Desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) tuvimos la oportunidad de conversar con Erika Guevara Rosas, abogada y defensora feminista de derechos humanos, actualmente Directora Senior de Investigación, Abogacía, Política y Campañas en Amnistía Internacional.

Con más de dos décadas de trayectoria en la defensa de los derechos humanos en América Latina, Guevara ha sido una voz constante y firme frente a la crisis venezolana. Desde su anterior rol como Directora para las Américas de Amnistía Internacional, y hoy desde su posición de mayor alcance global, ha documentado, denunciado y exigido rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas contra el pueblo venezolano durante los últimos años.

En esta conversación, Guevara Rosas aborda la situación humanitaria en Venezuela bajo la administración de Delcy Rodríguez, las demandas concretas a la comunidad internacional en materia de rendición de cuentas, el papel de los mecanismos internacionales de justicia, incluyendo la Corte Penal Internacional y la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, y el rol que debe jugar la sociedad civil venezolana en la construcción de una transición con verdad, justicia y reparación para las víctimas de esta crisis.
Según el último Informe de PROVEA, la situación humanitaria en Venezuela sigue siendo crítica: salarios de hambre, sistema de salud en emergencia, comunidades sin servicios básicos y un aparato represivo que permanece intacto. ¿Qué exige Amnistía Internacional a la comunidad internacional frente a este contexto?

Venezuela continúa enfrentando una de las peores crisis en materia de derechos humanos en todo el mundo. El resultado de esta crisis, de más de una década, ha sido que millones de personas hayan tenido que abandonar sus hogares y cruzar fronteras en busca de protección internacional, 8 millones de personas, mientras millones más dentro del país dependen de asistencia humanitaria mínima para subsistir. Es un contexto en el que graves violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales se han ido perpetuando a lo largo del territorio, y en el que un aparato represivo ha suprimido las libertades civiles y políticas, negándole a la población venezolana su derecho a participar en la vida pública y política del país.

En los últimos meses, con esta apertura coyuntural incierta, se presenta también una oportunidad para que la sociedad civil venezolana, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y los movimientos sociales que han estado en resistencia durante años, cumpliendo funciones que el Estado abandonó y protegiendo a la población, puedan avanzar en la construcción de una agenda de derechos humanos que ponga al pueblo venezolano como protagonista de cualquier cambio.

No puede haber una transición política sin que exista una transición social transformadora en donde el pueblo venezolano sea el agente de cambio. La comunidad internacional, y las organizaciones que hemos acompañado esta lucha, tenemos la responsabilidad de seguir generando condiciones de protección para que la sociedad civil pueda realizar su labor. Los mecanismos internacionales creados gracias a los esfuerzos de la sociedad civil venezolana, como la Misión de Determinación de Hechos y las investigaciones ante la Corte Penal Internacional, deben contar con el apoyo técnico y financiero de toda la comunidad internacional.

¿Qué se les demanda a los estados y organismos multilaterales en materia de rendición de cuentas? ¿Cuál debe ser el rol de la sociedad civil en una transición con justicia?

Hay tres líneas de acción concretas para avanzar en esta transición transformadora que debe ocurrir en Venezuela.

La primera es el reconocimiento. La construcción de la verdad y la memoria de lo que ha ocurrido, de las graves violaciones y crímenes atroces que ha enfrentado la población venezolana. Es fundamental reconocer la labor de documentación de la sociedad civil venezolana, de organizaciones como PROVEA, que a través de investigación rigurosa han construido evidencia sobre esos crímenes, pero hoy es el momento para que la sociedad venezolana en su conjunto construya esa memoria y esa verdad.

La segunda es la justicia y la rendición de cuentas. Los perpetradores de graves crímenes atroces tienen que enfrentar tanto a la justicia nacional como a la justicia internacional. La investigación de la Corte Penal Internacional tiene que seguir avanzando, y la comunidad internacional debe garantizarle la independencia y autonomía para hacerlo. Pero también en el país esa rendición de cuentas tiene que ser central. Y comienza con la liberación de todas las personas presas por motivos políticos: personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos, por disentir, por publicar en redes sociales. Muchas de ellas continúan en prisión y, aun cuando ha habido excarcelaciones recientes, siguen sometidas a procesos judiciales injustos. Que eso termine sería una señal de voluntad real de las actuales autoridades venezolanas.

La tercera es el futuro. Un futuro de justicia, basado en el respeto de los derechos humanos, en el que la voz y la participación pública y política del pueblo venezolano sean centrales para la construcción de esta nueva fase.

¿Cómo puede avanzar Venezuela hacia una verdadera justicia mientras siguen personas injustamente detenidas y mientras no hay memoria ni reconocimiento de lo ocurrido?

Ese reconocimiento de la verdad es precisamente el primer paso hacia la justicia. Sin memoria no hay rendición de cuentas posible. Y sin rendición de cuentas, el aparato represivo permanece intacto, como permanece hoy, y sigue siendo una amenaza real para la población.

La agenda de justicia que necesita Venezuela incluye verdad, rendición de cuentas, reparación a las víctimas, que son millones, y garantías de no repetición. Para que eso ocurra, hay que desmantelar el aparato institucionalizado a través de normas, prácticas e instituciones que genera esa amenaza. Eso no es opcional, es la condición para que cualquier transición sea real y no solo nominal.

Para cerrar, ¿qué mensaje le envías a la sociedad venezolana, dentro y fuera del país?

El primer mensaje desde Amnistía Internacional es de inmensa solidaridad en acción con todo el pueblo venezolano. Amnistía Internacional ha acompañado a la sociedad civil y al pueblo venezolano en su exigencia del ejercicio pleno de sus derechos humanos, y ahí continuará, junto a muchas organizaciones e instituciones internacionales.

Es cierto que el miedo no ha terminado de cambiar de bando. El aparato represivo sigue en el poder. Y no se trata de venganza, todo lo contrario. El pueblo venezolano tiene el derecho a vivir con el pleno goce de sus derechos, en un contexto en donde las autoridades del Estado estén ahí para protegerle, como siempre debieron hacer.

Mientras ese aparato de represión no se desmantele, mientras las normas, instituciones y prácticas que buscaron suprimir la posibilidad del pueblo venezolano de ejercer sus derechos continúen, siguen siendo una amenaza. Por eso el llamado es claro, a la comunidad internacional, para que ponga la presión donde debe estar; a los mecanismos internacionales, para que continúen su labor; a la sociedad civil organizada venezolana, para que siga enfocada en sus esfuerzos; y sobre todo al pueblo venezolano, para que se mantenga en resistencia y en valentía hasta que todo el país pueda salir de esta crisis.