El libre tránsito es un derecho que tenemos todas las personas para trasladarnos a donde queremos, sin ningún tipo de interferencias por parte del Estado o particulares. Es obligación del Estado garantizar las condiciones para su ejercicio a través del mantenimiento de las vías de comunicación y vialidad que permitan dichos traslados. Algunos podrían incluso asegurar que el no proveer ni mantener adecuadamente las vías de comunicación, de diversos tipos, pudiera considerarse como una política de Estado para frenar la circulación de personas en determinados territorios. Este pareciera ser el caso hoy día del pueblo indígena Yukpa quien parece verse vulnerado en su derecho al libre tránsito. A continuación, se explica con detalles esta situación.

Una situación irregular

El 24 diciembre del 2022 un grupo de indígenas yukpas tomaría en protesta una alcabala y trancaron la carretera para exigir la entrega de las bolsas de comida correspondientes al mes, así como los regalos prometidos a los caciques de la cuenca del Yaza y algunos del Apon; según informaciones radiales de la emisora Fe y Alegría. Explicaba también, el vocero Sabinito, que carecen de combustible para trasladarse, incluso para poder mover cadáveres o sacar las cosechas y venderlas en los mercados. Posteriormente, el 26 de enero de 2023 se daría la denuncia, por medios de comunicación, de yukpas de la cuenca del Yaza por la pérdida de sus cosechas por las malas condiciones de la vialidad, la falta de transportes y combustibles.

El 14 de febrero se volvería a dar otra situación, transmitida por la radio, en la cual Sabinito y otros Caciques en la Villa del Rosario, fueron retenidos en su camino a Caracas, devolviéndolos hasta la Cuenca del río Yaza. Las autoridades del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (MINPI) toman acciones cada vez que se observa una movilización de los yukpas y tras retenciones y promesas frenan su avance a la capital nuevamente. Posteriormente, el 9 de marzo, un centenar de artesanos yukpas intentarían viajar a Caracas cargados de sus productos y artesanías para vender, pero no les permitirían viajar; de allí que se mantuvieran en el terminal por horas y días a la espera de su derecho al libre tránsito y circulación; evento recogido por la prensa. ¿Por qué no se les permite viajar a la capital y poner en venta sus productos? María Vanessa Prieto, viceministra del MINPI es la funcionaria que se ha encargado, acompañada de guardias nacionales y policías, de aplicar la política de coartar la circulación de estos; sin ofrecer razones al respecto, no quieren que viajen y punto.

La situación de esas comunidades es bastante precaria y urgente; las dificultades para transportarse han derivado en la falta de acceso a los centros de salud, provocando que enfermedades no demasiado graves, al no ser tratadas efectivamente, se conviertan en problemas graves. Como la situación seguía igual, el 29 de marzo volvieron a salir algunos yukpas hacia Caracas, siendo detenidos en el estado Carabobo a la altura del kilómetro 131; atacados con gases lacrimógenos. Integrantes de la Sociedad Homo Et Natura recibió una llamada de emergencia de la compañera Ismenia García, indígena Yukpa, quien decidió con algunos miembros de su comunidad de la cuenca del Río Yaza asumir el riesgo de viajar a Caracas para solicitar audiencia con el Presidente de la República y exponer los graves problemas de vialidad y bloqueo que hacen las autoridades; lo que para ellos resulta en vulneración de sus derechos al libre tránsito, freno al desarrollo de la productividad. Aseguran que han enviado escritos con esta información al MINPI, se han reunido en Caracas en mesas de atención interinstitucional de mujeres y hombres; pero sin ver resultados. Asegura Ismenia García que ya está cansada. Informan que han sido recibidos en Carabobo con bombas lacrimógenas y se les impide el paso a Caracas.

📢Funcionarios de la GNB bloquearon y dispersaron con bombas lacrimógenas en la Autopista Regional del Centro a un grupo de indígenas yukpas que pretendía llegar a #Caracas para manifestar sus reclamos por problemas de servicios públicos en sus comunidades en la Sierra de Perijá. pic.twitter.com/rzHH9mad0R
— Servicio de Información Pública (@infopublicave) March 29, 2023

Esto ha provocado la reacción de diversas organizaciones defensoras de los derechos indígenas, como Oripanto Oayapo Tuonde, quienes publicaron un video acompañado de sus declaraciones exigiendo al MINPI y al MINMUJER que actuasen coherentemente para el cese de la violencia de las fuerzas del Estado contra este grupo de yukpas, y garantizasen su seguridad física. Al final, llegaron a un acuerdo con la viceministra Pietro para la atención de sus exigencias. ¿Cuál fue el motivo del uso de gases lacrimógenos para evitar su llegada a Caracas? ¿Por qué se les prohíbe y coarta su derecho al libre tránsito? ¿Qué ley prohíbe que los indígenas puedan ir a la capital? Al final se firmó un compromiso con el MINPI que acordó el pago de las artesanías el 4 de abril, lo que se cumplió; pero cabe preguntarse igualmente ¿Por qué ellos no pueden vender sus artesanías por su cuenta?

#AHORA 🚨 Indígenas yukpas de la Cuenca Yaza de la Sierra de Perijá, estado Zulia, denuncian que funcionarios de seguridad del Estado le impiden el paso hacia Caracas: se encuentran retenidos en Valencia, estado Carabobo, desde la mañana de este miércoles #29Mar. pic.twitter.com/W4kItSGbnT
— Radio Fe y Alegría Noticias (@radiofeyalegria) March 29, 2023

El 30 de marzo, un grupo de más de 60 yukpas, también de la cuenca del Yaza, dirigidos por “Sabinito”, hijo del Cacique Sabino Romero, asesinado por defender las tierras de su pueblo, quienes tenían pensado llegar a Caracas, con un camión lleno de artesanías para la venta; fue detenido en la alcabala del Km. 104 en la Villa del Rosario de Perijá, prohibiéndoles el paso. Tras las promesas recibidas desde el Ministerio, las cuales no fueron cumplidas, motivaron a la decisión de movilizarse a Caracas; sin embargo, han sido retenidos por las autoridades, como viene sucediendo en los últimos meses.

No son hechos aislados

Al leerse las noticias por separado, como suelen aparecer en medios y redes sociales, pueden parecer eventos aislados o particulares, desde diciembre del 2022 hasta abril vemos 6 bloqueos a la movilidad de estas comunidades, en menos de 5 meses. Como se ve es una reiteración de eventos, entre la falta de caminos, la escasez de combustibles y la acción directa de las autoridades para evitar la salida de estas personas hacia la capital. No hay fundamentos legales, ni de ningún otro tipo, salvo alguna agenda política no declarada. Por el contrario, existe un cúmulo de derechos garantizados en la Constitución que vienen siendo violados de forma clara y expresa por el MINPI y las fuerzas de seguridad del Estado.

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresa en su artículo 50 que toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Estas limitaciones legales no existen para los casos que hemos visto; no existe ley que prohíba, ni existe justificación para prohibirlo en caso de que se busque legislarlo. Se podría argumentar que se quiere frenar las demandas y denuncias que estos hacen ante su situación bastante precaria, pero igualmente se ven amparados por el artículo 51 que da el derecho de exigir directamente a las autoridades del Estado respuestas a sus demandas y problemáticas.

¿Por qué se violentan los preceptos constitucionales contra las personas yukpas? ¿Por qué el estado no atiende a sus principales demandas como el mínimo mantenimiento de la vialidad y el acceso al combustible? ¿Pueden vivir estas comunidades sin sacar sus producciones agrícolas y artesanales a la venta fuera de sus territorios? Pareciese un nuevo proceso colonial, desde las estructuras del Estado contra las comunidades, cada vez más vulneradas, atrapadas bajo el control de la fuerza estatal que llega al paroxismo de impedirles el tránsito a cualquier otra parte del territorio nacional. ¿Es acaso justo para estas personas?

Voces sin escuchar

Esta limitación a los derechos viene acompañada con la sordina consciente de las autoridades estatales para atender los problemas de estas comunidades. Las mismas que actúan con diligencia para frenarles el paso, se ven negligentes para atender sus demandas y necesidades fundamentales, vulnerando también la dignidad de estos y su derecho a la vida, la salud, educación y simplemente una vida decente. El MINPI, encargado de defender y garantizar que los pueblos originarios tengan acceso a sus derechos. Así se han hecho escuchar en redes sociales, exigiendo la apertura de escuelas y denunciando que para el acceso a la educación deben caminar decenas de kilómetros.

¡La Etnia Yukpa exigen sus derechos!

Caciques de la étnica Yukpa de la vía de Perijá, exigen que el Estado atienda la grave crisis que el pueblo Yukpa vive día tras día en el Estado Zulia #Venezuela.

Los Yukpa denuncian que siguen sin respuesta a sus demandas #SomosYukpa pic.twitter.com/aaeMJoMKzW
— Centro de Activismo y Desarrollo Democrático🏛🌐 (@CddLatam) April 6, 2023

Unido a la falta de atención médica y la ya referida pérdida de las cosechas por falta de combustible para sacarlas al mercado; así como la nueva modalidad del MINPI de monopolizar la adquisición de las artesanías, a través del bloqueo de tránsito para poder sacarlas a las ciudades; se observa que en conjunto hay una serie de decisiones que están orientadas al menoscabo de derechos y hacer complicada la vida misma para estas comunidades.

La conflictividad con las poblaciones criollas y los ganaderos que ocupan las tierras que deben ser adjudicadas, siguen en crecimiento; sin que el Estado ejerza su función de arbitraje y resolución del conflicto. Al contrario, los hechos violentos parecen crecer, como denuncian los criollos que denuncian las ocupaciones y alcabalas que los yukpas organizan para ganarse medios de vida o ejercer su derecho a la protesta, ante la pasividad del Estado. Y como expresa Lusbi Portillo de Homo Et Natura, el Estado prefiere arrinconar a los indígenas entre la frontera y las tierras ganaderas para garantizar un futuro desarrollo carbonífero de la región, que se vería amenazado con la resolución del conflicto territorial de los indígenas en Zulia.

¿A dónde va toda esta indolencia y políticas de olvido? ¿Asumirá su responsabilidad el MINPI? ¿O estaremos en frente de una política sistemática con objetivos poco claros y benéficos para los pueblos originarios?