Frente a la agresión imperialista, la capitulación del gobierno y la ofensiva patronal, la clase trabajadora venezolana exige lo que le pertenece.

Caracas, 20 de febrero de 2026. Mientras Venezuela registra cifras petroleras que anuncian una significativa recuperación de ingresos, la clase trabajadora sigue esperando que esa riqueza se traduzca en poder adquisitivo real. El contraste no puede ser más elocuente: el sector petrolero proyecta un crecimiento del 20% para 2026; la factura petrolera podría superar entre 9 y 10 mil millones de dólares adicionales respecto a 2025; Chevron produce entre 290 y 300 mil barriles diarios; y en apenas mes y medio ingresaron a la banca venezolana 800 millones de dólares por concepto de venta de crudo. Sin embargo, la inflación anualizada del período enero 2025–enero 2026 se ubica en torno al 570%, pulverizando cualquier vestigio de salario real.

Desde la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (Ccura) denunciamos la ofensiva coordinada que el empresariado venezolano —con la complicidad activa del gobierno nacional— despliega contra los derechos de la clase trabajadora, y llamamos a organizar la movilización independiente frente a ella.

Una agenda patronal con nombre y apellido

Jorge Roig, representante de Fedecámaras ante la OIT, condiciona cualquier aumento salarial a la eliminación de la retroactividad de las prestaciones sociales. La propuesta no es nueva: en 1997, con Caldera, se usó el mismo argumento. Ese año se eliminó la retroactividad con la promesa de mejores salarios. Los salarios nunca llegaron. La retroactividad sí se perdió. Hoy Roig recicla ese mismo guión como si la historia no existiera.

Lo que Roig propone en concreto es una Ley de Emergencia Laboral que permita pagar bonos por fuera del salario sin que eso impacte en prestaciones, vacaciones ni antigüedad, para luego discutir el fondo del asunto. Es decir: un aumento nominal del salario hoy, a cambio de entregar el patrimonio acumulado de los trabajadores para mañana.

José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) y dirigente de nuestra corriente sindical, calificó la propuesta como una inmoralidad y advirtió que se trata de una estrategia para conseguir mano de obra barata, aprovechando el inminente aumento de ingresos petroleros al país. Difícil ser más claro.

Más lejos va Tito López, presidente de Conindustria, quien exige una reforma integral de la Ley Orgánica del Trabajo. Sus palabras no dejan margen a la interpretación:

«Se tiene que revisar la Ley del Trabajo, todos los artículos correspondientes al régimen de prestaciones sociales, inamovilidad laboral, reenganche, régimen vacacional, porque de aprobarse un aumento sin reformar la ley, sin duda, esto partirá a las empresas en dos, porque no tendrán la capacidad de asumir estos compromisos.»

Traducido al lenguaje llano: los empresarios quieren recuperación económica sin redistribución de los ingresos. Presentan el salario como una amenaza para la economía, cuando en realidad es una amenaza para sus márgenes de ganancia. El argumento de la incapacidad de pago se cae solo ante los datos: el sector industrial reporta recuperación sostenida y proyecta crecimiento para 2026. No hay incapacidad, hay negativa. Conviene recordar además que el Decreto N° 5.070 —Gaceta Oficial N° 6.868 del 27 de diciembre de 2024— garantiza la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2026. Lo que Conindustria pide es desmantelar ese decreto antes de que venza, arrasar con décadas de conquistas obreras usando como palanca la promesa de un aumento que, como ya demostró la historia, podría nunca materializarse.

Vale la pena notar la contradicción que expresa Conindustria: cuando defiende sus intereses ante el Estado, reclama acceso preferente a divisas, alivio tributario y financiamiento blando. Pero cuando se trata de reconocer el esfuerzo de la fuerza laboral que sostiene esa industria, antepone la excusa de la incapacidad. El gobierno, por su parte, complace al empresariado concediendo recursos para el capital y decretando escasez para el trabajo. Eso se llama política de clase patronal, no gestión empresarial responsable, y mucho menos la defensa del trabajo que suele proclamar el gobierno.

El gobierno es cómplice

Sería un error creer que esta ofensiva llega desde afuera y el gobierno la resiste. El salario mínimo cumple en marzo de 2026 cuatro años congelado. El mecanismo de los bonos no contractuales —exactamente lo que Roig propone formalizar— ya es la política de hecho del Estado venezolano: pagos que no cuentan para prestaciones, vacaciones ni antigüedad. El propio Roig reconoce en el 2022 el 74% de los ingresos de los trabajadores eran salario, hoy el 96% son bonos.

Los contratos colectivos en educación, salud y empresas públicas llevan años sin discutirse. La inamovilidad existe en el papel pero se burla en la práctica sin consecuencias. Lo que tenemos es la convergencia de un gobierno que de la boca para afuera dice defender a los trabajadores, pero que en la práctica aplica un duro ajuste capitalista en acuerdo con el empresariado, mediante el cual pactaron bonificar los salarios, acabar con la negociación colectiva de salarios y liquidar la libertad sindical, destruyendo los derechos laborales. Esta política se ha concretado a través de instrumentos leoninos como el memorándum 2792 y el instructivo de la Onapre.

Agresión imperialista y capitulación: el trasfondo que no puede ignorarse

Para entender la lógica completa de este ataque hay que ubicarlo en su contexto. El gobierno ultraderechista de Donald Trump aplicó contra Venezuela una de las ofensivas imperialistas más agresivas de la historia reciente del continente: sanciones económicas asfixiantes, bloqueo financiero, persecución de la industria petrolera, el bombardeo de pequeñas embarcaciones en el Caribe bajo acusaciones falsas de narcotráfico —con un saldo de más de 100 personas asesinadas— , y la brutal agresión del pasado 3 de enero. Todo esto causó un daño real y profundo sobre la economía nacional y, con ella, sobre el nivel de vida de la clase trabajadora.

Sin embargo, la respuesta del gobierno no fue la resistencia soberana que se proclamó durante años. Fue la capitulación negociada. En lugar de una salida popular que pusiera a los trabajadores en el centro, el gobierno optó por pactar con Washington los términos de su propia supervivencia política: concesiones petroleras, apertura a corporaciones trasnacionales, acuerdos migratorios y la aceleración de una deriva económica que se alinea crecientemente con las exigencias del capital imperialista. El resultado de esa capitulación lo paga la clase trabajadora. Venezuela corre el riesgo de convertirse, una vez más, en patio trasero: no por la fuerza de las armas, sino por la voluntad de quienes prefieren gobernar a cualquier costo, entregando nuestros recursos y empobreciendo a la clase trabajadora para favorecer a capitalistas nacionales y transnacionales.

El movimiento obrero y los demás sectores explotados y oprimidos no provocaron esa agresión imperialista ni decidieron la capitulación y el entreguismo del gobierno chavista. No tienen por qué cargar con sus costos. La clase obrera tiene la obligación histórica de luchar para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población venezolana, y de aspirar a un gobierno de los trabajadores, que son los únicos que producen riqueza.

La oposición patronal tampoco es la salida

Con igual claridad advertimos: el bloque opositor que encabezan María Corina Machado, Edmundo González Urrutía y Leopoldo López, entre otros, tampoco representa los intereses de los trabajadores. Su programa —privatización de PDVSA, apertura irrestricta al capital transnacional, flexibilización laboral bajo los lineamientos del FMI— es radicalmente incompatible con los intereses de quienes viven de un salario. Fueron voceros entusiastas de las sanciones internacionales que devastaron el financiamiento del Estado y, con él, el salario de los trabajadores públicos y los servicios sociales. Quienes impulsaron ese bloqueo no pueden presentarse hoy como aliados del pueblo que lo sufrió. La oposición patronal tiene sus propios intereses de clase. No son los nuestros.

Unidad, movilización e independencia de clase

Están llegando recursos al país por venta de petróleo, sin embargo nadie nos va a regalar nada, para que eso se traduzca en beneficios para el pueblo y los trabajadores es necesario que nos organicemos y luchemos por nuestros principales reclamos. Hay que exigir que esos recursos de destinen a salarios, pensiones, salud, educación y servicios públicos. En ese marco reclamamos petróleo 100% estatal, sin empresas mixtas ni transnacionales; impuestos progresivos para todas las empresas transnacionales y grandes empresas nacionales, y que todo este dinero, además de lo que ingrese por venta de petróleo, vaya a los fondos soberanos planteados por el gobierno para aumento de salarios, para salud, educación y producción de alimentos y medicamentos.

Se acaba de aprobar una ley de Amnistía en la Asamblea Nacional, la cual debería proporcionar libertad plena a todos los presos, así como garantías de no repetición y de reparación. En ese sentido planteamos que a todos los trabajadores y trabajadoras detenidas se les debe reincorporar a sus puestos de trabajo, con pago de salarios caídos; se debe restablecer el derecho a huelga y respetarse la libertad sindical, cesar la persecución a los dirigentes sindicales y otorgárseles garantías de que podrán ejercer sus funciones de representación de los trabajadores, sin ningún tipo de restricciones.

Que cese la represión y la persecución, deben abolirse todas las medidas y leyes represivas como el Decreto de Conmoción Externa; la ley constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; la ley orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria; ley contra el Terrorismo y Delincuencia Organizada; la ley «Simón Bolívar».

Las condiciones objetivas para la lucha están dadas. Lo que falta es una dirección consecuente. La corriente sindical C-cura hace un llamado a las centrales sindicales, federaciones, sindicatos de base y corrientes obreras a ponerse al frente con un plan de movilización concreto: asambleas en fábricas, hospitales, escuelas universidades y empresas públicas; jornadas de protesta unificadas; delegaciones ante las Inspectorías del Trabajo; y una agenda nacional de lucha con una exigencia central e innegociable: salario y pensiones iguales a la canasta básica, ya. Sin tocar la retroactividad de las prestaciones. Sin ceder la inamovilidad. Sin renunciar al reenganche.

Esa movilización debe sostenerse desde la independencia de clase. El movimiento obrero no puede subordinar sus luchas a los designios del imperialismo yanqui, ni a los tiempos del gobierno, ni a las estrategias de Fedecámaras y Conindustria, ni a los calendarios electorales de la oposición.

La fuerza del trabajador está en su organización y movilización autónomas y en la solidaridad de clase. Cada vez que esa autonomía se cedió —a un partido, a un gobierno, a una fracción patronal— los trabajadores perdieron. No volveremos a cometer ese error.

El petróleo fluye. Los dólares ingresan. Las ganancias se recuperan. Solo el salario y las pensiones permanecen inamovibles. Eso no es fatalidad económica: es una decisión política que puede y debe revertirse con organización, con lucha y con independencia de clase. Todo esto lo planteamos en la perspectiva estratégica de luchar por un gobierno de las trabajadoras, trabajadores y el pueblo.

Fuentes: Fedecámaras Radio, Banca y Negocios, FUTPV, Gaceta Oficial N° 6.868 Extraordinario (27/12/2024), Decreto N° 5.070, El Pitazo, Acceso a la Justicia.