Desde hace mucho tiempo, el Estado venezolano, sea cual sea la fuerza política que dirija esta estructura jurídico-política, ha apostado a la militarización de los territorios indígenas y con ello a la conquista-colonización progresiva de sus territorios y sus recursos. Basta hablar por ejemplo del famoso “Plan Conquista del Sur” o “CODESUR” como una política desarrollista de los años 70 promovida por las antiguas oligarquías venezolanas especialmente por personajes como Rafael Caldera y otros que buscarían darle continuidad a estos planes como Luis Herrera Campins.

Una política cuyo propósito era la inserción de toda una infraestructura que ofreciera carreteras, puentes, aeropuertos y presencia militar para el aprovechamiento de recursos en la Amazonía venezolana con el objetivo, obviamente, no podía faltar, de reproducir la tradición asimilacionista de todos los gobiernos de turno de integrar a las poblaciones del sur a la economía nacional bajo un esquema económico homogéneo completamente ajeno a las particularidades culturales de la región con la excusa además de “la soberanía nacional”. Algunas personas que han estudiado muchísimo más a fondo este tema señalan que debido a la bonanza petrolera estos planes no lograron trascender.

Tiempo después, en 2005, y con un discurso sobre la soberanía nacional mucho más “nacionalista” viene el “Plan Estratégico Nacional de Defensa, Desarrollo y Consolidación del Sur” bajo el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Este plan, como es muy bien descrito en el libro Minería en la Amazonía Venezolana: Derechos Indígenas y Ambientales. El caso del pueblo Yanomami, del abogado Luis Bello y el antropólogo Aimé Tillett coincide con la expulsión de la misión religiosa estadounidense “Nuevas Tribus” de los territorios indígenas en los estados Bolívar, Apure, Amazonas y Delta Amacuro debido a que existían desde hacía mucho tiempo, diversas denuncias entre ellas las del antropólogo Esteban Emilio Mosonyi y de varios Ye’kuanas como Simeón Jiménez de la organización indígena “Kuyujani Originario” en donde detallaban lo violento de los métodos de adoctrinamiento y evangelización de esta misión además de ser agentes que mantenían una presencia en lugares sumamente estratégicos del país.

Este plan tal como lo anuncian los autores del libro antes anunciado pasaría a llamarse oficialmente en 2006 “Plan Excepcional de Desarrollo Económico y Social para la Construcción, Reparación, Equipamiento, Acondicionamiento y Funcionamiento de las Unidades Cívico Militares de Desarrollo Endógeno, Bases Áreas y Comandos Fluviales para la Defensa”. En todo caso lo importante aquí es señalar que aunque se está obviando la exacerbada militarización de otros ámbitos de la vida cotidiana de los venezolanos que viene profundizándose más desde el 99, para poner más bien énfasis en la militarización de los territorios indígenas, vale decir que este plan es una reedición-re/significación de la vieja política desarrollista-militarista adeco-copeyana.

Debe reconocerse que quienes vienen recogiendo datos en torno a la militarización de los territorios indígenas de manera más seria y contundente no han sido precisamente militantes del chavismo y esto se debe a que si bien hay un ala del chavismo que critica la militarización de todo o la presencia de militares en ministerios o espacios de poder claves, o se han dedicado a señalar los casos de corrupción en funcionarios militares, siguen haciéndolo desde una fe muy grande a la idea de lo “cívico-militar”. Sin embargo, aquí ya quedó más que demostrado que “lo militar” va muy por encima de “lo cívico” y, que en la medida que ha ido avanzando, estas políticas de ejercer un control militar-estatal sobre los territorios indígenas han afianzado el autoritarismo.

Por ejemplo los operativos contra el “bachaqueo” en el Zulia, los planes para mitigar la minería ilegal en Bolívar y Amazonas como el “Plan Caura”, “Plan Arekuna”, “Plan Yapacana”, lejos de beneficiar a los pueblos indígenas sólo los ha perjudicado, sólo ha fortalecido todas las actividades ilícitas que giran en torno a estas prácticas delincuenciales, ha fortalecido la prostitución, la trata, la venta y consumo de drogas, el contrabando de combustible y comida, la presencia de actores armados, la presencia de enfermedades venéreas, endémicas, como el paludismo, entre otras cosas. Ha quedado en evidencia que con la militarización de los territorios indígenas sólo quedan males. Podríamos citar como ejemplo aquellos 43 militares apresados por indígenas Pemón y Shiriana en la Gran Sabana por andar beneficiándose directamente de las actividades de la minería ilegal en la zona. (http://contrapunto.com/mobile/noticia/nodos-y-redes-5452/)

Nada hicieron los militares cuando los garimpeiros masacraron a los Yanomami de la comunidad Irotatheri en el 2012. Por el contrario, se alinearon a un discurso y negaron la realidad. Todo este tema de la militarización de los territorios me parece que ha sido bien abordado por la gente del periódico El libertario sobre todo en el caso de La Guajira. Es válido ojear por ejemplo el artículo llamado “Resistir la militarización” de Rafael Uzcátegui en el número 74 de octubre de 2014. Son testimonios que no se deben subestimar aunque hoy por hoy los anarquistas sean señalados también de “hacerle el juego a la derecha venezolana”.

Como evidencia de la intensa presencia de los militares en los territorios indígenas tenemos por otra parte la creación de la empresa llamada “Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas” (CAMIMPEG) creada el 10 de febrero de 2016 como una empresa que empezaría asumir toda actividad extractivista en el país. Así se cede entonces la renta petrolera y ahora la renta minera al poderío militar. Ya no hay cabida para las consignas “PDVSA es pueblo” y no sé cuántas consignas retóricas más. Aquí la distribución de los recursos es para una minoría, ya tiene nombre y apellido. Son las fuerzas militares y las empresas transnacionales que ahora le apuestan al Arco Minero del Orinoco como alternativa frente a la baja de los precios del petróleo.

No conforme con todo esto recientemente se ha decidido sumar a 500 efectivos militares en las labores del Arco Minero del Orinoco según “todos formados en materia ambiental” y en “protección de las riquezas de la nación” (http://www.avn.info.ve/contenido/500-nuevos-efectivos-gnb-se-suman-labores-resguardo-del-arco-minero). ¿Podremos todos con los antecedentes antes citados confiar en que esto efectivamente será así? Las fuerzas coercitivas avanzan. Todo parece haber estado pre-meditado, ensayado, diseñado. Ahora y en el futuro próximo: ¿Seguiremos siendo nosotros este laboratorio de commodities?, este laboratorio político cuyo plan económico es la uniformidad maquillada de la “diversificación del aparato productivo”.

Ni la decisión reciente de la creación del “Parque Nacional Caura” que pudiésemos haberla leído como un hecho trascendental en materia ambiental significa una solución en medio de esta vorágine apocalíptica. No se puede “ambientalizar-ecologizar” algo que no es compatible con la ecología. Son planes de corte ambientalista-ecologista en el marco de un macro-proyecto industrial-minero (http://www.correodelcaroni.com/index.php/mas/ambiente/item/54604-gobierno-crea-parque-nacional-caura-tras-17-anos-de-dilaciones-que-desprotegieron-ecosistemas-de-bolivar-y-amazonas)

Aunque se maneja que con esta decisión la zona del Caura quedaría por fuera del proyecto del Arco minero del Orinoco habría que ver que tan cerca está eso de los hechos. La verdad y es que es una decisión importante: son 7.5 millones de hectáreas que estarían protegidas en una zona además que se ha caracterizado por sufrir los embates de la minería ilegal de las mafias del oro, pero por otro lado, habría que evaluar qué tan pertinente es, si realmente se le dará continuidad y seguimiento como una política pública ambiental y cómo esta decisión pueda estar ligada al argumento del actual ministro de minería ecológica Jorge Arreaza donde afirma que sólo el 30% del Arco minero sería explotado. (https://www.el-carabobeno.com/arreaza-solo-se-explotara-30-del-arco-minero/)

En todo caso este argumento tampoco es que sea muy correcto al decir con el sociólogo Emiliano Terán Mantovani que no pueden entenderse estos ecosistemas fragmentadamente o “segmentados” sino que hay que leerlos con perspectiva de conjunto, como una totalidad interconectada cuyo funcionamiento tiene “una continuidad” como “flujo”. Por algo se anuncia desde ya el daño que puede producir la implementación de este plan a la generación de energía hidroeléctrica.

Por otra parte se ha dado un plazo de un año para demarcar los linderos y dos años para elaborar el Plan de Ordenamiento y el Reglamento de Uso del Parque Nacional Caura. No quisiera ser yo pesimista pero con una deuda histórica en materia de demarcación de hábitats y tierras indígenas: ¿Será posible esto? Con una deuda incluso de diseñar el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Biosfera Alto-Orinoco Casiquiare y el Parque Nacional Parima Tapirapecó en el municipio Alto Orinoco del edo. Amazonas… ¿Será posible esto?

Será posible todo en la medida que la capacidad movilizadora y la esperanza creativa de “los nadies”, “los dueños de nada”, “los ningunos”, “los ninguneados”, o los de abajo, como diría Galeano, sean capaces de creer en su voluntad para encarar estos desafíos como pequeñas autonomías dirían los compañeros de Homo et Natura, como micro-resistencias en términos Foucaltnianos. Cuando podamos reunir todas las voces críticas posibles, a los disidentes, a esos que aun perteneciendo a los espacios gubernamentales, siguen creyendo en el trabajo honesto y en la posibilidad de unificar un solo grito, un grito necesario a favor de esta tierra-madre que somos.