Vista de la escultura del Monumento a la Paz frente a la sede de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Caracas, el 2 de diciembre de 2022. Foto: Miguel ZAMBRANO / AFP
INFORME ESPECIAL PARA REVISTA ENERGÍA Y EQUIDAD Y OEP
La crisis que se ha desarrollado en Venezuela ha dejado profundas huellas, aunque esta ha evolucionado desde 2021 permitiendo una cierta recuperación o mejoramiento de infraestructuras, instituciones y algunos aspectos económicos, respecto a los años anteriores –según el FMI, luego de 7 años de caída consecutiva del PIB, hubo crecimiento en 2021 de 0,5% y en 2022 de 8%[1]. Esto de ninguna manera ha resuelto los problemas estructurales de una economía históricamente muy dependiente del petróleo, mientras que en lo político se ha consolidado un régimen neodictatorial, que ha venido impidiendo la vía electoral limpia y ha desplegado la represión y persecución a quienes le adversan.
Este marco nacional ha sido impactado por las dinámicas del ámbito internacional –crisis económica, impactos de la pandemia, guerra en Ucrania, entre otros–, lo que ha configurado nuevos escenarios energéticos para Venezuela. En este artículo evaluamos brevemente 6 aspectos de dichos escenarios, con el foco principalmente en las limitaciones y potencialidades para una transición energética en el país.
Con el colapso económico que ha vivido Venezuela, también se produjo un desplome de los marcos del nacionalismo petrolero y la capacidad de negociación internacional del Petro-Estado. Presenciamos una significativa reestructuración económica en los últimos años para favorecer la entrada, las inversiones y la gestión interna del capital transnacional. Además de los efectos del drástico derrumbe económico, estas tendencias también se explican por la búsqueda desesperada de ingresos para el Estado, de alimentar las estructuras de poder aferradas al gobierno, y de esquivar las sanciones internacionales, algunas de las cuales se han levantado paulatinamente, aunque quizás sólo temporalmente.
Hay dos procesos que resaltar en esta transformación: el primero, el impulso de una reforma neoliberal, a través de nuevas leyes –como la Ley AntiBloqueo de 2020, que permite abrir los activos del Estado, dar enormes incentivos a inversores extranjeros y suprimir mecanismos de escrutinio público de las medidas y acuerdos alcanzados; o la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) de 2022–; o bien de políticas concretas, tales como privatizaciones encubiertas o la promoción de un severo abaratamiento del costo de la fuerza de trabajo[2]. Estos elementos están reformulando la inserción de Venezuela en el mercado global, como un territorio que sería de fácil acceso a sus recursos, incluyendo los energéticos.
El segundo proceso, vinculado al primero, nos remite a la búsqueda por parte del Gobierno nacional, de expandir el extractivismo en cada una de sus ramas. Maduro persigue la reactivación de ámbitos extractivos consolidados, como ha ocurrido con el hierro y paulatinamente con el carbón. Pero también ha posibilitado la expansión de las camaroneras, el ofrecimiento de millones de hectáreas para el agronegocio –como ha ocurrido con Irán, Vietnam o con la creación de una “ZEE del campo” de 5,4 millones de ha[3]–, además de captar oro e ingresos generados de la minería ilegal en la Amazonía[4], que sigue en expansión.
Venezuela, que posee las reservas petroleras certificadas más grandes del mundo, presenció el colapso de su industria, pasando de una producción promedio de 3 millones de barriles diarios (b/d), durante muchos años, a un desplome que en agosto de 2020 registró 340.000 b/d. Desde 2021, la producción ha venido incrementándose levemente, alcanzado en mayo 2023 los 735.000 b/d (OPEP) –aunque las cifras de PDVSA para esa fecha indican 819.000 b/d[5].
Es muy importante señalar que existen grandes dificultades para la industria para incrementar la producción petrolera al menos hasta los niveles de años anteriores. Esto se debe a variados factores: el financiero, siendo que se ha señalado que el país requeriría entre 60[6] hasta 200 mil millones de dólares[7] en un lapso aproximado de 10 años para superar los 2 millones b/d. Venezuela, con una economía en quiebra, carece de capacidad financiera, por lo que, para alcanzar dicho objetivo tendría que dar enormes concesiones de soberanía y adquirir altísimos niveles de endeudamiento. Por otro lado, también existen factores técnicos y de infraestructura, carencia de personal capacitado, alto endeudamiento de PDVSA y la carga de las sanciones internacionales –que seguirá determinada por los vaivenes de los acuerdos y desacuerdos políticos entre las partes–, entre otros.
Adicionalmente, destacamos que el petróleo ha perdido peso relativo en la economía nacional, aumentado la diversificación de ingresos por exportación, en la que destaca el rol del oro, la chatarra, otros emprendimientos ya mencionados; a lo que tenemos que sumar la importante captación de remesas desde el exterior.
Obtenido de: https://www.axios.com/2023/06/14/us-crude-oil-prices-venezuela-production
Por el particular y sui generis contexto venezolano, difícilmente podríamos hablar de la existencia de una política pública en el país, que vaya más allá de decisiones volátiles, arbitrarias y de conveniencia coyuntural, las cuales realmente priorizan el mantenimiento del poder a toda costa por parte del Gobierno de Maduro, y la protección de los intereses del capital transnacional en Venezuela.
En este marco, no hay además una política de transición energética en Venezuela, ni se revela en el Gobierno nacional un plan para la modificación del modelo energético; ni siquiera hay claridad si al menos se estarían por recuperar los dos parques eólicos que fueron instalados (región noroccidental) en tiempos de Chávez, y luego abandonados[8]. Lo que tenemos es una serie de declaraciones de intenciones ocasionales e inconexas sobre la necesidad de diversificar la matriz eléctrica, y la discusión e inserción en agenda legislativa de una Ley de Energías Renovables y Alternativas. Esto último revelaría que algunos sectores económicos estarían procurando prever los marcos normativos para iniciativas de este tipo de energías en el futuro, aunque es necesario hacer énfasis que el objetivo gubernamental manifiesto es el restar vulnerabilidad al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), diversificando las fuentes de energía[9]. Adicionalmente, cabe agregar que en julio de 2022, la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional anunció que evaluaría incorporar el uso de hidrógeno verde en la Ley de Energías Renovables[10], y en junio de 2023 iniciaba el proceso de consulta para un Proyecto de Ley de Hidrógeno Verde[11].
Aunque la narrativa de la transición energética ha estado prácticamente ausente en voceros del Gobierno, sí se ha venido incrementando la presencia de un discurso vinculado a lo ambiental y la lucha contra el cambio climático, seguramente muy interesado en la mayor captación de fondos verdes y climáticos –además de ampliar la reinserción internacional del Gobierno de Maduro, como se evidenció con su presencia en la COP27 en Sharm el-Sheij, Egipto[12]. Las alianzas del régimen venezolano con Gustavo Petro y Lula da Silva en torno a la Amazonía –participando en la “Cumbre Presidencial por la Amazonía” en Belem, Brasil (agosto 2023)– también hay que entenderlas en este marco, en el que Maduro ha tenido que mostrar logros contra la minería ilegal en esa biorregión para ganar legitimidad internacional sobre el asunto. Entre 2022 y 2023, se han desplegado operativos militares en la Amazonía venezolana, principalmente en el Parque Nacional Yapacana, logrando desplazar a cientos de mineros de dicha área. Sin embargo, organizaciones que hacen seguimiento en la zona ha indicado que se han abierto nuevas minas en el mismo ecosistema[13], la minería ilegal ha seguido expandiéndose en otras regiones, y el Gobierno no logra explicar por qué estos operativos se realizaron con esta intensidad en estos últimos meses y no antes, cuando por años creció la actividad ilícita, y numerosos efectivos militares estaban implicados en la misma[14].
Por último, en los sectores de oposición política, en general los temas energéticos están prácticamente relegados. En el marco de las elecciones presidenciales de 2024, se han producido debates transmitidos por diversos canales virtuales, pero no se abordan las principales preocupaciones relacionadas a este ámbito, lo cual es una señal preocupante. Sin embargo, una discusión sobre el futuro de la industria petrolera ha tomado impulso, en la que podemos encontrar a expertos y actores políticos señalando que la industria petrolera es irrecuperable[15] y otros señalan las posibilidades de recuperación[16]; la inviabilidad de la expansión de la Faja Petrolífera del Orinoco[17] o la supuesta necesidad de privatizar la industria[18]. Sectores minoritarios han mencionado las oportunidades para una transición energética hacia las energías renovables[19], en la que se incluye con cierta fuerza sectores empresariales, universitarios y ecologistas, y algunos otros han mencionado la necesidad de revisar el papel del petróleo[20]. A nivel social, el debate no ha estado entre las preocupaciones generales de la población, aunque ha habido un crecimiento del interés sobre temas ambientales.
Entre los varios impactos de corto plazo que ha dejado la Guerra en Ucrania está el reordenamiento de las relaciones energéticas internacionales, que tuvo una significativa incidencia en Venezuela. A partir del desarrollo de este conflicto hemos presenciado un proceso de reacercamiento implícito y, seguramente, acuerdos bajo la mesa que se han venido desarrollando progresivamente entre los gobiernos de EEUU y Venezuela, con el fin de que el país caribeño pueda incrementar sus envíos de crudo al norte y cubrir la desplazada cuota rusa. Entre otras cosas, se ha avanzado en una distensión en la relación bilateral, declaraciones de concesiones mutuas, anuncios de ir relajando las sanciones hacia Venezuela[21], hasta llegar a los “Acuerdos de Barbados” entre el Gobierno y un sector de la oposición en octubre de 2023, y el consiguiente levantamiento por seis meses de parte de las restricciones a las operaciones petroleras, gasíferas y hasta de la minería de oro, a cambio de avanzar en un cronograma electoral, revisar inhabilitaciones y liberar presos políticos[22].
No obstante, se evidencia que estos nuevos vínculos están atravesados por contradicciones, tensiones y dobles agendas, siendo que a inicios de 2024 la OFAC (Departamento del Tesoro de EEUU) revocó una licencia a la minera estatal de extracción de oro de Venezuela (Minerven) y el Gobierno norteamericano anunció que no renovará las licencias al petróleo y el gas que se habían concedido en las negociaciones[23]. Estos bamboleos realmente reflejan lo fluido y cambiante de la situación política interna nacional (tensiones a lo interno del chavismo, la peor popularidad del Gobierno en su historia, posicionamiento de María Corina Machado, entre otras), la camaleónica maniobra del régimen de Maduro en estas negociaciones, y la forma cómo los EEUU juega en varios tableros simultáneos, basado fundamentalmente en sus intereses estratégicos.
En todo caso, en este proceso se establecían nuevos acuerdos para la operación de Chevron en Venezuela[24], bajo términos profundamente lesivos para la soberanía venezolana[25]. Lo cierto es que el nuevo reacercamiento petrolero, además de evidenciar la hipocresía de las narrativas gubernamentales estadounidense sobre el combate contra las dictaduras, y la venezolana sobre la lucha antiimperialista, profundiza el imperativo extractivista hidrocarburífero del país, en un momento en el cual se han (re)abierto interrogantes sobre los destinos de la industria.
Situación similar ha ocurrido respecto a la Unión Europea, primordialmente con el gas venezolano. Importante mencionar como telón de fondo: Venezuela está entre los 10 países con las mayores reservas de gas del mundo, y el primero en América Latina. Adicionalmente, desde el Norte Global se busca posicionar la idea del gas como un “combustible de transición”, lo que ha incrementado su importancia geopolítica. La nueva coyuntura del conflicto ruso-ucraniano abrió canales de acercamiento y negociación entre las partes, destacando el acuerdo (mayo 2023) para reanudar operaciones en el campo Perla del proyecto Cardón IV (offshore, golfo de Venezuela) por parte de ENI (Italia) y REPSOL (España), y así continuar incrementando la producción gasífera en la zona[26]. También se resalta la inclusión de Venezuela en la estrategia de inversiones de la UE “Global Gateway” para América Latina (UE-CELAC-BID-CAF), anunciando que se está avanzando en un proyecto de 1,5 mil millones € para la recuperación del gas que se quema en la enorme estructura de mechurrios (mecheros) ubicados en el estado Monagas (oriente del país)[27]. En este contexto de reimpulso de relaciones energéticas, es significativo y simbólico el hecho que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se retrataran en fotografía diplomática con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez, en el primer día de la cumbre UE-CELAC en Bruselas (julio 2023). Aunque, en el tambaleante escenario, en noviembre de 2023, el Consejo de la UE también anunciaba la renovación de las sanciones a Venezuela, aunque limitándolas a seis meses.
Fuente: Emmanuel Dunand/AFP via Getty Images)
Gráfico obtenido de: https://twitter.com/_hannahritchie/status/1501943373908770824?lang=ar-x-fm
De esta manera, el gas venezolano incrementa su relevancia tanto en lo nacional como en lo geopolítico. Nuevos acuerdos con otros países también han sido impulsados, tal y como ha ocurrido con Trinidad y Tobago[28]. El Gobierno de Maduro lo ve como una oportunidad de ingresos, ante las dificultades de incremento de la producción petrolera, pero también como un instrumento para facilitar su legitimación internacional. Tanto este como la UE, probablemente presentarán el plan de recuperación de gas en mechurrios como una medida que impulsan contra el cambio climático, obviando su terrible rol en la promoción y expansión de los combustibles fósiles a través de otros proyectos.
Además, y como un factor muy pernicioso para la población y las organizaciones sociales venezolanas, es probable que todos estos acuerdos conlleven a silenciar violaciones de derechos humanos en Venezuela, a cambio de no afectar el suministro de hidrocarburos.
La situación del SEN es de grave crisis, recordando el colapso del mismo en marzo de 2019, que dejó el país a oscuras durante varios días. La crisis del sector viene desarrollándose con fuerza desde 2010, y los apagones permanentes y racionamientos eléctricos se han mantenido hasta la fecha, sufriendo más la región occidental y andina[29]. Esto no sólo afecta dramáticamente la vida de millones de venezolanos, sino también a los diferentes sectores de la economía, que ven también obstaculizado el desarrollo de sus actividades.
Diversas razones han generado esta situación, pero hacemos mención especial a los escandalosos casos de corrupción que se han dado en el sector eléctrico, afectando sobremanera el sostenimiento económico del SEN. Desde que Hugo Chávez declarara emergencia eléctrica en 2010, hasta 2019, se invirtieron 68.250 millones US$ en infraestructura eléctrica para mejorar la calidad del servicio eléctrico[30], dineros públicos que se disolvieron mientras se profundizó la debacle del sistema.
Para una recuperación del SEN se ha estimado la necesidad de invertir al menos entre 11[31] a 15 mil millones US$[32], con expectativa de resultados a 5 años, dinero que, nuevamente, el Estado venezolano no posee. El perfil de la matriz eléctrica es de un 70% generado por hidráulica, aunque son grandes centrales de vieja data y están ubicadas al sur del Orinoco –principalmente la del Guri–, lo que hace que el país dependa en un gran porcentaje de unas pocas plantas. La alta proporción de generación hidroeléctrica es usada propagandísticamente por el Gobierno nacional como supuesto aval de que el país tiene “una matriz energética limpia”, confundiendo una matriz con la otra, y evadiendo los nulos pasos para cambiar una matriz energética primaria que se basa en un 92% en petróleo y gas[33].
El foco de inversiones de los últimos lustros y la atención de analistas ha estado en la expansión de generación de termoeléctricas, que hasta octubre de 2023 operaba realmente al 10-20% de su capacidad instalada[34]. La generación eólica y solar apenas llega al 0,2-0,5% del total nacional[35]. No obstante, Venezuela se ubica en la región con mayor potencial para el uso de energía solar de la región, y el potencial eólico en la zona costera norte e insular es considerado de nivel bueno a excelente. Estudios realizados por Energía Eléctrica de Venezuela y CORPORELEC señalan que sólo en la zona nor-occidental existe un potencial para el aprovechamiento eólico de hasta 12.000 MW de capacidad instalada[36], lo que representaría aproximadamente un tercio del total nacional instalado. Esto podría no sólo ayudar a solventar el grave problema eléctrico de esa región, sino también reemplazar el terrible plan de utilizar la minería del carbón para generación termoeléctrica en el estado de Zulia.
Por último, es importante indicar que las tarifas del servicio eléctrico han venido incrementándose notablemente en los últimos años producto de la retirada progresiva de los subsidios que el Estado históricamente asignaba a este sector. Entre abril 2022 y abril 2023 el Banco Central de Venezuela registra una inflación en los servicios básicos de 325,4%[37]. Aunque el precio por kw/h sigue siendo bajo respecto a la mayoría de los países del mundo[38], el servicio es muy malo y el grueso de los venezolanos devenga el salario más bajo de América Latina (y unos de las más bajos del mundo)[39] –130 bolívares por mes, equivalentes a 5 US$ (2023). Dada la situación del SEN, el sector no está exento de la creciente corriente pro-privatizaciones, que propone un cambio de gestión como la solución, lo que deja abierta interrogantes y preocupaciones sobre el futuro de este bien público.
El desarrollo de la crisis en la industria petrolera ha hecho que, los impactos provenientes de las operaciones tradicionales de la industria, se entremezclen con los generados por el abandono, avería y desinversión en la misma. Aunque se haya producido una baja en la intensidad de la extracción, se crearon múltiples focos en todo el país producto de accidentes y explosiones (fugas de gas, derrames por doquier, etc). La tasa de siniestros o accidentes en la industria se ha incrementado considerablemente[40], con especial intensidad al menos desde 2016, año en el que PDVSA abandona la gestión ambiental. Pescadores y agricultores, comunidades aledañas, entre otros, viven en pésimas condiciones debido a la contaminación petrolera, en un contexto de abandono institucional e impunidad.
Estos impactos ambientales provocados por el modelo energético han tenido cada vez mayor cobertura mediática, principalmente en lo que respecta a los derrames petroleros y la situación en el Lago de Maracaibo. El nivel de contaminación ha sido tal, que la situación ha tenido repercusión en importantes medios internacionales[41]. Lamentablemente el abordaje real de estos problemas sigue estando en una posición muy secundaria, tanto en las políticas de Estado como en los debates entre actores gubernamentales y de oposición. Hay, en este sentido, una brecha de incidencia que necesita ser cubierta para cambiar esta situación de indolencia.
A modo de cierre: acciones y oportunidades
Es inevitable hacer mención al nudo político que existe actualmente en Venezuela con la instalación de un régimen autoritario y la clausura momentánea de una salida democrática a la situación que para inicios de 2024 sigue presente, a pesar de los Acuerdos de Barbados. Esta es quizás la traba principal a procesos de cambio que podrían ser positivos en el país. No obstante, la sociedad venezolana sigue en movimiento, el descontento contra el Gobierno de Maduro es enorme y se están desarrollando cambios culturales y de perspectivas políticas en el país que los liderazgos dominantes no representan ni están sabiendo interpretar.
Existen algunos horizontes y oportunidades hacia los cuales apuntar. En primer lugar, destacamos el escenario de importantes obstáculos que tiene la industria de los hidrocarburos en el país y las condiciones materiales que se han desarrollado para una diversificación de la economía, que abre caminos no sólo para asumir políticas de limitaciones a la expansión petrolera, de cuestionamiento a la hiper-centralidad que esta ha tenido en Venezuela, sino también para disputar políticas que permitan promover otras formas económicas más sostenibles y de transición energética justa.
En lo económico, existe una riqueza de tierras y potenciales agrícolas, áreas de gran interés turístico y conservación, biodiversidad y bosques que, desde una perspectiva socio-ecológica y en consonancia con la lucha contra el cambio climático y para proteger la biodiversidad planetaria, pueden contribuir a cimentar una recuperación del país, ahora desde otras perspectivas no centradas en el extractivismo.
A su vez, ya ha sido mencionado el potencial eólico y solar, que podría vincularse a los esfuerzos y compromisos internacionales, y de hecho favorecer el acceso a la energía en el país y mejorar las condiciones del SEN. Esto no sólo hace referencia a macro-proyectos de renovables –que tendrían que ser evaluados por sus impactos socioambientales–, sino también a iniciativas de escala comunitaria que puedan contribuir a la descentralización energética. En años anteriores, se pusieron en práctica algunas políticas de impulso y gestión comunitarias energética renovable –como el programa Sembrando Luz–, las cuales pueden ofrecer insumos sobre cómo recuperar y promover propuestas como esta.
Algunos actores desde las organizaciones sociales, sectores académicos y empresariales, han venido promoviendo discusiones sobre el potencial de la transición energética, ya sea porque están interesados en estrategias de diversificación energética, por sus intereses políticos y económicos, o bien por sus genuinas preocupaciones ambientales y climáticas. Estos actores tendrían la posibilidad de incidir en grupos políticos que disputan puestos de mando municipal, estadal y nacional, de manera que con más fuerza se puedan posicionar estos temas y concretarse en políticas que, además puedan generar un efecto contagio en el país.
Hay algunas lagunas en el debate energético que podrían llenarse con una propuesta y narrativas más sistemáticas sobre una transición energética justa en Venezuela. El reto es disputar un enfoque que pueda tener una perspectiva socio-ecológica, que debata qué entendemos por ‘transición energética’, quiénes la impulsan, para qué se impulsaría y cómo se haría. La idea de la transición energética no debe darse por sentado pues, detrás de este debate está una discusión profunda sobre modelos de sociedad y bienestar, que ameritan ser reflexionados a profundidad, mucho más a la luz de esta la crisis ambiental global que vivimos.
El colapso de la nación petrolera venezolana, en realidad merece un análisis mucho más estructural que la simple idea de que el problema ha sido una “mala administración del petróleo”. Más bien, nos debe llevar a reflexiones, diagnósticos y propuestas alternativas que muestren los límites de las economías petroleras y defienda las posibilidades de pensar a Venezuela más allá del petróleo. Tarea no fácil, si tomamos en cuenta que el míticamente llamado “oro negro” también se implantó como cultura y forma de interpretar la realidad en millones de venezolanos. Este es un reto principal: salir de ahí y comenzar a pensarnos desde otro lugar.
REFERENCIAS
[1] https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/VEN?zoom=VEN&highlight=VEN
[3] https://www.vtv.gob.ve/zona-economica-especial-campo-hectareas-alimentos/
[5] https://twitter.com/PDVSA/status/1691801293218586685
[13] https://twitter.com/SOSOrinoco/status/1747232936066171111
[14] https://cronica.uno/detienen-en-bolivar-a-militares-que-permitian-el-trafico-de-combustible-y-mineria-ilegal/?amp_markup=1; http://www.correodelorinoco.gob.ve/desarticulado-un-grupo-de-delincuencia-organizada-por-desviar-gasolina-a-mineria-ilegal/
[15] https://www.analitica.com/seminarios-y-foros/gustavo-coronel-pdvsa-es-irrecuperable/
[16] https://www.aporrea.org/energia/a324845.html
[21] https://www.youtube.com/watch?v=HdiXzrpMBns
[25] https://www.aporrea.org/energia/a320133.html
[32] http://www.debatesiesa.com/el-sector-electrico-venezolano-necesita-con-urgencia-inversion-privada/
[33] https://venezuela.fes.de/fileadmin/user_upload/JuanCarlosSanchez.pdf
[34] https://humvenezuela.com/apagones-persisten-por-falta-de-funcionamiento-de-termoelectricas-via-el-impulso/; https://www.quepasa.com.ve/nacionales/estiman-que-casi-el-80-del-parque-termoelectrico-venezolano-esta-fuera-de-servicio/
[38] https://es.globalpetrolprices.com/Venezuela/electricity_prices/
[39] https://mauvegroup.com/innovation-hub/blog/minimum-wage-by-country-global-payroll-guide
[40] https://ecopoliticavenezuela.org/2022/04/29/situacion-socioambiental-de-venezuela-2021/
[41] https://www.nytimes.com/2023/07/22/world/americas/venezuela-oil-energy-environment.html