El miércoles 4 de abril se reanuda el caso de Álvarez, luego de la asignación de la juez: Palette León Guevara, en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; a pocos días de casi cumplir un año de que el Estado premiara a la anterior jueza: María Eugenia Núñez; cuando el 17 de abril del 2017, le otorgan un ascenso, razón por la cual se pretende nuevamente el inicio del juicio. Los trabajadores han señalado el ascenso de la jueza, María Eugenia Muñoz, como el regalo al cumplir con la asignación del alargamiento del juicio.

Recapitulemos el caso

Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera Orinoco (FMO), con más de seis años de detención ha sido convertido por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en un preso político. Todo se inicia con un montaje judicial forjado por las más altas esferas políticas durante la gestión de Francisco Rangel Gómez y del Psuv, cuyo objetivo es ocultar la verdad y mantener en las calles al real responsable de los disparos y el asesinato de Renny Rojas trabajador de FMO, hecho acaecido el 9 de junio del año 2011.

Para ese día, se convocó una asamblea de trabajadores de FMO, a fin de elegir la comisión electoral responsable de dirigir los comicios sindicales en la empresa. Entre 2009 y 2011 el secretario general del sindicato, Rubén González, luego dieciocho meses de cárcel y otros más de casa por cárcel, por de dirigir acciones sindicales exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo y existiendo la amenaza de intervención del sindicato por la burocracia del PSUV. Habiendo logrado la libertad de González mediante la movilización, los trabajadores se disponían a recuperar la dirección del sindicato de FMO.

En su desesperación, las bandas armadas del PSUV atacan a los trabajadores para disolver la masiva reunión. En plena asamblea, ante la mirada de los asistentes y captado por las distintas cámaras del sistema de seguridad de FMO, Héctor Maicán, directivo sindical y militante del PSUV, realiza tres disparos a la multitud, hiriendo a Luis Quilarque. Al intentar huir, Maicán es detenido por efectivos de la GNB, quienes le decomisan el arma. Producto de estos disparos muere el trabajador Renny Rojas.

El 10 de junio la Fiscalía anunció que Maicán estaba detenido por su presunta responsabilidad en la muerte de Rojas. Dos días después afirmaron que las pruebas de balística no concordaron y es liberado bajo régimen de presentación. El gobernador Francisco Rangel Gómez, estrechamente vinculado a las mafias sindicales del PSUV, emite una declaración radial afirmando que Maicán era inocente ya que “sus disparos fueron al aire”. Maicán, fue imputado por lesiones leves causadas a Quilarque, el trabajador que resultó herido en la reyerta, pero no por el homicidio de Renny Rojas.

Con la clara intención de aislar a Álvarez de la solidaridad de los ferromineros, el juicio es trasladado a Caracas. Contradictoriamente, a los intentos del gobierno, en el procedimiento que se le sigue nunca se ha determinado su vinculación con el ataque. Por el contrario los testigos, trabajadores de FMO, en distintas audiencias dieron cuenta de lo sucedido, demostrando su inocencia, ya que estando Álvarez s en la asamblea agredida por la banda armada del PSUV, los videos de seguridad de la empresa, dan fe del lugar desde donde se realizan los disparos, distante de la ubicación de Álvarez y un grupo de trabajadores. También son evidencias el centenar de declaraciones en su defensa de trabajadores testigos presenciales.

El juicio ha estado colmado de vicios, con presiones a Álvarez para que declare su culpabilidad, retardo procesal, saltos y cambios de fechas en las audiencias, convocatorias sin el aviso expreso a los testigos y técnicos, hasta la falta de aviso de los GNB que dan captura a Maican. Esto se combina con violaciones a los derechos humanos de Álvarez al no suministrarle los medicamentos e insumos para el resguardo de su salud.

En los inicios del juicio en Caracas, se manifestó la activa solidaridad de trabajadores de FMO, llegando hasta las audiencias. Una o dos buses de trabajadores viajaban desde Ciudad Piar y Puerto Ordaz a Caracas a apoyar la causa de Álvarez. El llamado a la solidaridad siempre se ha mantenido. En la medida que el gobierno impone un plan de austeridad y hambre a los trabajadores, la solidaridad ha mermado.

El caso de Álvarez, es una bandera propia de los trabajadores. Se trata de un joven ferrominero al que el gobierno pretende culpabilizar y con él, imponer desmoralización a los trabajadores de las empresas de Guayana. Este 4 de abril, se reanuda el caso y nos corresponde asumir la solidaridad necesaria. Esta es una demostración de las reales intenciones del gobierno al someter a Álvarez como prenda de su política antiobrera, mientras el asesino de Renny Rojas sigue en las calles, con la complicidad de la burocracia sindical de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y la dirección del Psuv.

La lucha por libertad de Rodney Álvarez, reclama de la real solidaridad de los trabajadores y dirigentes sindicales, a nivel nacional como internacional. Rodney Álvarez, es un preso político del gobierno que debe ser rescatado con la denuncia y movilización de los trabajadores. La Oposición de Izquierda en Lucha, hace un llamado a los trabajadores, sindicatos de base, dirigentes clasistas hacer presencia en la audiencia del día 4 de abril, en el Palacio de Justicia en la esquina de Cruz Verde, y a partir de esta fecha a que motoricemos la más intensa movilización por su libertad.