Para ODEVIDA, la situación en que desarrollan sus actividades las organizaciones de derechos humanos y ambientalistas en Venezuela durante 2024, se ha agravado debido a que el Estado venezolano y sus autoridades han radicalizado la política de criminalización, represión y control social, que se evidencia en las agresiones, amenazas, y detenciones arbitrarias, que afectan a los sectores disidentes y de manera particular a los activistas que hacen parte del movimiento nacional de derechos humanos.

Entre enero y diciembre de 2024, ODEVIDA ha documentado diversos casos que afectaron los derechos a la vida y a la integridad, a la libertad personal y a las libertades de reunión pacífica y asociación, recopilados de diferentes fuentes de información privadas y públicas, y de informes de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como de fuentes documentales e investigaciones propias.

Preocupa que, hasta el presente mes de diciembre, seis (6) defensores de derechos humanos están detenidos arbitrariamente, y sometidos a procesos judiciales violatorios del derecho al debido proceso, acusados por delitos tales como traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir, terrorismo e incitación al odio. Nunca antes, en Venezuela, se había detenido a defensores de derechos humanos, lo que sin duda es una señal de alerta para la comunidad nacional e internacional.

En relación con los ataques y agresiones que afectaron a los defensores de derechos humanos, ODEVIDA destaca el grave incremento de diversos patrones de represión, como las detenciones arbitrarias, amenazas u hostigamientos, censura previa, entre otras.

ODEVIDA documentó 122 casos, que incluyen a 110 de defensores de derechos humanos (activistas de organizaciones de derechos humanos, abogados, periodistas, sindicalistas, líderes indígenas y ambientalistas) y 12 organizaciones de derechos humanos (Amnistía Internacional; Provea; Espacio Público; Acceso a la Justicia, Foro Penal, Transparencia Venezuela, Control Ciudadano, Fundaredes, Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve); Campo, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) y Un Mundo Sin Mordaza, fueron objeto de amenazas u hostigamiento y estigmatización.

Los 110 casos de defensores de derechos humanos, incluyen a 76 activistas de derechos humanos; 15 periodistas; 8 dirigentes sindicales; 8 líderes indígenas; y 3 activistas ambientales.

Los patrones de ataques sufridos por los defensores de derechos humanos comprenden, 1 asesinato, 22 detenciones arbitrarias; 67 amenazas u hostigamientos; y 20 pasaportes anulados.

En el caso de las 12 organizaciones de derechos humanos, el patrón que las afecta, en todos los casos, ha sido el de la criminalización y estigmatización, cuyos responsables son funcionarios públicos con altas responsabilidades en distintos organismos estatales.

Detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos

Hasta diciembre de 2023, el único defensor de derechos humanos detenido arbitrariamente era Javier Tarazona, pero esa lista se engrosó durante 2024, sumando a otros 6 defensores: Rocío San Miguel directora de la ONG Control Ciudadano, detenida el 11/02/24; Carlos Julio Rojas, periodistas y activista comunitario, detenido el 15/04/24; Edward Ocariz, activista del Comité de Derechos Humanos de Coche, detenido el 02/08/24; Kennedy Tejeda, abogado del Foro Penal-Carabobo detenido el 02/08/24; Henry Gómez Fernández, abogado y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Amazonas detenido el 17/08/24; y Yendri Omar Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, detenido el 03/08/24.

Para diciembre de 2024, de todos los defensores detenidos arbitrariamente, solo ha recuperado la libertad Yendri Omar Velásquez, quien fue detenido por efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y liberado al día siguiente, en el municipio Chacao (Caracas). Los seis (6) restantes continúan detenidos

Respecto al resto de los defensores de derechos humanos que continúan privados de libertad, TODOS fueron detenidos sin una orden judicial, pese a no existir flagrancia, y/o sin informar del motivo de la detención. Todos ellos han sido presentados ante tribunales con competencia en terrorismo, y acusados de diversos delitos, entre ellos los siguientes: traición a la patria, terrorismo, incitación al odio, conspiración, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad en incluso magnicidio en grado de tentativa, en el caso de Carlos Julio Rojas. Para ODEVIDA, lo común en todos estos casos es el patrón de violaciones al debido proceso, como la de no poder designar un abogado privado que asuma la defensa de los detenidos.

Amenazas y hostigamientos de defensores de derechos humanos

ODEVIDA ha documentado un incremento de las acciones como amenazas, intimidación y hostigamiento contra organizaciones y defensores de derechos humanos, con el objetivo de perseguir a quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos en el país. Durante el año 2024, ODEVIDA registró 67 amenazas u hostigamientos que afectaron a defensores de derechos humanos.

Cabe mencionar que la gravedad e incremento de los casos de este patrón de represión fueron denunciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); organismo que dictó medidas cautelares para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de y prevenir daños irreparables a las víctimas afectadas. Durante 2024, la CIDH dictó un total de 22 medidas cautelares, de las cuales tres (3) beneficiaron 31 defensores de derechos humanos, y el resto de sus beneficiarios fueron disidentes políticos vinculados a sectores de la oposición.

En abril de 2024, la CIDH dictó la Resolución No. 26/24 (Ampliación y seguimiento) MC 438-15 a favor del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), y a 16 de sus integrantes, entre ellos Oscar Murillo, Coordinador General; Lissette González, Coordinadora de Monitoreo, Investigación y Difusión; Marino Alvarado, Coordinador de Exigibilidad y a Raúl Cubas, cofundador de Provea.

Asimismo, en noviembre de 2024, el Foro Penal recibió medidas cautelares de la CIDH a favor de la organización y a 14 de sus integrantes, entre ellos Alfredo Romero, Gonzalo Himiob Santomé, Luis Betancourt, y Olnar Ortiz; a través de la Resolución No. 92/24 (ampliación, modificación, seguimiento y levantamiento) MC 143-13, 181-19.

También el abogado penalista defensor de presos políticos, Joel Antonio García Hernández fue protegido por la CIDH a través de la medida cautelar otorgada por la Resolución No. 31/24 MC 288-2, de fecha 13.05.24.

Igualmente, ODEVIDA destaca que organizaciones de derechos humanos recientemente constituidas como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), también han sido objeto de amenazas e intimidaciones por parte funcionarios del servicio penitenciario de los penales de Tocuyito, Tocorón, Yare III y otras prisiones del país. Madres y familiares de ese Comité han denunciado ante medios de comunicación que han recibido amenazas de funcionarios para que no revelen el estado crítico de salud de sus presos políticos. Las amenazas consisten en amenazas de suspender las visitas a los detenidos y de tomar represalias con ellos.

Otra modalidad de amedrentamiento es la anulación de pasaportes sin causa justificada, realizada por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), que ha obstaculizado e impedido viajar al exterior a defensores de derechos humanos, en ocasión de participar en actividades en Naciones Unidas o la OEA. ODEVIDA a documentado 20 casos ocurridos durante 2024, destacando lo ocurrido a Yendri Omar Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+,a quien se le impidió viajar a Ginebra para participar en el 113.° Período de Sesiones del Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Violación al derecho a la vida de defensores de derechos humanos

A principio de septiembre de 2024, fue asesinado de manera violenta el indígena Ye´kwana, JOAQUÍN HERNANDEZ, integrante de la Comunidad de Tencua por grupos externos armados vinculados a la práctica de la minería ilegal. Hernández era miembro de los guardianes territoriales, AYUKUWENI en el Alto Ventuari, Municipio Manapiare del estado Amazonas. Los hechos ocurrieron en las cabeceras de dicho río, donde había sido amenazado por mineros, cuando se encontraba en la comunidad de Adajameña. La Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) informo que en virtud de los peligros y amenazas en que vive la comunidad por la presencia minera, las organizaciones indígenas, y en particular los guardianes territoriales AYUKUWENI, procedieron a solicitar la protección ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo de Amazonas.

Cabe señalar que, el último asesinato de un defensor de derechos humanos en Venezuela, ocurrió en junio de 2022 en el estado Amazonas, donde perdió la vida a manos de grupos armados no identificados el guardián del ambiente y el territorio Virgilio Trujillo Arana, caso que todavía permanece en la impunidad.

Según Provea, entre los años 2011 y 2023 fueron asesinados 68 indígenas pertenecientes a los pueblos Pemón, Warao, Jivi, Yukpa, Yanomami, Piaroa, Wayúu, Ye’kwana, Kurripako, Puinave y Baniva. Estos asesinatos han sido perpetrados por agentes de las fuerzas de seguridad y militares, y gentes no estatales -presuntos miembros de disidencias de las FARC y el ELN-, en diversos conflictos que se han desarrollado en territorios indígenas bajo control militar o disputados por gobernanzas criminales. Un 44% de los asesinatos de indígenas han ocurrido en manos de los entes militares y policiales del propio Estado.

Violación al derecho a la asociación

La publicación en Gaceta Oficial de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, ratifica la intención del gobierno venezolano de continuar y profundizar su estrategia de cerrar cada vez más los espacios cívicos democráticos.

Esta cuestionada Ley, atenta contra el orden constitucional, que establece en el artículo 132 de la Constitución Nacional que “Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”. Adicionalmente la Declaración de los defensores de los derechos humanos de Naciones Unidas establece la necesidad de “proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el contexto de su labor”.

Caracas, 10 de diciembre 2024