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El gobierno venezolano, luego de la entrega por parte de la M.U.D. del referéndum revocatorio por la presión del Vaticano y Estados Unidos para un supuesto diálogo, tomó oxígeno porque cerró la única manifestación constitucional de democracia directa y además, continuó reprimiendo libremente a la disidencia. Se dio el lujo de impedir la consulta en referencia así como las elecciones regionales que debieron ocurrir en diciembre de 2016.
Con base en las anteriores premisas era fácil prever la eternización de la dictadura del siglo veintiuno. Se veía en profundidad ir directo a Myanmar, Cuba, Corea del Norte o Kazajstán, acompañado de una oposición fungiendo de comodín para salvar las apariencias de legalidad de desempeño y apostar a la subida del precio del barril para completar la faena.
Sin embargo, no ocurrió el incremento del precio petrolero y se multiplicaron los problemas sociales y económicos. Se produjo desde el año pasado una hiperinflación adicionada a una fuerte recesión con el consiguiente aumento del desempleo, la pobreza, el hambre y la inseguridad. Ni siquiera pudieron elevar las importaciones en una economía de puertos porque el pago de la ingente deuda externa, aparte de la corrupción y el despilfarro, ha aprisionado el presupuesto público.
No obstante, la prepotencia embriagó a la gestión militarista y llegó a niveles exponenciales cuando dos fallos del máximo tribunal venezolano le otorgaron superpoderes al presidente al eliminar la inmunidad parlamentaria y las facultades de control y legislación de la Asamblea Nacional. Uno de los cometidos de tales sentencias era darle luz verde al presidente de la república para llevar a cabo contratación sin supervisión alguna. Lógicamente estaba previsto el remate de las materias primas nacionales, esto es, los hidrocarburos y la minería.
La diplomacia de la ofensa
Así las cosas, la arrogancia envolvió al chavomarurismo y con la asesoría cubana ejerció una diplomacia de improperios y denuestos, muy propios del servicio exterior de la isla. Los materializaron en el Mercosur como respuesta desproporcionada cumplida por la canciller al impedimento de la presidencia protèmpore de esa entidad. De la misma manera, lograron enemistarse con los gobiernos de Chile, México y Colombia, países con una actitud de neutralidad inicial frente al conflicto venezolano.
Asimismo, la pugnacidad siguió y Mercosur llevó a cabo su carta democrática contenido en el Protocolo de Ushuaia y excluyó a Venezuela de la organización hasta que acceda a hacer tangibles los compromisos democráticos formales contraídos.
Anteriormente atacaron inmisericordemente al secretario general previo de la O.E.A., José Miguel Insulza, quien se comportó haciendo honor a su apellido al aguantar la andanada de insultos propinados desde Caracas. Luego le correspondió a su sucesor, Luis Almagro, soportar también las infamias como la de ser agente de la CIA, mercenario y demás epítetos descalificadores. Mas su conducta fue firme y respondió, de una manera pormenorizada, al régimen madurista mediante una investigación completa sobre todos los desatinos de Caracas.
El anterior cúmulo de circunstancias ha tenido secuelas obvias. La correlación de fuerzas en la O.E.A. cambió. Primero por las derrotas de la Kirchner en Argentina y luego por la defenestración de Dilma Ruseff en Brasil, amén del cambio en varios países anteriormente al menos pasivo frente a la situación venezolana. Unos, por las líneas abusivas de la política exterior venezolana, otros por la imposibilidad de la práctica de la chequera petrolera ante el colapso de la producción nacional de crudos. La resultante fue un desbalance en las votaciones.
Mientras tanto, la actividad del secretario general del organismo interamericano siguió. Almagro ha conseguido aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana que implica una decisión de la Comisión Permanente la cual se dio el día lunes 3 de abril pese a las maniobras superfluas del recién presidente boliviano. Con 17 votos a favor y 4 abstenciones acordó aceptar que en Venezuela hay una degradación institucional dando inicio a las gestiones diplomáticas para que el Estado incumplidor pueda rectificar.
Si no se alcanzaran avenimientos satisfactorios se acudiría al artículo 21 de tal cuerpo legal cuya hipótesis normativa es ejecutar sanciones como suspensión de su membrecía en la entidad, ruptura de relaciones y otras.
Es la última fase del proceso de aplicación de la Carta. En tal supuesto a Venezuela no le quedaría sino dos opciones: acata las recomendaciones de respeto a la Asamblea Nacional o hace mutis de la O.E.A. En el último caso hay una vigencia de un año, luego de su retiro, de las normas de los organismos regionales.
Posturas chavomaduristas frente al sistema interamericano
Venezuela no podía entrar al Mercosur porque el senado paraguayo se oponía pero la destitución del presidente Lugo le dio al canciller Maduro la oportunidad de suspender a Paraguay y solventar el único óbice que impedía su incorporación al órgano económico de integración. En esta ocasión Hugo Chávez se sirvió de los dispositivos formales de este ente y no los desperdició.
La administración venezolana también invocó la Carta de la O.E.A. cuando se produjo su efímero derrocamiento en 2002 y se activó de inmediato. El derrocamiento de Zelaya en Honduras fue otra oportunidad usada por el régimen venezolano para aplicarla.
Si favorece al gobierno nacional se argumenta y acata pero si no lo beneficia entonces apelan al conocido ritornelo del ministerio de las colonias, la agresión del imperialismo yanqui y la intervención de la CIA. El injerencismo se argumenta cuando hay razones de conveniencia pero en el supuesto contrario se acepta al sistema.
El entorno internacional
La base de sustentación de los chavistas había sido el manejo de un diálogo dominado por ellos y para su logro tuvo el apoyo de unos mediadores que no eran tales, como Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, amén de los intereses de los Estados cubano, colombiano, americano, colombiano y del Vaticano, y de las transnacionales energéticas y mineras premiadas con verdaderas entregas, coincidentes en ligar a la estabilidad en Venezuela. Pero hay un abuso cuando se burla cualquier salida electoral y se criminaliza la protesta.
Las sentencias de la Sala Constitucional constituyeron la gota desbordante. Con ellas se evidenció la intención de monopolizar más el poder al eliminarse al único fuera de sus manos. Es la tesis de Chávez de un solo gobierno y de la proposición de atenuar si no eliminar la separación de órganos estatales.
Perspectivas pendientes
El gobierno nacional, por primera vez en mucho tiempo, está a la defensiva por la presión internacional y por la grave situación económico-social. Las grandes mayorías pasando una situación de penurias por el hambre y de muerte por la ausencia de medicinas gracias a las políticas gubernamentales. Estos factores se pudiesen combinar para el logro de una salida del marasmo en el cual nos encontramos.
No obstante, la solución no se encuentra en la O.E.A., el Mercosur o cualquier organismo supranacional sino en las personas, hombres y mujeres, en Venezuela. Una base que desborde al clientelismo de los partidos políticos y participe en los espacios públicos, es la vía para lograr una panacea a la hecatombe nacional sin permitir las consabidas negociaciones donde lo único perseguido es conseguir prebendas a cambio de impunidad. Es la hora de la verdad.