Juan Vicente Gomez en los hangares de Maracay. Foto: Luis Felipe Toro

Un análisis sobre la transición de Venezuela desde la ruina post-independencia hacia la consolidación de un Estado rentista. El texto examina cómo la riqueza petrolera, lejos de fortalecer la democracia, cimentó un modelo de poder centralizado y personalismo mesiánico, donde la captura de rentas sustituyó a la productividad y la institucionalidad.

Tras la Independencia, Venezuela quedó arruinada. Diez largos años de guerra, que quemaron haciendas y hatos, la base productiva de su economía, y exterminaron masas humanas, quebraron las fuerzas económicas y sociales del país. El Estado que emergió de la división de la Gran Colombia nació débil, dependiente del carisma y la fuerza de caudillos que cohesionaran fuerzas sociales dispersas, y que debieron pasar el siglo XIX luchando contra alzamientos de caudillos menores. El país vivió en guerras civiles constantes, sin recuperación económica posible ni fortalecimiento institucional; el caudillismo se reforzaba a sí mismo.

La aparición del petróleo significó un cambio radical. Permitió la consolidación de un poder nacional y la formación de instituciones estatales modernas, pero bajo una lógica muy particular. La precariedad del Estado se desvaneció ante una ola de petrodólares que Juan Vicente Gómez usó para aplastar a los viejos caudillos; ningún alzamiento pudo torcer el rumbo a partir de este momento por las convencionales vías armadas. Así, el Estado venezolano que se consolidó en las primeras décadas del siglo XX nació centralizado, concentrando poder y administración en Caracas.

Esta centralización responde a dos factores: la necesidad de someter a los caudillos locales y la propia naturaleza de la actividad petrolera, que tiende a centralizar poder y economía. Los caudillos fueron sometidos, pero el personalismo que les daba vida no murió: transmutó hacia figuras más «modernas», como caudillos de partido y presidentes autoritarios. Medina Angarita, Pérez Jiménez, Betancourt, Caldera y Carlos Andrés Pérez encarnaron, cada uno a su modo, ese personalismo mesiánico que la renta petrolera alimentaba. La teoría del petroestado, desarrollada por Terry Lynn Karl, explica este fenómeno: los Estados que dependen fuertemente de rentas del petróleo tienden a fomentar la búsqueda de rentas, el clientelismo y el patrimonialismo, especialmente cuando la capacidad burocrática previa es débil, como era el caso venezolano.

Fernando Coronil, en El Estado Mágico, desarrolla esta tesis para Venezuela con ejemplos históricos: muestra cómo la renta petrolera impide el desarrollo de sectores productivos autónomos, a la vez que genera corrupción institucional y patrimonialización de los fondos públicos. Manuel Casique en su teoría de la renta de la tierra en el caso venezolano explica con más detalle el conflicto del Estado terrateniente frente al resto de la sociedad venezolana como un ente competitivo más por los recursos económicos y la acumulación de capitales.

En un país rentístico, el líder personalista asume roles paternalistas en la distribución de la renta. La riqueza pública se patrimonializa: es cooptada por una facción u oligarquía que detenta el poder y controla los resortes económicos, afianzando el autoritarismo. La economía depende de los dólares del petróleo, y el Estado no necesita los impuestos del resto de la economía. Esto vuelve a la burguesía incapaz de controlar el poder político, a menos que se vincule a los grupos con acceso a la renta. Un estudio reciente en la revista Geopolitics Quarterly (revista académica de Irán) analiza cómo el populismo y el rentismo se retroalimentan en Venezuela, impidiendo la institucionalización democrática y debilitando la geoeconomía del país. Los ingresos petroleros, capturados y distribuidos sin supervisión, se convierten en herramienta para recompensar lealtades y financiar la represión, consolidando el autoritarismo y la corrupción.

A esto se suma una economía importadora, constante desde el siglo XIX. Ya en la Venezuela agraria, las leyes que exoneraban aranceles para importar granos priorizaban la siembra de café, algodón o tabaco sobre la producción de alimentos para la población. Pero con el petróleo se perdió totalmente la conexión con el campo; los intentos de recuperar la agricultura mediante inversión de la renta solo crearon sectores dependientes, apéndices del petróleo que impulsaba consumo e inversión. Es la llamada «enfermedad holandesa», agravada por políticas estatistas que, como señala un análisis de The Daily Economy, convirtieron la nacionalización de 1976 en un «boom para la corrupción» y profundizaron el modelo de petroestado rentista. La enfermedad holandesa es un fenómeno económico vinculado a los países productores de hidrocarburos, que explica como la producción interna cae cuando se inicia la exportación petrolera y de gas, con el respectivo ingreso de petrodólares que derivan en sobrevaluación artificial de la moneda nacional, que generan una merma de la competitividad de las exportaciones no petroleras y abaratamiento de las importaciones.

Con el petróleo, el Estado se convierte en dueño directo del hidrocarburo, siguiendo la tradición árabe-hispánica del derecho minero. Así, no actúa como árbitro, aunque siempre inclinado a ciertos intereses, sino como un competidor más frente a los capitalistas, terratenientes y trabajadores. Un terrateniente más que busca maximizar sus rentas. De allí que resulte casi imposible configurar un Estado liberal, republicano y democrático duradero. La mayoría de los estados petroleros son monarquías absolutas o regímenes autoritarios; las excepciones, como Noruega, confirman la regla porque contaban con instituciones sólidas, transparencia y separación de poderes antes del petróleo.

Este sistema se retroalimenta y difícilmente se rompe desde dentro. La reiterada aspiración de «sembrar el petróleo» terminó en fracasos y empresas siempre dependientes de la renta. Sin embargo, en la situación actual, cuando todo el sistema se ha erosionado por completo, existe una oportunidad para romper el esquema socioeconómico y, con ello, construir institucionalidad democrática. Un punto fundamental es abandonar la falsa idea de que el petróleo será la ansiada «palanca del desarrollo» que nos lleve a la modernidad. El colapso venezolano, el más grande del hemisferio occidental para un país en paz, demuestra que la combinación de nacionalización, control estatal y populismo condujo al desastre a pesar de las ingentes reservas.

La coyuntura reciente refuerza esta lección. Entre enero y febrero de 2026, el gobierno aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos que rompe el monopolio de PDVSA y permite participación privada y arbitraje internacional. Es un giro histórico que parece ir en dirección opuesta al modelo rentista clásico. Pero analistas y ciudadanos advierten: los cambios económicos no tienen sentido si no van acompañados de libertad y democracia. El problema es que la privatización tampoco revierte la centralidad de la economía venezolana en el petróleo, sólo elimina el rol del Estado como empresario petrolero, sigue siendo dueño del recurso, sigue percibiendo renta; sigue siendo el gran terrateniente. Pero además, se ancla la economía venezolana a la expectativa de producción de un producto controversial, en puertas de una crisis climática, cuando los científicos exigen reducir el consumo de hidrocarburos; es irresponsable sembrar el futuro en un producto que debe permanecer bajo tierra.

La población quiere mejorar su calidad de vida, no para hacer el autoritarismo más tolerable, ni para reincidir en los viejos errores del pasado. La oportunidad actual no es solo económica: es política. Requiere fortalecer instituciones, garantizar transparencia y transformar la relación del Estado con la sociedad y la economía. Solo así podrá romperse el ciclo vicioso del rentismo y autoritarismo que ha marcado la historia venezolana desde la Independencia.