Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Si usted vive en Venezuela, probablemente tenga en este momento serios problemas de acceso al agua potable y de calidad. Al calor de la crisis que vivimos, florecen en todos los rincones del país múltiples protestas, de familias y comunidades que han pasado semanas consecutivas, y hasta meses, sin recibir el líquido.

La situación es muy preocupante. Pero no piense que se trata sólo de consecuencias coyunturales. Ciertamente ha existido una gestión del agua cada vez más indolente, improvisada e irresponsable por parte del Gobierno nacional (aunado a su deficiente y lenta capacidad de resolución ante averías e incidencias que afectan al sistema de distribución). A la vez, vivimos tiempos de eventos climáticos cada vez más extremos y frecuentes –recordemos las extraordinarias sequías de 2010, 2013/2014 y 2015/2016–, en el marco de las tendencias del cambio climático, que apuntan a aumentos progresivos de la temperatura media, así como a la disminución de las precipitaciones y cambios en sus ciclos.

Pero es importante resaltar que esta crisis hídrica es también el reflejo de un problema de fondo, que tiene que ver con el modelo de desarrollo extractivista y desarrollista; con décadas de degradación de las fuentes de agua por las lógicas depredadoras que conlleva; y con las formas de ocupar los territorios y de relacionarnos con la naturaleza.

Todo esto significa que esta crisis va más allá de sus ojos, más allá del grifo: el agua fluye por múltiples ámbitos geográficos, se mueve en ciclos vitales, y si alguna parte o ámbito de esos ciclos es afectada, eso impactará en el agua que usted finalmente consumirá (o no).

Así que esto nos lleva a hacernos preguntas de más amplio alcance. Y la situación nos invita a actuar con premura, aunque hayan empezado las lluvias.

La geografía del agua y el extractivismo en Venezuela

Si usted revisa las noticias y la discusión general sobre la problemática del agua, verá que hay un enorme sesgo que favorece a los procesos finales de la distribución de este bien común: racionamiento social en los hogares, sistema de tuberías y bombeo, etc. Son claramente los temas más mediáticos porque son los más próximos al grueso de la sociedad afectada. En este sentido, muy poco se habla de lo que va ocurriendo “aguas arriba” de todos estos procesos.

Previo al envío para el consumo último están los procesos de potabilización de las aguas, los cuales se han precarizado en los últimos años. Pero esto no ocurre únicamente por insuficiencias técnicas en las plantas, sino también porque las aguas están llegando aún más contaminadas, lo que acentúa el trabajo de potabilización.

Esto nos lleva evaluar la situación de los embalses del país, desde donde se envían estas aguas. La imagen recurrente de la crisis es la del drama de los embalses secos. En junio pasado, el Ministerio de Ecosocialismo (Minec) apuntaba que de los 62 reservorios destinados para el aprovechamiento humano, 31 mostraban indicadores de almacenaje precarios.

Sin embargo, va siendo también determinante el deterioro de la calidad de las aguas de estos importantes depósitos hídricos (como ocurre en La Mariposa, Camatagua o Pao-Cachinche). Destacamos factores que causan esta situación: la falta de mantenimiento de estos reservorios; el trasvase de ríos cloacales hacia ellos; defectos en la capacidad de depuración de las aguas que los alimentan; la deforestación de las laderas circundantes; la contaminación provocada por asentamientos humanos aledaños, que vierten desechos químicos y orgánicos; y actividades económicas como las agrícolas, pecuarias, o incluso derrames de petróleo (como ha ocurrido en el estado Monagas).

Un libro de reciente publicación, “Ríos en riesgo de Venezuela”, editado por Douglas Rodríguez Olarte, muestra en detalle y desde la investigación científica, la situación de los ríos del país. En la imagen (Tomo 2) puede verse la negativa evolución del embalse del río Matícora (Falcón), lo que repercute en los pueblos de la costa oriental y de la Península de Paraguaná.

Una evidencia de esta situación son los procesos de eutrofización que se han generado sobre algunos embalses, como reacción a la presencia de materia orgánica (que proviene de aguas negras no tratadas) y desechos de la actividad agrícola (nitrógeno, fósforo, etc). Esto es lo que produce la aparición de algas en la superficie del agua o la “lemna”, lo que a su vez puede provocar la aparición de “cianobacterias” que pueden generar toxinas capaces de, por ejemplo, envenenar animales que beben estas aguas o habitan esas zonas.

De esta manera, los embalses son también alimentados de aguas contaminadas y desde cuencas que van siendo cada vez más degradadas. Este es uno de nuestros argumentos principales: los efectos de la crisis del agua que vivimos tienen también que ver con la situación de las cuencas hidrográfica, de nuestros ríos y mares, y estas ha sido y siguen siendo impactadas determinantemente por las lógicas de apropiación y explotación de la naturaleza del modelo de desarrollo extractivista y desarrollista, de sus modos de ocupación de los territorios, o bien por el crecimiento descontrolado de sus modalidades informales e ilegales.

La lógica del extractivismo en Venezuela ha organizado el territorio nacional en diferentes “polos de desarrollo” y cinturones de asentamiento poblacional, básicamente en función de la acumulación capitalista. Un factor histórico determinante ha sido la particular geografía del agua en el país, que tiene a las grandes áreas de concentración de la población en la zona norte-costera, mientras que las principales fuentes de agua se encuentran lejos, más al sur y en torno a la cuenca del río Orinoco. Esto ya determina mayores esfuerzos y vulnerabilidades dada la considerable distancia para trasladar el agua hasta las principales ciudades.

Pero es importante resaltar cómo estos polos de desarrollo han generado enormes impactos en las cuencas del país, organizados bajo una racionalidad económica en la que claramente prevalece el beneficio de grupos particulares (nacionales e internacionales) aunque se haya dicho por cien años que el sacrificio era por el “progreso de la nación”. El imaginario de riqueza del “oro negro” en Venezuela ha logrado colocarse muy encima de cualquier cosa que nos permita comprender que el agua vale más que el petróleo, el gas, el oro, u otro commodity.

Prolongados e intensos impactos de la industria petrolera en las cuencas del Lago de Maracaibo, del rio San Juan y el Orinoco; ríos contaminados y degradados por la actividad agrícola (como ocurre en Los Andes o en Los Llanos Occidentales); deforestación de bosques ribereños y partes altas de las cuencas; proyectos mineros que devastan áreas y que vierten desechos tóxicos a los ríos aledaños (como ocurre con el río Guasare y la minería de carbón al norte del Zulia); o los terribles efectos que la minería ilegal y su vertido masivo de mercurio en las aguas están provocando al sur del río Orinoco; por mencionar los efectos más emblemáticos y visibles.

En el Mapa de Conflictos socio-ambientales que hemos elaborado desde el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, podemos encontrar que prácticamente el 100% de los casos registrados son expresiones de impactos de diversa magnitud sobre el agua y sus ciclos en el país. El mapa en sí mismo refleja la problemática geografía política del agua de la que hablamos. Una geografía que también refleja que las actividades económicas que provocan las afectaciones a las cuencas hidrográficas, o suelen tener poca regulación, o son muy difíciles de interpelar desde la ciudadanía (o incluso las propias instituciones).

Estos emprendimientos suelen hacerse sin ninguna consulta a las poblaciones locales, y las gestiones de seguridad ambiental y remediación suelen ser marcadamente indolentes, lo que implica que se les imponen daños a las aguas a los habitantes de las áreas impactadas, condenándolos a enfermedades y serios problemas de acceso a este importante bien común, sin tener prácticamente canales de justicia para reparar la situación.

Cuando los impactos locales se van haciendo cada vez más significativos, generan modificaciones cuantitativas y cualitativas en las cuencas hidrográficas, lo que con el tiempo va a afectar todo el proceso de distribución del agua en el país, y por ende, toda la vida que gira en torno a estos ciclos. Las tendencias planteadas hacen la situación insostenible. En el corto y mediano plazo podría comprometer la reproducción de la vida socio-ecológica de millones de venezolanos.

Dos vías excluyentes: desalinizadoras y extractivismo o protección de las cuencas y cambio de modelo

La Agenda Económica Bolivariana, propuesta por el Gobierno de Nicolás Maduro en 2016, fue presentada como una opción económica para “salir de la dependencia al modelo rentista petrolero”. En esencia, está conllevando a dos factores que tendrán enormes repercusiones socio-ecológicas: la expansión de la fronteras extractivas y la desregulación económica.

Una serie de proyectos han sido presentados, sea nuevos o el relanzamiento de otros más viejos. Estos abarcan todo el territorio nacional. En esta propuesta la (mega)minería toma un rol que no había tenido antes en la historia, siendo el proyecto del Arco Minero del Orinoco el de las mayores dimensiones y consecuencias.

La multiplicación de emprendimientos en todo el país, bajo la lógica depredadora que ha producido la actual crisis ambiental, no promete otra cosa que agravar aún más el ya complejo problema del agua. A estas alturas, han sido muy bien documentados los terribles impactos que la minería y su expansión producen en las fuentes de agua y la población.

La propuesta de las “Zonas Económicas Especiales”, impulsada por el Gobierno nacional desde 2014, plantea una desregulación radical de los territorios para favorecer el rápido desarrollo del capital en la zona seleccionada. Es muy importante resaltar que la desregulación es integral, es decir, no sólo es económica, sino que cualquier forma de protección ambiental, en los hechos, queda también suspendida.

Sin mencionar de ninguna manera la reversión de los impactos de esta profundización del extractivismo, el Gobierno nacional ha propuesto el “Plan Nacional de aguas 2018”, siendo anunciado un presupuesto de 2,8 billones de bolívares por el entonces ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velásquez Araguayán. El plan contempla la adquisición de repuestos (bombas, motores, transformadores eléctricos), mantenimiento de embalses y en general la recuperación de todo el sistema de bombeo, distribución y almacenamiento de agua.

El problema es que estas inversiones no tienen ningún sentido sino se ataca de raíz el problema de la salud de las cuencas hidrológicas y ciclos del agua, o si ni siquiera se discute la lógica poco transparente, responsable y democrática que tiene la gestión hídrica en el país.

Es importante destacar la propuesta del presidente Maduro de comprarle a China e instalar en el país más de un centenar de plantas desalinizadoras , como forma de enfrentar la crisis del agua y teniendo en cuenta que la desalinización sería el “futuro de la humanidad”, a decir del Presidente.

No obstante, poco se habla de los costos y consecuencias de esta nueva panacea: las desalinizadoras requieren enormes cantidades de energía eléctrica para funcionar (lo cual contrasta notoriamente con la crisis eléctrica que vive el país); tiene altos costos de inversión y mantenimiento (por lo que requiere grandes presupuestos), lo que incrementa de hecho los costos de la distribución del agua; y genera importantes daños ambientales, como el vertido de grandes cantidades de sal (salmuera) y contaminantes al mar, además de la destrucción de las zonas costeras donde se instalan, y su contribución al problema del cambio climático (alta emisión de gases de efecto invernadero).

Lo fundamental, es que esta propuesta de la proliferación de plantas desalinizadoras, en un país con grandes y ricas fuentes de agua dulce, refleja claramente el no cuestionamiento al modelo de desarrollo imperante. Más bien se debería empezar por un cuidado meticuloso de las cuencas, de los consumos y las distribuciones del agua; por una transformación del modelo económico, que es sencillamente insostenible.

La mezcla de la lógica extractivista del Gobierno nacional con una clara incapacidad e indolencia en la gestión del agua apuntan al agravamiento de la delicada situación hídrica del país. Del mismo modo en el que se reza para que suban los precios del crudo, el Ejecutivo parece dejar la salida de la crisis en manos de la llegada de las lluvias.

Estamos ante complicados tiempos para el ambiente. El Gobierno no puede utilizar como excusa el problema del cambio climático para justificar la situación. En cambio, se debe iniciar un programa urgente de adaptación ante los escenarios de eventos climáticos extremos. Es una imperiosa necesidad.

Y el rol de las organizaciones sociales y ciudadanía en general es fundamental. Ampliar la sensibilización y valoración del tema es determinante, para lograr que el agua tenga más dolientes de los que existen. Movilizarnos por el agua, interpelar a los gestores, reclamar los cuidados de las fuentes naturales, crear campañas para su protección. Pero al mismo tiempo, tratar de construir una cultura de gestión social del agua, impulsar colectivamente usos territoriales del líquido, y con él, de todos los ecosistemas en los que vivimos.

Más que nunca el agua debe ser uno de los principales punto de la agenda de luchas en Venezuela. Sin agua no hay patria, ni estabilidad, ni futuro.

*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo, investigador asociado al CENDES y miembro de la coordinación del Observatorio de Ecología Política de Venezuela