Delcy Rodríguez (d), habla con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, el 2 de septiembre de 2026, en Caracas. Fuente: EFE

Las preguntas que recurrentemente surgen sobre ¿quién controlará la industria y los ingresos petroleros? O ¿cómo se beneficiará Venezuela? deben contrastarse con la nítida evidencia de cómo se está reorganizando el saqueo del país, bajo otras estructuras y modalidades; de cómo se está consolidando un pacto imperial/oligárquico-nacional que está desestructurando la histórica República para impulsar una remodelación del país, que facilite una apropiación masiva de recursos naturales baratos, de territorios, rentas y excedentes y, eventualmente, fuerza de trabajo también barata. ¿Qué hacer?

I. Rasgos generales del Nuevo Acuerdo Petrolero Trump-Rodríguez: enormes reservas cedidas, NABEP y Departamento de Guerra

Desde el 28 de agosto pasado se anunció un enorme Acuerdo Petrolero entre el gobierno de Donald Trump y el interinato de Delcy Rodríguez, propuesto por el primero como el “más grande de la historia”. Trump afirmaba que EEUU tomaba control de una parte importante de las reservas petroleras venezolanas “sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”, y que se duplicaban y más las reservas de su país[1].

Semejantes anuncios contrastan con la ausencia de información detallada, más allá de algunas Hojas Informativas, discursos y post en redes sociales. Pero este vacío y arbitrariedades se han hecho ya una costumbre en la Venezuela de los últimos lustros: tanto en la forma de gestionar el país que existió en el gobierno de Maduro, como actualmente bajo la tutela estadounidense luego de la intervención militar del 3 de enero. Curiosas continuidades autoritarias.

Curioso también porque estas opacidades se basan específicamente en el aprovechamiento de nada más y nada menos que unos 65 mil millones de barriles de reservas probadas[2] de petróleo, lo que equivale a una quinta parte de las mismas. No hay precedentes de un acuerdo así en la centenaria historia petrolera nacional.

El Fact Sheet de la Casa Blanca del 31 de agosto[3] habla de concesiones de 100 años para 17 campos petrolíferos, aunque Delcy Rodríguez se refirió a 25 años de vigencia del acuerdo entre los dos países. Estos 17 campos están entre los mejores y en las regiones más productoras: varios proyectos del Lago de Maracaibo, otros también en el norte del estado Zulia; y otros en la Faja Petrolífera del Orinoco[4] (FPO). Aunque la mayor parte de ellos cuentan con capacidad instalada y de producción, otros pocos son proyectos aún por desarrollar.

Y hay mucho más: más allá de solo un acuerdo entre gobiernos, lo que tenemos es un marco binacional de pautas energéticas que será ejecutado y operacionalizado por una empresa venezolana no solo muy poco conocida hasta este acuerdo ‒nacida en 2024‒, sino que sus fundadores, y su actual CEO, Alejandro Betancourt, han estado envueltos en tramas de corrupción que han tenido enorme impacto en Venezuela. La empresa: North American Blue Energy Partners (NABEP)[5], con sede en Barbados, que pasaría súbitamente a ser la segunda compañía privada con mayores reservas del mundo. Betancourt fue presidente de la empresa Derwick Associates, célebre por estar involucrada en uno de los mayores casos de corrupción vinculado a la crisis eléctrica de Venezuela[6], que contribuyó a dejar el sistema nacional en la ruina, con los impactos humanitarios, sociales y económicos sabidos.

Alejandro Betancourt ha enfrentado investigaciones en Venezuela, además del propio Estados Unidos (EEUU), España y Suiza por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero; y ha sido arrestado dos veces en el Reino Unido en 2025 por solicitudes de extradición de España y Suiza[7]. De manera que aquí, nuevamente, hay que resaltar las continuidades de la corrupción y el autoritarismo en el interinato tutelado Delcy-Trump. Veníamos de años de obscuridad en la gestión petrolera venezolana durante el régimen de Maduro, donde proliferaban brokers, petroleros particulares desconocidos, empresas de maletín ‒también como mecanismo para burlar las sanciones internacionales. En este contexto ya operaba Betancourt junto a Harry Sargeant III, logrando contratos para diversas actividades en la industria petrolera venezolana, hasta llegar a la fundación de NABEP y la firma de acuerdos de esta con PDVSA y CVP en 2024. La “probada trayectoria” de esta empresa, a la que hace alusión el mencionado Fact Sheet de la Casa Blanca, se refiere a cómo NABEP logró remontar una cifra de producción total que alcanzó los 200.000 barriles diarios (Lago de Maracaibo y FPO)[8], pasando a ser la segunda mayor productora privada en Venezuela después de Chevron. En estas continuidades, se fue Alex Saab y reaparece Alejandro Betancourt.

Es muy emblemático y representativo de esta nueva/vieja fórmula de saqueo e impunidad, que sea precisamente una figura como la de NABEP la que vaya a ejecutar semejante acuerdo extractivo. Para el caso de Venezuela, da continuidad a un modelo oligárquico de ocultamiento, arbitrariedad y «capitalismo de amigotes» (crony capitalism) que puede potenciar el extractivismo y hacer persistir en el tiempo a la estructura de poder gobernante. NABEP entonces funciona como bisagra entre cadenas transnacionales de apropiación masiva de riqueza, a expensas de Venezuela.

Para el caso de Estados Unidos, nótese que su gobierno puede vetar el nombramiento de miembros del consejo de administración de NABEP; la mayoría de estos deben ser estadounidenses; mientras que los acuerdos y controversias se rigen por la legislación de ese país, y están sujetos a la jurisdicción de sus tribunales. Además, NABEP entrega el 35% de la participación en su empresa matriz a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de EEUU. Esto último es muy significativo, al evidenciar la lógica militar que atraviesa el acceso de los recursos expresada en la llamada ‘Doctrina Donroe’, donde los acuerdos se desarrollan mientras apunta el fuego de cañón; se insertan nuestros recursos en la clasificación de Reserva Estratégica de Petróleo, vista como un asunto de seguridad nacional que debe ser garantizada por el sector militar; y el crudo venezolano pasa con mucha más fuerza a nutrir la muy activa maquinaria de guerra global estadounidense.

Adicionalmente, se destaca que NABEP le otorga al Departamento de Estado de EEUU el derecho a comprar el 20% de la extracción de todos los yacimientos actuales y futuros que NABEP opere. La particularidad: ese 20% queda garantizado, y lo podrá comprar a precio de costo. Para el restante 80% de la producción, el Departamento de Estado posee ‘derecho de tanteo’ (“Right of first refusal”) para comprarlo prioritariamente, lo que de acuerdo a EEUU, garantiza una fuente de energía en el propio hemisferio ante situaciones de emergencia.

Finalmente, el Fact Sheet plantea abierta y explícitamente que con este acuerdo se expulsa a sus adversarios internacionales del hemisferio, haciendo referencia directamente a China ‒que operaba unos 5 yacimientos que están dentro del acuerdo[9]‒, Rusia y Cuba.

De modo que, en lo fáctico, NABEP es claramente un dispositivo de re-colonización territorial y del país; así como de disputa geopolítica.

II. Pacto neo-colonial y la remodelación de Venezuela

¿Cómo pasa, se cuela y establece tan dantesco acuerdo energético binacional, violando de esta forma la Constitución vigente, y pasándole por encima no solo a la tradición de nacionalismo petrolero construida por décadas, sino incluso a la historia de 215 años de la República de Venezuela? ¿Cómo semejante barbaridad puede estar concretándose?

Buena parte de las respuestas están en nuestra historia más reciente. Primero, el gobierno de Maduro gestionó de manera terrible la crisis económica que ya germinaba durante el gobierno de Chávez ‒quien profundizó el histórico modelo rentista petrolero, en franco agotamiento. Ya sabemos que el resultado ha sido el colapso de todo un país, potenciado por las sanciones internacionales. En paralelo, la premisa de Maduro de sostener el poder a toda costa implicó no solo instalar una dictadura de nuevo tipo en el país, sino desintegrar la democracia, las instituciones, los canales regulares de mediación política, la economía legal, y las alternativas políticas y económicas, con tal de alcanzar este objetivo. Todo esto dejó un país extremadamente vulnerable y fragmentado a la luz de la intervención militar estadounidense ocurrida el 3 de enero de 2026.

Segundo, esta intervención imperialista, que representa un parteaguas para la historia contemporánea de Venezuela, ha venido aboliendo la soberanía del país ‒o mejor dicho, lo que quedaba de ella. El gobierno de Trump es quien dicta las órdenes; y el gobierno de Rodríguez funge más bien como un administrador nacional, el más ideal y complaciente que puede tener hoy EEUU, el cual le garantiza además la gobernabilidad territorial ‒a diferencia de lo que puede ofrecerle María Corina Machado.

Desde Washington se han ordenado la profunda reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la nueva Ley de Minas, los nuevos acuerdos para recuperar el sistema eléctrico nacional, el anuncio del proceso de reestructuración de la deuda pública externa, la reconstrucción post-terremotos, y la decisión de cuando habrá elecciones y democracia. Desde Washington se manejan los ingresos petroleros del país, y se dicta cómo y cuándo se gastan. Así de simple.

El nuevo Acuerdo Petrolero es hijo de la convergencia, o mejor dicho, del pacto entre esta forma ‘brutalista’ (usando el término de Achille Mbembe[10]) de imperialismo que impulsa Trump, basado en la Doctrina Donroe, y un régimen autoritario y corrupto que ha preferido hipotecar el país para las próximas décadas con tal de conservar el poder y su seguridad. Se combinan, por tanto, dos estilos de autoritarismo ‒con sus propios mecanismos funcionales de poder y apropiación de riqueza‒ bajo una misma forma tutelada desde Norteamérica.

El nuevo Acuerdo Petrolero es hijo de este proceso de descomposición política que ya lleva años en Venezuela; y es la coronación de la capitulación y desmantelamiento del nacionalismo petrolero, que ya había iniciado con Maduro y que se termina de desatar con la intervención estadounidense. Los ‘Contratos de Participación Productiva’ (CPP) y el ‘Modelo Chevron’ en el país ya iniciaban años atrás, cuando en EEUU gobernaba Joe Biden, ofreciéndole el control de todo a las empresas privadas, algo inconstitucional. El injerto de los CPP en la estructura petrolera de negocios fue clave en la concepción y posterior elaboración de la reforma de la Ley de Hidrocarburos de este año. En el marco de los CPP y de dicha reforma, en realidad NABEP u otra empresa pueden ejercer cualquier actividad operativa en la cadena de valor, dominar fácticamente en los territorios, obtener recálculos de regalías e impuestos y manejar sus ingresos incluso en cuentas bancarias fuera del país. Para decirlo en los términos técnicos que ofrece la ley reformada: abordar la “gestión integral”[11] del negocio.

Son estos antecedentes y las evidencias que estamos constatando, los que pueden ayudar a responder las preguntas que recurrentemente surgen sobre ¿quién controlará la industria y los ingresos petroleros? O ¿cómo se beneficiará Venezuela? No es siquiera suficiente una interpretación puramente normativa o jurídica del leonino acuerdo, cuando lo que está prevaleciendo en el curso de los acontecimientos es el ejercicio del poder arbitrario de subordinación neocolonial, en estado puro, al desnudo, encadenado con el autoritarismo doméstico. Tampoco son suficientes los análisis basados en expectativas político-partidistas ‒un sector de la población, por ejemplo, tenía expectativas de democracia y ‘progreso’ con Trump, las cuales evidentemente se han venido desinflando. Menos aún aquellas interpretaciones referidas a promesas políticas superficiales de ‘crecimiento’ y ‘recuperación económica’ ‒tómese en cuenta que, si llegase a concretarse esos 200.000 millones US$ en regalías e impuestos en 25 años (unos 8.000 millones anuales), podrían representar apenas una quinta parte de los ingresos fiscales petroleros anuales (promedio) del período 2005-2009, sin saber además cómo y para qué se van a gastar (por ejemplo, estaremos forzados al pago de la deuda externa reestructurada en quién sabe qué condiciones), y a qué grupos beneficiará.

Preguntas como estas deben en realidad contrastarse con la nítida evidencia de cómo se está reorganizando el saqueo del país, bajo otras estructuras y modalidades; de cómo se está consolidando un pacto imperial/oligárquico-nacional que está desestructurando la histórica República para impulsar una remodelación del país, donde se configure un Estado-neocolonia que facilite una apropiación masiva de recursos naturales baratos, de territorios, rentas y excedentes y, eventualmente, fuerza de trabajo también barata. Puede ser útil revisar casos similares, como el de Irak después de la invasión de 2003 y la remodelación del Petro-estado de ese país[12].

Por estos objetivos, en esta fórmula no entran la democracia y los derechos. El citado Fact Sheet estadounidense es claro: “El crecimiento de la producción, el rendimiento y la inversión liderada por el sector privado en Venezuela es una condición previa fundamental para impulsar la continuidad de las reformas y la transición democrática tras el increíble éxito de la Operación Resolución Absoluta”[13]. Primero, garantizar la apropiación energética, luego lo demás. Solo que Trump, a pesar de la retórica de voceros estadounidenses sobre la ‘transición a la democracia’, el 2 de septiembre pasado ha repetido lo dicho en variadas ocasiones: “Venezuela no está lista aún para elecciones”[14]. No entran aquí la democracia, la separación de poderes, la independencia del Estado, el cumplimiento de la Constitución, pues son estorbos para los objetivos energéticos/económicos.

Esto, en el fondo, implica que no entran los venezolanos. Poco importan. No entra el respeto por sus decisiones, expresadas por ejemplo en las elecciones del 28 de julio de 2024. No entran sus derechos sociales y laborales. Ni hablar del ambiente, ámbito absolutamente invisibilizado en este conflicto. Ni pensar en lo que sería la gobernanza ambiental del Acuerdo Petrolero; en lo que serán los derrames y accidentes dentro del marco de la agonía del estado de derecho, y del temible prontuario de las corporaciones estadounidenses por todo el mundo. Mucho menos pensar en lo que significa que vayan a ser quemados esos 11.000 millones de barriles de petróleo tan impunemente, mientras la crisis climática se agudiza, y Venezuela (como el resto de países de América Latina) está a las puertas de enfrentar en pocas semanas el llamado “Super Niño”, uno sin precedentes.

En síntesis, la ocurrencia de este mega Acuerdo Petrolero termina de confirmar las cosas para quienes tenían dudas. Conecta las pretensiones geopolíticas expresadas en el documento de Seguridad Nacional de noviembre de 2025 y en la iniciativa ‘Pax Silica’, con el anuncio en el Fact Sheet del 31 de agosto de 2026 que plantea que “Este acuerdo garantiza nuestro dominio energético para el próximo siglo”. El acuerdo es también hijo de este nuevo contexto geopolítico extraordinariamente conflictivo en torno a recursos estratégicos, cadenas de suministro y áreas de influencia; y determinado por fuerzas políticas muy regresivas que quieren acabar con la democracia como modelo político, mientras la crisis civilizatoria global no hace sino agudizarse.

Recordando la célebre reunión de Trump con las grandes petroleras para hablar de Venezuela, el 9 de enero de este año, se ve con más nitidez cuál era la estrategia para dar tranquilidad a sus preocupaciones y garantizar las ‘long term investments’: enraizar y amarrar el hipotecamiento de todo un país para las próximas décadas. Solo así podría eventualmente hacerse realidad esa garantía de energía estable, confiable y barata, en tiempos de ‘emergencias’ y confrontación geopolítica.

III. ¿Qué hacer? Desde una perspectiva soberana y popular

Familiares de presos políticos participan en la protesta "¿Cuánto petróleo nos cuestan nuestros presos?". Sept-2026. Fuente: JUAN BARRETO / AFPReconociendo los enormes desafíos que están ante nosotros, y a modo de contribución a una discusión colectiva, avanzo sobre 7 aspectos para abordar nuestra coyuntura:

El acuerdo petrolero ha generado una muy amplia y diversa expresión de voces críticas, que han reaccionado con indignación y rechazo. Economistas y académicos de diferentes tendencias políticas, exministros de los gobiernos anteriores a Chávez, sectores críticos del chavismo, algunos sectores de oposición y María Corina Machado, izquierdas y sectores sindicales, organizaciones sociales y derechos humanos, entre otros. Es crucial encontrar espacios de encuentro de estas voces, procurando la conformación de un frente nacional que, desde declaraciones, campañas y acciones, se opongan a este acuerdo en nombre del respeto a la Constitución. Se reconoce que existen diferencias entre estos actores, y no todos rechazan el acuerdo por las mismas razones, pero del mismo modo la gravedad de la situación exige una respuesta amplia, diversa y masiva.
El acuerdo se sostiene básicamente por la fuerza y poder imperial de EEUU, unido al régimen autoritario que aún predomina en Venezuela. Pero tiene pies de barro debido a su carácter inconstitucional, a estar tomándose las decisiones en el marco de un gobierno ilegítimo, a estar plagado de irregularidades y opacidades, llevado adelante además por una empresa con directivas que cargan graves acusaciones de corrupción, y por lesionar considerablemente los intereses del país. Además, varios senadores demócratas y algunos exfuncionarios estadounidenses han también planteado cuestionamientos al acuerdo; mientras que muchas de las grandes petroleras han manifestado dudas respecto al mismo y a la bizarra participación de Betancourt[15]. Queda, adicionalmente, la interrogante de qué vaya a pasar con el gobierno de Trump, si una debacle electoral se produjera en las mid-term de noviembre de este año.
Partiendo de estas premisas, son determinantes las acciones que subrayen la ilegitimidad e ilegalidad del acuerdo; y que sirvan como base para acciones políticas y judiciales que podrían prosperar si se desarrollaran condiciones y contextos país más propicios (como la reactivación de la democracia y de las capacidades concretas de interpelación política y ciudadana). Esto, hay que decirlo, no es algo que necesariamente pueda darse en cortos plazos.
Insistir en el retorno de la vía electoral en el más corto plazo, lo que puede contribuir además a crear mejores condiciones para la movilización popular, y la concreción de las demandas de democracia y derechos que tiene la sociedad venezolana. Es crucial que el nuevo Consejo Nacional Electoral sea de consenso y reconocido por el país, para que tenga sentido y validez la elección.
Semejantes peticiones no serán posibles sin la movilización y la exigencia de la sociedad. Se reconoce que las condiciones materiales de la población son notablemente precarias y se mantienen mecanismos de censura desde el Estado. Pero, como contraste, hay un enorme descontento popular y un hartazgo respecto a los actores político-partidistas predominantes, lo que se traduce en un gran deseo de cambio y, sobre todo, de recuperación de las condiciones mínimas de vida[16]. Adicional a esto, las extendidas expresiones de solidaridad que se dieron en los terremotos y posterior a ellos, revelan una sustancia popular muy positiva que requiere apoyos para su organización y articulación.
Desde una visión de mediano y largo plazo, Venezuela requiere la construcción de una oposición política alternativa, más allá de los liderazgos actuales, incluyendo a María Corina Machado. Aunque Machado es aún hoy la líder que logra mayor respaldo y conglomera un parte relevante de la población, su programa económico no se distancia del formato entreguista del gobierno chavista, así como tampoco lo hace su subordinación política al gobierno de Trump. Quienes no seguimos este enfoque, reconocemos la imperiosa necesidad de la construcción de esta oposición alternativa que defienda las reivindicaciones populares históricas (enfoques hacia las clases más desfavorecidas, salud y educación pública, soberanía sobre la economía nacional, inclusión y participación social, entre otras) y ambientales, subrayando los graves problemas ecológicos que nos aquejan y la urgencia de abordar la crisis climática.
Hay también una disputa cultural y en torno a los sentidos comunes que hay que abordar. Esto implica re-fortalecer los ideales de democracia, que han sido muy vulnerados en el régimen de Maduro y con la intervención estadounidense. Proponer miradas alternativas sobre la reconstrucción de Venezuela, que destaque la importancia de la economía, pero que también resalte que nuestro país es mucho más que petróleo, crecimiento del PIB y e indicadores macroeconómicos. Venezuela es también sus economías locales y regionales ‒que han ayudado a sostener buena parte del país cuando la economía nacional colapsó‒; sus territorios y ecosistemas, que surten de vida a la sociedad; su tejido social, sus comunidades y sus diversas identidades culturales, que nutren no solo la memoria colectiva sino también la venezolanidad; y en última instancia, la dignidad popular que ha marcado la historia nacional, llena de luchas por la justicia y la libertad. Esto puede además alimentar otras visiones de soberanía, más allá de pensarla solamente desde la centralidad del Estado, para comprenderla del mismo modo como las voluntades, participación, acción y autonomía de la población. ‘Recuperar Venezuela’ debe inscribirse en un horizonte donde se pueda ampliar el bienestar y el sostenimiento de la vida de las grandes mayorías, como elementos centrales.

*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo e investigador de la Universidad Central de Venezuela, Phd en Ciencia y Tecnología Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro y fundador del Observatorio de Ecología Política de Venezuela

NOTAS

[1] https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117175567133618952

[2] Se debe destacar que esta cifra está calculada a partir de un factor de recobro de 20%, el cual, al menos en Venezuela, no ha sido en realidad alcanzado, por lo que este nivel de reservas es, al menos, objeto de controversias. Otra cuestión a discutir es si dichas reservas se pueden explotar todas.

[3] https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/08/fact-sheet-president-donald-j-trump-announces-historic-oil-agreement-to-secure-american-energy-dominance-and-drive-venezuelas-economic-recovery/

[4] Entre los yacimientos se encuentran: Lagunillas Lago, Lagocinco, Sinovenezolana, Lagomar, Tía Juana Lago, Rosa Mediano, Lagomedio, Petrozamora, Petrocedeño, Junín Sur, Boyacá 8 y 5, Junín 1, 3 y 11, y Ayacucho 6 y 7. Más info: https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/venezuela/acuerdo-entre-eeuu-y-venezuela-desplaza-a-operadores-sancionados-por-washington-de-17-yacimientos/

[5] https://www.nabep.net/

[6] Véase documentación del caso en: https://armando.info/este-sargento-de-florida-es-el-plan-b-de-maduro-con-bolichico-incluido/; y https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2025/10/El-bolichico-Alejandro-Betancourt-Lopez-pagara-cuentas-a-la-justicia.pdf

[7] https://elpais.com/america/2026-09-03/los-acuerdos-petroleros-de-estados-unidos-y-venezuela-opacos-y-millonarios.html

[8] https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/venezuela/quien-es-alejandro-betancourt-el-controvertido-empresario-al-que-trump-confia-el-petroleo-venezolano/

[9] https://www.reuters.com/business/energy/under-us-venezuela-oil-deal-some-chinese-russian-operators-lose-out-officials-2026-08-31/

[10] Mbembe, historiador camerunés, publicó su libro “Brutalismo” en 2020, donde analiza las nuevas tendencias de un sistema global que despliega violencia desinhibida y sin límites, que contabiliza y digitaliza las tramas de la vida, y la convierte a la humanidad en materia y energía. https://www.planetadelibros.com.ec/libro-brutalismo/347266

[11] Véase mi artículo anterior: Análisis integrado de la reforma a la Ley de Hidrocarburos en Venezuela: tendencias, significados e implicaciones. https://ecopoliticavenezuela.org/analisis-integrado-de-la-reforma-a-la-ley-de-hidrocarburos-en-venezuela-tendencias-significados-e-implicaciones/

[12] Véase: Muttitt, Greg (2011) Fuel on the fire: oil and politics in occupied Iraq. London: Bodley Head. También: Le Billon, Philippe (2015) ‘The Contested Politics of Iraq’s Oil Wealth’, in Isakhan B. The Legacy of Iraq: From the 2003 War to the ‘Islamic State’. Edinburgh University Press.

[13] Original: “Private-sector led growth in production, output, and investment in Venezuela is a key precondition to driving continued reform and democratic transition following the incredible success of Operation Absolute Resolve”.

[14] https://elpais.com/us/2026-09-02/donald-trump-advierte-de-que-venezuela-no-esta-preparada-para-ir-a-elecciones.html

[15] https://www.reuters.com/business/energy/trumps-oil-deal-with-venezuela-raises-red-flags-some-major-producers-sources-say-2026-09-01/

[16] Véase los resultados de la última encuesta de Datincorp: https://diarioversionfinal.com/politica-dinero/datincorp-81-de-los-venezolanos-no-se-siente-representado-por-ningun-liderazgo-politico/