Foto Oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) / Lev Radin (ZUMA Press Wire / Alamy Live News)

Una lectura del discurso ante la ONU desde la trayectoria energética, económica y ambiental del chavismo: del ecosocialismo proclamado a la seguridad energética estadounidense.

El chavismo no se transforma sólo deja al descubierto su estructura económica

El discurso pronunciado por Delcy Rodríguez ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23 de septiembre de 2026, ha sido burdamente interpretado como una reconfiguración del chavismo y una transformación sustancial de su posicionamiento ideológico y geopolítico. Esa lectura pasa por alto una cuestión fundamental: buena parte de lo anunciado por Rodríguez no representa una ruptura con la práctica histórica del chavismo, sino la expresión abierta de un modelo económico que sus gobiernos desarrollaron durante más de dos décadas, frecuentemente envuelto en una retórica que proclamaba objetivos diferentes.

La dependencia petrolera venezolana no fue simplemente un problema heredado de la llamada cuarta república que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro intentaron resolver sin conseguirlo. En realidad, el rentismo constituyó una de las bases materiales de su proyecto político y, lejos de emprender una transformación estructural de ese modelo, ambos gobiernos reprodujeron y ampliaron sus mecanismos de dependencia. La renta petrolera permitió financiar programas sociales, importaciones, subsidios y una extensa estructura estatal de distribución de recursos, viajes al exterior a la clase media pagados con dólares preferenciales, entre muchos otros derroches consumistas exaltados por el gobierno de Hugo Chávez que también impulsó mecanismos de intermediación económica y relaciones de dependencia entre el Estado y distintos sectores productivos y sociales.

FOTO DE ENCABEZADO: Empleados frente a la sede de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en Caracas, en octubre.Credit...Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times
Adriana Loureiro Fernandez para The New York Times

La producción petrolera posteriormente se desplomó, pero ello no significó una transición hacia una economía post-rentista. Significó el deterioro de la principal actividad de la cual dependía el país y la ruina de la población más vulnerable, pero ni aún en esas circunstancias se abandonó el extractivismo petrolero y el rentismo estatal. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) documenta que la producción venezolana cayó aproximadamente un 70 % entre 2013 y 2023. También identifica la insuficiente reinversión, el deterioro de la infraestructura, las dificultades de gestión y las sanciones internacionales entre los factores que explican la contracción del sector. Esa trayectoria obliga a distinguir entre la reducción física de la producción petrolera y la superación económica del rentismo. Venezuela produce menos petróleo, pero no construyó una economía menos dependiente de sus ingresos.

Por tanto, cuando Rodríguez anuncia una nueva etapa de cooperación petrolera con Estados Unidos, no está proponiendo abandonar el modelo económico chavista que ilusamente algunos intelectuales de la izquierda latinoamericana consideraban era contrario al extractivismo y en una cruzada idealista contra el rentismo. Lo que está haciendo es declarar abiertamente lo que sus antecesores han hecho subrepticiamente, está proponiendo recuperar su principal mecanismo de generación de ingresos, ahora mediante una estructura diferente de inversiones, comercialización y relaciones internacionales. La novedad reside en la arquitectura geopolítica y contractual. La continuidad se encuentra en el modelo de desarrollo que en Venezuela nunca ha sido ni liberal, ni socialista, ni socialdemócrata ni socialcristiana, sino siempre extractivista y rentista, nada más.

Durante los gobiernos de Chávez y Maduro, los sucesivos planes nacionales de desarrollo incorporaron referencias al ecosocialismo, la protección ambiental y la superación del modelo económico dependiente de los recursos naturales. El Plan de la Patria 2013-2019, por ejemplo, estableció como quinto objetivo histórico la preservación de la vida en el planeta y formuló expresamente la construcción de un modelo económico productivo ecosocialista. Entre sus objetivos también figuraban la transformación de los patrones insostenibles de producción y consumo, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y la construcción de una nueva relación entre sociedad y naturaleza. Aquellas formulaciones coexistieron con una política económica que, en la práctica real, continuó dependiendo de la explotación petrolera y que, durante el gobierno de Maduro, amplió sus instrumentos de extracción minera acentúan el rentismo parasitario.

Tampoco se trata de señalar una contradicción entre las promesas y los resultados, como si esto no fuese mas que un idealismo frustrado que no logró alcanzar sus anhelados objetivos, no es así pues la simple comparación de las decisiones presupuestarias, las políticas sectoriales y la continuidad institucional de los proyectos permite entender con claridad qué hay actividades que recibieron respaldo efectivo y otras que fueron intencional y progresivamente relegadas, hasta asfixiarlas. En el ámbito energético, existen antecedentes particularmente reveladores.

El ecosocialismo como discurso y el extractivismo como práctica

El Parque Eólico de La Guajira constituye un caso concreto de la distancia entre la proclamación del ecosocialismo y la gestión de las energías renovables. El proyecto fue concebido para aprovechar uno de los recursos eólicos más importantes del territorio venezolano, en una región caracterizada por importantes carencias de electrificación, especialmente entre las comunidades indígenas wayuu. La inversión comprometida alcanzó aproximadamente 225 millones de dólares. Sin embargo, el proyecto quedó paralizado sin alcanzar sus objetivos de generación. Transparencia Venezuela registra su paralización en 2014, con una ejecución física del 33,33 %, e identifica a Corpoelec, PDVSA Industrial y el Ministerio de Energía Eléctrica entre las instituciones responsables.

Ya en diciembre de 2017 solicité públicamente a la Fiscalía General de la República investigar el destino de los recursos destinados al Parque Eólico de La Guajira. En aquella publicación advertí sobre el deterioro de los equipos, el incumplimiento de los plazos contractuales y la ausencia de generación eléctrica, pese a la magnitud de la inversión comprometida. También cuestioné que las comunidades de la Alta Guajira continuaran careciendo de servicio eléctrico mientras una inversión destinada precisamente a aprovechar los recursos energéticos de su territorio permanecía paralizada. No puedo presentar como sentencia judicial lo que entonces denuncié como posibles irregularidades administrativas y patrimoniales. Pero los datos disponibles sobre la paralización, el monto contratado y la falta de resultados permiten sostener la gravedad del caso.

Desde la ingeniería energética, el resultado es particularmente significativo: Venezuela disponía de un recurso renovable de extraordinaria calidad, una necesidad social identificada y recursos públicos comprometidos para desarrollar el proyecto. Lo que falló fue su ejecución y continuidad institucional, como no podía ser de otra manera, cuando el llamado ecosocialismo no fue nunca nada más que un discurso caza-tontos y la practica real fue una depredación desmesurada de los recursos petroleros, inmisericorde con ecosistemas, poblaciones y comunidades venezolanas.

Turbinas eólicas . Foto referencial. Crédito Foto de Thomas Reaubourg en Unsplash

El programa de electrificación rural Sembrando Luz representa otro antecedente fundamental. Entre 2005 y 2013, Venezuela desarrolló una experiencia relevante de electrificación de comunidades aisladas, indígenas y fronterizas mediante sistemas fotovoltaicos y tecnologías híbridas. El programa, ejecutado inicialmente por Fundelec, permitió instalar más de 3.000 sistemas solares en diferentes regiones del territorio nacional. En julio de 2016 publiqué el artículo El abandono de los proyectos de energías renovables en Venezuela, donde advertí sobre el deterioro de esa experiencia y la paralización progresiva de sus actividades. Los datos que presenté entonces mostraban que entre 2009 y 2011 se habían instalado aproximadamente 2.000 sistemas fotovoltaicos, mientras que entre 2011 y 2013 se instalaron alrededor de 200. En 2013, la ejecución se había reducido a unas 50 instalaciones.

También documenté los problemas derivados de la transferencia de proyectos y equipos desde Fundelec hacia Corpoelec, incluida la paralización del proyecto de electrificación de Apiapá, en la Alta Guajira. La importancia de este antecedente aumenta cuando se considera que Venezuela disponía de experiencias suficientes para diseñar un programa nacional sostenido de electrificación renovable. En nuestra investigación Sustainable rural electrification planning in developing countries: A proposal for electrification of isolated communities of Venezuela, publicada en Energy Policy en 2019, desarrollamos una metodología de planificación a partir del análisis de Sembrando Luz y de visitas a 28 comunidades beneficiarias. La propuesta fue aplicada a 2.269 comunidades venezolanas aisladas que carecían de servicio eléctrico. Nuestro trabajo demostró que era posible estructurar una política de electrificación rural sustentada en criterios ambientales, técnicos, socioeconómicos e institucionales, utilizando las tecnologías renovables disponibles y las condiciones específicas de cada territorio. Por tanto, la discusión sobre la ausencia de una transición energética venezolana no puede reducirse a la inexistencia de capacidades técnicas. Existían tecnologías, experiencias, proyectos, personal especializado y propuestas científicas de planificación. La discontinuidad institucional de aquellas iniciativas debe examinarse dentro de las prioridades económicas y energéticas adoptadas por el Estado.

Mientras los proyectos renovables enfrentaban abandono, desprecio, paralización y pérdida de continuidad institucional, el gobierno de Maduro impulsó una nueva frontera de explotación de recursos naturales. El 24 de febrero de 2016 fue creada la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, sobre aproximadamente 111.843 kilómetros cuadrados, equivalentes al 12 % del territorio venezolano. Human Rights Watch documentó que la expansión minera estuvo acompañada de graves problemas ambientales y sociales, incluida la contaminación por mercurio, afectaciones a comunidades indígenas y ausencia de consultas y evaluaciones ambientales adecuadas. La comparación entre estas políticas resulta especialmente reveladora. Mientras las tecnologías renovables destinadas a mejorar las condiciones de vida de comunidades aisladas perdían continuidad institucional, el Estado promovía una nueva actividad extractiva de dimensiones territoriales extraordinarias.

En septiembre de 2016 publiqué Burocratismo extractivista sabotea a las energías renovables en Venezuela, donde relacioné precisamente el abandono de esos proyectos con la continuidad del modelo económico basado en la explotación de recursos naturales. Aquella crítica no comenzó con Delcy Rodríguez ni responde a los acontecimientos de enero de 2026. Forma parte de un cuestionamiento documentado y continuado durante los propios gobiernos chavistas. La intervención de Rodríguez ante Naciones Unidas adquiere otro significado cuando se incorpora esta trayectoria histórica: el ecosocialismo había sido proclamado durante años, mientras el extractivismo continuaba siendo una de las actividades privilegiadas por las políticas económicas nacionales, ahora solo han asumido abiertamente su histórico desprecio por los ecosistemas venezolanos, su histórico desprecio por la diversificación económica y su evidente anhelo de reencuentro con la lluvia de petro-dolares estadounidenses, se evidente despecho por el distanciamiento con las trasnacionales energéticas occidentales y su nostalgia por la lluvia de dádivas al estado venezolano, provenientes de los Estados Unidos.

La Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales, aprobada en julio de 2022, permite identificar otro antecedente de la orientación económica actualmente presentada por Rodríguez. Esta legislación estableció incentivos tributarios, facilidades aduaneras, mecanismos administrativos especiales y condiciones preferenciales para atraer inversiones nacionales y extranjeras. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) registró la legislación venezolana como un instrumento de promoción de inversiones, con incentivos fiscales, mecanismos de libre convertibilidad y facilidades especiales para distintas actividades económicas. La liberalización de determinadas actividades económicas y la creación de condiciones especiales para el capital privado, por tanto, no comenzaron con la actual presidencia encargada. Formaban parte de las reformas impulsadas por Nicolás Maduro.

Organizaciones como Provea han cuestionado estas transformaciones por considerar que se desarrollaron en un contexto de deterioro salarial, debilitamiento de la negociación colectiva y flexibilización laboral. La relación entre atracción de inversiones y derechos laborales constituye una dimensión esencial para evaluar estos instrumentos. El 8 de abril de 2026, Reuters documentó que el salario mínimo venezolano permanecía fijado en 130 bolívares desde marzo de 2022, mientras que una parte sustancial del ingreso de los trabajadores públicos dependía de bonificaciones. La combinación de incentivos especiales al capital, remuneraciones deterioradas y dificultades para ejercer derechos colectivos permite comprender por qué las zonas económicas especiales han generado controversias sobre precarización laboral. También permite situar las nuevas promesas de seguridad jurídica dentro de un proceso económico anterior a Rodríguez.

El chavismo no necesitó abandonar formalmente el socialismo, que nunca implementó más allá de la retórica internacional, para implementar instrumentos de liberalización económica. La actual administración hereda esa estructura y anuncia su ampliación mediante la cooperación internacional y la recuperación de la industria petrolera, pero no está haciendo nada nuevo.
El petróleo venezolano vuelve a ocupar un lugar central en la seguridad energética estadounidense

La nueva aproximación a Estados Unidos también permite revisar retrospectivamente las relaciones de Venezuela con China y Rusia. Durante décadas, el discurso oficial presentó esos vínculos como parte de una política exterior multipolar y como alternativa frente a la influencia estadounidense. Sin embargo, la estructura de una parte importante de las relaciones económicas con China reproducía mecanismos característicos del rentismo: financiamiento externo respaldado por entregas futuras de petróleo, tal y como históricamente se había hecho con Estados Unidos desde mediados del siglo XX. La EIA documenta que China otorgó a Venezuela cerca de 50.000 millones de dólares en préstamos vinculados a suministros petroleros. En 2023, el país asiático recibía aproximadamente el 69 % de las exportaciones venezolanas de crudo, pero la diversificación geográfica de los mercados no significó la diversificación productiva de Venezuela. Cambiar el comprador del petróleo o el origen del financiamiento no transforma automáticamente el modelo económico.

Tampoco puede desconocerse que las sanciones estadounidenses de 2019 y las restricciones financieras posteriores modificaron las condiciones de comercialización petrolera y reforzaron la búsqueda de circuitos alternativos. Esto fue mucho más determinante que un supuesto impulso autónomo por la diversificación. Los gobiernos chavistas solo han alejado al crudo venezolano de los mercados estadounidenses cuando han sido el mismo gobierno de los Estados Unidos quienes les ha expulsado. La recuperación actual de las relaciones estadounidenses demuestra que el destino geográfico de la renta petrolera puede cambiar sin que necesariamente cambie la estructura que la produce.

La declaración más relevante del discurso de Rodríguez aparece cuando presenta el acuerdo energético con Estados Unidos como un instrumento para contribuir al equilibrio del mercado internacional. Su importancia se comprende al contrastarla con el documento publicado por la Casa Blanca el 31 de agosto de 2026. La administración estadounidense anunció concesiones de cien años otorgadas a North American Blue Energy Partners sobre diecisiete campos petroleros venezolanos, con reservas probadas estimadas en aproximadamente 65.000 millones de barriles. Según la Casa Blanca, la estructura contractual contempla una participación del 35 % para una oficina del Departamento de Guerra estadounidense en la empresa matriz, derechos de adquisición del 20 % de la producción al costo de producción y preferencia para adquirir el volumen restante. También establece derechos de intervención en la gobernanza corporativa y prevé inversiones potenciales de hasta 100.000 millones de dólares.

El documento estadounidense presenta expresamente el acuerdo como parte de una estrategia de predominio energético hemisférico y expansión de la capacidad de suministro. Rodríguez, por su parte, lo presenta ante Naciones Unidas como una contribución a la estabilidad energética internacional. Ambas formulaciones se refieren al mismo proceso, aunque destacan objetivos diferentes. Estados Unidos enfatiza la seguridad de su abastecimiento, sus derechos económicos y su posición estratégica. Venezuela enfatiza la cooperación, la recuperación productiva y la contribución al mercado internacional. La participación extranjera en la industria petrolera venezolana no es nueva. Lo que requiere especial atención son la duración de las concesiones y los derechos económicos y de gobernanza comunicados por Washington. La diferencia entre propiedad formal de los recursos y capacidad efectiva de controlar su explotación, comercialización e ingresos adquiere aquí especial relevancia. La nueva etapa, por tanto, no puede analizarse únicamente en términos de recuperación productiva. También debe examinarse desde la distribución del poder económico sobre los recursos petroleros venezolanos.

La descarbonización forzada: Venezuela se alinea con el negacionismo climático propio de Donald Trump

La referencia al trilema energético constituye uno de los elementos conceptuales más interesantes del discurso. La formulación corresponde al marco desarrollado por el World Energy Council, que incorpora seguridad energética, equidad energética y sostenibilidad ambiental. Conozco bien este marco conceptual porque, en nuestra investigación publicada en Energy Policy en 2019, lo utilizamos para desarrollar una metodología de electrificación sostenible de comunidades rurales venezolanas. La diferencia está en el problema que se pretende resolver mediante ese instrumento. En nuestra investigación, el trilema permitió integrar la seguridad del suministro, la equidad energética y la sostenibilidad ambiental mediante tecnologías renovables, considerando las particularidades sociales, económicas e institucionales de las comunidades aisladas. En el discurso de Rodríguez, queda muy claro que el concepto aparece relacionado con los riesgos atribuidos por los conservadores estadounidenses a determinadas políticas socioambientales que los extremistas que niegan el inmenso impacto ambiental que el petróleo llama ahora “cronogramas de descarbonización forzada”. El marco conceptual es el mismo, pero su aplicación responde a objetivos distintos.

Desde la ingeniería energética, cuestionar una transición mal planificada es técnicamente legítimo. La sustitución de fuentes debe considerar la capacidad de generación, almacenamiento, transmisión, costos y confiabilidad del suministro. Sin embargo, esa discusión no elimina la necesidad de reducir las emisiones ni justifica por sí misma una expansión indefinida de los hidrocarburos. La cuestión es qué instrumentos concretos acompañan el argumento. Rodríguez anuncia un gran acuerdo de explotación petrolera, pero no presenta un programa comparable de desarrollo de energías renovables, reducción de emisiones o diversificación energética, por el contrario, se muestra contraria a una supuesta “descarbonización forzada”, un nuevo fantasma que los lobbies petroleros estadounidenses se han inventado para destruir las políticas de reducción de emisiones y anular la lucha contra el cambio climático.

El contraste es particularmente importante cuando se considera que Venezuela mantiene problemas ambientales directamente asociados a su producción de hidrocarburos. El Banco Mundial identificó nuevamente al país entre los nueve mayores responsables de la quema de gas asociado durante 2025, en un informe publicado en junio de 2026. La institución destaca que recuperar ese gas permitiría fortalecer el suministro energético y reducir emisiones contaminantes. En consecuencia, la discusión sobre seguridad energética venezolana también debería incorporar el aprovechamiento del gas desperdiciado, la eficiencia industrial, las pérdidas del sistema eléctrico y el desarrollo de recursos renovables. La crítica de Rodríguez a la descarbonización tiene además un punto de contacto con la política energética de Donald Trump. Desde enero de 2025, la administración estadounidense promovió la retirada del Acuerdo de París y la revisión de distintas restricciones ambientales y energéticas, priorizando la expansión de la producción nacional de hidrocarburos. La coincidencia se encuentra en la prioridad concedida a los hidrocarburos y en la crítica a determinadas políticas climáticas.

Eso no convierte automáticamente el discurso venezolano en negacionismo científico del cambio climático, pues Rodríguez reconoce expresamente la crisis climática pero sí permite identificar una convergencia con los sectores extremistas más conservadores en cuanto al tratamiento político de la descarbonización y la seguridad energética y un alejamiento de las propuestas de concientización ambiental y lucha contra el cambio climático que se esgrimen desde el Sur Global.

Conclusión: la renta cambia de destino, pero permanece en el centro del modelo

El discurso de Delcy Rodríguez permite distinguir entre la continuidad del modelo económico venezolano y las modificaciones de su estructura de relaciones internacionales. El chavismo proclamó durante décadas la necesidad de superar la dependencia petrolera, construir el ecosocialismo y desarrollar una economía productiva alternativa. Sin embargo, su trayectoria estuvo marcada por la centralidad de la renta petrolera, la discontinuidad de proyectos renovables, la expansión minera y, posteriormente, la introducción de instrumentos especiales de liberalización económica. La diferencia fundamental se encuentra en las condiciones de explotación, comercialización y participación extranjera, así como en el destino geopolítico de los hidrocarburos venezolanos, pero no en el modelo. Es el mismo modelo del chavismo inicial, del madurismo e incluso, es un modelo liberal aún más radical que el propuesto por la oposición liderada por María Corina Machado, en todo esto, no hay nada nuevo bajo el Sol.

El problema histórico de Venezuela no ha sido simplemente quién compra su petróleo, quién financia su explotación o qué gobierno administra su renta. Ha sido la persistencia de un modelo de desarrollo que coloca esa renta en el centro de la economía y condiciona a ella buena parte de sus relaciones políticas, institucionales e internacionales.