Caracas se despertó antes de tiempo el 3 de enero. El sonido de aeronaves militares y las detonaciones dispersas quebraron la rutina nocturna de la ciudad. Horas después, la noticia de la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses confirmaría que no se trataba de un episodio aislado, sino de un giro histórico con consecuencias que desbordan las fronteras venezolanas.

Lo ocurrido en Venezuela durante esa madrugada no puede leerse únicamente como una operación militar ni como un cambio de liderazgo. Fue, ante todo, la constatación de un fracaso acumulado: cuando las vías políticas se cierran durante años y la comunidad internacional —incluidos los movimientos sociales— no exige una resolución pacífica del conflicto, la violencia termina ocupando su lugar.

Antes de comenzar el desarrollo de nuestra argumentación, queremos dejar claramente expresado nuestro rechazo tajante a la intervención armada de Estados Unidos en Venezuela. El uso de la “diplomacia de la fuerza”, armada y económica, ha generado un preocupante precedente para toda América Latina, un continente que creía superada la época de la Doctrina Monroe y el intervencionismo. Sin embargo, no estaríamos en presencia de una “Invasión de Panamá” segunda parte, sino de algo más turbio: una detención negociada, por parte de un gobierno autoritario, para mantenerse en el poder. Desde una perspectiva pacifista, el límite no es solo político sino también jurídico: la protección de la población civil. Ninguna acción armada —por selectiva que se proclame— puede introducir el miedo y la violencia en la vida cotidiana de millones de personas sin erosionar, desde su origen, cualquier promesa de normalización o estabilidad.

Usualmente, los conflictos de esta naturaleza se comprenden mediante una mirada vertical: qué hicieron o qué dijeron los principales actores políticos en pugna. Nosotros, en cambio, proponemos una mirada horizontal: entenderlos a partir de las aspiraciones, demandas y deseos de las personas que los sufren.

El 3 comienza el 28

La historia del 3 de enero de 2026 comienza el 28 de julio de 2024. Ese día, las autoridades venezolanas ignoraron la voluntad popular al declarar fraudulentamente a Nicolás Maduro como vencedor de las elecciones. Aunque se han negado a dar los resultados detallados hasta el día de hoy —algo que era tradicional en los comicios del país—, a pesar de todos los obstáculos y la exclusión de los electores en el exterior, habría participado el 60 % del padrón electoral, con 7.443.584 votos para Edmundo González y 3.385.155 votos para Nicolás Maduro. La estrategia de la oposición para demostrar su victoria —liderando un fenómeno político de fervor popular que recordaba la primera candidatura de Hugo Chávez— fue acumular las actas de votación que cada mesa electoral entregaba como constancia de los votos emitidos.

El chavismo, como habían divulgado algunos de sus voceros, contaba con un “piso electoral” de cinco millones y medio de sufragios, lo que significa que alrededor de dos millones de personas que habían votado anteriormente por el oficialismo optaron por un cambio. Mientras María Corina Machado, como líder de la oposición, intentaba que la presión de la comunidad internacional obligara a reconocer el verdadero resultado, los sectores empobrecidos del país protagonizaron una rebelión popular los días 29 y 30 de julio, en la que destruyeron símbolos del autoritarismo y atacaron sedes policiales y de gobiernos locales. En esos días se derribaron y vandalizaron nueve estatuas de Hugo Chávez, lo que demostraba la ruptura política y emocional de los barrios con el imaginario bolivariano. La respuesta del gobierno fue feroz. El propio Nicolás Maduro ordenó, por televisión, la detención de dos mil personas, inaugurando una etapa que fue calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como de “terrorismo de Estado”.

En ese momento, diferentes organizaciones sociales del país enviaron mensajes, por distintos canales, a los gobiernos de Brasil y Colombia. Se creía que la presión de los gobiernos progresistas, especialmente el de Lula da Silva, generaría una salida institucional y pacífica a la crisis. También se hicieron muchos esfuerzos por sensibilizar a los movimientos sociales sobre las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Con excepciones, la respuesta mayoritaria fue el silencio.

El fraude electoral y la represión posterior generaron una nueva oleada migratoria, que incorporó la salida de distintos activistas políticos y sociales venezolanos. Diferentes investigaciones han estimado que, para esa fecha, alrededor de 90 defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y miembros de movimientos de base se habían incorporado al exilio.

Para julio de 2025, un año después de las elecciones, las denuncias de fraude habían desaparecido de los titulares internacionales. El propio Lula había declarado que “Maduro era un problema de los venezolanos”. La nueva estrategia de Machado fue convencer a Estados Unidos de que debía tomar acciones frente a un gobierno que permitía que el 20 % de la producción mundial de cocaína transitara por su territorio. Se aumentó a 50 millones la recompensa por información sobre Nicolás Maduro, se designó al llamado “Cartel de los Soles” —una estructura criminal para el tráfico de drogas en la que participarían altos funcionarios venezolanos— como organización terrorista y, a comienzos de septiembre, se desplegaron distintos buques de guerra norteamericanos en el mar Caribe.

No obstante, Machado no era la única que negociaba con Estados Unidos. Desde el mes de octubre, medios norteamericanos describieron cómo, desde Catar, venían realizándose acercamientos entre las autoridades estadounidenses y venezolanas. La primera reunión habría ocurrido en abril, meses antes del inicio de la operación “Lanza del Sur” en el mar Caribe. Allí, una delegación del chavismo habría presentado una curiosa propuesta: desplazar a Nicolás Maduro de la presidencia, manteniéndolo en el país, y conservar a Delcy Rodríguez, quien fungía como vicepresidenta, a la cabeza del Ejecutivo. El paquete incluía el acceso a las industrias petrolera y minera del país y que los fiscales estadounidenses retiraran los cargos penales contra Maduro. Rechazada esta, una segunda propuesta tenía como principal novedad el exilio de Maduro a un país aliado, como Turquía. Los medios informaron que esta también habría sido desestimada.

El 1 de diciembre de 2025, la agencia Reuters informó sobre el contenido de una conversación telefónica entre Trump y Maduro. Según la agencia, el mandatario venezolano estaba dispuesto a abandonar el país siempre que él y sus familiares obtuvieran una amnistía legal completa, incluida la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el cierre del caso que enfrenta ante la Corte Penal Internacional. Además, habría solicitado el levantamiento de sanciones contra más de cien funcionarios de su gobierno. Reuters agregó: “Maduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones (…) Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada”.

Un antiimperialismo imperialista

Algunos analistas han sugerido la posibilidad de un tercer y definitivo acuerdo. Aunque no hay evidencias al respecto, ha sorprendido la actitud de colaboración entre Estados Unidos y Venezuela, luego del ataque, para mantener en la presidencia del país a Delcy Rodríguez.

En el último trimestre de 2025 fue evidente una campaña de cabildeo y medios, en Estados Unidos, para promover su imagen como una persona “eficiente” y “moderada”. Delcy Eloína Rodríguez Gómez (Caracas, 18 de mayo de 1969) es una abogada, diplomática y política venezolana que ha sido una figura central del chavismo durante más de una década. Inició su carrera política en la administración de Hugo Chávez y ocupó cargos clave como ministra de Comunicación y de Relaciones Exteriores, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y luego vicepresidenta ejecutiva de Venezuela desde 2018, además de liderar áreas estratégicas como economía y petróleo en los gobiernos de Nicolás Maduro. En su cargo como vicepresidenta le tocó supervisar el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la policía política señalada por organismos internacionales como responsable de graves violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, un personaje aún más influyente en la historia del chavismo es su hermano, Jorge Rodríguez. Psiquiatra y dirigente político, fue presidente del Consejo Nacional Electoral (2006–2007), etapa en la que condujo procesos electorales decisivos y consolidó su perfil como operador político clave y de confianza del Ejecutivo. Posteriormente fue alcalde del municipio Libertador de Caracas (2008–2017) y, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, asumió un rol aún más central como ministro de Comunicación e Información y, desde 2020, como presidente de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Jorge ha estado al frente de todos los espacios de negociación, incluido el que finalizó con el llamado “Acuerdo de Barbados”, y ha sido muy hábil en construir una plataforma de apoyo a la figura de su hermana entre universidades, empresarios, algunos políticos no oficialistas y sectores de la sociedad civil.

A pesar de que durante varios meses Donald Trump había anunciado su interés en neutralizar a Nicolás Maduro, hay elementos del ataque del 3 de enero que dan verosimilitud a la hipótesis de una detención negociada. La periodista Sebastiana Barráez, especialista en el tema militar, aseguró que ese día el 50 % de la tropa se encontraba de “permiso navideño”, algo inaudito en ese contexto. La ausencia de una defensa efectiva es el segundo elemento. Pero si nos sustraemos del área militar, que no es nuestra especialidad, políticamente fue sorprendente el mensaje de Delcy Rodríguez cuando no habían pasado 48 horas del peor ataque a suelo venezolano por parte de otro país y de la detención del “comandante en jefe” de sus fuerzas armadas.

El giro en la tragedia venezolana no deja de ser sorprendente. Un movimiento que hizo del antiimperialismo su principal señal de identidad anunciaba ahora un acuerdo de cooperación con Estados Unidos. Estará por verse si este giro evidencia tensiones internas en el universo bolivariano. Por otro lado, según las declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado de la Casa Blanca, la agenda de Estados Unidos para Venezuela en este momento cumpliría tres fases: estabilización, recuperación y transición. El significado concreto de estas tres palabras aún está por despejarse.

Solidaridad con la gente, no con los Estados

El enfoque del movimiento antimilitarista internacional debería ser condenar simultáneamente la intervención armada y el autoritarismo y la represión existentes en Venezuela. Aunque se ha anunciado la liberación de presos políticos, cuando este artículo se escribe solo un 10 % habría cruzado el umbral de la cárcel, sin libertad plena y con una serie de derechos restringidos.

En Venezuela, esta violencia no irrumpió como un accidente ni como un capricho externo. Es el resultado de una secuencia prolongada de decisiones que desmontaron, una a una, las vías pacíficas de resolución del conflicto: elecciones sin garantías, criminalización de la protesta, encarcelamiento de dirigentes, destrucción de la mediación y uso sistemático del miedo como herramienta de gobierno. Reconocer esta cadena no implica distribuir responsabilidades de manera simétrica: quienes controlaban el Estado y sus aparatos coercitivos tenían una obligación mayor de preservar las salidas pacíficas. Cuando ese proceso se completa, la condena abstracta de la guerra llega tarde y corre el riesgo de convertirse en coartada.

Durante muchos años, la sociedad venezolana recurrió a estrategias no violentas para recuperar su institucionalidad democrática. Y, a pesar de los muertos, heridos, detenidos, torturados y personas en desaparición forzada, buena parte de los movimientos sociales progresistas internacionales optaron por mirar hacia otro lado. Los activistas venezolanos hicimos grandes esfuerzos para que las evidencias, presentes en los informes de organismos internacionales de derechos humanos —comenzando por los del Alto Comisionado de la ONU, dirigido entonces por Michelle Bachelet—, fueran suficientes para despertar la condena, en sectores de izquierda, sobre los excesos del gobierno venezolano. Sin embargo, no lo fueron.

Nunca es tarde, sin embargo, para solidarizarse con las demandas de las mayorías venezolanas. Además de la liberación plena de todos los presos políticos y el desmantelamiento de la estructura represiva, ninguna transición real hacia la democracia puede ocurrir sin la participación de la propia población y de las organizaciones gremiales y sociales, hoy grandes ausentes del conflicto debido a la represión y el miedo.

En este punto debemos hacer una corta y aburrida aclaración jurídica. Delcy Rodríguez asume la presidencia del país invocando que la ausencia de Nicolás Maduro es una “falta temporal”. Según el artículo 234 de la Constitución, esta ausencia temporal es suplida por la vicepresidencia por un período de 90 días, prorrogables por 90 días adicionales. El artículo anterior, el 233, establece que cuando ocurre la “falta absoluta”, la vicepresidencia asume el control del Ejecutivo y está obligada a convocar a elecciones en un plazo de 90 días.

Es por lo anterior que, aunque Nicolás Maduro haya sido objeto de una entrega negociada, los Rodríguez mantendrán la campaña por su liberación, en la que sugieren que habrá un pronto regreso. Esta ficción les permite conservar el poder sin convocar a elecciones. Por ello, la posibilidad de una consulta electoral —para que la población pueda expresar, sin miedo ni coacción, su opinión sobre quién debería dirigir sus destinos— está en el corazón del conflicto político iniciado luego del 3 de enero.

Más de ocho millones de personas —casi un tercio de la población venezolana— han sido forzadas a abandonar su país como consecuencia directa del colapso de las condiciones de vida y de la persecución política sostenida. Ante esta realidad, el antimilitarismo no puede confundirse con la defensa abstracta de soberanías ni con la lealtad automática a gobiernos que administran el miedo y la expulsión. Su lugar ético está del lado de las personas, no de los Estados. Practicar una solidaridad verdaderamente horizontal exige desprenderse de los chantajes ideológicos que relativizan el sufrimiento ajeno en nombre de causas geopolíticas. De lo contrario, el pacifismo corre el riesgo de degradarse en una compasión selectiva, más cercana a la caridad cristiana que a una ética política de la paz. No puede haber más comunicados sobre la intervención armada en territorios sin incluir, en el mismo nivel de importancia, las demandas y aspiraciones de quienes los habitan.