DerramePetrolero en el tubo-submarino de PDVSA-Cardon manglares de Pta. Caiman y Pta. Maraguey Foto Eduardo Klein (2004)
Imagen de Observatorio de Ecología Política de Venezuela

A propósito de la cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú que se realiza en esta ocasión en Bahamas, mapeamos la huella ambiental de Venezuela en aguas caribeñas durante la última década.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú fue suscrito en 2018. Es un tratado internacional que ha sido ratificado por 19 Estados de América Latina y el Caribe,penosamenteVenezuela se mantiene al margen.

Cabe destacar que la finalidad de este acuerdo es proteger los derechos de la población en el marco del desarrollo sostenible, promoviendo gestiones gubernamentales transparentes y participativas. Los Estados adheridos están obligados a implementar medidas para proteger a las personas defensoras del medio ambiente, garantizar el acceso a la información pública sobre proyectos y políticas que impactan el ecosistema. Para lo cual debe existir un apropiado marco de justicia ambiental y acceso a tribunales para dirimir conflictos ambientales.

Venezuela nunca participó ni siquiera en la etapa de negociaciones del tratado, asumiendo la misma posición de Surinam, Cuba y Barbados, a pesar de la enorme diferencia territorial. La extensión del territorio venezolano abarca más de 916 mil km² y una costa de 3.726 kilómetros, sin incluir la de la Guayana Esequiba. Esto la convierte en el sexto país más grande de América del Sur.

Como la costa venezolana tiene el mayor impacto directo sobre el mar Caribe, es oportuno tener una imagen clara de cómo se ha gestionado en años recientes. Específicamente, lo que ha representado en términos ambientales. Tomando en cuenta que todas las actividades en un territorio afectan no solo la vida nacional, sino también las de más allá de sus fronteras. De allí la importancia de adherirse a instrumentos como este tratado, que no solo contribuyen al desarrollo armónico de los países con su entorno, sino también al juego limpio de los gobiernos.

Los espacios marinos como el mar Caribe son compartidos por una enorme variedad de especies que migran y se desplazan libremente, lo que las expone a todo tipo de amenazas. En tiempos recientes, las incidencias registradas más comúnmente en Venezuela fueron derrames petroleros costeros, sobreexplotación pesquera, y la destrucción de manglares y corales. Conocidas públicamente gracias al trabajo de activistas ambientales, organizaciones no gubernamentales e investigadores de Venezuela. Instancias que han asumido un rol omitido, sistemáticamente, por los entes gubernamentales. Desde 2017, el Estado mantiene una práctica de opacidad informativa sobre todos los derechos fundamentales.

En la imagen de la huella marina de Venezuela solo se recogen las incidencias antes mencionadas, entre 2020 y 2026. Debemos insistir en que los derrames petroleros que se dan en costa abierta afectan flora y fauna marina, playas, humedales, manglares, corales y pastos marinos. Incluso compromete la vida de aves.

Pero además repercute directamente en la soberanía alimentaria de la nación, pues perturba temporadas de pesca. Incrementa el desempleo en zonas pesqueras, un problema que se ha agravado en las últimas décadas. Esta suma de elementos ha determinado que la producción pesquera no haya vuelto a alcanzar conjuntamente las 100 mil toneladas por año desde el 2005. Antes nada más el rubro sardinas las superaba.

Por si fuera poco, el vertido de petróleo en aguas marinas contamina los peces con metales como vanadio y plomo. Y en el país ya se han reportado altos niveles de vanadio en peces, alertando que podrían generar malformaciones en humanos.

Estos derrames han llegado hasta playas y parques turísticos, obligando al cierre de espacios de recreación y esparcimiento. En la costa de Carabobo, donde hay ecosistemas muy sensibles como el Parque Nacional Morrocoy y el Parque Nacional San Esteban, la devastación natural producida necesita, según expertos, 50 años para ser restaurada.

La pérdida de la biodiversidad producida por estos eventos es incuantificable.
Otros factores de riesgo ambiental

Una vez más, la falta de datos oficiales, también sobre la actividad pesquera, impide explicar la relación real entre la sensible disminución de poblaciones de varias especies marinas, incluso protegidas, como el tiburón, y la caída en la producción pesquera.

Son varias las organizaciones científicas y pesqueras que recientemente han denunciado la ausencia de peces antes comunes en aguas venezolanas. Esta variación se ha asociado a la sobreexplotación[1] pesquera, que no se contabiliza como producción nacional porque navega rumbo a otras latitudes.

El Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura ISOPESCA, reconoce en sus plataformas el impulso reciente a las exportaciones. Promoviendo el comercio de 33 especies con más de 50 países. Evidentemente, la balanza se inclina hacia la satisfacción de mercados internacionales, porque es un hecho que la demanda nacional no puede competir con los precios foráneos, dada la merma del poder adquisitivo nacional. Pero se desconoce si es la pesca artesanal la beneficiaria o una de escala industrial.

La falta de transparencia institucional no puede esconder las responsabilidades que la legislación venezolana establece sobre la vigilancia, control y resguardo de derechos ciudadanos. De allí que la opacidad informativa de los propios órganos del Estado opera al margen de leyes nacionales e inconstitucionalmente. Esto en el caso del sector alimenticio, vulnera derechos humanos específicos.

Las sistemáticas omisiones son criminales por sus repercusiones, y más si contribuyen al tráfico ilegal de especies marinas protegidas o a la pesca intensiva. En cualquier caso, dada la complejidad de los ecosistemas marinos, esta forma de manejar recursos naturales repercute en países vecinos que tienen derecho a reclamo, aun fuera del marco del Acuerdo de Escazú. La sostenibilidad de la gestión ambiental de cara a los connacionales y a los vecinos, sin datos públicos oficiales, no es posible de demostrar.

Otro aspecto del impacto marino que tiene Venezuela en el Caribe es la diversidad de vida que se refugia en las 673,500 hectáreas de manglares costeros. Algunos gravemente comprometidos por el desarrollo turístico descontrolado, también al margen de la ley, como los denunciados en Los Roques y Margarita.

Los manglares también se han visto afectados por derrames petroleros en los años 2020 y 2024. Ante todos estos eventos (que apenas representan una porción) son muchas las posibilidades que la ciencia y tecnología tienen para intervenir a favor de la preservación de la vida, si se invirtiera en ello. La degradación de manglares repercute directamente en las especies marinas porque son criaderos naturales de peces y de aves migratorias y residentes. De allí la importancia de su preservación y restauración cuando han sido afectadas.

Más allá del pacto Internacional de Escazú y los sucesivos encuentros para revisar los desempeños nacionales, en Venezuela la Constitución y varias leyes sirven de marco para la transparencia administrativa y la justicia ambiental. Los deberes están normados, existe un marco jurídico, lo que falta es que sea accesible. El Estado tiene pendiente aún la tarea de garantizar esa accesibilidad y trabajar en la promoción del desarrollo sostenible.

La biodiversidad del mar Caribe necesita un compromiso colectivo y regional que no puede evadir ningún país, y que cada latinoamericano debe defender para las actuales y futuras generaciones.

[1] Hay sobreexplotación cuando se capturan demasiados peces y no hay adultos suficientes para reproducirse y mantener una población saludable.