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En marzo de 2023 ha estallado el enésimo caso de corrupción generado desde el interior del Gobierno Bolivariano de Venezuela, esta vez en lo referente, inicialmente a la Sunacrip y Petróleos de Venezuela, de la cual la primera involucra unos 3 mil millones US$ y sobre la segunda se han señalado nada más y nada menos que unos 21 mil millones no cobrados. El diputado Hermann Escarrá habló en su momento de 23 mil millones, aunque luego se desdijo. Para el 5 de abril había 51 detenidos, incluyendo altos funcionarios gubernamentales.
Mucho se podría hablar de las estimaciones más amplias de los desfalcos en los años de la “Revolución Bolivariana”: 68.311 millones US$ calculados por Transparencia Venezuela en 21 años de gobierno sólo desde información obtenida en investigaciones abiertas en otros países; los 300 mil millones que señalaron los exministros Héctor Navarro y Jorge Giordani en 10 años a través de operaciones cambiarias y otras actividades ilícitas; o los 259.234 millones de fuga ‘mafiosa’ que estimó Marea Socialista en 2014.
Mucho podría también hablarse de la corrupción como el factor fundamental de la configuración de poder actual, el mecanismo hoy por excelencia de distribución de la riqueza; un elemento estructurante del régimen político, digámoslo así, su forma de operación regular. Quizás algún día podremos tener verdaderas cifras de lo que probablemente sea uno de los mayores desfalcos y saqueos en un país en la historia reciente de América Latina. Desfalco y saqueo que, paradójicamente, se hizo en nombre de la Revolución.
Pero es necesario hacer un énfasis, un llamado de atención: el saqueo que hemos vivido no ha sido únicamente el de los dineros públicos. Lamentablemente hay algo más integral, más orgánico, en este descomunal proceso de apropiación ilícita y extracción de riqueza; algo que toca las tramas de la vida de esto que conocemos como Venezuela. En la base de toda esa renta generada y luego desfalcada ha estado la apropiación directa de los recursos de la naturaleza: energía, minerales, bosques y ríos devastados, componentes vitales y de biodiversidad que son convertidos en “commodities”, y luego en unidades financieras que han terminado potenciando estos entramados de corrupción gubernamentales.
Se van llevando todo el dinero, pero además le van sacando todo a la Tierra. Raspan las ollas y simultáneamente los ecosistemas. No es posible comprender esta extracción financiera sin la extracción ecológica que la sustenta.
La propia gestión de este desfalco ecológico también ha sido profundamente corrupta por parte del Estado: saque ilícito de carbón vegetal de bosques xerofíticos; extracción ilegal de madera, usada para su venta a nivel nacional y para la construcción de viviendas; Parques Nacionales expoliados por grupos de poder, sin miramiento alguno a las leyes ni normativas de estos ABRAES; desvío de ríos para intereses particulares militares; connivencia oficial para la extracción ilegal de oro a cambio de parte de las ganancias; y así un largo etcétera.
El problema subsiguiente, o quizás el daño más profundo, es que de este desfalco financiero/ecológico nos van dejando tierra arrasada. Tramos del territorio de la República devastados, algunos con daños irreversibles. En términos de economía ecológica, robarse unos 21 mil millones de dólares de dineros públicos equivale a 12-13 años de devastación de la Amazonía para obtener los ingresos anuales estimados por minería de oro. Sólo que esos bosques y esa agua limpia no nos lo devolverá nadie.
No son sólo los míseros salarios que nos quedan a la gran mayoría de los venezolanos producto de este saqueo, la expansión del hambre de tantos, o el que nos hayan dejado sin hospitales o servicios públicos básicos. Se trata también de toda esa cantidad de vida ecológica aniquilada para costear los apartamentos y casas de lujo en Dubai o Europa de unos pocos; las camionetas y deportivos tunning de unos pocos; las megafiestas y el botox de unos pocos. Unos pocos con mucho poder, pero que apenas son el más claro síntoma de la decadencia histórica de la clase política nacional, incluso, en más amplio espectro, del declive civilizatorio.
Epílogo. Un llamado a la defensa de la vida
Saqueos, en estas formas y de estas dimensiones, han sido históricamente ejecutados por fuerzas foráneas, que poco le importan dejar tierra arrasada. 525 años después, vemos que el régimen venezolano actúa como los nuevos colonizadores, como piratas extranjeros, o casi como un ejército de ocupación.
Tendremos que hablar seguramente de la deuda externa que nos queda en el proceso bolivariano; es y será un nuevo desafío para el país. Pero la deuda ecológica que nos deja este Gobierno es inconmensurable.
La indignación del venezolano hoy, que es mucha, debe también mirar este desfalco ecológico, reclamar también por él. La vida es nuestro salario, nuestra salud y educación, nuestra agua, nuestro suelo, nuestro aire, nuestra tierra. Es todo esto. Se trata de defender la posibilidad de vida en nuestro país, y en últimas, el propio futuro de nuestro planeta.