Paisaje Sierra de Perijá. Crédito foto: Wikimedia commons

La Geografía del Poblamiento Venezolano en el Siglo XIX de Pedro Cunill Grau es un excelente libro para estudiar la historia del desarrollo poblacional y económico en el siglo XIX. Su lectura también se puede hacer en clave ambiental e indigenista; pues el relato va mostrando como se extiende la frontera agrícola, los desastres ambientales que se han sucedido con la explotación de determinadas commodities; o como las poblaciones indígenas se fueron mestizando y desapareciendo durante el primer siglo republicano. Esta mestización no fue pacífica en la mayoría de los casos, la violencia ejercida por diversos mecanismos fue la norma general.

Lamentablemente, es un libro difícil de conseguir, personalmente me costó cinco años de búsqueda adquirir los 3 tomos en buen estado y a un precio asequible. Por eso, al leer, quise rescatar la historia de la desaparición de una de estas comunidades indígenas, que es relatada como ejemplo de estos procesos. Es el caso de la antigua misión Belén de Piche; que posteriormente cambiaría su toponimia a El Placer de Piche y que desaparecería en la primera mitad del siglo XIX.

La tragedia del Placer de Piche

En el tomo I de la obra, Cunill Grau informa que la misión tenía para principios del siglo XIX unos 139 habitantes, era administrada por misioneros, capuchinos, navarros, de acuerdo al artículo La antigua misión de Maracaibo confiada a los capuchinos de Navarra y Cantabria (1749-1820). Diversas fuentes, especialmente el propio autor al que nos referimos, señalan que la etnicidad principal del pueblo eran los motilones, junto a sabriles, coyamos, aratomos y chagües. En el tomo II relata la extinción de esta misión, por medios fraudulentos, el despojo, expulsión y burla que sufrieron los indígenas que allí se asentaban.

Desde el segundo tomo la obra empieza a relatar el desarrollo poblacional desde 1830 hasta el final del siglo; donde se puede ver como las comunidades indígenas eran despojadas de sus tierras, a través de mecanismos legales, eran presionados por asentamientos criollos en sus linderos y que buscaban apropiarse de sus tierras. Y casos emblemáticos como el Placer de Piche; que en 1830 tenía cultivos en el valle del río Cogoyo; mientras que las propiedades de los ganaderos avanzaban hacia los linderos de las tierras del antiguo resguardo de la misión. El resguardo es el nombre legal que tenían las tierras indígenas de propiedad comunal; que desde la Gran Colombia se habían mandado a dividir y repartir a cada familia por ley; pero que en muchos casos, ante el desorden político y administrativo, así como la resistencia de los indígenas a realizar dicho reparto, no se cumpliría.

El pueblo de misión contaba con una iglesia y varias casas donde vivían catorce familias, incluso había un ingenio. Mientras que el valle del Cogollo estaba ocupado por familias dispersas, donde también familias mestizas venían ocupando territorios del resguardo de forma espontánea y sin cumplir los requisitos legales. Pero el 24 de septiembre de 1831, relata Cunill Grau, el gobernador de la provincia de Maracaibo, Ramón Fuenmayor, declaró adjudicadas al general Miguel Borrás por haberes militares un total de 2.288 hectáreas en las tierras del resguardo del Placer de Piche, las cuales se declararon de esta forma ilegal, baldías. Los haberes militares eran pagos que se hacía a los soldados y oficiales que lucharon en la Guerra de Independencia, otorgando tierras, de acuerdo a un decreto de Simón Bolívar; el cual se puede estudiar con mayor profundidad en la obra de Brito Figueroa, Historia Económica y Social de Venezuela. En fin, se trataba de redistribuir la tierra, que nunca funcionó, pagando sueldos y premios vencidos a los veteranos de la Independencia.

El general Borrás era prefecto del Departamento Zulia, además era yerno del Jefe Político de Perijá, territorio donde se encontraba el pueblo y las tierras. El fraude era evidente y el 10 de enero de 1832 el Gobierno nacional desaprobó la adjudicación, aunque posteriormente, ante las presiones del general, que sería nombrado gobernador de la provincia de Coro en 1834, confirmó el 16 de marzo la adjudicación y aparecen las tierras ya mesuradas. El general Borrás las vendió inmediatamente al latifundista local José María García, que ya tenía un hato en las tierras que colindaban con el resguardo, el cual era llamado El Llano (actualmente cerca de la localización hay un caserío con el mismo nombre).

Al comprar las tierras, José Manuel García hace demoler la iglesia del pueblo, vende los utensilios de la misma; pone a su ganado a pastar en las propiedades de los habitantes, a fin de obligarlos a que abandonaran las tierras. Podríamos decir que la propia adjudicación ilegal fue un acto violento y arbitrario, el derribo de la iglesia y destrucción de los conucos y siembras de los pobladores, otro acto de violencia; sin derramar sangre. Cunill Grau cita documentos de archivo donde las autoridades reclaman posteriormente que el señor García comete fraude al ocupar y delimitar el doble de tierras asignadas; utilizando mediciones fraudulentas. El nuevo latifundio es denominado Sabana Nueva, expulsando a los pobladores a la fuerza, al terminar de hacer su “delimitación”.

Los indígenas pelearán por las vías legales la restitución de sus tierras, siendo reconocido el fraude por los tribunales; pero nunca se ordena la restitución. En cambio, la Diputación Provincial (cuerpo legislativo de la provincia), les ofrece tierras alternativas en el sector montaña La Secreta, por las mismas cantidades de hectáreas. Pero los indígenas sentían mucho arraigo con las tierras que habitaban y se negaron aceptar la nueva locación, exigiendo la restitución de su antiguo pueblo, donde estaban enterrados sus ancestros. Citando un informe del gobernador de Maracaibo en 1838, Juan José Romero, los indígenas afirman a las autoridades que preferían no tener nada y seguir errantes, sino que se les devolvía la tierra donde habían nacido y crecido. Hay una orden del Consejo de Gobierno en 1840 que reconoce el fraude y manda a una mesura de las tierras, para restablecer el pueblo; pero Cunill Grau no encontró documentos o evidencias que esto se haya hecho; tampoco vuelve aparecer el nombre del pueblo en ningún documento, ni los censos, definitivamente había desaparecido.

Doscientos años después

La historia de este despojo nos tiene que llamar a la reflexión sobre la situación de los indígenas Yukpa de Perijá, descendientes de estos motilones despojados y del resto que vivía en las montañas o luchando contra los criollos que avanzaban ocupando tierras hacia el río Apón y Negro. Pese a lo dispuesto en la Constitución de 1999 y en la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas de 2006, a la fecha no se han demarcado ni entregadas tierras a las comunidades yukpa. Siguen existiendo conflictos entre ganaderos e indígenas, sigue habiendo lucha por las tierras, las que eran antes marginales, pero que ahora son buscadas por los ocupantes criollos. Es una muestra de como el origen de gran parte de estas propiedades agropecuarias tienen su origen en el despojo.

Hoy en día, la mayoría de los medios de comunicación, y especialmente periodistas locales, suelen describir a los indígenas como vándalos, violentos, agresores. No se toma en cuenta, este trasfondo histórico de despojo y usurpación, incluso bajo las normativas legales republicanas.