Hace muchos años, la vasta riqueza de la Amazonía atrajo a grandes empresas extractivistas para explotar la misma. Entre los que se sienten llamados a esta actividad están los mineros que, como focos de infección en lugares calientes, se irradian en distinos puntos de esta región. La amazonía venezolana no es la excepción de este mal y actualmente sufre las consecuencias de la extracción minera que atenta los derechos de la madre tierra y de los indígenas que la habitan, quienes muchos de ellos perdieron la vida por su causa.

Pasaron 24 años de la “Masacre de Haximú”, en la que fueron asesinados 16 indígenas Yanomami por mineros ilegales brasileros, llamados garimpeiros, en el extremo sur-este del estado Amazonas, Venezuela. Ese asesinato develó la presencia violenta e incontrolada de cientos de mineros ilegales provenientes de Brasil, presencia que pese a ese hecho no fue controlado por el Estado venezolano, pues en la actualidad hay evidencias de garimpo en toda la zona del Alto Ocamo, en el Siapa y en otras zonas del extremo sur-este de Venezuela, tal como relata el libro “Minería en la Amazonía Venezolana” de Luis Jesús Bello y Aimé Tillett [accesible en http://laboratoriosdepaz.org/wp-content/uploads/2016/08/Mineri%CC%81a-en-la-Amazoni%CC%81a-Venezolana.pdf].

Esa investigación, promovida por el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía (Wataniba) junto con la Red Jurídica Amazónica (RAMA), no solo habla de la minería ilegal sino también muestra la ejecución de la nueva política minera del Estado venezolano, promovida desde 2011 por el Gobierno de Hugo Chávez y ratificado por Nicolás Maduro. Dicha política incluye exploración y explotación de minerales como oro, diamante u otros meales preciosos al sur del Orinoco, con el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco.

Megaminería desde el Estado

El Arco Minero del Orinoco abarca una zona de 114 mil kilómetros cuadrados en el sureste de Venezuela, en el estado Bolívar, convirtiéndola en el complejo minero más grande del país caribeño. Llega a algunas comunidades de los estados de Amazonas y Delta Amacuro. Atraviesa selvas como Imataca, La Paragua y El Caura, que en conjunto hacen más de ocho millones de hectáreas, además de las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní, de acuerdo con el texto "El Arco Minero del Orinoco: ambiente, rentismo y violencia al sur de Venezuela" por Carlos Egaña.

Este proyecto fue activado en febrero de 2016 por el Gobierno de Nicolás Maduro y forma parte de las 15 propuestas impulsadas parasa salir de la crisis económica. En éste está contemplada la participación de diferentes países, entre ellos China, y de 150 empresas trasnacionales. Asimismo, es parte del Plan de la Patria 2013 - 2019, propuesta de Gobierno de Maduro, acorde con las metas establecidas en el Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Si bien, dicho Plan habla de “salvar el Planeta y a la Humanidad”, la mayor parte de su contenido revela una profundización superlativa del modelo económico-político primario, extractivista y rentista basado en el petróleo y la minería, explica el prólogo del libro “Minería en la Amazonía Venezolana”, escrito por el antopólogo y rector de la Universidad Experimental Indígena del Tauca, Esteban Emilio Mosonyi. Allí se señala que el Plan de la Patria casi no habla de los pueblos indígenas y menos todavía de sus derechos constitucionales. “Sus tierras, partiendo de la nueva lógica extractivista y ultradesarrollista, ya no podrían ser demarcadas ni tituladas”, asevera. De ese modo, con el proyecto de Orinoco “se intenta ampliar el espectro del anclado rentismo petrolero, pasando a un extractivismo minero generalizado, y esto no sólo a costa de las graves consecuencias ambientales, sino de las amenazas a la vida colectiva de los pueblos indígenas”, señala la presentación del libro.

La exploración de los territorios del Arco Minero incidirá de manera directa en los territorios indígenas de 12 pueblos como los yekuanas, piaroas, pemón, arawak, piapoco, entre otros, a quienes no se hicieron consulta previa tal como establece a Constitución de Venezuela según denunció la ex ministra de Ambiente del gobierno de Hugo Chávez, Ana Elisa Osorio, en su ponencia en el Seminario "Claves para la Reconstrucción del Proyecto Nacional". Asimismo, Osorio explicó que este proyecto no cuenta con un estudio de impacto ambiental, y que además de afectar a las cuencas y a los bosques provocará el desplazamiento de los indígenas. Por ese motivo, en noviembre de 2016, activistas señalaron en una AUDIENCIA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su preocupación por las consecuencias y la afectación a los derechos humanos.

Similar experiencia se dio con la explotación ilegal de coltán, al suroeste del estado Bolívar y norte del estado Amazonas, que según denuncias tuvo un fuerte impacto ambiental -al igual que en otras partes del mundo- en toda la cuenca del río Parhuaza, habitado por Piaroas y otros puebos indigenas. De ahí, el temor de los críticos del proyecto del Orinoco., quienes señalan que si la minería artesanal trajo consecuencias catastróficas para esas comunidades, “la amenaza megaminera se impone como una sentencia de muerte” de los indígenas de la Amazonía venezolana.

¡Agua sí, mina no!

¡Vida sí, mina no!