BRASIL:
CARTA DEL SEMINARIO “POLÍTICA DE TIERRAS Y LUCHAS POR LA TIERRA Y EL TERRITORIO”

Los movimientos y organizaciones sociales que firman esta carta, que actúan en todo el país, se reunieron en Brasilia (DF), entre el 22 y el 24 de julio de 2024, en el Seminario "Política de Tierra y Luchas por la Tierra y el Territorio". Nos moviliza la necesidad de fortalecer y articular las luchas en torno al derecho fundamental de acceso a la tierra y al territorio. Las denuncias que hemos hecho sobre la relación entre el acaparamiento de tierras, la deforestación y sus impactos en el ciclo del agua se han visto confirmadas por el escenario de cambio climático que vivimos actualmente.

El impasse histórico y permanente que mantiene intacta la injusta concentración de tierras en Brasil continúa dejando un rastro de desigualdades, intensificando el hambre, la violencia, el racismo y la devastación ambiental en todo el país. La pérdida gradual de soberanía alimentaria y biodiversidad, la contaminación del agua por pesticidas y la deforestación a gran escala son resultado directo de políticas territoriales, agrarias y agrícolas que fomentan la agricultura depredadora. Este modelo ha sido posible con recursos públicos, especialmente a través del Plan Safra para el agronegocio y el acaparamiento de tierras públicas y tradicionalmente ocupadas. Si bien los pueblos indígenas, los quilombolas, las comunidades tradicionales y campesinas son los más directamente afectados por esta perversa realidad, la ausencia de políticas efectivas para democratizar el acceso a la tierra afecta negativamente a toda la sociedad brasileña.

Las diferentes perspectivas que surgieron en este encuentro, lejos de alejarnos de la lucha común, expresaron la diversidad misma del campo brasileño, constituyendo un estímulo adicional para que alcancemos algún consenso sobre qué caminos debemos seguir en la situación actual. Entendemos que proteger el medio ambiente y enfrentar la crisis climática que se agrava en el siglo XXI no será efectivo sin una reforma agraria que promueva efectivamente la democratización de la tierra y el reconocimiento y garantía de los territorios tradicionales. Las formas de hacer, vivir y crear de la población rural están profundamente interconectadas con la tierra, las aguas, los bosques y otros seres vivos y representan una esperanza para garantizar el mantenimiento de los biomas en equilibrio.

La institución del mercado de carbono y el avance de la producción de energía considerada renovable, con el apoyo de los sucesivos gobiernos, en lugar de apuntar a la superación de este escenario catastrófico, ha fomentado la especulación territorial por parte de empresas nacionales y transnacionales que se traduce en más violencia en el campo. y hacer inviables los estilos de vida. En medio de la profusión de falsas soluciones a la crisis ambiental y climática, proponemos alternativas basadas en experiencias populares del campo brasileño, como la agroecología y el extractivismo no depredador.

La titulación individual de lotes de asentamientos, priorizada por el INCRA desde el gobierno de Bolsonaro, no aborda los problemas estructurales y el empobrecimiento de las familias asentadas. Esta es una política que el gobierno actual debe revisar urgentemente. La reforma agraria de mercado no es una respuesta eficaz para combatir la concentración de la tierra. En este sentido, es necesario superar obstáculos burocráticos y reforzar la política de Reforma Agraria, orientándola no sólo hacia el asentamiento de familias, sino hacia el reconocimiento de los territorios tradicionales y el fomento de la agroecología, respetando las particularidades de cada región.

Entendemos que el reconocimiento, la demarcación y la titulación de tierras indígenas y quilombolas deben retomarse a un ritmo más rápido. Las medidas tomadas por el actual gobierno son insuficientes tanto en términos presupuestarios como en la necesaria estructuración de los órganos responsables de estas políticas públicas, especialmente INCRA y FUNAI. Estas políticas también se han visto obstaculizadas por una burocracia excesiva. Al ritmo actual, según CONAQ y Terra de Direito, se necesitarían 2.708 años para demarcar todos los territorios quilombolas reclamados.

Denunciamos los ataques a los derechos territoriales de los pueblos originarios, quilombolas, comunidades tradicionales y campesinas, específicamente en el Congreso Nacional, en las asambleas legislativas estatales y en el poder judicial, por ejemplo: el establecimiento de un plazo para el reconocimiento de tierras indígenas. , a través de la Ley Federal nº 14.701/2023, PEC 48/2023 y Acción Declaratoria de Constitucionalidad nº 87/2023, que se encuentra en trámite ante el STF; PEC 03/2022, que tiene como objetivo privatizar los terrenos marinos y amenazar los territorios pesqueros; PL n° 510/2021, que legitima el acaparamiento de tierras, y PL 709/2023, pendiente en el Congreso Nacional, que criminaliza la lucha por la tierra. En este sentido, entendemos que es urgente la construcción participativa de un marco normativo para una política nacional de demarcación y titulación de territorios tradicionales.

El programa Terra Brasil y la plataforma terrestre, si bien son iniciativas que avanzan en algunos de estos puntos, aún son insuficientes para abordar estas cuestiones. Es necesario garantizar otras formas de protección de los territorios. La consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, quilombolas y tradicionales, según lo previsto en el Convenio 169 de la OIT, debe realizarse respetando las particularidades y visiones sobre el concepto de desarrollo de cada pueblo directamente afectado.

Los datos sobre la cuantificación y ubicación de estas tierras, tanto estatales como federales, aún son frágiles y subestimados, especialmente si consideramos que tierras inscritas ilegalmente en el registro civil como presuntamente propiedad privada.

Los diferentes organismos gubernamentales responsables de implementar la política territorial deben buscar formas más efectivas de identificar y mapear tierras públicas, garantizando la transparencia y el acceso a los datos territoriales. Dadas las debilidades destacadas, el acaparamiento de tierras sigue siendo la principal forma de avance de los agronegocios, concentrando tierras y devastando territorios tradicionales, como es el caso en las regiones de Matopiba y Amacro. La lucha contra el acaparamiento de tierras debe ser una acción conjunta entre los órganos ejecutivo y legislativo y el sistema de justicia, en todos sus ámbitos. El destino constitucional de las tierras públicas está expresado en nuestra Constitución Federal: deben estar encaminadas a la Reforma Agraria, la demarcación y titulación de territorios tradicionalmente ocupados y a garantizar un medio ambiente ecológicamente equilibrado.

Entendemos que es necesario un enfrentamiento articulado a la violencia en el campo para que las políticas públicas de garantía de derechos territoriales tengan el efecto deseado. Las acciones de milicias rurales y organizaciones criminales como el movimiento ruralista “Invasão Zero” no pueden ser toleradas por el Estado brasileño; al contrario, hay que combatirlos y desmantelarlos para que podamos lograr una verdadera paz en el campo.

Finalmente, exigimos la participación efectiva y democrática en todas las iniciativas gubernamentales relacionadas con los temas mencionados en esta carta, posibilitando el aporte de los diferentes segmentos representados a la construcción de normas y políticas públicas más efectivas para garantizar los derechos territoriales y socioambientales.

Brasilia (DF), 24 de julio de 2024

fuente: https://farmlandgrab.org/post/32336

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