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Detener la pérdida de biodiversidad: 5 ámbitos clave para desescalar el extractivismo en América Latina
publicado el 11/01/23 par Emiliano Terán Mantovani Palabras-claves  Caracas  Arco Minero del Orinoco  Ecología   Política   Reflexión / Análisis 


Marcha contra el fracking en Colombia. Fuente: Foto: Esperanza Proxima (CC BY-NC-SA 2.0).

Este artículo está basado en una presentación que realizamos en una de las Conferencias Paralelas a la COP-15 de Biodiversidad realizada en diciembre de 2022 en Montreal (Canadá), denominada “Solutions to the Underlying Causes of Biodiversity Loss”. La mesa redonda donde se presentó, reflexionó sobre ‘cómo podemos reducir el uso de recursos con el objetivo de proteger la biodiversidad’. Planteamos este conjunto de ideas críticas desde la ecología política del Sur y nuestra reivindicación post-extractivista para América Latina.

I. Trasfondos de la COP15: ecología política de la protección de la biodiversidad

A nuestro juicio, la hoja de ruta que marcan los acuerdos de la COP15 sobre Biodiversidad, realizada en Montreal, Canadá, son tremendamente insuficientes en comparación a las reales dimensiones del problema. El asunto no es sólo el cambio climático: el hecho que un millón de especies estén en peligro de extinción, de las vastas e incalculables consecuencias que eso tiene para la vida en el planeta, del carácter irreversible que pueden tener estos procesos de pérdida de biodiversidad y las necesidades de actuar con celeridad y premura, contrastan enormemente con un sistema global que sigue vorazmente ampliando el consumo de recursos y energía, las fronteras de la destrucción ambiental, mientras se generan acuerdos que no establecen medidas precisas y vinculantes para abordar este problema.

No es nuestra intención hacer énfasis en los acuerdos y resultados de esta última COP. Nos interesa más centrarnos en dos factores fundamentales sobre los que se sostiene esta situación de indolencia ante la crisis ambiental global. En primer lugar, es inútil obviar que la forma que toman las negociaciones y los acuerdos en estos eventos está profundamente determinada por las estructuras de poder internacional, de carácter corporativa, partidista, militar, financiera y elitista, que marcan extraordinarias desigualdades sociales, económicas y globales, y que en realidad son una barrera muy pesada para la implementación efectiva de las políticas y recomendaciones propuestas para transformar verdaderamente la situación ecológica planetaria. Dichas relaciones de poder y dominación internacional están en la base de las causas subyacentes de esta dramática pérdida de biodiversidad que estamos viviendo. De hecho, si queremos proteger la biodiversidad, necesariamente debemos crear contrapesos a estas estructuras de poder. El problema no es solo técnico o tecnológico; también es político y geopolítico.

En segundo lugar, nos seguimos enfrentando a unos fundamentos epistémicos dominantes que determinan tanto los enfoques como las instituciones que llevan adelante estos acuerdos y negociaciones globales. Lamentablemente dicha episteme se orienta fundamentalmente por perspectivas de mercado, que siguen promoviendo el crecimiento económico, cuando son precisamente el desarrollo de los mercados capitalistas y la lógica de crecimiento sin fin los que están haciendo inviable el sostenimiento de la biodiversidad. Proponen falsas soluciones basadas en esquemas contables ante un ámbito que tiene dimensiones inconmensurables como es el de la biodiversidad, así como en mercados de compensación y mecanismos dominados por el ámbito empresarial que operan primordialmente sobre los procesos de distribución y redistribución económica, pero que no tocan el asunto de fondo, que tiene que ver con el voraz patrón de apropiación de la naturaleza, y nuestra relación con esta. Adicionalmente, pero no menos importante, se ha impuesto colonialmente una visión de biodiversidad que aminora o invisibiliza el resto de valoraciones de la naturaleza que existen en diferentes pueblos y comunidades a lo largo y ancho del mundo.

En este sentido, necesitamos un vuelco epistémico y político para abordar este problema; enfoques dirigidos a la raíz del mismo, que replanteen radicalmente nuestra relación con la naturaleza. No bastará sólo cambiar las fuentes de energías de fósiles a renovables; esto más bien implicaría un dramático aumento del consumo de minerales críticos para esta ‘transición’. No podemos ya seguir creciendo de esta manera. Requerimos además una profunda transformación de los estilos de vida dominantes, nuevos metabolismos sociales y culturales, dimensiones y escalas más cortas para reproducir nuestra vida. Tendremos que asumir indefectiblemente el decrecimiento.

La pregunta sobre cómo reducir el uso de los llamados ‘recursos’ debe estar dirigida primordialmente al Norte Global, a China, los BRICS, economías emergentes, grandes corporaciones transnacionales, sectores más ricos de las sociedades del planeta. Pero de ninguna manera América Latina debe estar eximida de esta cuestión. Más bien, ella nos abre a interesantes perspectivas sobre post-extractivismo, sobre otras formas de distribución de la riqueza, sobre posibilidades de transitar hacia otras modalidades económicas, que en cambio puedan fortalecer la vida en la región y representar un aporte a este esfuerzo de carácter global.

II. Breve contexto actual de América Latina, extractivismo y transiciones: tensiones, contradicciones y potencialidades

América Latina se encuentra, al igual que el resto del mundo, atravesada por la convulsión y la volatilidad, el desorden y el caos global, la enorme incertidumbre; así como un por una serie de tensiones y contradicciones, aunque también potencialidades y posibilidades de transformación. Por un lado, la región está experimentando grandes presiones internacionales y nacionales para expandir el extractivismo, lo cual está siendo determinado por al menos tres factores coyunturales: primero, la crisis económica y social que se ha intensificado con la pandemia –haciendo de América Latina la región ‘más afectada’ en este período según la ONU[1]–, con un incremento de la pobreza, alta inflación, etc., que ha hecho prevalecer una narrativa política generalizada en la que se afirma que “necesitamos más extractivismo para superar la crisis”, junto a proyectos y propuestas de expansión extractivista de los diferentes gobiernos del subcontinente.

Segundo, la promoción de la Transición Energética Global dominante impulsada primordialmente desde el Norte Global, con tendencia hacia un notable incremento relativo de las ‘energías limpias’, está allanando el camino a una nueva escala del extractivismo de minerales críticos –tal ocurre en Chile, México, Argentina y Bolivia con el litio– o una nueva fiebre del ‘hidrógeno verde’ que es vendido como una “solución” para acelerar la ‘descarbonización’, desarrollándose unas primeras estrategias en países como Ecuador, Perú, Colombia o México, entre otros.

Tercer factor, la guerra en Ucrania, la cual, debido a las disputas y boicots energéticos con Rusia está creando nuevos imperativos extractivistas en torno a los hidrocarburos, tal y como se revela con la nueva relación petrolera que está desarrollándose entre Venezuela y los EE.UU.

Por otro lado, esto hay que contrastarlo con algunas ventanas de posibilidad transformativa determinadas por varios factores: uno, las propias presiones que la crisis ambiental y climática global generan para detener la destrucción ecológica, decrecer en el nivel de consumo de materiales y cambiar el modelo energético dominante; dos, la emergencia de nuevos tipos o formas del progresismo en los que se expresa una mayor sensibilidad sobre lo ambiental, un cierto cuestionamiento al extractivismo, y que podría abrir caminos a medidas concretas para aplicar formas de desescalamiento de este modelo extractivo; y tres, un contexto de intensas y determinantes movilizaciones populares, al menos desde 2018, que presionan para cambios y políticas de justicia social y ambiental –como se evidenció en las demandas de las movilizaciones del Paro Nacional de Ecuador de 2022 y en las protestas de Chile de 2019. En este conjunto de fuerzas de la sociedad hemos encontrado interesantes alternativas ecosociales, resistencias al modelo energético dominante, e iniciativas de transición energética popular y comunitaria que merecen atención, como posibilidades de cambio construido desde abajo. Estas alternativas han tenido fuertes y sugerentes expresiones en países como Colombia, Chile, Ecuador, México, entre otros[2].

Todos estos elementos forman parte del contexto inmediato de la región en el abordaje del grave problema de pérdida de biodiversidad, un entramado de disputas entre visiones, políticas e intereses que, como ya hemos dicho, difícilmente se puede obviar. Pero la posibilidad de abordar esta severa crisis difícilmente se lograra dejando intocado al extractivismo, o bien enverdeciéndolo: debemos indefectiblemente iniciar el tránsito hacia un rumbo post-extractivista. Dicho rumbo es posible y técnicamente viable. Además de sumar voluntad política y crear correlaciones de fuerza favorables para ello, un cambio post-extractivista que vaya al fondo del problema implicará poner en el centro otras nociones de riqueza –que no sólo remita a valores monetarios sino que incluyan a los medios socio-ecológicos de vida–; desplazar al crecimiento de su lugar privilegiado e impulsar una nueva arquitectura de la distribución y reproducción de las riquezas; y evidenciar cómo estas estrategias alternativas pueden contribuir incluso a nuevas formas de inclusión económica, de sostenibilidad de los medios fundamentales para la vida, mientras ayudan a enfrentar el grave problema de la pérdida de biodiversidad.

En tal sentido, proponemos resaltar 5 ámbitos clave de acción para desescalar el extractivismo y poder reducir el uso de ‘recursos’ para proteger la biodiversidad. Se mencionan algunos ejemplos ilustrativos, pero hay muchos más. Los cinco ámbitos no agotan los numerosos otros marcos de acción existentes.

III. Cinco ámbitos clave de acción para desescalar el extractivismo


Agricultores del Departamento de Chaltenango de El Salvador. Fuente: Alamy.
1. Una nueva arquitectura de distribución de rentas y excedentes monetarios

Un cambio progresivo pero profundo en la distribución de rentas y excedentes monetarios puede contribuir considerablemente a desescalar el extractivismo y, por tanto, reducir el uso de recursos. Se trata de un cambio en las cargas impositivas y subsidios que desincentive los emprendimientos extractivistas y depredadores de la naturaleza, e incentive otras formas económicas sostenibles, al tiempo que contribuya a financiar tanto la transición como ayudar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad a sobrellevar el proceso e integrarse adecuadamente a él. Por ejemplo, la Iniciativa ITT Yasuní en el Ecuador, propuesta entre 2007 y 2013 para preservar la selva amazónica dejando el petróleo bajo el suelo consiguiendo el apoyo de un fideicomiso internacional, también ha podido sostenerse con un aumento de impuestos, como lo demostró un estudio del Centro de Derecho Económico y Social (CDES) que evidenciaba que incrementando la carga tributaria 1,5% más de lo registrado para el momento del fin de esta iniciativa, sobre las ventas a 11 grupos económicos de los más poderosos en el Ecuador, se podía obtener alrededor de 20 mil millones de dólares en un período similar al de la explotación petrolera durante 25 años[3]. Por poner otro ejemplo, cuando Venezuela tuvo la gasolina más barata del mundo, la eliminación progresiva del subsidio a la misma podía representar una recaudación interna y externa de US$ 10 mil millones, con los que se podía financiar un plan de mejoramiento y ampliación de un sistema de transporte público, que además podría tener un enfoque de sostenibilidad ambiental.

Actualmente, el caso más interesante a evaluar es la Reforma Tributaria del Gobierno de Gustavo Petro aprobada en noviembre de 2022, que inicialmente se planteó recaudar un adicional equivalente al 1,8% del PIB, básicamente cobrando más al petróleo y al carbón, a personas de mayores ingresos, a las empresas financieras, y también a alimentos poco saludables y algunos productos plásticos, así como lo proveniente del aumento del impuesto al carbono[4]. La reforma tiene sus promotores y detractores y está atravesada por disputas políticas, y el texto no está exento de contradicciones, aunque puede dar insumos para el impulso de medidas fiscales selectivas post-extractivistas, que además contribuyan al gasto social hacia los más desfavorecidos.

2. Cambios progresivos en el uso del suelo y gobernanzas sociales

Es posible un cambio progresivo en el uso del suelo con enfoque post-extractivista, que además pueda contribuir en el fomento y crecimiento de economías locales y nacionales sostenibles. Por ejemplo, el turismo puede ser una actividad con un importante rol en una transición post-extractivista en la medida en la que, siendo manejada bajo criterios ambientales y que también contemplen la participación comunitaria y de economías locales, utiliza muchísimos menos materiales y genera mucho menos impactos ambientales que actividades como la minería o la extracción petrolera, además de tener mayores encadenamientos con otros sectores económicos (como los de servicios de alimentación o alojamientos) y crear más empleos. Costa Rica es un ejemplo de una economía que ha impulsado una mayor importancia del turismo (más del 6% del PIB en promedio antes de la pandemia)[5] mientras se han atenuado algunos males del extractivismo, destacando la moratoria a la exploración y explotación petrolera que existe en el país, tanto en territorio continental como en el marítimo.

Otro caso interesante es el de la cuenca del río Caura en Venezuela, una de las más conservadas de América del Sur, logro del manejo y protección durante cientos de años de las comunidades indígenas que allí han habitado. A pesar de ello, el Gobierno bolivariano no ha hecho total demarcación y titulación de tierras a estos pueblos originarios de la cuenca, a pesar de ser un mandato constitucional desde 1999. Actualmente, la cuenca sufre un daño ambiental como nunca antes, producto de la expansión de la minería ilegal y las consecuencias indirectas del proyecto ‘Arco Minero del Orinoco’ impulsado por el actual Gobierno de Nicolás Maduro. Las comunidades yekwana de la zona se han tenido que organizar en Guardias Indígenas para proteger el territorio.

Casos como estos evidencian la importante relación que existe entre la conservación y las gobernanzas locales, en las cuales las comunidades además tienen derecho a ser consultadas si están de acuerdo o no con un proyecto de “desarrollo”. Han existido, por mencionar un ejemplo relevante, iniciativas interesantes de comunidades que han impulsado consultas locales auto-organizadas contra la minería en sus regiones, con amplia participación popular, logrando parar el desarrollo de este tipo de proyectos, como ocurrió en varios municipios del departamento del Tolima en Colombia, como Piedras (2013) o Cajamarca (2017), no sin que el Gobierno colombiano pusiera diversos obstáculos para evitar perjudicar el avance minero. Es importante mencionar que, en general, las herramientas de consulta previa y consulta popular en América Latina en realidad han sido permanentemente irrespetadas por gobiernos y corporaciones, siendo además que en numerosas ocasiones manipulan estos instrumentos para ‘legalizar’ de manera corrupta los proyectos de interés. En este sentido, estas herramientas requieren una revisión profunda para atender las asimetrías de poder que afectan severamente a las comunidades y sus capacidades de ejercer sus derechos y soberanía en los territorios que habitan.

3. Desescalamiento directo del extractivismo

Es posible desescalar el extractivismo con medidas de corto plazo, partiendo de una evaluación del conjunto de emprendimientos existentes y concesiones, y valorándolos uno a uno para trazar el rumbo de este proceso de desmontaje progresivo. La idea es comenzar por los emprendimientos más prescindibles, los proyectos más dañinos y costosos (ambiental y económicamente), o los sectores que tengan las tasas de retorno energético más bajo, o que sencillamente derrochan considerables cantidades energías en su operación.

Por ejemplo, la minería de carbón en Venezuela puede detenerse progresivamente en el corto plazo, dado que las rentas que recauda esta industria son insignificantes y la demanda de electricidad del noroeste del país, antes que abrir nuevas carboeléctricas, como ha sido propuesto desde intereses económicos regionales e internacionales, podría ser cubierta por el gran potencial solar y eólico de esta región, del que ya existen importantes instalaciones que en cambio están en precaria situación por corrupción e indolencia gubernamental. Otro ejemplo es el del consumo de gas que genera la actividad de la propia industria petrolera. En Colombia, para 2019 aproximadamente el 40% del gas fósil que se extrae se consume en el sector petrolero[6]. Esto implica que la propuesta de disminución progresiva de la producción de petróleo del Gobierno de Petro también tendría impacto en el decrecimiento del consumo y producción gasífera del país. Otras discusiones y elementos podrían añadirse sobre disminuciones en el consumo de energía a nivel nacional que podrían plantear cambios en los sistemas de transporte dominantes –que suelen tener altos niveles de consumo de combustibles fósiles– y transformaciones de las ciudades –nuevos tipos de infraestructura, distribución y protección de áreas verdes, cambios de escalas, etc–, que además promuevan formas de economías basadas en los intercambios de locales o municipales, y en la conservación y la restauración socio-ecológica, entre otras.

Finalmente, y en la misma línea, se puede también mencionar cómo en países como México o Ecuador se queman, sin uso alguno, enormes cantidades de gas a través de los ‘gas flare’ o mecheros, debido a la explotación petrolera. El volumen de gas quemado en México para 2020 se ha estimado por el Grupo de Observación de la Tierra de la Escuela de Minas de Colorado en la notable cifra de 5.800 millones de metros cúbicos[7]. El gas en exceso es quemado por la industria para ahorrar los costos de producción que supondría invertir en infraestructuras para capturarlo, procesarlo y transportarlo para otros usos, pero genera grandes contribuciones al cambio climático e impactos ambientales a las comunidades cercanas a los mecheros. Una disminución de la producción petrolera permitiría a su vez el decrecimiento de la quema de este gas excedente. Fondos provenientes de mecanismos de compensación financiera internacional en el marco de las negociaciones sobre cambio climático, de empresas petroleras foráneas, o de la recaudación de impuestos nacional, podrían financiar las inversiones de infraestructura para su captura, o bien para la transición de cierre de mecheros.

4. Estrategias post-extractivistas desde movimientos sociales: iniciativas desde abajo con impacto multi-escalar

Además de las iniciativas comunitarias que existen en varias partes de América Latina en la cuales se desarrollan formas alternativas de generación, usos y gestión de la energía, podemos también destacar algunas iniciativas relevantes de movimientos sociales que promueven políticas post-extractivistas y de reducción del uso de los ‘recursos’, con impactos en diversas escalas. Un caso interesante es el de la Alianza Colombia Libre de Fracking[8], que ha desarrollado luchas territoriales contra este tipo de proyectos, como ha ocurrido en Puerto Wilches, en el departamento de Santander, y al mismo tiempo ha venido construyendo campañas, articulaciones con otros actores –como organizaciones sociales, congresistas, académicos, etc–, movilizaciones y acciones jurídicas con impacto en diversos ámbitos y niveles, teniendo incidencia en la política nacional. La futura promulgación de la ley de prohibición del fracking en el Gobierno de Petro es en realidad un logro de este movimiento.

En la Argentina, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata[9] ha venido impulsando una serie de actividades desde 2021 en contra de la instalación de plataformas petroleras off shore en la costa sur de la provincia de Buenos Aires. En esta línea, el movimiento ha transitado la causa judicial desde mediados de 2022 para evitar la exploración sísmica para la eventual explotación petrolera en la zona, logrando la aprobación de una medida cautelar que posteriormente ha sido dejada sin efecto por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, algo que evidencia las presiones de la industria para no dejar de expandir su actividad. El movimiento ha declarado que continuará su lucha en 2023.

Otro ejemplo de este tipo de estrategias lo constituye el Movimientos Ríos Vivos (Colombia), una articulación de comunidades y organizaciones de varias partes del país que han venido resistiendo por años a los severos impactos de las infraestructuras hidroeléctricas, siendo que con el tiempo han crecido y logrado resonancia incluso internacional, metiéndose de lleno en debate sobre la energía y el modelo de desarrollo. El movimiento ha logrado generar narrativas y nuevas formas de entender la energía y la transición, ha promovido iniciativas de generación y gestión de energías alternativas a escala comunitaria, y ha tenido una impronta en los debates sobre transición energética en Colombia y la región, hoy de gran relevancia.

5. Marcos económicos, financieros y normativos internacionales: liberarnos de las nuevas herramientas del colonialismo  

Entre otras medidas, no es posible avanzar en un proceso de protección global de la biodiversidad si no logramos desmontar algunos mecanismos normativos, económicos y financieros internacionales, que más bien perpetúan el problema ambiental. Por ejemplo, arbitrajes de inversiones como el CIADI (Banco Mundial) ha constituido un muy pesado obstáculo al momento de regular a corporaciones transnacionales y proyecto extractivistas en América Latina, siendo una poderosa arma para la protección de sus intereses. Por otro lado, los Tratados de Libre Comercio han sido utilizados para bloquear las posibilidades de acciones y políticas transformadoras a favor de opciones post-extractivistas, como ocurriera con la empresa minera de origen canadiense Pacific Rim. Tras una negativa del gobierno de El Salvador para el avance del proyecto minero El Dorado, la compañía reclamó los derechos de explotación minera utilizando una cláusula de salvaguarda del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA). Es difícil avanzar en la protección de los ecosistemas en el marco de estos tratados, por lo que se hace imperativo ponerlos en evidencia, desmontarlos y crear nuevos marcos internacionales de intercambio comercial que en realidad respondan las necesidades socio-ambientales, alimentarias y de salud que se tienen ante esta crisis.

Finalmente, es crucial mencionar el asunto de la deuda externa como una barrera extraordinaria para que los países de América Latina impulsen políticas transformadoras más allá del extractivismo. Los pagos de la deuda y su servicio desplazan de manera considerable las capacidades de acción y financiamiento propio de nuestros países, asfixiando las posibilidades de transformación de nuestros modelos. En este sentido, es fundamental no sólo una exhaustiva revisión de la deuda, auditando posibles deudas odiosas e ilegítimas, evaluando la cesación de pagos parciales para el abordaje de la crisis ambiental y climática; sino también requerimos el reconocimiento de la deuda ecológica y climática, que para el caso Latinoamericano, es fundamentalmente el Norte Global su deudor. La deuda ecológica debe ser reconocida en primera instancia como un principio de justicia internacional que sirva como referencia para guiar los acuerdos y marcos de acción global, y puede a su vez ser un elemento orientador de políticas concretas de compensación (monetaria, de flujos de materiales, comerciales, etc), reparación y resarcimiento con el Sur Global. Por ejemplo, se pueden calcular los impactos sociales y ambientales de la actividad de la minera Drummond Company Inc. en el departamento del Cesar (Colombia) por unos 30 años, o de la petrolera Chevron en el Lago de Maracaibo en Venezuela por 100 años, como un mecanismo para que se reconozca como parte de una enorme deuda que las corporaciones, y también los Gobiernos de sus países, tienen con las comunidades y países de nuestra región. Esto también debería funcionar para ayudar a financiar una transición energética justa y con perspectiva ecológica, proyectos de desarrollo de la resiliencia social y comunitaria para enfrentar las consecuencias del cambio climático, y cambios en el modelo económico.

IV. A modo de cierre. El cambio es técnicamente posible pero el asunto es político

Como hemos insistido, los cambios aquí planteados son no sólo imperiosos, sino también técnicamente posibles, quedando pendiente la organización de la progresividad de su aplicación y la coordinación entre sectores para su ejecución. Pero el hecho que estas transformaciones sean un asunto (geo)político, evidencia la necesidad de que sean empujadas por la fuerza de una coalición de actores, que aparte de contar con cierto peso político requerirá una coordinada visión estratégica.

Los gobiernos progresistas, en general, no parece que logren ir más allá de ciertas reformas al extractivismo. Predomina una visión pragmática, conciliadora y reformista en la política latinoamericana, lo que contrasta con las necesidades de cambio radical y acelerado que debemos impulsar para que no nos devore esta crisis de vida en el planeta. Pero en el momento actual regional, las agendas de transformación más radicales y más parecidas a un cambio profundo de sistema no van logrando sumar mayor cantidad de adeptos –evaluemos por ejemplo los resultados de rechazo masivo a la nueva Constitución en Chile en el plebiscito de septiembre de 2022–, como sí lo estaría haciendo opciones más moderadas. Mientras tanto, en estos momentos es el experimento de Petro en Colombia el que está mostrando un accionar alternativo en el ámbito de las políticas públicas, y numerosas organizaciones sociales y comunidades en ese país están en medio de la disputa por la orientación y el sentido del proceso colombiano. Es necesaria la acción política de posibilitadores de transformación en todos los ámbitos posibles; y abolir ciertos marcos institucionales de acción que siguen siendo un obstáculo para abordar la situación (como ya dijimos, mecanismos viciados de consulta previa o popular, estructuras impositivas que favorecen a los sectores más ricos y al extractivismo, tratados de libre comercio, etc). El escenario nos presenta paradojas de no fácil resolución.

Mientras tanto, son los pueblos en movimiento los principales motorizadores de estos necesarios procesos de cambio. El descontento popular en América Latina seguirá siendo una importante fuerza impulsora de los mismos, haciendo estremecer los sistemas políticos con sus estrategias de lucha –protestas masivas o iniciativas más locales. Pero probablemente requeriremos que las reivindicaciones ecológicas entren con más fuerza en los imaginarios, se hagan más presentes, se incorporen a los deseos de transformación y justicia de las sociedades: igualdad, lucha contra la pobreza, contra la exclusión racial o cultural, contra la corrupción, oportunidades de trabajo, pueden ir articulándose más estrechamente a luchas por la defensa de las aguas y los bosques, la biodiversidad y los territorios, el cuidado de los ecosistemas, cerros, manglares, áreas protegidas. Todos, en una visión de transformación integral, bajo una noción de cuidado de la Vida en el planeta. Otra cultura política por la cual luchar.

Requerimos de inventiva, audacia, imaginación política. Algo que produzca un vuelco positivo.

[1] ONU (2021). América Latina es la región en desarrollo más afectada del mundo por la pandemia. Disponible en https://news.un.org/es/story/2021/03/1489112

[2] Véase por ejemplo: Fundaexpresión (2021). Energías Comunitarias. Archivo de video, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=cyQuvk3-NOs; Grupo Chiapaneco contra el Modelo Extractivo (2018). Chiapas en resistencia ante el modelo energético capitalista. Disponible en: https://rmr.fm/videos/chiapas-en-resistencia-ante-el-modelo-energetico-capitalista/; Censat Agua Viva (2022). Exhibición virtual de experiencias comunitarias de Transición Energética Justa. Archivo de video, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=MHjcxa4n6h0.

[3] Presentan alternativas a la explotación del Yasuní-ITT (2013). Disponible en https://www.ecuadoraldia.com.ec/?p=747

[4] Reforma Tributaria 2022 aprobada por el Congreso. Resumen. Disponible aquí: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/es_co/topics/tax/ey-tax-alert-reforma-tributaria-2022-aprobada-por-el-congreso.pdf?download

[5] Instituto Costarricense de Turismo (2020). Industria turística aporta 6,3% del PIB a la economía de Costa Rica. Disponible en: https://www.ict.go.cr/es/noticias-destacadas-2/1358-industria-tur%C3%ADstica-aporta-6,3-del-pib-a-la-econom%C3%ADa-de-costa-rica.html

[6] Felipe Corral (2022). En qué consiste la transición energética en Colombia. Razón Pública. Disponible en https://razonpublica.com/consiste-la-transicion-energetica-colombia/ 

[7] Reuters (2022). Quema de gas en México se dispara y hace temer objetivos climáticos. El Economista. Disponible en https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Quema-de-gas-en-Mexico-se-dispara-y-hace-temer-objetivos-climaticos-20220223-0028.html

[8] Véase: https://www.facebook.com/AlianzaColombiaLibreDeFracking/

[9] Véase: https://www.facebook.com/marlibredepetroleras/


publicado el 11 de enero de 2023  par Emiliano Terán Mantovani  Alertar el colectivo de moderación a proposito de la publicación de este articulo. Imprimir el articulo
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