Mientras el país registra cifras que anuncian una eventual recuperación de la economía, la clase trabajadora mantiene expectativas de un aumento salarial, después de 4 años sin incremento del salario mínimo.

El sector petrolero proyecta un crecimiento del 20% para 2026; la factura petrolera podría superar entre 9 y 10 mil millones de dólares adicionales respecto a 2025, y ya habrían ingresado al país mil millones de dólares por concepto de venta de petróleo. Sin embargo las trabajadoras y trabajadores seguimos sin ver ni 1 dólar de esos recursos, en un país donde la inflación anualizada del período enero 2025–enero 2026 es de 570%.

El gobierno aplica un ajuste capitalista en acuerdo con el empresariado

El conjunto de los trabajadores venezolanos gana salarios de hambre. En el sector privado se devengan bonos que no llegan a 300 dólares en promedio, es decir que ¡el ingreso no alcanza muchas veces ni 10 dólares diarios! mientras que en el sector público se sobrevive con el bono de guerra y el cestaticket, ambos insuficientes.

Los contratos colectivos en el sector petrolero, en educación, salud y empresas públicas llevan años sin discutirse. La inamovilidad existe en el papel pero se burla en la práctica sin consecuencias. Esto es consecuencia del ajuste que aplica el gobierno con el acuerdo de Fedecámaras y Conindustria, mediante el cual pactaron bonificar los salarios, acabar con la negociación colectiva de salarios y liquidar la libertad sindical. Esta política se ha concretado a través de instrumentos leoninos como el memorándum 2792 y el instructivo de la Onapre, que exigimos sean eliminados.

Los empresarios quieren terminar con la retroactividad de las prestaciones

El empresariado viene adelantando una campaña mediática para acabar con la retroactividad de las prestaciones sociales. Jorge Roig, representante de Fedecámaras ante la OIT, condiciona cualquier aumento salarial a la eliminación de la retroactividad de las prestaciones sociales. La propuesta no es nueva: en 1997, con Caldera, se usó el mismo argumento. Ese año se eliminó la retroactividad con la promesa de mejores salarios. Los salarios nunca llegaron. La retroactividad sí se perdió. Hoy Roig recicla ese mismo guión como si la historia no existiera.

Más lejos va Tito López, presidente de Conindustria, quien exige una reforma integral de la Ley Orgánica del Trabajo. Sus palabras no dejan margen a la interpretación: «Se tiene que revisar la Ley del Trabajo, todos los artículos correspondientes al régimen de prestaciones sociales, inamovilidad laboral, reenganche, régimen vacacional, porque de aprobarse un aumento sin reformar la ley, sin duda, esto partirá a las empresas en dos, porque no tendrán la capacidad de asumir estos compromisos.»

Los empresarios quieren quitarse de encima la retroactividad de las prestaciones, y facilitar los despidos en las empresas. Saben que cuentan con un gobierno dispuesto a llevar a cabo una reforma laboral, en el marco de sus acuerdos con el imperialismo estadounidense. Quieren reformar a su favor la ley del Trabajo, tal como se hizo con la ley de Hidrocarburos, que entregó el petróleo a las transnacionales y las empresas privadas nacionales.

Por un plan obrero y popular de emergencia

Están llegando recursos al país por venta de petróleo, sin embargo nadie nos va a regalar nada, para que eso se traduzca en beneficios para el pueblo y los trabajadores es necesario que nos organicemos y luchemos por nuestros principales reclamos. Hay que exigir que esos recursos de destinen a salarios, pensiones, salud, educación y servicios públicos. En ese marco reclamamos que el petróleo sea 100% estatal, sin empresas mixtas ni transnacionales; impuestos progresivos para todas las empresas transnacionales y grandes empresas nacionales, y que todo este dinero, además de lo que ingrese por venta de petróleo, vaya a los fondos soberanos planteados por el gobierno para aumento de salarios, para salud, educación y producción de alimentos y medicamentos.

Hay que movilizarse contra el carácter represivo del régimen

Se acaba de aprobar una ley de Amnistía en la Asamblea Nacional, pero que es excluyente y limitada, y no contempla garantías de no repetición y reparación. ¡Exigimos libertad plena para todos los presos políticos! Y planteamos que a todos los trabajadores y trabajadoras detenidas se les debe reincorporar a sus puestos de trabajo, con pago de salarios caídos; se debe restablecer el derecho a huelga y respetarse la libertad sindical, cesar la persecución a los dirigentes sindicales y otorgárseles garantías de que podrán ejercer sus funciones de representación de los trabajadores, sin ningún tipo de restricciones.

Hay que levantar todo el andamiaje represivo existente en el país, en ese sentido deben abolirse todas las leyes represivas como el Decreto de Conmoción Externa; la ley constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; la ley orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria; ley contra el Terrorismo y Delincuencia Organizada; la ley «Simón Bolívar», entre otras.

Todo esto lo planteamos en la perspectiva estratégica de luchar por un gobierno de las trabajadoras, trabajadores y el pueblo.

Caracas, 25 de febrero de 2026