CONSENSO, espacio unitario para el cambio político con sentido nacional, popular, democrático y ciudadano, se dirige al país para fijar posición con motivo del referéndum a celebrarse el próximo domingo 3 de diciembre:

En CONSENSO hay consenso sobre el asunto de fondo: el territorio del Esequibo objeto de reclamación, y su proyección marítima, forman parte de la nación venezolana desde su fundación, porque ella se levanta como república soberana sobre los territorios que constituyeron la Capitanía General de Venezuela antes de la Declaración de independencia, el 19 de abril de 1810. Así lo recoge el artículo 10 de nuestra Constitución, la cual, por cierto, ya fue votada en el referéndum aprobatorio de 1999, y reafirmada después, con motivo del referéndum de 2007 que pretendió sin éxito modificarla.

En CONSENSO también hay consenso en que el Laudo Arbitral de 1899, mediante cual Inglaterra, en complicidad con los Estados Unidos, pretendieron arrebatarnos la Guayana Esequiba es nulo e írrito. El mismo constituye un despojo colonialista fraguado entre estas potencias imperiales, en un acto en el cual no estuvieron representados los dos países implicados en el asunto: Guyana, porque no existía aún como república independiente. Venezuela, porque nuestra representación fue usurpada por los Estados Unidos.

En CONSENSO hay consenso en respaldar firmemente el espíritu y letra del Acuerdo de Ginebra de 1966, cuya sola existencia valida nuestra reclamación territorial poniendo en cuestión el referido Laudo, al tiempo que privilegia la vía de la negociación bilateral para la búsqueda de una solución práctica que resulte satisfactoria a ambas partes.

Si todo lo dicho no está en discusión para nosotros, la pertinencia y conveniencia del referéndum del próximo 3 de diciembre sí debe ser analizada. En primer lugar, porque los asuntos de fondo no deberían ser consultados sino asumidos y defendidos, firme y consecuentemente, por quienes ocupan el Estado y el gobierno, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1, 10, 11, 13 y 15 constitucionales, y es esto precisamente lo que no ha ocurrido.

En efecto, quienes hoy, de forma repentina promueven este referéndum, ataviados de una diplomacia de micrófono sospechosamente altisonante y provocadora, durante al menos 20 años abandonaron nuestra histórica reclamación. No fue solo descuido, negligencia, impericia e irresponsabilidad lo que condujo a los representantes del régimen a colocar en segundo plano la defensa de nuestra soberanía e integridad territorial. Fue también, y principalmente, una geopolítica delirante y grandilocuente, a través de la cual se pretendió asumir el liderazgo sobre los países del Caribe de cara a la comunidad internacional, con base en una política demagógica y derrochadora, sustentada en una chequera petrolera que el oficialismo se encargó de vaciar, en el peor latrocinio que conozca nuestra historia, mientras conducía a la ruina nuestra industria petrolera nacional.

Es necesario recordar que en febrero de 2004, siendo Hugo Chávez presidente y Nicolás Maduro canciller, le otorgaron un cheque en blanco a Guyana para que explorara y explotara las riquezas contenidas en nuestra Guayana Esequiba, como parte de esta “seductora” y contraproducente geopolítica. Al amparo de esta licencia irresponsable y antinacional, frente a la cual guardan silencio quienes hoy se rasgan las vestiduras con un dudoso nacionalismo, Guyana ha ido avanzando en su plan sistemático y sostenido de ocupación, poblamiento y promoción de inversiones en el territorio objeto de nuestra reclamación, en las aguas marinas y submarinas que constituyen su proyección en el mar y aun en aquellas que no forman parte de la disputa porque se admiten como ámbito de nuestra soberanía.

¿Qué han hecho frente a esto quienes convocan este referéndum? Durante largos años miraron para otro lado a fin de no ver; más recientemente gritan improperios, insistimos, en una sospechosa diplomacia de micrófono, sin promover ni una sola vez alguna solicitud de medidas provisionales, ante las instancias previstas en el Acuerdo de Ginebra, contra las acciones ilegales, unilaterales y arbitrarias de Guyana; a diferencia de ésta que sí ha recurrido a ellas cada vez que lo ha considerado necesario.

Quienes hoy invocan el Acuerdo de Ginebra en oposición a la Corte Internacional de Justicia mienten conscientemente. Ocultan que la CIJ es una de las vías contempladas en el Acuerdo que todos defendemos, en el caso de que se agoten los esfuerzos por alcanzar un arreglo mutuamente satisfactorio a las partes a través de la negociación bilateral. Más grave aún, ocultan que ya el caso fue colocado bajo la jurisdicción de dicha Corte a instancias de Guyana, por iniciativa de la Secretaría General de la ONU, con la admisión expresa de la representación venezolana y con dos decisiones a través de las cuales declara su competencia en el caso.
Quienes promueven este referéndum también ocultan los alcances contenidos en la pregunta 5. Su consecuencia práctica podría ser la declaración de un conflicto bélico con Guyana, con la excusa del cual el régimen podría declarar un estado de emergencia nacional que sirva de excusa para eludir la obligación constitucional de realizar la elección presidencial en 2024. El 85% de nuestros compatriotas está descontento y anhela cambios, tal como lo demostraron los dos millones y medio que participaron en la elección primaria realizada el 22 de octubre por un sector de la oposición. A esta realidad huye un régimen que se sabe derrotado y que inventa toda clase de maniobras para impedirlo.

La cúpula que desgobierna, a lo largo de los últimos años ha negado sistemáticamente los recursos para la educación, la salud y demás servicios públicos; para dignificar y hacer justicia con las remuneraciones y salarios del magisterio, los trabajadores universitarios, los jubilados y pensionados y demás trabajadores públicos y privado, con la excusa de que no existe disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, de la noche a la mañana, como por arte de magia aparecen miles de millones de dólares que se derrochan en un referéndum inoficioso e innecesario, cuando lo que tendrían que hacer es precisamente lo que no hicieron durante todos estos años: defender la soberanía e integridad territorial de Venezuela, de acuerdo con lo establecido en la Constitución ya votada e interpretando el sentir de todos nuestros compatriotas, del cual hace ya largo tiempo se divorciaron.

Finalmente, es necesario decir que detrás de las posturas de los gobiernos de Guyana y Venezuela se ocultan los intereses voraces de las potencias imperialistas y las transnacionales, encabezadas por los Estados Unidos, China y Rusia, ávidas de explotar para sus beneficios, a expensas de nuestros pueblos y de la depredación de la naturaleza, las inmensas riquezas minerales y estratégicas que alberga la Guayana Esequiba, más allá del petróleo y gas. Dichas potencias han avanzado ya un buen trecho en este camino, con la avaricia de socio menor del gobierno guyanés y la inacción y el silencio cómplice del régimen de Maduro.

En consideración de todo lo anterior, en CONSENSO defendemos la soberanía pero condenamos la demagogia y el engaño. Defendemos nuestra Guayana Esequiba pero rechazamos la manipulación politiquera y advertimos, responsablemente, acerca de los peligros implicados en la sospechosa estrategia seguida por los gobiernos de ambos países. De nuestra parte, comprometemos nuestro esfuerzo por la preservación de la paz y la solución práctica de la controversia, dentro del espíritu del Acuerdo de Ginebra; así como al diseño y puesta en práctica de una política de fronteras dirigida al desarrollo de estos territorios y al ejercicio efectivo de nuestra soberanía en ellos, dentro de un clima de paz, democracia, progreso y bienestar para sus habitantes y para los pueblos de ambas naciones.

Quienes promueven este referéndum también ocultan los alcances contenidos en la pregunta 5. Su consecuencia práctica podría ser la declaración de un conflicto bélico con Guyana