Partido Socialismo y Libertad

Hace poco más de un mes nuestro país fue víctima de una brutal agresión militar de Estados Unidos. Como todos los episodios de injerencia del imperialismo en nuestra región, dejó una estela de muerte e incertidumbre en el seno del pueblo venezolano. Especialmente fueron afectados los que viven cerca de los sitios bombardeados por el ultraderechista Donald Trump; muchos de los cuales aún padecen los traumas de aquellos infaustos hechos.

En ese contexto, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez optó por claudicar ante Trump, pactando la entrega de nuestro petróleo, lo cual se concretó con la aprobación de una nueva ley de Hidrocarburos “cocinada” en la Casa Blanca.

Mientras tanto, el gobierno venezolano intenta lavarse la cara con el objetivo estratégico de mantenerse en el poder, como dijo Delcy Rodríguez en un audio que se filtró recientemente.

El gobierno intenta lavarse la cara y recuperar apoyo popular

Buscando recuperar apoyo popular, el gobierno chavista convoca a las centrales sindicales y a los empresarios para discutir un eventual ajuste del salario mínimo, el cual no se incrementa desde hace casi 4 años. Propone la creación de dos fondos soberanos para atender temas sociales de primera importancia, como el ingreso de los trabajadores, la salud, los servicios públicos, entre otros. Por otra parte, libera a un importante número de presos políticos e inicia en la Asamblea Nacional la discusión de una ley de amnistía, ya aprobada en primera discusión.

Todo esto ha sido acordado con el imperialismo estadounidense, ya que tanto el gobierno de Trump como el venezolano, coinciden en mantener la estabilidad política y social en el país, y evitar a toda costa la movilización independiente de los trabajadores y el pueblo, impidiendo que el proceso se les salga de control, garantizando de esta manera que no existan obstáculos para afianzar la expoliación de los recursos naturales, contando con mano de obra barata, especialmente en el sector petrolero, beneficiando a las grandes empresas nacionales e internacionales.

Desde hace años nuestro partido afirmó que el gobierno de Maduro reprimía para mantenerse en el poder y seguir aplicando el brutal ajuste económico, acordado con el empresariado agrupado en Fedecámaras, y que en el año 2018 denominó Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica.

Apurados por los acontecimientos, al gobierno no le quedó otra opción que reconocer que tenían en la cárceles presos políticos, después que durante años se burlaban diciendo que en realidad eran “políticos presos”. Es así que en el artículo 1 del proyecto de ley de amnistía se dice que: “Esta Ley tiene por objeto conceder una amnistía general y plena en favor de todas aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos”.

Es decir que durante los últimos años cientos de personas fueron perseguidas y criminalizadas por hacer públicas posiciones políticas adversando al gobierno; por denunciar la corrupción en instituciones del Estado, por movilizarse en defensa de sus derechos políticos, sociales y económicos. Esto se hizo patente en julio del 2024, en la dura represión contra miles de personas, especialmente de los barrios populares, que salieron a las calles en todo el país a repudiar el descarado fraude en las elecciones presidenciales de aquel año.

Ninguno de ellos debió estar preso ni sufrir las restricciones a sus derechos políticos, a la movilidad, y a la libre expresión de sus ideas u opiniones, impuestas por las medidas cautelares que aún pesan sobre más de 18 mil personas.

Nuestra opinión y propuestas sobre el proyecto de ley

Sin ninguna duda, saludamos las más de 400 excarcelaciones que se han producido desde el mes pasado, exigimos que este proceso se acelere, y que los excarcelados reciban libertad plena, así como también se levanten las medidas cautelares que pesan sobre ellos. Igualmente vemos con satisfacción que se apruebe una ley de Amnistía amplia, no obstante nos parece que el proyecto que se está discutiendo en la Asamblea Nacional es limitado y excluyente. El problema central del proyecto de ley que acaba de ser aprobado en primera discusión en el parlamento, no es tanto lo que dice, más bien es lo que no dice, lo que nos preocupa.

En primer término, se establecen unos momentos específicos de conflicto, pero a lo largo de los últimos 26 años son muchas y diversas las situaciones de conflicto político y social que ha atravesado el país, y en las cuales se produjeron detenciones arbitrarias de personas por protestar, en asambleas de trabajadores y otras circunstancias, torturas, tratos crueles, secuestros y asesinatos. La ley no debería limitarse a las situaciones concretas que se plantean en el texto, debería ser mas amplia y abarcar el periodo completo que la ley establece entre 1999 y 2026.

Por otra parte, no se establece ninguna reparación para las victimas. La ley debe contemplar una indemnización económica para las personas que fueron víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y violación de sus derechos humanos. No se establece expresamente el compromiso del Estado a que estas situaciones y atropellos no se repetirán en el futuro. El gobierno violó sistemáticamente los derechos humanos, civiles y políticos de miles de personas, pero ahora no se asume ninguna responsabilidad de reparación a las víctimas ni compromiso de no repetición.

No se dice nada sobre la libertad de trabajadoras y trabajadores detenidos por protestas, denunciar la corrupción o defender sus derechos laborales. A todos estos trabajadores y trabajadoras se les debe reincorporar en su puestos de trabajo, con pago de los salarios caídos.

Asimismo, la ley debe reestablecer el derecho a huelga conculcado durante los últimos años, en tal sentido, debe restituirse y respetarse la libertad sindical, cesar la persecución a los dirigentes sindicales y otorgársele garantías de que podrán ejercer sus funciones de representación de los trabajadores, sin ningún tipo de restricciones, salvo las contempladas en la ley.

La ley no dice nada sobre las restricciones a la libertad de expresión. En ese sentido, la ley debe establecer claramente que se abran los medios de comunicación que fueron cerrados, y que se levante el hostigamiento a las páginas web y redes sociales.

Debe facilitarse la legalización de los partidos políticos proscritos, que se devuelvan las tarjetas, símbolos y sedes a los partidos que fueron intervenidos, y deben levantarse las inhabilitaciones políticas a los dirigentes políticos, debe contemplar garantías para el retorno seguro de todas las personas que se vieron obligadas a exiliarse. Debe incorporarse el respeto a la libertad de cátedra, especialmente en las universidades experimentales.

Asimismo, proponemos que la ley incluya la abolición de toda la legislación represiva, en lo inmediato la eliminación del Decreto de Conmoción Externa; la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria; Ley contra el Terrorismo y Delincuencia Organizada; la Ley «Simón Bolívar». Y que se conforme una comisión de investigación de las torturas, tratos crueles e inhumanos, asesinatos y secuestros, y que esa comisión esté formada por sindicatos, universidades, organizaciones de derechos humanos y comités de familiares.

La Ley de Amnistía puede ser un primer paso en el desmontaje completo de todo el aparato represivo del régimen, pero estamos convencidos que la liquidación del autoritarismo, la represión y la recuperación de las más amplias libertades democráticas, solo será posible con la movilización unitaria e independiente del conjunto del pueblo trabajador venezolano.

Mientras exista el capitalismo en su fase imperialista de decadencia, la represión, el autoritarismo y el peligro fascista seguirán latentes, solo luchando por un Gobierno de Trabajadores en camino al socialismo con democracia obrera y popular podrá derrotarlo.

Caracas, 9 de febrero de 2026