Imagen referencial de instalaciones de NABEP. Fuente de la imagen: https://www.nabep.net/

Más de una década después del desfalco de Derwick al sector eléctrico venezolano, en abril de 2024, aparece NABEP, creada por Harry Sargeant III y Alejandro Betancourt y firmando Contratos de Participación Productiva con PDVSA. Incluso existe una continuidad física reveladora entre las dos empresas: la sucursal de NABEP en Caracas fue registrada en la misma oficina de Torre Kyra que anteriormente había utilizado Derwick Associates.

Hace pocos días publiqué en este mismo espacio un artículo titulado “Reconstrucción eléctrica al estilo USA: IMPSA, GE, Siemens y la exclusión después del saqueo”, en el que intentaba advertir sobre algo que comienza a hacerse cada vez más evidente: el cambio político ocurrido en Venezuela no necesariamente significa el final de los mecanismos de apropiación de la renta nacional, sino posiblemente su reorganización bajo nuevos actores, nuevas alianzas y una arquitectura internacional mucho más sólida. Entonces escribí que el nuevo esquema podía ser menos improvisado que el construido durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y que, precisamente por eso, podía resultar más efectivo en sus propósitos y duradero. Los acontecimientos de los últimos días parecen confirmar aquella preocupación.

El denominado por la Casa Blanca “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” tiene como protagonista empresarial a una compañía que hasta hace muy poco era prácticamente desconocida para la mayoría de los venezolanos: North American Blue Energy Partners (NABEP). Pero NABEP tiene detrás un nombre que sí deberíamos recordar, el de Alejandro Betancourt. El mismo empresario que apareció al frente de Derwick Associates durante la emergencia eléctrica venezolana de 2009-2011; la misma trama empresarial que recibió miles de millones de dólares en contrataciones eléctricas otorgadas sin licitación; el mismo grupo de empresarios que pasó de tener poca o ninguna experiencia conocida en generación eléctrica a convertirse, en cuestión de meses, en uno de los mayores contratistas energéticos del Estado venezolano. Hoy ese empresario reaparece, ya no alrededor de unas cuantas plantas termoeléctricas. Ahora aparece alrededor de 65.000 millones de barriles de petróleo. Y eso cambia completamente la escala del problema.

En marzo de 2020 publiqué para el Observatorio de Ecología Política de Venezuela el artículo “¿Cuánto dinero se perdió por el desfalco eléctrico en 20 años de revolución bolivariana?”. En aquel análisis estimé que durante los primeros veinte años del período bolivariano se habían movilizado alrededor de 105.000 millones de dólares hacia el sector eléctrico venezolano. Según las estimaciones del ingeniero José Aguilar que utilicé entonces, más del 65% de ese gasto se habría producido después de decretada la emergencia eléctrica en 2010. Conviene aclarar nuevamente qué significa esa cifra. No son 105.000 millones de dólares judicialmente demostrados como robados por una única empresa o por un único grupo de funcionarios. Es la magnitud estimada del gigantesco volumen de recursos invertidos, gastados, contratados o comprometidos alrededor del sistema eléctrico durante aquellos años.

Dentro de esa enorme cantidad hubo obras realizadas, centrales construidas, transmisión, generación, mantenimiento, proyectos inconclusos, sobrecostos, abandono, corrupción, equipos que nunca llegaron a funcionar adecuadamente y una enorme cantidad de dinero cuya trazabilidad pública continúa siendo deficiente. El resultado material, sin embargo, es incontestable. Después de semejante movilización de recursos, Venezuela terminó con un sistema eléctrico severamente deteriorado, una generación termoeléctrica con niveles extraordinarios de indisponibilidad, una red de transmisión debilitada, proyectos hidroeléctricos inconclusos y millones de ciudadanos sometidos durante años a apagones y racionamientos. En mis artículos de 2019 y 2020 insistí repetidamente en esta contradicción: Venezuela gastaba cifras propias de una gran potencia energética pero obtenía servicios eléctricos propios de una economía en colapso. Y dentro de aquel proceso nació Derwick.

La historia de Derwick Associates debería enseñarse como caso de estudio sobre las relaciones entre renta petrolera, emergencia administrativa y capitalismo de conexiones en Venezuela. Alejandro Betancourt tenía aproximadamente 29 años y Pedro Trebbau 26 cuando constituyeron Derwick. A pesar de que no se encontró evidencia de experiencia previa de ambos en el sector energético, la empresa sostuvo que sus accionistas y colaboradores poseían experiencia suficiente y el ascenso de Derwick fuese meteórico. Entre 2009 y 2011 obtuvo en aproximadamente catorce meses contratos superiores a 5.000 millones de dólares, correspondientes, entre otros proyectos, a once instalaciones de generación eléctrica. La emergencia eléctrica decretada por Hugo Chávez permitió que muchas de aquellas contrataciones se realizaran sin procedimientos competitivos ordinarios. Aquí encontramos una característica recurrente de la historia económica venezolana reciente:

primero se declara una emergencia (eléctrica, alimentaria, sanitaria, etc);
la emergencia suspende los controles;
la suspensión de controles permite adjudicaciones extraordinarias;
y alrededor de esas adjudicaciones aparecen empresarios extraordinariamente prósperos.

Después llegan los sobrecostos, las obras inconclusas y las explicaciones. Transparencia Venezuela calculó posteriormente que once de los proyectos de Derwick analizados debieron costar aproximadamente 2.100 millones de dólares, mientras que la factura asociada ascendía alrededor de 5.000 millones, estimando un sobreprecio aproximado de 138%, equivalente a unos 2.900 millones de dólares. Derwick negó públicamente esos cálculos, afirmó que sus precios eran competitivos y sostuvo que sus costos respondían a las condiciones extraordinarias de la emergencia venezolana. Aunque, es importante dejar constancia de esa defensa y recordar que Betancourt no ha sido condenado judicialmente por esos hechos, la ausencia de una condena no obliga a los investigadores, periodistas, académicos ni ciudadanos venezolanos a padecer amnesia. Porque los contratos existieron, las adjudicaciones directas y las plantas también existieron, todos, con unos sobrecostos que fueron documentados por organizaciones independientes mientras que lo más evidente es que el sistema eléctrico quedó, después de la emergencia eléctrica y estas acciones, absolutamente destruido, saqueado y desmantelado. Lo que quiero señalar es que para comprender la dimensión política del problema no es necesario que los delitos hayan sido demostrados ni es necesario atribuir responsabilidades judiciales que no han sido establecidas: los hechos conocidos son suficientemente graves por sí solos.

El bolichico eléctrico se hizo ahora petrolero

En 2011, mientras todavía se desarrollaba el gigantesco negocio eléctrico, Alejandro Betancourt y Francisco Convit aparecieron como directores de Derwick Oil & Gas Corporation, constituida en Barbados. A través de esa estructura empresarial comenzaron a adquirir intereses vinculados con los campos que posteriormente integrarían Petrozamora, en el estado Zulia. Investigaciones de Armando.info han reconstruido cómo Derwick Oil & Gas transfirió posteriormente activos hacia otras estructuras empresariales vinculadas a Betancourt y cómo este entramado acabó asociado con Gazprombank Latin America Ventures y con Petrozamora. Este es el antecedente genealógico de la actual North American Blue Energy Partners (NABEP), este dato resulta fundamental, porque la actual concesionaria de los 65.000 millones de barriles de petróleo otorgados por el gobierno de Delcy Rodríguez, en el mayor acuerdo energético de la historia, según la Casa Blanco, no representa la llegada de Alejandro Betancourt al negocio petrolero venezolano sino su regreso ampliado. Su primera aventura petrolera nació mientras Derwick todavía acumulaba contratos dentro de la emergencia eléctrica venezolana.

Más de una década después del desfalco de Derwick al sector eléctrico venezolano, en abril de 2024, aparece NABEP, creada por Harry Sargeant III y Alejandro Betancourt y firmando Contratos de Participación Productiva con PDVSA. Incluso existe una continuidad física reveladora: la sucursal de NABEP en Caracas fue registrada en la misma oficina de Torre Kyra que anteriormente había utilizado Derwick Associates. Pero la conexión importante no es la dirección de una oficina, es Petrozamora.

El contrato NABEP-PDVSA hace referencia a un acuerdo confidencial del 17 de abril de 2024 entre PDVSA, CVP, NABEP, Alejandro Betancourt y Harry Sargeant III, mediante el cual se establecieron nuevas condiciones para operar Petrozamora. Por eso presentar a NABEP como una empresa completamente desligada de Derwick es absolutamente ingenuo, la evolución del operador financiero privilegiado del sector energético de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Alejandro Betancourt, tiene una genealogía muy clara:

Derwick Associates → Derwick Oil & Gas → estructuras petroleras vinculadas a Betancourt → Petrozamora → NABEP. Cambian las razones sociales pero permanece Alejandro Betancourt.

De los megavatios a los 65.000 millones de barriles

Y entonces llegamos al acuerdo anunciado el 31 de agosto de 2026. La Casa Blanca informó que las autoridades venezolanas han concedido a NABEP derechos por 100 años sobre 17 campos petroleros que contienen aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas. Reuters confirma que NABEP está controlada actualmente por Alejandro Betancourt y que estos campos representan alrededor de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas. Hay que detenerse un momento ante esa cifra: Sesenta y cinco mil millones de barriles. Estamos hablando de una cantidad de petróleo superior al total de las reservas probadas actualmente atribuidas al territorio estadounidense, que la propia Casa Blanca sitúa aproximadamente en 46.000 millones de barriles. Y el plazo anunciado es de cien años. No estamos hablando de un contrato de servicios, no estamos hablando de contratar una empresa para perforar veinte pozos, no estamos hablando de una concesión marginal. Estamos hablando de colocar durante un siglo una fracción gigantesca de la riqueza petrolera venezolana bajo una estructura privada encabezada por NABEP. Y NABEP, insisto, está controlada por Alejandro Betancourt. El contraste histórico es grotesco. Uno de los empresarios más representativos del período de contrataciones eléctricas extraordinarias de la era Chávez reaparece ahora como beneficiario de probablemente la mayor concentración privada de derechos petroleros otorgada en la historia contemporánea venezolana. Parece que en Venezuela ciertos empresarios nunca pierden, solo cambian de negocio.

Estados Unidos no es simplemente comprador: es socio

Según la propia Casa Blanca, NABEP concederá a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de los Estados Unidos una participación del 35% en su empresa matriz. Además, Estados Unidos tendrá derecho a adquirir 20% de toda la producción de NABEP a costo de producción y tendrá derecho preferente para adquirir el 80% restante; dispondrá de poder de veto sobre los nombramientos de la junta directiva y la mayoría de los integrantes de esa junta deberá ser estadounidense. Conviene traducir esta arquitectura del lenguaje corporativo al lenguaje político. El Gobierno de Estados Unidos pasa a convertirse en socio corporativo de una compañía controlada por Alejandro Betancourt. El mismo Betancourt cuya trayectoria empresarial venezolana está asociada directamente con Derwick y esto produce una paradoja extraordinaria. La Casa Blanca sostiene que este nuevo esquema servirá para desplazar de los campos venezolanos a empresas rusas, chinas y a quienes denomina socios corruptos de los gobiernos de Chávez y Maduro. Pero para realizar esa operación ha escogido precisamente como vehículo a la compañía controlada por uno de los empresarios más emblemáticos del sistema de contrataciones opacas, turbias y extraordinarias del propio chavismo. No estamos ante una ruptura limpia con el viejo modelo, estamos observando una recomposición de sus beneficiarios de siempre. Los antiguos intermediarios nacionales no desaparecen, son reciclados, consiguen nuevos socios y, en este caso, acaban asociándose con el propio Gobierno estadounidense que ahora tutela al gobierno interino de Venezuela.

El Gobierno de Donald Trump presenta el acuerdo utilizando expresiones como “estabilización”, “reconstrucción” y “transición democrática”. Son las palabras del Gobierno estadounidense. No tienen por qué ser las nuestras. Desde la perspectiva de la economía política venezolana, lo que tenemos delante se parece mucho más a una redistribución del control sobre la renta petrolera. Venezuela llega a esta negociación después de décadas de destrucción institucional, descapitalización de PDVSA, pérdida de capacidad técnica, corrupción, sanciones, emigración masiva de personal calificado y debilitamiento extremo del Estado. La historia económica demuestra que los países negocian sus recursos de acuerdo con las relaciones de poder existentes en el momento de la negociación y Venezuela está negociando desde una posición extraordinariamente débil. Reuters ha señalado además que el diseño del acuerdo ha generado inquietudes por su falta de transparencia, ausencia de un proceso competitivo abierto y dudas jurídicas acerca de su estructura.

Si realmente se tratara de obtener las mejores condiciones posibles para Venezuela, ¿por qué entregar semejante volumen de reservas a NABEP? ¿Por qué no realizar una competencia internacional? ¿Por qué una empresa constituida apenas en 2024 recibe derechos durante cien años sobre 17 campos? ¿Por qué NABEP y no Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, ENI, Shell, Equinor, TotalEnergies o cualquier consorcio seleccionado mediante un procedimiento internacional transparente? No basta con responder que NABEP ya produce petróleo en Venezuela. Estamos hablando de 65.000 millones de barriles. Una concesión de semejante magnitud exige estándares institucionales extraordinarios.

En Venezuela llevamos décadas cambiando el nombre de los mecanismos sin modificar suficientemente su naturaleza. Durante la emergencia eléctrica se argumentó que no había tiempo para licitaciones porque el país necesitaba megavatios urgentemente. Así aparecieron contratos extraordinarios, intermediarios extraordinarios, fortunas extraordinarias y después aparecieron plantas indisponibles. Hoy se nos presenta otra emergencia. Ahora hay que aumentar rápidamente la producción petrolera, atraer capital y restablecer infraestructura y nuevamente aparece el argumento de la urgencia. Nuevamente aparecen contratos extraordinarios, nuevamente aparece una estructura privada privilegiada y, de manera casi increíble, reaparece incluso uno de los mismos empresarios: Alejandro Betancourt.

En mi artículo del pasado 25 de agosto advertía que alrededor de la recuperación del sistema eléctrico venezolano se estaba construyendo un gigantesco negocio. No porque reparar infraestructura sea innecesario sino porque quien controla la financiación de la recuperación puede terminar controlando también los flujos económicos que produce esa infraestructura. El mismo principio vale para el petróleo, un país debilitado primero pierde capacidad para operar sus recursos y después necesita capital urgentemente. Quien dispone del capital impone las condiciones y finalmente la pérdida de soberanía se presenta como única alternativa pragmática. Ese mecanismo puede ser muchísimo más sofisticado que el saqueo desordenado que caracterizó buena parte de la era Chávez-Maduro, precisamente por eso puede ser más planificado, articulado e inteligente. El saqueo torpe de la era Chávez-Maduro destruye el activo que explota, ll saqueo inteligente procura conservarlo, mantener el esquema de enriquecimiento descarnado, cínico y desequilibrado, en el tiempo. No hace falta destruir PDVSA físicamente para vaciar de contenido la soberanía petrolera, basta con trasladar progresivamente el control económico, financiero, comercial y contractual hacia estructuras externas.

Probablemente este sea el aspecto más difícil de explicar a los venezolanos, después de la experiencia de Derwick; después de miles de millones de dólares en contratos eléctricos; después de las investigaciones sobre sobreprecios; después del colapso del Sistema Eléctrico Nacional; después de que durante años una generación completa de venezolanos aprendiera a organizar su vida alrededor de apagones; el Estado venezolano no aparece auditando públicamente esa historia para determinar responsabilidades. Sino que uno de sus principales protagonistas empresariales reaparece recibiendo una de las mayores oportunidades económicas jamás concedidas a un privado en Venezuela.

También habrá que decir algo incómodo respecto de Estados Unidos. Durante años Washington convirtió la corrupción venezolana en uno de sus principales argumentos contra los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Ahora tiene la oportunidad de demostrar qué significa realmente combatir ese modelo, pero su decisión inicial resulta inquietante. La administración de Donald Trump no ha escogido únicamente asociarse con Chevron, ExxonMobil o alguno de los grandes operadores internacionales sometidos durante décadas al escrutinio de los mercados públicos sino que ha decidido convertirse en socio institucional de una estructura empresarial controlada por Alejandro Betancourt. Políticamente, resulta difícil formularlo de manera más suave: el Gobierno estadounidense ha terminado asociándose con uno de los principales beneficiarios empresariales del período de opacidad y contrataciones extraordinarias que acompañó al saqueo del sistema eléctrico venezolano.

Nuestro problema histórico nunca ha sido exclusivamente quién administra la renta. Nuestro verdadero problema ha sido el modelo basado en la apropiación de esa renta por pequeñas estructuras políticas, burocráticas y empresariales. Durante unos años esas estructuras estuvieron alrededor de PDVSA y de las élites bolivarianas. Ahora corremos el riesgo de trasladarlas hacia una combinación de empresarios venezolanos reciclados, capital privado estadounidense y poder geopolítico extranjero. Eso no constituye una superación del rentismo. Es su internacionalización. Después de décadas denunciando el rentismo petrolero venezolano, podemos terminar construyendo una estructura todavía más dependiente del petróleo, pero con una proporción creciente de su control económico fuera del país. No es necesario celebrar semejante proceso simplemente porque algunos de sus nuevos protagonistas hablan inglés en lugar de ruso o chino (aunque ni con rusos ni con chinos se hizo nada ni remotamente semejante a esto). Para Venezuela, la pregunta continúa siendo exactamente la misma: ¿quién controla el recurso, quién asume los costos, quién recibe la renta y qué queda finalmente para la sociedad venezolana?

Y, sobre todo, por qué una persona con la trayectoria empresarial de Alejandro Betancourt termina nuevamente colocada exactamente donde circula la mayor renta del país. En Venezuela ya vivimos una emergencia eléctrica utilizada para justificar contratos extraordinarios. Sabemos cómo terminó. Sería una temeridad histórica aceptar ahora, sin preguntar, una emergencia petrolera utilizada para justificar concesiones extraordinarias. El nombre empresarial cambió, antes se llamaba Derwick, ahora se llama NABEP pero Alejandro Betancourt sigue allí y esta vez no estamos hablando de turbinas, estamos hablando de 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano a ser explotados durante 100 años.