOS CLAVE

– 82% de las personas migrantes venezolanas en América Latina y el Caribe trabajan en la informalidad (OIM, 2024)

– 62% de los profesionales no ejerce su carrera (OIM, 2023)

– 3.200 muertes de adultos mayores por falta de medicinas entre 2018 y 2023 (ONG Convite)

– Venezolanos ganan 38% menos que locales por la misma labor en América Latina (OIT, 2025)

– 5,1 millones de pensionados con 3,2 USD/mes (IVSS, 2026)

EXIGENCIAS:

– Condiciones laborales favorables para el retorno de la clase trabajadora venezolana en el exterior

– Aumento del salario y restablecimiento de la seguridad social en Venezuela

– Respeto a los derechos laborales y sindicales

– Respeto a los derechos laborales universales y regularización de la situación administrativa de las personas migrantes venezolanas en el exterior: ¡Ningún ser humano es ilegal!

Fuentes:

R4V – Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. “Cifras clave”, diciembre 2025. Proyección 7,9 millones a 2026. r4v.info

R4V. Actualización noviembre 2025: 6,9 millones de 7,7 millones en América Latina y el Caribe = 89,6%. r4v.info

OIM – Organización Internacional para las Migraciones. Análisis de la contribución fiscal y económica de la migración venezolana: una aproximación regional, 2024. Post oficial @onumigracion, 2 enero 2026. lac.iom.int

DANE Colombia + OIM. Encuesta Pulso de la Migración, 2025. dane.gov.co

INEI Perú + OIM. Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que Reside en el País – ENPOVE II, 2022. inei.gob.pe

SERMIG Chile + OIT. Estudio sobre migración venezolana en Chile, 2023. serviciomigraciones.cl

OIM. Estudio Integración Socioeconómica de la Población Venezolana, 2023.

INE España. Población por país de nacimiento, Padrón Continuo, datos a 1 enero 2026. ine.es

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, abril 2026. inclusion.gob.es

CEFILVEGA – Centro de Formación e Investigación Laboral Venezolana en Galicia. Estudio sobre inserción laboral femenina de la migración venezolana, 2024.

CIG – Confederación Intersindical Galega. Informe sobre la situación laboral de las mujeres en Galicia. marzo 2026.

DHS – Department of Homeland Security, EEUU. Federal Register: Termination of Venezuela TPS Designation, marzo 2025. federalregister.gov

IVSS – Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Salario mínimo Bs. 130 a tasa BCV, mayo 2026. Equivale a 3,2 USD.

ONG Convite. Informe sobre mortalidad de adultos mayores por falta de acceso a medicinas, 2018-2023.

CENDAS-FVM. Canasta Alimentaria Familiar, mayo 2026: 552,29 USD.

OIT – Organización Internacional del Trabajo. Panorama Laboral de América Latina y el Caribe, 2025. ilo.org

Consideraciones ecológicas y sociales sobre la moda vestimentaria.

Francisco Javier Velasco Páez — 2026-05-08T23:51:40Z

par Francisco Javier Velasco Páez - Local | Mundo, Ecología , Política , Reflexión / Análisis

Crédito: Shutterstock.

El modelo en el que se basa la industria de la moda tiene un impacto directo sobre la sostenibilidad del planeta y sobre la vida de millones de personas, a menudo invisibles a ojos del consumidor. Históricamente, la industria de la moda se ha caracterizado por una cadena de producción compleja y a menudo opaca, que abarca desde la extracción de materias primas hasta la producción en serie y la distribución de productos acabados. Este proceso suele acarrear severa degradación ambiental y dar lugar a prácticas laborales precarias y explotación de seres humanos.

La industria textil es una de las más contaminantes del mundo y desempeña un papel fundamental en la actual crisis ecológica. Es responsable de importantes volúmenes de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero que alimentan la crisis climática, de buena parte de la contaminación de agua en el mundo, de la generación de muchos residuos y de serios impactos sociales. Su relación con la catástrofe ambiental en curso está presente en cada etapa de creación e incluso en cada etapa de la vida de las vestimentas: desde la producción de materias primas para su creación hasta su descarte por deterioro o “desactualización” relativa al gusto colectivo impuesto. Se caracteriza por la sobreproducción y el consumo excesivo, especialmente vía lo que se denomina “fast fashion” (moda rápida) que es un modelo de producción textil basado en la renovación constante de colecciones a bajo coste que promueve una moda efímera.

En tanto que industria y sistema, la moda está en estrecha relación con la naturaleza, en particular en lo que concierne a la biodiversidad, el agua y la utilización de los suelos. La industria de la moda y la ropa deportiva dependen de la biodiversidad para obtener las materias primas utilizadas en sus productos (como cachemir, algodón, cuero, viscosa y lana) y embalajes. Debido al aumento del monocultivo, al uso de agrotóxicos y al consiguiente incremento de los rendimientos agrícolas, el número de especies utilizadas en la producción ha disminuido. Se estima incluso que la biodiversidad está disminuyendo a un ritmo muy veces superior al natural. Esto no solo restringe la diversidad genética y hace que los sistemas agrícolas sean menos resilientes a los riesgos ambientales, sino que también aumenta la dependencia de la industria de las especies restantes para cubrir las carencias. Si bien las fibras naturales representan un riesgo inherente para la naturaleza, los sectores con un alto componente sintético, como la industria de la ropa deportiva, plantean serios problemas ambientales relativos a la contaminación y la ausencia de biodegradabilidad (Munarriz y Tello, 2025; Maiti, 2026).

La calidad y la disponibilidad de agua son factores vitales para los ecosistemas naturales y la industria de la moda, esta última consume decenas de billones de litros al año. Desde el riego de cultivos hasta los procesos de teñido, la dependencia del sector respecto al agua es multifacética. Cultivos como el algodón requieren grandes cantidades de agua para su producción y procesamiento. Una mala gestión del agua provoca escasez, ya que el agua superficial y subterránea utilizada para regar los campos de algodón supone una pérdida de agua dulce. La industria de la moda es el segundo mayor consumidor de agua debido a los procesos de blanqueo, teñido, acabado, suavizado, hilado y cultivo de materiales. Desafortunadamente, gran parte de esta agua se contamina con productos químicos durante estos procesos y, a menudo, se desecha en condiciones insalubres, contribuyendo así a contaminar las reservas de agua cada vez más escasas y a deteriorar los ecosistemas acuáticos. (Turk, 2023; OHM Energie, 2025; Oxfam, 2025).

La sobreproducción de ropa también agrava la degradación del suelo y la deforestación, principalmente debido a la agricultura, el pastoreo y la instalación de plantas industriales, actividades que implican un uso significativo de la tierra. La producción de cuero y viscosa contribuye considerablemente a la deforestación en diversos ecosistemas, incluido el Amazonas. Millones de árboles se talan anualmente para la producción de fibra de viscosa, muchos de los cuales provienen de bosques primarios amenazados, en lugar de plantaciones gestionadas. La deforestación y la degradación de la tierra provocan erosión, lo que agota la capa fértil del suelo y reduce la productividad. El sector ganadero utiliza aproximadamente el 80 % de las tierras agrícolas del mundo. El sobrepastoreo del ganado para la producción de lana y cachemira también altera el equilibrio de las especies vegetales, lo que conlleva un aumento de las gramíneas y una disminución de los arbustos y árboles; consecuencias que afectan tanto a la biodiversidad como al ecosistema. La mayor parte de los pastizales de Mongolia se encuentran degradados debido a las prácticas de sobrepastoreo asociadas al cultivo de cachemira (Macdermott, 2021; Paz, Dávalos y Resendiz, 2023; Parlamento Europeo, 2024). Además, la incapacidad de la industria de la moda para abordar estos problemas podría provocar interrupciones en la cadena de suministro, un aumento de los costes, riesgos regulatorios y daños a la reputación de las empresas.

Resumiendo, podemos decir que la relación de la industria de la moda con la naturaleza es una relación fundamentalmente extractiva.

La moda rápida ejemplifica los costes ocultos de un modelo de producción basado en la velocidad, el bajo coste, la deslocalización en gran escala y el desecho masivo. Cabe señalar que la ropa de moda rápida se diseña para ser desechable, a menudo con materiales de menor calidad que se deterioran rápidamente. El fast fashion lleva diseños de la pasarela a la tienda en poco tiempo (días o semanas), promoviendo el consumo constante (Romanos, 2025; Fashion Sustainable, 2026). Directory) En tanto que moda efímera alienta la obsolescencia rápida de los productos, teniendo como consecuencia la acumulación de verdaderas montañas de ropa que se descartan o incineran en grandes vertederos. Así, por ejemplo, en el desierto de Atacama en Chile, cerca del puerto de Iquique en donde arriban enormes volúmenes de ropa usada cada año, se encuentra el vertedero de ropa más grande del mundo, donde más de 40.000 toneladas de ropa que no se vendió, prendas de vestir fast fashion de Europa, Asia y los Estados Unidos, son descartadas anualmente. Este masivo depósito de desechos textiles, que es visible desde el espacio exterior y ha sido fotografiado con satélites es frecuentemente incendiado causando un daño ecológico severo y, de esa, manera tratando de esconder el costo oculto del consumo de moda rápida (Alarcon y Shipley, 2024; Grasso; 2025). Otros dos grandes vertederos se encuentran en la ciudad de Accra en Ghana en Panipat, India. En el primer caso, el llamado Mercado Kantamanto recibe enormes cantidades de ropa de segunda mano, con cerca de un 40% de vestimentas que se convierten en desechos que terminan en rellenos, playas y el océano Atlántico (Greenpeace, 2025; Sueña entre Telas, 2025). En Panipat, conocida como la “capital de lo desechado”, se reciben grandes cantidades de textiles, parte de los cuales se reciclan en sábanas, pero dejando un desbordamiento masivo de desechos (Palacios, 2025; The Guardian, 2025).

Por otro lado, el impacto social de la industria de la moda, especialmente la moda rápida, es muy negativo y de gran significación. Las condiciones laborales de esa industria suelen ser precarias y peligrosas, caracterizadas por largas jornadas (de 10 a 16 horas diarias que se intensifican en temporadas altas), salarios inferiores al mínimo vital que no cubren las necesidades básicas y perpetúan la situación de pobreza de poblaciones vulnerables (esos salarios mínimos bajos captan el interés de las marcas y empresas distribuidoras ricas y poderosas que atraen la inversión extranjera), entornos inseguros (fábricas con ventilación deficiente y riesgo de incendios y derrumbes), elevada informalidad (la producción se concentra en países con escasa protección laboral, donde la subcontratación dificulta la regulación), falta de derechos con ausencia de contratos estables, seguridad social y restricciones a la libertad sindical, altos índices de abusos físicos o verbales, violencia de género que afecta principalmente a mujeres y niñas de países del sur global, trabajo forzoso y explotación de menores (Agood Company, 2023; Schirrer, 2024; Amnistía Internacional, 2025). Las personas con identidades múltiples e interseccionales en función del género, origen étnico, casta, situación migratoria o creencia religiosa son objeto de discriminación combinada en el trabajo; por ejemplo, no obtienen ascensos, no se tienen en cuenta sus opiniones, se infravalora su trabajo. A esto se agregan riesgos en salud de orden ergonómico, como lesiones por movimientos repetitivos y manipulación de cargas, además de exposición a sustancias químicas tóxicas utilizadas en el teñido y tratamiento de telas. La mayoría de quienes trabajan en la confección en los principales países proveedores —Bangladesh, India, Pakistán y Sri Lanka— son personas migrantes internas, sobre todo mujeres. Muchas de estas últimas se han trasladado de las zonas rurales a la ciudad para encontrar empleo sin sus familias ni redes de apoyo.

Consideramos importante dedicarle unas líneas de más al preocupante lugar del trabajo esclavo en la industria de la moda. El trabajo esclavo contemporáneo, entendido como una forma de explotación laboral extrema en la que una persona es privada de su libertad por parte de otra por motivos económicos o personales, es una cruda realidad en la industria de la moda, particularmente en países pobres donde la normativa es más débil y su aplicación escasa. La representación de una cadena de suministro típica del sector textil puede implicar, fácilmente, la intervención de nueve o diez empresas en más de cinco países; esta desconexión, junto con las grandes distancias existentes dentro de la propia cadena, tiene una enorme importancia en el fenómeno de la esclavitud moderna. Si el sector textil no puede definirse como una industria fundamentada en la esclavitud moderna, sí presenta factores que hacen que surjan casos de esta explotación laboral extrema (Descartes, 2025; Littlewood, Thea; 2026).

Para finalizar, es bueno precisar que la moda es un proceso social con el cual los objetos culturales, trátese de prácticas culturales, apreciación visual o creencias políticas, conservan prestigio o notoriedad durante un tiempo determinado (Rocamora y Smelik, 2019; Saltzman, 2016). Al ser fuertemente reconocidos por un grupo, algunos de esos objetos son trocados en un elemento de “moda” y, luego, su actualidad finaliza cuando su reconocimiento se colma, llega a un estado límite de aceptación. Conviene señalar que la moda actúa como un sistema que regula el consumo y los hábitos, reflejando en parte la cultura y los cambios históricos de la sociedad en un momento determinado. La moda es un fenómeno social y cultural que define tendencias de vestimenta, comportamiento o consumo adoptadas por una mayoría durante un tiempo y lugar específicos. Funciona como mecanismo de identidad personal y grupal, cambiando constantemente. La moda vestimentaria es, además de ser un objeto artístico o la compulsión humana hacia lo nuevo a través de una serie de cambios recurrentes, es una industria que contamina y explota, disciplina los cuerpos y los multiplica en estilos, une o separa superficialmente a los grupos por medio de la imitación o la distinción, uniforma o deforma.

Ahora bien, el vestido ciertamente responde a una necesidad funcional de proteger el cuerpo, pero es también más que eso, es un lenguaje simbólico que comunica identidad, un poderoso marcador de transformaciones sociales que sustenta y reproduce discursos sociales. La relación entre piel y vestimenta es dinámica y compleja, el vestido no solo cubre, sino que transforma la experiencia del cuerpo humano. En ese sentido, en una perspectiva de autonomía, en tanto que interfaz íntima y pública que moldea la percepción del cuerpo, puede contribuir a emancipar y crear libremente de manera individual y colectiva. Puede convertirse en una forma de autoexpresión y en un acto político de resistencia, alejándose de la estética comercial impuesta, la mercantilización de la vestimenta y sus nefastos impactos sociales y ecológicos. Puede pasar de una relación extractiva con la naturaleza a una relación recíproca basada en el cuido y la regeneración de los ecosistemas. Es este un desafío que se nos plantea.
Referencias.

Agood Company (2023) Fast Fashion: The Environmental and Social Impact. https://www.agood.com/blogs/stories/fast-fashion-the-environmental-and-social-impact.

Alarcón, Muriely Shipley, Julia (2024) Las montañas de ropa se esfumaron del desierto de Atacama, pero el problema no desapareció. El País. https://elpais.com/america-futura/2024-01-04/las-montanas-de-ropa-se-esfumaron-del-desierto-de-atacama-pero-el-problema-no-desaparecio.html

Amnistía Internacional (2025) ¿Por qué los derechos laborales en el sector textil son una cuestión de discriminación de género? https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2025/11/workers-rights-in-the-garment-industry-a-gender-discrimination-issue/.

Descartes (2025) La industria de la moda; trabajo esclavo contemporáneo. https://www.descartes.com/es/resources/blog/industria-de-la-moda-trabajo-esclavo-contemporaneo.

Fashion Sustainable Directory (2026) ¿Cómo afecta la moda rápida a la calidad? https://fashion.sustainability-directory.com/question/how-does-fast-fashion-affect-quality/.

Grasso, Agustina (2025) Atacama: visitamos el basurero de ropa en Chile. Escritura Crónica. https://escrituracronica.com/atacama-basurero-ropa/.

Greenpeace (2025) Qué son los basureros textiles del planeta: el daño de la moda rápida del Desierto de Atacama a Ghana. https://www.greenpeace.org/colombia/blog/campanas/contaminacion/que-son-los-basureros-textiles-del-planeta-el-dano-de-la-moda-rapida-del-desierto-de-atacama-a-ghana/

Littlewood Thea (2026) The Hidden Cost of Fashion. Fashion Revolution. https://www.fashionrevolution.org/the-hidden-cost/.

Macdermott, Erin (2021) ¿Qué le pasa a la industria de la moda y cómo solucionarlo? Extintion Rebellion. https://rebellion.global/es/blog/2021/07/26/fast-fashion/.

Maiti, Rashmila (2026) The Environmental Impact of Fast Fashion, Explained. EARTH.ORG. https://earth.org/fast-fashions-detrimental-effect-on-the-environment/

Munarriz, Jordy y Tello, Lesia (2025) Fast Fashion and Biodiversity Loss:
A Growing Threat to Wildlife and Ecosystems. AYA. https://ecoaya.com/blogs/sustainability/fast-fashion-and-biodiversity-loss-microplastic-and-endangered-species

OHM Energie (2025) Les vraies conséquences de la fast fashion sur notre monde. https://ohm-energie.com/blog/fast-fashion-consequences.

Oxfam (2025) Pourquoi la fast fashion est un désastre pour l'environnement. https://www.oxfamfrance.org/climat-et-energie/impact-environnemental-mode-fast-fashion/.

Palacios, Amador (2025) Fast Fashion: El hilo invisible que conecta tu armario con el vertedero del mundo. Desde la terraza de Amador. https://desdelaterrazadeamador.com/fast-fashion-el-hilo-invisible-que-conecta-tu-armario-con-el-vertedero-del-mundo/.

Paz, Rafael; Dávalos, Fernanda y Resendiz, Alberto (2023) La industria de la moda: la segunda más contaminante del mundo. Revista UNAM Global. https://unamglobal.unam.mx/global_revista/la-industria-de-la-moda-la-segunda-mas-contaminante-del-mundo/

Rocamora, Agnès y Anneke M. Smelik (eds.) (2019), Thinking Through Fashion. A Guide to Key Theorists, Bloomsbury, Indiana.

Romanos, Andrea (2025) Moda rápida, derechos vulnerados: el precio oculto de la ropa barata. Universitat Oberta de Catalunya. https://www.uoc.edu/es/news/2025/moda-rapida-derechos-vulnerados-el-precio-real-de-la-ropa-barata.

Saltzman, Andrea La metáfora de la piel en el proceso poyectual de la vestimenta DATJournal, vol. 1, núm. 2, 2016, pp. 42-50 Universidade Anhembi Morumbi https://www.redalyc.org/pdf/7580/758079701005.pdf.

Schirrer, Solene (2024) The social impact of fast fashion. Voice. https://www.fabricofchange.ie/articles/the-social-impact-of-fast-fashion-.

Sueña entre Telas (2025) El Vertedero de Ghana: Un Problema Mundial. https://xn--sueaentretelas-snb.es/blog/el-vertedero-de-ghana-un-problema-mundial/.

The Guardian (2025) Fast-fashion recycling: how ‘the castoff capital of the world' is making Indian factory workers sick. https://www.theguardian.com/global-development/2025/oct/07/indian-factory-workers-fast-fashion-recycling-panipat-discarded-clothing.

Turk, Vanessa (2023) Fast Fashion: Polluting our Water Millions of Clothing Items at a Time. The GW Point Source. https://blogs.gwu.edu/law-gwpointsource/2023/10/02/fast-fashion-polluting-our-water-millions-of-clothing-items-at-a-time/

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