El pasado 18 de junio se produjo una visita inesperada al país. Dinorah Figuera, presidenta de la extinta Asamblea Nacional elegida en el año 2015, llegó a Maiquetía acompañada de algunos de los diputados de dicho parlamento.

De manera insólita, y como algo muy normal, afirmó ante los periodistas que: «Yo estoy asumiendo una invitación que me hace el Departamento de Estado para asumir los desafíos que van a dirimir las diferencias, pero a tener congruencias y coincidencias en los temas de tener un CNE creíble». Incluso fue más lejos y dejó en claro que Estados Unidos le había encomendado la tarea de negociar con el gobierno de Delcy Rodríguez, la conformación de un Consejo Nacional Electoral “creíble”.

Lo primero que hizo al llegar a Venezuela fue reunirse con el encargado de negocios de los Estados Unidos, John Barret, incluso antes de hacerlo con Jorge Rodríguez, presidente de la actual Asamblea Nacional. Suponemos que la reunión con Barret fue para recibir las últimas instrucciones de sus amos.

Es decir, con total desfachatez, reconoce que viene mandata por el gobierno del ultraderechista Donald Trump, para iniciar un proceso que solo le concierne a las venezolanas y venezolanos. Mayor injerencia de Estados Unidos, y sumisión por parte de Figuera, imposible.

Este proceso, que significaría el inicio del tercer momento (democratización) del plan de tres fases trazado por Trump y hecho público por su secretario de Estado, Marcos Rubio, se comenzó a delinear desde el pasado 22 de abril cuando Figuera se reunió en Washington con el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kozac.

Llama la atención que menos de un mes antes de la entrada en escena de Dinorah Figuera, la Plataforma Unitaria Democrática, que integra a los principales partidos de la oposición burguesa, en una reunión realizada en Panamá con los auspicios del ultraderechista José Raúl Mulino, designara a María Corina Machado como la encargada de iniciar las negociaciones con el gobierno venezolano para iniciar una eventual transición democrática.

Todo esto fue echado por tierra por el gobierno de Donald Trump, designando a Figuera como la encargada de las negociaciones con el chavismo, y dejando en claro que quien pone las pautas y condiciones es Estados Unidos.

El pasado 12 de agosto culminó el primer ciclo de conversaciones de la mesa de diálogo instalada entre el gobierno y la Asamblea Nacional actual y representantes de la Asamblea Nacional de 2015. Ante ello, el Departamento de Estado expresó en redes sociales su satisfacción por las conversaciones, y le dio un espaldarazo al proceso que nuevamente deja fuera de la jugada a María Corina Machado, que ante el hecho consumado, no le quedó más remedio que decir que no pondría obstáculos al proceso de dialogo.

Recientemente Henry Ramos Allup, dirigente de Acción Democrática, cuestionó este proceso de diálogo, argumentando que en el mismo solo participan dos partidos de la Plataforma Unitaria (Primero Justicia y Voluntad Popular), poniéndose en evidencia nuevamente las profundas grietas que cruzan a la oposición patronal.

Desde el Partido Socialismo y Libertad decimos que este supuesto proceso de diálogo entre un sector de la oposición patronal y el gobierno, no es más que un nuevo capítulo del pacto entreguista del chavismo con Trump. Una vuelta de tuerca más al tutelaje y control que ejerce Estados Unidos sobre nuestro país, con la anuencia y el beneplácito de un gobierno que desde el pasado 3 de enero capituló en toda regla ante el imperialismo estadounidense.

Se trata de un falso diálogo, impuesto por Estados Unidos, con representantes escogidos por Trump y Rubio, muy alejado de los intereses y necesidades del pueblo trabajador venezolano. El PSL rechaza estos diálogos, que no son más que otra expresión vergonzosa de la sumisión del gobierno de Delcy Rodríguez a los designios imperialistas. Trump y Delcy Rodríguez tratan de canalizar el repudio generalizado al gobierno, y buscan evitar que el pueblo con su movilización los desborde.

Como era de esperar, en estos diálogos están completamente ausentes los principales problemas de los trabajadores y los sectores populares. Nada se dice sobre los salarios miserables, no hay ningún plan para frenar la devaluación de la moneda y la inflación. Ni una palabra sobre los continuos apagones, sobre la escasez de agua, gas y gasolina, nada sobre la recuperación de Pdvsa y las empresas básicas, mucho menos sobre el desastre de la educación y la salud.

El PSL está totalmente de acuerdo en que es necesario recuperar las libertades democráticas conculcadas en la última década, pero esto debe ser potestad del pueblo venezolano e impuesto con la lucha y movilización independiente del gobierno y de los partidos patronales y proimperialistas.

Sin duda es urgente la convocatoria a elecciones democráticas y transparentes, pero para ello son condiciones previas que se eliminen todas las leyes con las que se persigue a los que disienten y criminaliza a los que luchan; exigimos el desmantelamiento de los cuerpos represivos; hay que liberar a todos los presos que aún permanecen detenidos por oponerse al gobierno o luchar por sus derechos; que se reenganche a las y los trabajadores despedidos; es necesario legalizar a todos los partidos políticos sin excepción, eliminar todos los obstáculos seudolegales que hacen casi imposible que un partido se legalice; hay que eliminar las llamadas “inhabilitaciones políticas”; permitir el regreso seguro de todos los exiliados. Es necesario que se faciliten las elecciones en todos los sindicatos y federaciones, que se discutan las contrataciones colectivas vencidas, tanto en el sector público como en el privado, que se respete el derecho a huelga, la libertad sindical y la autonomía de los sindicatos, federaciones y centrales sindicales.

Desde el Partido Socialismo y Libertad planteamos que debemos movilizarnos para recuperar las libertades democráticas e imponer con la lucha un Plan Obrero y Popular de emergencia. ¡Basta de control de nuestro petróleo por Estados Unidos! ¡Que todos los recursos del Estado se pongan al servicio de los damnificados y afectados por el doble terremoto! Hoy más que nunca es urgente un aumento general de salarios igual a la canasta básica ¡Basta de bonificación salarial! Hay que defender la retroactividad de las prestaciones sociales ante el intento de Fedecámaras de eliminarla.

Hay que conformar un Fondo Social de Emergencia aplicando un impuesto especial progresivo a los que más tienen (grandes empresas nacionales y transnacionales, banqueros y terratenientes); haciendo que el petróleo sea 100% estatal sin empresas mixtas ni Contratos de Participación Productiva, y destinar todo ese dinero a salarios, jubilaciones, salud, educación y recuperación de los servicios públicos y reconstrucción de La Guaira con participación de la comunidades y los damnificados.

Caracas, 24 de agosto de 2026