Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela, recibe amenazas por su trabajo para sacar a luz relaciones entre mineros ilegales y algunos militares.
Gobierno venezolano dice que ha minimizado la presencia de ilegales, pero mineros censados por las autoridades indican que siguen sufriendo extorsión por parte de bandas que operan en zonas mineras.

En Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar, al sur de Venezuela y cerca de la doble frontera con Guyana y Brasil, es difícil encontrar lugares en los que se pueda pagar con la tarjeta bancaria. Algunos de sus habitantes no sufren la misma escasez de dinero en efectivo que hay en el resto del territorio venezolano. Si bien la liquidez monetaria del país se ha multiplicado por 8,5 en un año, la cantidad de billetes y monedas equivale solo al 5 % de la misma. Es muy difícil retirar dinero del banco o pagar casi cualquier cosa.

En esa urbe hay mafias carcelarias, mineros ilegales y traficantes de drogas y combustible. Esto a pesar de que el gobierno habla de tener control absoluto de la seguridad ciudadana, así como de los yacimientos y las fronteras.

En el terminal de autobuses de Ciudad Bolívar hay puestos informales de reparación de teléfonos celulares, vendedores de comida y líneas de transporte. Todo debe pagarse en efectivo, así que fluyen cientos de billetes del nuevo cono monetario. Se trata de una familia de billetes introducida en enero del 2017 con denominaciones de 500 a 20 000 bolívares a causa de la inflación, que sobrepasó el 50 % mensual en octubre. Esta se suma a la familia de billetes del “bolívar fuerte”, que desde el 2008 eliminó tres ceros en la moneda nacional con el fin de “reducir la inflación mediante pagos exactos” según declarase en cadena nacional el entonces presidente Hugo Chávez.

Actividades como la extracción ilegal de diamantes, coltán, oro y madera; el pago de sobornos a algunos militares y policías; el pago de cupos o vacunas a grupos criminales, e incluso el narcotráfico explican el manejo de una ingente cantidad de billetes, dice Alejandro José Lanz Muñoz, presidente fundador del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), ONG dedicada a la divulgación y denuncia socioambiental en la región de Guayana, que incluye a los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, y en la que se concentran parques nacionales y territorios indígenas ancestrales.

Alejandro Lanz. Foto: Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela

Sus denuncias sobre impactos ambientales en la región y la relación entre algunas autoridades y funcionarios locales con los mineros ilegales le han valido varias amenazas telefónicas e incluso ataques.

Bullas y deforestación

Los mineros ilegales, muchos de ellos llegados desde Brasil a principio de los años 90, ocupan la zona protegidos por la amplitud de la zona boscosa y no se han reducido a pesar de la militarización y programas sociales oficiales. Deforestando un claro para colocar el campamento, usan motores que extraen agua de los ríos para erosionar el suelo hasta abrir una bulla, es decir, un hoyo de varios metros de profundidad y hasta decenas de anchura. Del mismo extraen el fango que someten al mercurio, extrayendo las pepitas de oro. Luego las abandonan, llenas de agua y mercurio, para abrir otro claro.

Una bulla, mina artesanal que usa fuerza del agua extraída de los ríos para sacar oro. Foto: Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela

La expansión de bullas y la pérdida de capa vegetal han sido documentadas por investigadores como causas de una epidemia de malaria que ya se cifra en un millón de casos, según Félix Oletta, exministro de Salud y director de la Red Defendamos la Epidemiología.

El gobierno venezolano insiste en que ha minimizado la presencia de los ilegales en favor de lo que considera la “pequeña minería”, que corresponde a informales que se han legalizado por alguno de los seis planes oficiales aplicados.
Bombas de alta potencia son usadas para la minería. Foto: Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela

Mineros censados por el nuevo Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico han denunciado que aún sufren de extorsión de las bandas ilegales que mantienen control de las zonas mineras y de algunos miembros de las fuerzas armadas. Aseguran que ha habido persecución de los militares en el marco de la Operación Liberación del Pueblo, que según el diputado oficialista Diosdado Cabello se realiza “para la liberación del estado Bolívar de los garimpeiros, mafias que operan en las minas y esclavizan gente y que además se llevan el oro de Venezuela”.

Vivir en peligro

Raúl Cubas, parte del equipo de investigación de Amnistía Internacional y exdirector fundador de la ONG Programa de Acción y Educación en Derechos Humanos (Provea), recuerda el caso de un atentado que casi le hace perder la vida a Lanz: “Siempre fue muy reacio a presentar las denuncias al Ministerio Público. Consideraba [que eran] gajes del oficio hasta que hizo una inspección en el Alto Caura junto a un militar activo. Fueron interceptados por mineros ilegales que estaban en compañía de un par de soldados. Les dispararon, hiriendo al funcionario castrense. A Lanz lo subieron a una lancha, le dieron una paliza muy grande. Fue a Provea y las fotos eran horrorosas, tenía heridas de pie a cabeza”.

Lanz ha acumulado algunos triunfos gracias a sus denuncias públicas, entre ellas la detención, destitución o cambio de región de militares, según afirma en entrevista con Mongabay Latam.

También hace honor de “militares que están haciendo bien su trabajo, que cumplen”. Y destaca que algunos incluso forman parte, de manera secreta, de su organización.

Cubas añade sobre Lanz: “Lo conocimos por su relación con el sacerdote francés René Bros, quien tiene cuatro décadas en El Caura. Nos llamó la atención su perfil porque no hay activistas como él en la zona, tan conflictiva. Pero también por su formación técnica como exmilitar de inteligencia, lo que le hace sentir que gracias a sus contactos puede recibir avisos antes de que le pase algo”, detalla.

Ambiente hostil

Algunas ONG, como Laboratorio de Paz y Provea, han recolectado testimonios de indígenas que habitan en el estado Bolívar y que denuncian esclavismo, trabajo infantil y prostitución por parte de mineros ilegales, así como la presencia de grupos ilegales armados.

En un artículo de opinión, el exparlamentario oficialista Adel El Zabayar compara la situación del estado Bolívar con el norte de México por la mezcla de narcotraficantes y violencia por el control del contrabando de minerales y gasolina.

Una red de inteligencia ayuda a Lanz a fotografiar evidencia de destrucción minera que han publicado medios nacionales e internacionales por más de una década. Foto: Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela

Un reportaje de Vértice, una web de periodismo de investigación, recoge los testimonios de un oficial militar y un agente de inteligencia —brindados en tribunales— que señalan la relación entre algunos funcionarios del gobierno regional, policías, militares, el contrabando de gasolina, oro y coltán, con los pagos en efectivo en una red de corrupción.

El Mayor General Clíver Alcalá Cordones, quien fue jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral de las Fuerzas Armadas en Guayana (REDI-Guayana) entre septiembre de 2012 y julio de 2013, explica lo que vivió en su trabajo en campo: “Llegué después del Plan Caura —que implicó la militarización de la zona para combatir la minería ilegal—, pero eso solo sirvió para mantener la relación de los militares con la minería ilegal”, dice a Mongabay Latam.

“Encontré casos de complicidad, y quien llegase a la zona e intentase poner orden, iba a entrar en conflicto con los ilegales”, añade.

El militar, ahora retirado y que forma parte de la plataforma Marea Socialista que se opone a la concesión del Arco Minero del Orinoco, apunta que tuvo que traer tropas desde Maracay, a 800 kilómetros de Guayana, para realizar operaciones efectivas. “Las tropas se encontraban contaminadas, así que las incursiones contra los mineros eran muy limitadas, les filtraban la información”.

Alcalá es firmante de una solicitud de nulidad ante el Tribunal Supremo del decreto del Arco Minero.

“Me temo que lo que hicieron en Colombia con el control armado de campesinos e indígenas lo están repitiendo en Venezuela”, revela al decir que durante su tiempo en la zona encontró indígenas que habían sido esclavizados y tatuados como objetos por los garimpeiros brasileños, nombre que reciben los obreros mineros que llegaron a Venezuela usando motores hidráulicos y mercurio para extraer oro. El nombre proviene del “garimpo”, el equivalente en portugués a la mina abierta en la tierra con la fuerza del agua que se extrae de los ríos.

Barcas improvisadas usadas en río Aro. Foto: Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela

El Arco Minero

El 22 de septiembre fue detenido el periodista holandés Bram Ebus en La Parguaza, estado Bolívar, mientras realizaba una investigación sobre las minas de coltán. Fue trasladado por la Guardia Nacional hasta su sede en Caicara del Orinoco, donde fue retenido por unas horas mientras era interrogado junto a su chofer. A principios de mes había publicado el reportaje Arc of Desperation, sobre las amenazas de la explotación minera sobre los bosques húmedos de Venezuela.

Ebus dijo a Mongabay Latam que días después fue nuevamente detenido en su hotel de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El reportero dice que querían detalles sobre su labor periodística.

En 2016 el gobierno entregó concesiones en 114 000 kilómetros cuadrados al sur del Orinoco. Cuatro bloques de lo que llamó Arco Minero del Orinoco, donde empresas nacionales y extranjeras podrían explotar legalmente coltán, oro y diamante, ocupando la región norte del estado Bolívar y Amazonas, al sur del río Orinoco.

Ambientalistas y científicos se oponen al mismo indicando que el gobierno incumplió las obligaciones legales de ser aprobado por la Asamblea Nacional tras un estudio de impacto ambiental y consulta previa a los pueblos indígenas que allí habitan, como reza la Constitución. Lanz está entre ellos, según reportó Mongabay Latam.

También se oponen debido al impacto ambiental sobre una región que abarca formaciones rocosas de millones de años de antigüedad —como los monumentos naturales tepuyes y la cascada de agua más alta del mundo, el Salto Ángel en el Parque Nacional Canaima— así como una rica biodiversidad en los ancestrales territorios amazónicos de Pemones, Yanomamis y otros pueblos indígenas.

El gobierno creó el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico prohibiendo el uso del mercurio, asegurando que los recursos obtenidos serían usados para recuperar zonas afectadas mientras la explotación sería “respetando al hombre y el medio ambiente”. También creó el Parque Nacional Caura, que generó el rechazo de científicos, activistas y pueblos originarios que cumplen 20 años pidiendo que fuese declarado el territorio como de su propiedad ancestral.

El impacto ambiental debido a la deforestación, extracción de agua de los ríos y el uso de mercurio no es de reciente conocimiento. Desde la década del 90 en Venezuela se reportó la presencia de garimpeiros.

En 2005 Lanz publicaba las primeras fotos de la destrucción minera en Gran Sabana, Parque Nacional Canaima. Foto: Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela

En el 2007 la fallecida periodista Evelyn Guzmán Bigott reportaba las amenazas de la minería ilegal sobre el Parque Nacional Canaima, ubicado en Bolívar. En estas denuncias coincide hasta la actualidad la periodista Valentina Quintero. El documental español Amazonia Clandestina (2015) y el reportaje publicado en 2017 en forma de página web ArcoMineroDelOrinoco.com, una alianza entre la web local EfectoCocuyo, Organized Crime and Corruption Reporting Project y el International Center for Journalists, indican que en las minas quien realmente opera y manda es El Sindicato.

El nombre es un eufemismo. No se trata de las organizaciones obreras, que abundan en Bolívar, sino que se usa para calificar a una banda que exige un pago a quienes quieran extraer o transportar oro.

“Así como le pagamos vacuna al Sindicato, le pagamos vacuna a los militares. Si llevas cualquier mercancía que a ellos les interese, como cemento o bloques para la construcción, tienes que negociar. O te quitan parte de la mercancía o te exigen dinero. Igual sucede con los mineros, pero en su caso la vacuna que les deben pagar a los militares es parte o todo el oro que intenten sacar de Las Claritas. Por eso, la mayoría de los mineros queda obligado a vender su oro al Sindicato” dice el testimonio de un habitante del pueblo de Las Claritas, citado en el capítulo 1 del reportaje ArcoMinerodelOrinoco.com.

En Venezuela la industria del oro se nacionalizó en 2011. El Estado se reservó la exploración y extracción del mineral salvo concesiones, empresas mixtas con mayoría estatal y la pequeña minería, de la que no se tiene ninguna información oficial salvo anuncios de regularización del estatus de los mineros.

El minero pequeño o artesanal, que se ha regularizado, tiene la obligación de vender lo que extraiga al Banco Central de Venezuela, según una resolución de 2015 que abrió además un registro de proveedores para legalizar las actividades.

El minero ilegal paga un cupo al Sindicato según la cantidad de oro que extraiga, vendiendo el resto a alguno de los muchos negocios de compra de oro en los pueblos mineros.

Por otro lado, el control del Sindicato sobre zonas auríferas obliga a ilegales y regularizados a pagar para poder entrar a las minas.

Desde Ciudad Bolívar se puede viajar a cualquiera de los pueblos mineros de Bolívar, incluyendo El Dorado, Tumeremo y Las Claritas. Este último, ubicado en el municipio Sifontes del estado Bolívar y conocido también como Kilómetro 88, concentra el 70 % de casos de malaria reportados durante los últimos años y es el más cercano a las minas.

En Las Claritas no se entra sin que lo autorice un sujeto conocido como “Juancho”, líder de uno de los sindicatos, cuentan en el reportaje ArcoMinerodelOrinoco.com. Uno de los agentes de inteligencia citado por Vértice en su reportaje sobre minería ilegal en Bolívar denunció con detalles sobre las operaciones mineras ilegales, amenazas contra su vida y manipulación de la justicia por parte de “Juancho”, así como el respaldo que tendría de algunos funcionarios para sus actividades.

Armados y peligrosos

Los amigos y contactos que ha hecho Lanz en la región guayanesa le han advertido sobre planes en su contra. Ha recibido mensajes acompañados de amenazas e insultos. Le dicen que se cuide, que deje de denunciar, que piense en su familia.

Lanz cuenta que una vez fue arrojado en una bulla o mina hecha en el medio de la selva. “Me salvaron unos garimpeiros que, cuando los agresores se fueron, me sacaron y cargaron varias horas hasta que llegamos a un hospital”.

Varios cuerpos han sido encontrados en estas bullas durante los últimos años. La más conocida fue la Masacre de Tumeremo, cuya cobertura de prensa fue finalista en el Premio Gabriel García Márquez 2016 al revelar los detalles de la desaparición de 17 mineros que fueron encontrados enterrados en las minas improvisadas. La masacre fue cometida por una banda que disputaba el control de las minas y cuyo líder fue abatido meses después.

El diputado Americo Di Grazia denunció el asesinato de otros 11 mineros una semana después, por enfrentamientos de personas que controlan los yacimientos ilegales con militares que trataban de encontrar a los responsables de la masacre anterior.

Las masacres y enfrentamientos por parte de las bandas que operan en zonas entregadas en concesión no han parado. Ocho personas murieron y 21 fueron heridas en un ataque perpetrado por una banda armada contra otra en agosto de 2017.

Veintiuna personas más murieron en un enfrentamiento en septiembre, esta vez contra el Ejército, que realizaba operaciones contra la minería ilegal.

“En Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar se concentra la riqueza no petrolera en cantidad y calidad”, dice Lanz. Y explica que estos nuevos enfrentamientos entre militares y delincuentes obedecen a exigencias de las empresas concesionarias de tomar control sobre las áreas entregadas. “No hacerlo implicaría el pago de multas en un gobierno que no tiene dinero”, detalla.

Alerta constante

En septiembre pasado, la sede de la ONG de Alejandro Lanz fue atacada, cuenta el activista. Con rostro apesadumbrado dice también que a uno de sus automóviles rústicos para recorrer las montañas le cortaron los frenos, lo que provocó un accidente en el que casi muere uno de sus hijos.

Explica que toma diversas medidas de seguridad: abre y cierras puertas distintas para entrar o salir de la casa, miente en las llamadas telefónicas sobre su ubicación e incluso usa nombres claves. “No salgo de noche, cambio las rutas para llegar a cada lugar, confirmo reuniones minutos antes, apago los teléfonos por horas”, confiesa.
Alejandro Lanz cambia constantemente sus ruitas por temor a ataques . Foto: Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela

Cuenta Lanz desde Ciudad Bolívar que su casa fue allanada después que calificara al Arco Minero de “sacrificio biológico innecesario”.

El año pasado Lanz decidió formalizar sus denuncias tras recomendaciones insistentes de Provea. En una denuncia ante la Fiscalía Superior del estado Bolívar, fechada en noviembre de 2016, Lanz narra el saqueo sobre los laboratorios de botánica y genética de su finca.

Mongabay Latam se contactó con funcionarios de ese despacho del Ministerio Público de Venezuela. Después de una búsqueda en sus archivos digitales y físicos revelaron que ninguna diligencia legal se había hecho para investigar los hechos, pero que tampoco tenían constancia de haber recibido el documento, aunque admitieron que era suyo el sello húmedo, firma y fecha colocada a mano.

Edmundo Márquez, Fiscal Tercero en materia de Defensa Ambiental y Drogas del estado Bolívar, indicó a Mongabay Latam que no podía revelar datos sobre investigaciones judiciales sin permiso de su superior.

Otro fiscal, que prefirió el anonimato, aseguró conocer a Lanz por años como un activista ambiental. “Nosotros nos dedicamos al tema ambiental, pero no se pueden revelar los resultados de la investigación, ni siquiera cuando son conclusivos y la persona está condenada”, sostuvo por teléfono.

Después de perder su finca y con menos recursos financieros, Lanz no ha podido reparar su vehículo de los vandalismos. Foto: Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela

“Yo estoy cansado de esperar. Me he reunido con fiscales, con comisarios del SEBIN, con militares. A veces me hacen esperar cuatro, cinco, seis horas y no salen, otras no me reciben las pruebas o no pasa nada. Uno me prometió que me devolverían todos los equipos de la finca, me atendieron muy bien, insultó a los funcionarios pero un año después no ha pasado nada”, detalla Lanz.

Cuando Mongabay Latam solicitó una entrevista en la Defensoría del Pueblo para preguntar por el estado de la denuncia hecha en noviembre de 2016 también en esa instancia, el personal que atendía indicó que el funcionario que seguía ese caso no se encontraba en la oficina ni atendía el teléfono.

Raúl Cubas finaliza con este concepto sobre Lanz. “Lo tenemos en monitoreo constante, pero en cualquier momento le puede pasar algo grave y nos enteraremos por sus familiares”, lamenta.