El 7 de junio de 2018 se conmemoraron los 540 días de resistencia pacífica en Katsaliamana, desde donde se ha generado y fortalecido el movimiento Nación Wayuu, que integra a más de 100 autoridades ancestrales y a un grupo multidisciplinario de abogados, sicólogos, antropólogos, economistas, trabajadoras sociales e ingenieros químicos, quienes han venido trabajando con sus propios recursos y de manera voluntaria, promoviendo acciones jurídicas y de protesta en pro de la defensa y reivindicación de sus derechos al territorio, al agua, la autonomía, la consulta previa y a la reparación de los daños ambientales, sociales y culturales que han sufrido tras 40 años de explotación de la mina El Cerrejón, que anualmente produce 34 millones de toneladas de carbón, y de la cual son propietarias las multinacionales BHP Billiton, Glencore y Anglo American.

En entrevista con José Silva, líder del movimiento y gestor de las luchas jurídicas ante las distintas instituciones del Estado colombiano, nos contó cuáles son los principales avances, los resultados obtenidos, y los desafíos y metas que vienen de aquí en adelante.

° K.J: El pasado cinco de marzo ustedes recibieron la visita de la Procuraduría evaluando la situación actual del departamento. También en abril se dio la “Operación Guajira” por parte del ICBF. ¿Ya están los informes públicos que resultaron de esas visitas, y cuáles son los compromisos por parte del Estado para reparar la crisis que hoy todavía continúa?

 J.S: Desafortunadamente no existe un informe oficial y actualizado que permita evaluar la situación de las comunidades. Desde el Estado se han presentado una serie de visitas por parte de la Procuraduría, y recientemente la “Operación Guajira”, en la cual se desplazaron 600 funcionarios por diferentes comunidades entre el 3 y el 18 de abril del presente año. La realidad es que los niños siguen muriendo frente a un Estado que no para de generar informes, dar cifras y prometer soluciones. Sin embargo, la situación continúa desde que fue declarada internacionalmente y sustentada por medio de las medidas cautelares que la CIDH profirió al Estado colombiano desde el 2015. Pese a los distintos informes, la situación sigue, y se continúa evaluando sin acciones contundentes que la resuelvan. Vienen, toman fotos, dan agua, bienestarina (complemento alimenticio), y prometen las mismas promesas. La última fue: “…Este plan de atención llegará a unas 4.000 familias, pertenecientes a 240 comunidades indígenas, a quienes se les brindará la oferta institucional con enfoque diferencial que tiene el ICBF, para trabajar de la mano con las comunidades y construir conjuntamente procesos de atención que garanticen la protección integral a los niños y niñas de las comunidades respetando sus tradiciones y su cultura”.

Pero es que el Estado tiene ese compromiso con las comunidades desde 2013, cuando la Contraloría manifestó la crisis, luego la Defensoría del Pueblo, y en 2016 la Procuraduría, desde donde se generaron una serie de recomendaciones inmediatas para solucionarla. Todas ellas quedaron en papel, y aquí estamos esperándolas, cinco años después, en movimiento, y generando las acciones legales, tanto nacionales como internacionales, para que se les dé el debido cumplimiento.

Cansados de tantas visitas e informes que genera el Estado, vimos la necesidad de crear una operación que hemos llamado “Verdad y Realidad de la niñez wayuu”, como contraparte a la “Operación Guajira” del ICBF. Nosotros comenzamos a visitar las comunidades y a generar comunicados de prensa e informes que nos permitan documentar la vulneración de los derechos humanos fundamentales que padecen nuestros niños. Ya Estuvimos en Alijotes, Remedios, Patagonia, Montep y Triyachón, en donde encontramos más de veinte niños en estado de desnutrición, y sin la atención oportuna ni diferencial por parte del ICBF.

De estas visitas surge la iniciativa de no ser parte del problema sino parte de la solución, por lo que seleccionamos 10 comunidades que tienen don de agricultores, y a quienes el señor Ramón Vieco, líder del movimiento, les entregó la tierra lista y ellos fueron a sembrar. Hay 3 hectáreas de yuca, al lado del río Tapias, que pretenden generar un medio de subsistencia acorde con nuestras tradiciones.

Hay que entender que en la Guajira siempre ha existido el problema de la ausencia del agua, pero antes las comunidades sabían que existían claramente las estaciones, y que de abril a junio había lluvia, con lo cual se llenaban los reservorios (jagueyes) y de ahí se tenía agua. Las personas preparaban sus huertas, sus granjas, y se cultivaba el fríjol, el maíz, la yuca, y se tenían los animales. Quedaban aguas reservadas para la subsistencia de los animales y para el consumo y la siembra, no había alteración en el modus vivendi. De un tiempo para acá empezaron los cambios climáticos, sumado a la represa El Cercado, cuya segunda parte, que prometía llevar agua a 9 municipios, nunca llegó. Llevamos esperando esa solución desde 2010, lo cual genera que, en esos nueve municipios, más de 300.000 personas no tengan acceso al mínimo vital de agua. Eso ha generado la muerte de niños, de adultos, de nuestros animales y de nuestras huertas.

Anteriormente nosotros como pueblos indígenas no les prestábamos atención a los programas estatales porque producíamos nuestra comida ya que teníamos agua. Además, funcionaban tres puertos, en donde atracaban barcos con mercancía de diferentes partes del mundo, que llegaban a Maicao como puerto libre y en donde se generaban más de 5000 empleos, la mayoría indígenas. Había comida. Para Uribia y Manaure estaba el tema de la sal, que también era administrada artesanalmente por el indígena wayuu, que la procesaba y la vendía. Luego teníamos las regalías del carbón, pero no se les prestaba atención, pues nosotros vivíamos del comercio y de nuestras huertas y animales. Pero el Estado quitó la administración de las regalías, y entre Pastrana y Uribe cerraron los puertos de la alta Guajira, y entregaron la administración de las salinas de Manaure a Big Group. Cuando el gobierno intervino estas fuentes de trabajo y de empleo, empezaron los problemas. Por otro lado, los productores de arroz, tabaco, yuca, maíz, que se concentraban en el municipio de Matitas, tuvieron que parar de sembrar, porque ahora todo lo traen de afuera a menor precio. Por esa razón antes no se le prestaba atención al ICBF, porque el indígena tenía comida, y no necesitaba la atención en salud porque estaban los métodos tradicionales de subsistencia y de curación. Antiguamente La parte de educación tenía excelente calidad en los dos internados de la región, pero luego el gobierno comercializó la educación. Al comercializarse la educación, los colegios comienzan a tener una guerra de intereses, y eso ha generado hasta guerras entre clanes.

Al ser alterados todos nuestros métodos antiguos de supervivencia, ahí fue que empezamos a reclamarle al Estado, por no tener alternativa. Nos dimos cuenta que el ICBF venía administrando miles de millones de pesos que ha girado el Estado a dicha entidad y percibimos que la corrupción hace que ese dinero no se vea. Cerrejón por su parte nos dice: “Nosotros estamos pagando, nosotros damos las regalías al Estado colombiano”. Eso puede ser cierto, pero es a nosotros a quienes nos están acabando entre los impactos de la minería y la corrupción y abandono estatal.

En medio de todo este proceso, cabe resaltar el apoyo que hemos recibido de Richard Moreno, Procurador delegado étnico, quien nos ha ayudado en los requerimientos ante el ICBF, y cuya gestión ha permitido la atención en 30 comunidades hasta el 30 de junio, porque hasta ese día entra el contrato y hay cambio de presidencia. Por otro parte, logramos que el 15 de junio se dé una visita con el Procurador General para obtener compromisos con respecto a los temas que vulneran los derechos humanos: salud, educación, medio ambiente, primera infancia, y agua.

° K.J: A finales de marzo ustedes comenzaron una mesa de concertación histórica con el Cerrejón, en cumplimiento de la sentencia T 704 en donde la empresa debe comprometerse con el pueblo wayuu en la reparación de los daños sociales, culturales y ambientales ocasionados por la explotación minera en la región. ¿Cuáles son los compromisos concretos que ha generado la multinacional con las comunidades y cómo se ha visto reflejado en avances en cuanto a planes, programas y proyectos de reparación?

 J.S.: Afortunadamente está fluyendo el diálogo. Los delegados están generando unas visitas para determinar si las comunidades están dentro o no del área de influencia. Van a implementar una línea base en julio para saber las comunidades en donde se llevará a cabo el proceso de consulta previa y la reparación de los daños causados por la actividad minera.

En este momento ellos están haciendo la georreferenciación de los afectados y los que están por fuera de la línea base, para evaluar las afectaciones indirectas. Se van a hacer de manera coordinada con los miembros del movimiento. Van a ir a todas las comunidades con área de influencia. 100 comunidades por lo menos van a ser visitadas, con el acompañamiento de la Nación Wayuu. Los resultados de esa línea base son los que vamos a llevar a la mesa a debatir en el marco de la consulta previa, por lo tanto, ese encuentro tiene carácter legal. Pedimos y estamos seguros del acompañamiento nacional e internacional frente al seguimiento de los avances y compromisos por parte de Carbones EL Cerrejón en la creación de un plan de acción para generar el cumplimiento de esta sentencia, que genere la reparación de los daños causados en las comunidades por el impacto de la actividad minera en nuestras comunidades étnicas.

° K.J.: En Días pasados ustedes tenían una mesa de diálogo con el ICBF, en donde el Estado se comprometería con ustedes a dar paso a la consulta previa en la asignación de los operadores de los cupos para la atención de la primera infancia, pero según vimos en las redes sociales, el Estado incumplió la cita. ¿Esto que implicaciones jurídicas tiene, y cuáles son las acciones que ustedes están dispuestos a emprender?

 J.S.: El pasado 23 de enero del 2018, el Tribunal Superior de Riohacha le ordenó al ICBF por medio de la ST 44001, hacer consulta previa a 52 comunidades para los temas de la modalidad propia, lo cual quiere decir que las comunidades deben participar activamente en la elección de operadores, qué deben comer los niños, quiénes los deben atender, las fundaciones indígenas que ellos quieran elegir en el marco del enfoque diferencial. El día 16 de abril el Ministerio del interior por medio de la oficina de consulta previa instala la consulta, en donde asistió el procurador étnico, ICBF nacional y el regional y en donde se comprometen a dar cumplimiento a una ruta metodológica en 8 días, que es la columna vertebral del proceso. Ellos eran responsables de correr con todos los gastos logísticos para poder iniciar esa ruta metodológica, pero incumplieron a la primera reunión que se programó al respecto para el día 5 de junio. Ese día se debía seguir con el taller de medidas e impactos, y protocolización de los acuerdos. Automáticamente ellos están en incidente de desacato. EL ICBF incumplió el proceso legal al no participar en aprobar la ruta metodológica. Obstaculizaron el proceso. Están dilatando. Mientras ellos no aprueben no se puede continuar, lo cual hace que ellos incurran en un fraude a resolución judicial y prevaricato por omisión, que son delitos penales. Lo que viene es la presentación del incidente de desacato y las denuncias penales frente a Procuraduría y Fiscalía.

° K.J: Por diversos medios de comunicación ustedes han denunciado las constantes amenazas, atentados y asesinatos contra líderes del movimiento o líderes de otros movimientos que han solicitado la reparación y restauración de sus derechos fundamentales como etnia. ¿Qué tipo de protección han recibido en este sentido por parte del Estado?

 J.S. A raíz de las denuncias penales y disciplinarias que hemos venido liderando como movimiento desde el año 2016, se ha desplegado una persecución, con el agravante de atentados sistemáticos en contra de la integridad de los diferentes líderes. Se han presentado los requerimientos ante los entes del Estado, pero no se ha dado una protección efectiva y permanente a los líderes del movimiento.

° K.J: El día 7 de junio se cumplen 18 meses, lo que equivale a 540 días de resistencia del movimiento Nación Wayuu en Katsaliamana ¿Cuáles son los logros y cuáles son los desafíos que al día de hoy enfrentan ustedes como movimiento?

 J.S.: Uno de los temas que se pueden tomar como logro es la mesa de diálogo y negociación que se estableció como un hecho histórico el pasado 15 de marzo con El Cerrejón, en donde actualmente se están discutiendo los temas de relacionamiento entre las comunidades de la Nación Wayuu y la multinacional.

Por su parte, el Estado colombiano a través de sus instituciones tales como el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), DPS (Departamento de Prosperidad Social), y diferentes ministerios, no le reconocen a la Nación Wayuu sus derechos fundamentales como pueblos indígenas. La deuda del Estado frente a la crisis es enorme, sobre todo con respecto al acceso al agua, la salud, y la educación. Se percibe todo el desgaste del mecanismo judicial de la nación, en donde las diferentes Cortes le ordenan superar la crisis, e incluso las medidas cautelares emitidas por la CIDH, pero por los intereses políticos y económicos, el Estado desacata esas órdenes.

° K.J: ¿Cuál es el apoyo que ustedes piden como movimiento a los organismos, fundaciones defensoras de derechos humanos y en general movimientos ambientales del mundo para la continuación de su lucha y el logro de sus objetivos?

 -J.S.: Pedimos el acompañamiento y la difusión, el apoyo para poder continuar con esta lucha y resistencia, y llevar ante las altas cortes penales, y en su momento al Parlamento Europeo nuestro caso, que denuncia la vulneración de los derechos humanos del pueblo wayuu, apoyados en los convenios internacionales a los cuales Colombia está inscrito.