Por una solución democrática y constitucional a la crisis en Venezuela

Tomando en cuenta la grave situación que atraviesa el país, desde la Plataforma contra el Arco Minero hemos decidido pronunciarnos y tomar postura ante hechos importantes de la realidad:

1. El impacto de la crisis económica, política y social que atraviesa la nación, la profunda ingobernabilidad e inestabilidad, el desprestigio de la institucionalidad estatal, el irrespeto de las leyes por parte de los sectores de poder y la escasa voluntad de los grandes polos (cúpulas: gobierno-MUD) han generado un peligroso escenario de violencia.

2. La crisis es producto del colapso del modelo rentista y presidencialista que se mantiene en Venezuela, lo que requiere de un profundo debate público, transparente, respetuoso y sincero entre todos los sectores y actores sociales que hacen vida en el país por la construcción de otro dialogo distinto. Si no se plantean soluciones a corto, mediano y largo plazo la crisis continuará profundizándose, independientemente de que exista un cambio de gobierno o no.

3. Consideramos que la única salida para enfrentar esta crisis pasa por profundizar la democracia, según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela convocada, elaborada y aprobada por la vía de la participación popular. Cualquier propuesta política por fuera del marco constitucional solo puede aumentar las tensiones y acrecentar la violencia, empeorando el escenario de crisis que padece el pueblo venezolano y pudiendo deparar en un derramamiento de sangre mayor al que ya ha ocurrido.

4. Rechazamos contundentemente la violencia generada por grupos extremistas afines a los sectores políticos de la polarización, grupos armados irregulares directamente relacionados a sectores del gobierno, y guarimberos-mercenarios relacionados a sectores de la MUD. Sus acciones han ocasionado la muerte de más de 60 venezolanos/as y cientos de heridos, además de acciones de vandalismo y daños al patrimonio público y privado desarrolladas por estos últimos, que no tienen nada que ver con las manifestaciones pacíficas y legítimas que desarrollan otros sectores de la población. Las direcciones políticas de la MUD ni del PSUV se han desmarcado categóricamente de estos sectores, lo que expresa su complicidad con la violencia y su vago interés en buscar soluciones pacíficas y democráticas a la crisis.

5. Rechazamos la represión ejecutada por funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado (PNB, GNB) y el uso de armas letales contra manifestaciones pacíficas, así como los operativos de allanamientos y detenciones sin orden judicial y el juzgamiento de civiles en tribunales militares

6. Ante la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) realizada por el presidente de la república, con bases comiciales que presentan vicios de participación, hay diversas posturas políticas, entre los integrantes de la plataforma, con respecto a la misma. Sin embargo, vemos como determinante que ante dicha iniciativa se lleven a cabo mecanismos de consulta directa al pueblo venezolano mediante la realización de: 1) un Referéndum Consultivo para la ejecución o no de la ANC, 2) Referéndum Aprobatorio o Abrogatorio de la propuesta elaborada por los constituyentistas, en caso de que la población haya aprobado hacer una ANC.

7. A partir del colapso del modelo rentista que atraviesa el país y de la discusión nacional que implicaría un proceso constituyente, que es distinto a una Asamblea Nacional constituyente en cuanto a los mecanismos de participación popular, como plataforma ciudadana, preocupada por la grave situación que estamos atravesando, planteamos una serie de problemas estructurales y propuestas mínimas para abordarlos:

a) Arco Minero del Orinoco: contempla un mega-proyecto minero con 150 empresas transnacionales en una zona que abarca el 12% del territorio nacional. Una zona económica especial, que implica un seccionamiento de la soberanía, en la que se restringen derechos políticos y sociales contemplados en la Constitución, y que pone en riesgo poblaciones indígenas, la fuente hídrica más importante del país, el suministro del 70% de la electricidad a nivel nacional y toda la biodiversidad que contempla la región de Guayana, debido a la amplia destrucción social, cultural y natural que implican las dinámicas extractivistas de las empresas mineras en el Mundo. Proponemos: la derogación del decreto 2248, la protección de Zonas Vírgenes del Sur, un diagnóstico de las empresas metalúrgicas y mineras del estado, y una discusión nacional para debatir planes económicos productivos.

b) Minería Ilegal: flagelo que actualmente involucra, directa e indirectamente, a cientos de miles de personas. Los habitantes de las zonas mineras y personas que migran en búsqueda de un mayor ingreso, están sometidos a un régimen para-estatal administrado por bandas criminales que controlan el desarrollo de la actividad minera a pequeña escala. Esta dinámica ha deparado en síntomas graves de descomposición social (masacres, fosas comunes), en una devastación criminal y contaminación acelerada de los principales ríos del Sur, epidemias nacionales de paludismo y difteria, y condiciones de trabajo esclavo para las decenas de miles de personas que trabajan en las minas a pequeña escala. Proponemos: un debate nacional entre todos los sectores sociales del país y principalmente de la región de Guayana sobre esta realidad y las posibles soluciones, la presencia de las instituciones del estado para controlar los índices de violencia, un plan de reordenamiento territorial y de desmantelamiento de estas bandas garantizando mecanismos de contraloría ciudadana para impedir violaciones de derechos humanos.

c) Contaminación Ambiental: el gobierno mantiene una política de silencio criminal ante desastres ambientales que ocurren continuamente en el país, tanto para aquellos casos en los que el estado es directamente responsable así como otros en los que estaría indirectamente implicado. Las gigantescas montañas de coque en el criogénico Jose Antonio Anzoátegui, los desmanes de la minería ilegal, el caso de la laguna de lodos rojos de Bauxilum y el derrame petrolero en Trinidad y Tobago que actualmente contamina playas de Anzoátegui, Nueva Esparta y Los Roques, son algunos de los cientos de casos que vienen denunciando expertos en el área ambiental. Proponemos: tomar medidas de emergencia inmediatas para detener la contaminación acentuada que se viene desarrollando en el país, considerando las opiniones y propuestas de ambientalistas que vienen luchando; así como acatar lo establecido en la constitución y demás leyes de la república relacionados al tema ambiental.

d) Pago sostenido de la Deuda Externa: en los últimos 3 años se han pagado más 60.000 millones de dólares ($) en Deuda Externa, implicando una reducción de más del 60% de las importaciones (incluye alimentos y medicinas), con respecto al año 2012. Sumado a esto, PDVSA vendió Bonos a Goldman Sachs con un 69% de descuento, recibiendo 865 millones de $ y teniendo que pagar la suma 3556 millones de $ en el año 2022. En otras palabras, el gobierno viene endeudando fraudulentamente al país a costa de que los venezolanos tengan menos alimentos y medicinas. Proponemos: el cese del pago de deuda durante un lapso determinado, y realizar una auditoría pública y ciudadana para certificar que parte de la deuda es real y que parte es ilegítima e ilegal.

Es urgente abordar estos asuntos para detener la crisis y buscar salidas viables al atolladero en que se encuentra el país. Resulta imprescindible que estos y demás puntos de importancia nacional se debatan de manera abierta, pública y respetuosa con todos los sectores de la población venezolana, más allá de las dirigencias de la polarización, lo cual es clave para avanzar en salidas democráticas y pacíficas a la crisis.