El pasado 3 de marzo, durante la presentación del último informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, la representación del gobierno de Delcy Rodríguez ante el Consejo de Derechos Humanos mantuvo su línea de ataques y descalificaciones contra las personas defensoras de derechos humanos.

En una declaración depositada por escrito y no leída en el hemiciclo, esa representación afirmó: «Respaldamos la labor de los defensores de los derechos humanos y rechazamos categóricamente que algunas personas pretendan instrumentalizar esta labor con fines políticos para promover acciones de desestabilización interna”. Agregó que “ningún defensor verdadero de derechos humanos puede involucrarse en la planificación o ejecución de acciones de violencia contra los bienes públicos o la población. La condición (sic) de defensor de derechos humanos no le da inmunidad ante la ley si es que ha cometido delitos previstos en la legislación nacional”.

Esas afirmaciones son una copia textual de la intervención del gobierno durante la presentación del informe de la relatora Lawlor del año anterior, el 6 de marzo de 2025, cuando además acusaron a “algunas personas, políticamente motivadas y financiadas desde el extranjero” de utilizar “la noble causa de los derechos humanos para generar acciones desestabilizadoras del Gobierno venezolano”.

Estas acusaciones no son aisladas, forman parte de un patrón instalado por los representantes del gobierno de Nicolás Maduro en Ginebra desde el 5 de marzo de 2021, al responder a los informes de la Relatora Especial. En esa oportunidad, al referirse a las personas defensoras de derechos humanos, afirmaron que “en muchos casos se ha podido constatar el financiamiento de potencias (sic) a ciertas organizaciones que, cobijadas bajo el manto de los derechos humanos, generan violencia con fines de desestabilización política, en contra de gobiernos democráticos, legítimamente constituidos”.

Dos años más tarde, el 15 de marzo de 2023, descalificaron el informe de la Relatora Especial cuando este incluyó el caso de la defensora de derechos humanos Vanessa Rosales, privada arbitrariamente de su libertad durante ocho meses por ayudar a una niña de 13 años a interrumpir un embarazo resultado de una violación. Con base en las mismas teorías conspirativas, el representante del gobierno del entonces Nicolás Maduro descalificó a la relatora Mary Lawlor al señalar que “con intención o no, su accionar contribuye a las matrices de opinión negativas contra mi país, totalmente inaceptables, pues hace el juego a los factores que se valen de cualquier situación en su fracasado afán de desestabilizar al Gobierno Bolivariano”.

Es inaceptable que la administración de Delcy Rodríguez mantenga el patrón de ataque contra las personas defensoras de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instancia en la que estas participan legítimamente en los diálogos interactivos sobre los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. La criminalización de defensores y defensoras por parte de agentes del Estado ante esa instancia internacional evidencia una clara intención de sostener la persecución a través del andamiaje legal y las estructuras represivas que han perseguido, encarcelado y forzado al exilio a quienes defienden los derechos humanos en Venezuela.

En el siguiente PDF se puede leer la intervención a nombre de Venezuela, depositada pero no leída, en el Consejo de Derechos Humanos el 3 de marzo de 2026.