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Kapé Kapé exige investigación y sanción contra violaciones de derechos humanos al pueblo pemón
publicado el 12/06/18 par Clavel A. Rangel Jiménez Palabras-claves  Arco Minero del Orinoco  Luchas Indígenas   Represión   Venezuela  Reflexión / Análisis 

La semana pasada el diputado Américo De Grazia y organizaciones indígenas responsabilizaron al ELN del asesinato de cinco pemones al sur del estado Bolívar para desplazar a la comunidad de los yacimientos auríferos.

El Observatorio AC Kapé Kapé condenó a través de un comunicado el asesinato de cinco indígenas de la comunidad Pemón en el municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar.

La asociación civil, que promueve el respeto de los derechos de los pueblos originarios, denunció que este crimen se inscribe dentro de un patrón de violaciones de derechos humanos que han ocurrido desde los últimos meses, entre ellos secuestros y desapariciones forzadas, que ya han sido denunciadas por el Consejo de Caciques Pemón en un pronunciamiento público el pasado 18 de marzo de 2018.

La nueva masacre generó una protesta que se mantuvo hasta el jueves 7 de junio, indicó el diputado de la Asamblea Nacional, Américo De Grazia, en la troncal 10 que comunica a Venezuela con Brasil.

A la comunidad de San Luis de Morichal, al sur de Venezuela, se llega solo por aire o por vía fluvial. En lancha queda a una distancia de tres a cuatro horas desde El Dorado, en las riberas del río Chicanán, uno de los afluentes del río Cuyuní.

En un tuit, De Grazia responsabilizó al ELN colombiano de la nueva masacre y exigió al ministro de la Defensa, Padrino López, el retiro de los grupos irregulares

Kapé Kapé reclamó al Estado venezolano que cese la impunidad de la que están siendo víctimas los pueblos originarios “a causa de la actuación de los llamados sindicatos armados que operan en la zona producto de la explotación minera, cometiendo todo tipo de violaciones de DD HH, sin que el gobierno regional o nacional ejerzan acciones”.

De acuerdo al derecho internacional, es un deber de todo Estado respetar y hacer respetar los derechos humanos, adoptando medidas eficaces para luchar contra la impunidad.

“Basándonos en el ejercicio pleno y efectivo del derecho inalienable de cada pueblo en conocer la verdad, hacemos un llamado al Estado venezolano a que proporcione la salvaguarda fundamental contra la repetición de violaciones de DD HH y se hace de inmediata exigencia en caso de fallecimiento o desaparición, como es el caso de lo denunciado San Luis de Morichal”, suscribieron.

La organización recordó que, además de estas desapariciones, otros líderes indígenas en 2017 fueron asesinados, como el caso de Oscar Meya.

En la lista de exigencias reiteran que el Estado debe respetar el derecho a la consulta previa de los pueblos y, en consecuencia, piden que se les consulte sobre la práctica minera en sus territorios, y de los grupos armados que operan en la zona.

Desapariciones forzadas

La violencia al sur del estado Bolívar ha ido en incremento desde 2011, cuando la crisis económica profundizó la migración de venezolanos a los municipios del sur este de Venezuela para dedicarse a la explotación de zonas auríferas, en su mayoría controlada por grupos armados civiles.

Aunque estos municipios forman parte de una zona de seguridad custodiada, en teoría por la Fuerza Armada Nacional, las operaciones del megaproyecto Arco Minero han puesto de relieve las contradicciones de las operaciones de grupos civiles y el Ejército que tienen como denominador común las masacres.

Recientemente, comunidades del sur han denunciado un nuevo actor: el ELN colombiano, quien opera en la zona también en el control de estos territorios. Aunque esto último no es un dato confirmado por el Ejecutivo, en las últimas declaraciones de Nicolás Maduro referente al tráfico de oro señaló que “la decisión es combatir las mafias y lo vamos a hacer con mayor fuerza y aspiro que podamos regularizar el proceso en las minas del sur y podamos tener un clima de tranquilidad, acabando con las mafias que nos vienen de Colombia y otros lugares”, insistió.

En abril de 2018, la comunidad de San Luis de Morichal denunció, por ejemplo, el asesinato de dos indígenas de la etnia pemón a mano de estos grupos armados que se hacen llamar sindicatos. En esa ocasión, recordaron la desaparición de Oscar Meya y Domingo Cabrera en marzo de 2018 y julio de 2017, respectivamente.


publicado el 12 de junio de 2018  par Clavel A. Rangel Jiménez  Alertar el colectivo de moderación a proposito de la publicación de este articulo. Imprimir el articulo
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