El 12 de febrero el mundo recibió una nueva terrible noticia del gobierno norteamericano, al ser revocado el llamado “dictamen de peligro” aprobado durante la administración de Barack Obama en 2009 y que establecía que las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente seis tipos de estos emitidos por los motores de combustión, son nocivos para la salud. Esta normativa servía también de base para las políticas de control de emisiones de la Agencia para el Medio Ambiente (EPA) de aquel país.

El 12 de febrero, el mundo conoció una noticia alarmante proveniente del gobierno de Estados Unidos: se revocó el denominado «dictamen de peligro», aprobado en 2009 durante la administración de Barack Obama. Dicha normativa establecía que seis tipos de gases de efecto invernadero, emitidos principalmente por motores de combustión, son perjudiciales para la salud humana. Este dictamen también servía como fundamento jurídico y técnico para las políticas de control de emisiones implementadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) del país.

Científicos y médicos ya han expresado su rechazo a esta controversial derogación, al igual que organizaciones de defensa del ambiente y la naturaleza. A la vez que el presidente norteamericano celebró el acto como la mayor desregularización de la historia, que reducirá los costes de construcción de vehículos, que ya no necesitan tener motores y sistemas más eficientes de consumo de combustibles, ni filtrado de emisiones; esperando así mismo reducir el costo de los vehículos para aumentar así el parque automotor. Esto ya se venía manejando por la Casa Blanca y en septiembre más de mil expertos científicos habían publicado una carta abierta denunciando esto y advirtiendo sobre sus consecuencias y afianzándose en evidencia científica. Por supuesto, al ser derogado el dictamen, Trump aseguró que la ciencia carece de base para fundamentar esto, aunque el no tiene pruebas ni datos que sostengan su postura, como suele suceder.

De acuerdo a expertos legales, entrevistados por Forbes, empresas de generación de energía y otros emisores industriales buscarán medidas legales que aclaren su situación, lo cual seguramente, al ser resuelto por vía administrativa, será a su favor. La EPA, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, ha sido un espacio de lucha contra la ciencia y la protección del medio ambiente, desvirtuando su rol como institución. Anteriormente, la EPA había utilizado el dictamen de peligro para regular no solo las emisiones vehiculares, sino las de las plantas generadoras de energía y las de las compañías petroleras y gasíferas.

¿Por qué por dictamen y no una ley regulatoria?

Estados Unidos lleva más de una década sumergido en una crisis institucional que empieza a mostrarse evidente en la actualidad. Pero ya en época de Obama, cuando se observó el primer gran cierre de gobierno, se daban signos de un quiebre institucional y de los llamados “checks and balances” del sistema norteamericano. El Congreso, pese a ser bipartidista, se encuentra fragmentado de tal manera, que es imposible avanzar en medidas importantes, como la legislación en materia ambiental o al menos establecer marcos regulatorios que sean desarrollados por las legislaturas estadales. De allí que el uso de las medidas ejecutivas, para evadir la inacción parlamentaria, empantanada en fuertes discusiones, cambios de mayorías permanentes y divisiones partidistas.

Esto, además de ser peligroso a nivel constitucional y recordar un poco la situación de la Alemania de Weimar previo al ascenso del nacionalsocialismo, debilita la fuerza de las normas y regulaciones federales. Al ser instrumentos sublegales, nacidos del Ejecutivo, no cuentan con la legitimidad que daría el origen legislativo, previa discusión parlamentaria. Por ello, esta misma derogación de Trump ya se está enfrentando a múltiples demandas, fundadas en las evidencias científicas. Pero, legalmente, ya el dictamen era débil de nacimiento, al no poseer rango legal. La batalla legal en tribunales igualmente parece ser incierta; Trump varias veces ha desconocido sentencias de los tribunales, confiando en el control que tiene actualmente de la máxima instancia judicial federal, la Corte Suprema de Justicia. Es posible que en tribunales se le ordene poner en vigencia la normativa, pero finalmente la Corte, que ya ha emitido históricos fallos en contra de derechos civiles, apruebe las políticas del Ejecutivo.

Hipótesis: posibles intenciones

Al leer los argumentos del presidente estadounidense, que esperan una construcción masiva de vehículos, el aumento del consumo de combustibles, especialmente el que no se regule su calidad y efectos contaminantes sugieren intenciones más allá de la política local. Parece que esta medida está dirigida a una ampliación de los mercados petroleros, especialmente en su país, y que esto genere un efecto contagio. Este aumento del consumo petrolero, incentivaría la una leve apertura de los mercados a una creciente producción venezolana, que no es la única que se busca estimular.

A la política conservadora y la industria no les importa la eficiencia, la salud y las condiciones de vida de las personas. Son consumidores, deben consumir, así ese consumo sea en su perjuicio. Para consumir hace falta estimular esa necesitad, de allí estas políticas desreguladoras. El petróleo venezolano hace dos décadas se enfrenta a una importante contracción de los mercados, que ha sido el principal motor de la crisis de PDVSA y, por ende, de la crisis multidimensional del país. En el marco de los acontecimientos recientes, es lógico suponer que, para justificar el aumento de la producción petrolera venezolana, se necesiten mercados para colocar estos crudos, que tienen además la característica de ser extrapesados, con alto contenido de contaminantes.

Habrá que esperar cómo se desenvuelven los acontecimientos, para dilucidar si las intenciones de la Casa Blanca están alineadas con este intento de colocar la producción de crudos venezolanos en mercados internos. Por lo pronto, nos tocará esperar los resultados de los centros de investigación sobre los posibles efectos que tendrá en el clima el aumento de las emisiones en Estados Unidos, que seguramente no tendrá un impacto menor a nivel global.