Este informe examina las condiciones carcelarias de los presos políticos en Venezuela, agravadas tras el contexto postelectoral de 2024, basándose principalmente en testimonios de familiares y de algunos detenidos luego de su excarcelación. Estos testimonios fueron obtenidos a pesar del entorno de máxima seguridad y aislamiento de los detenidos, y de la política intimidatoria de persecución contra los familiares.

El objetivo principal es ofrecer una visión integral que permita conocer con más exactitud las condiciones de vida de los presos políticos en Venezuela. Se trata de identificar las violaciones de derechos humanos en los centros de reclusión en las que ellos permanecen injustamente privados de libertad.

La investigación se llevó a cabo utilizando una metodología mixta. Se recolectaron datos cualitativos y cuantitativos a través de entrevistas y cuestionarios a expresos políticos y sus familiares. Estos datos fueron contrastados con el sistema legal y jurídico vigente, incluyendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el país en materia carcelaria.

En los últimos cinco meses de 2024, en Venezuela se ha sufrido una represión estatal sin precedentes en la historia. Luego de las protestas realizadas contra los resultados ofrecidos por el CNE sobre la elección presidencial del 28 de julio —protagonizadas principalmente por los sectores populares, sobre quienes se ha expresado de forma más dura la crisis que sufre el pueblo venezolano—. Con la celebración de ese evento y tras las manifestaciones espontáneas por la espuria proclamación de Nicolás Maduro, sin que el organismo rector de las elecciones publicara las actas con los resultados desagregados de conformidad con la ley, el gobierno respondió con una actuación policial y militar en forma de razzia, de manera violenta, arbitraria e ilegal utilizando tanto efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado como grupos armados no oficiales, llamados “colectivos”.

El ascenso de la represión fue de tal manera que —de acuerdo con datos de organizaciones no gubernamentales como PROVEA— en solo 16 días se registraron un promedio de 150 detenciones diarias, superando considerablemente la represión estatal de los tiempos de movilización de los años 2014, 2017 y 2019, e incluso las jornadas de protesta realizadas recientemente en Nicaragua. Significó el doble de detenidos-desaparecidos por día en comparación con el Chile posterior al golpe de Estado de Pinochet. De acuerdo con esto, se instaura en el país una política de terrorismo de Estado, tal como lo describió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su comunicado del 15 de agosto de 2024. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en su pronunciamiento conjunto del 6 de agosto, calificó los días sucesivos a la elección del 28-J de la siguiente manera:

En las calles se vive un estado de excepción, los militares y policías tienen puntos de control, donde, entre otras, revisan los teléfonos celulares de los ciudadanos, y si les encuentran cualquier información alusiva al candidato de oposición o de sus partidos aliados los detienen. Los allanamientos ilegales, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas se han hecho comunes. Después de las 6 p.m. ya no se puede circular libremente por las calles, el que lo haga es detenido. Hasta una masiva utilización de drones se ha dispuesto para ampliar la vigilancia sobre los ciudadanos y a la vez sembrar el terror en ellos, socavando por completo la libertad de movimiento y la tranquilidad del país. Nada de esto ha sido decretado formalmente, todo se impone por la vía de los hechos.

Miembros de la Policía Nacional Bolivariana, 29 de julio | Foto: Sergio González, Provea.

Cerca de 2.200 personas fueron detenidas de manera arbitraria, de acuerdo con las cifras oficiales, que se sumaron a los más de 300 presos políticos que ya había en Venezuela previo al evento electoral señalado. Las cifras de detenciones arbitrarias en el contexto postelectoral ocasionaron una crisis en las condiciones de reclusión que ya venían siendo precarias, destinando para la reclusión de los nuevos presos políticos centros carcelarios usados tradicionalmente para presos comunes. Nos referimos, específicamente, al Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón, al Internado Judicial de Carabobo, en Tocuyito, y al Centro Penitenciario Metropolitano Yare III, en el estado Miranda.

Esto obligó a que cientos de familiares, principalmente madres y hermanas, tuviesen que movilizarse para informarse y atender a los centenares de detenidos que fueron sometidos a condiciones de reclusión inhumanas y degradantes, las cuales fueron documentadas por el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE).

El CLIPPVE es un espacio organizado para el encuentro, el apoyo y la articulación de quienes apoyan a los presos políticos en Venezuela. Es de carácter supra-organizacional y apartidista. Agrupa a familiares de presos políticos civiles, militares, policías y expresos políticos, y tiene como objetivo promover y coordinar acciones efectivas que contribuyan a conquistar la libertad plena de todos los detenidos por razones políticas. El CLIPPVE fomenta el trabajo conjunto con diversas organizaciones no gubernamentales para documentar, visibilizar y denunciar la situación de los presos políticos y crear memoria histórica que contribuya a revivir y fortalecer la democracia.

La situación de los presos políticos en Venezuela ha sido estudiada y documentada por varias organizaciones internacionales, incluyendo la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Esta entidad ha expresado repetidamente su preocupación por las detenciones arbitrarias y las condiciones de detención en el país. En sus informes, el ACNUDH ha instado al gobierno venezolano a liberar a todos los detenidos arbitrariamente y a garantizar el respeto de los derechos humanos.

A las historias y relatos de los hombres y mujeres cuyas vidas han sido injustamente truncadas por meses y años, se les sumó la historia de niños y adolescentes detenidos en el contexto electoral de julio de 2024. Todos ellos reflejan una realidad donde la arbitrariedad y la violación de los derechos fundamentales son una práctica corriente. Ahora, bien, al hecho de ser arbitrariamente detenidos e injustamente encarcelados, se le debe agregar el exponencial sufrimiento que tienen por las duras e inhumanas condiciones de encarcelamiento a que están sometidos. En este contexto, los presos políticos no solo son víctimas de un sistema policial opresivo y de un sistema judicial injusto, sino también de un sistema carcelario inhumano.

En este sentido, es pertinente un informe que vislumbre las condiciones carcelarias de quienes han sido apresados por razones políticas, haciendo énfasis en las condiciones de los presos políticos postelectorales. Se hace necesaria, en primer lugar, la transparencia, la documentación y la difusión de las realidades que enfrentan los detenidos, lo cual permite visibilizar cualquier violación de derechos y las deficiencias del sistema penitenciario. En segundo lugar, la utilidad del informe va en la dirección de que haya justicia y amparo legal, permitiendo que organismos internacionales y entidades defensoras de derechos humanos puedan intervenir de manera eficaz y con suficiente y confiable documentación. El registro exhaustivo de las condiciones carcelarias se convierte en una herramienta poderosa para la defensa legal y la promoción de reformas estructurales que garanticen un trato justo y humano para todos los detenidos, pudiendo difundirse como información veraz y sirva, a su vez, para sensibilizar a la comunidad nacional e internacional. Queremos con esto que eventualmente se genere presión para la adopción de medidas correctivas por parte de las autoridades responsables.

A través de una descripción y análisis detallados, se abordan temas esenciales como el derecho a la vida, la alimentación, el acceso al agua potable, la salud y las condiciones adecuadas de alojamiento, higiene y vestimenta en los centros de reclusión de los presos políticos en Venezuela. Además, se da a conocer la dura realidad que viven los familiares al momento de ejercer sus derechos y buscar que los presos políticos reciban visitas y se comuniquen con el exterior, el derecho al debido proceso, según lo establecido en nuestra legislación.

El informe incluye testimonios que ilustran las realidades vividas por los presos políticos y sus familiares, en contraste con lo dispuesto teóricamente para el sistema carcelario en Venezuela, según la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y el ordenamiento jurídico interno, y las normas internacionales sobre derechos humanos y condiciones carcelarias vigentes.

En suma, el presente informe, realizado desde el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, representa un esfuerzo por la esperanza y la resiliencia, una manifestación tangible del compromiso por la verdad, la justicia y la dignidad humana en contextos de adversidad. Al evidenciar el conjunto de violaciones a los derechos fundamentales, buscamos que no vuelvan a repetirse nunca más.

Conclusiones

Las condiciones de detención descritas en este informe revelan una violación sistemática de derechos fundamentales de los presos políticos en Venezuela, tales como el derecho a la vida, a una alimentación adecuada, al acceso al agua potable, a la salud y a condiciones dignas de alojamiento e higiene. Estos derechos —consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las normas subsidiarias y en los tratados internacionales ratificados por la República— no están siendo respetados ni garantizados.
Las muertes bajo custodia del Estado son un recordatorio trágico de estas condiciones extremas y de las violaciones de derechos humanos que enfrentan los presos políticos. Estas pérdidas violan las “Reglas Mandela” de las Naciones Unidas, profundizando la desconfianza en los sistemas judicial y penitenciario venezolanos. Además, estas muertes generan un dolor y sufrimiento indescriptible no solo en las familias de los fallecidos, sino también en todos los familiares de los presos políticos, quienes viven con el constante temor de que sus seres queridos —sometidos a injustos encarcelamientos y a condiciones carcelarias inhumanas— puedan enfrentarse a la misma suerte.
La documentación de torturas físicas y psicológicas, el uso de aislamiento prolongado y la negación de contacto con familiares o abogados constituyen actos de denegación del debido proceso y muestran el uso consuetudinario de la tortura, física y psicológica, en abierta oposición a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico.
Los tratos crueles, degradantes y humillantes a los familiares durante las visitas constituyen una violación a los derechos humanos garantizados en la CRBV y en los tratados internacionales suscritos por Venezuela. Además, generan daños psicológicos en los familiares y se constituye en una forma de tortura.
La ausencia de mecanismos efectivos para el derecho a la defensa, la presentación de observaciones y la falta de respuesta a las denuncias de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos reflejan una política de opacidad y desinterés en garantizar condiciones mínimas para los detenidos.
La sobrecarga emocional, económica y logística impuesta a los familiares —quienes deben suministrar alimentos, agua potable y medicamentos a los detenidos— agrava el impacto de las condiciones de reclusión en las familias, perpetuando los ciclos de sufrimiento y vulnerabilidad. Además, la mayoría de los privados de libertad, fueron trasladados a centros de reclusión lejanos a sus hogares, lo cual agudiza las condiciones de pobreza de las familias.
La falta de acceso a programas de desarrollo personal, educación, deporte y bienestar mental, en todos los centros de reclusión, perpetúa el trato deshumanizante contra los presos políticos y socava su salud física y mental.
Las condiciones documentadas son el resultado de políticas sistemáticas de represión, negligencia estatal, ausencia de controles efectivos sobre el sistema penitenciario y una forma de profundizar el terrorismo de Estado, en abierta violación del marco legal venezolano y de los convenios internacionales sobre la materia.
La continuidad de estas condiciones representa no solo un peligro para la vida de los presos políticos, sino también una amenaza para los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Es imperativo que las autoridades venezolanas adopten medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre las condiciones de reclusión y el trato a personas privadas de libertad.

Informe completo aquí