En las minas del estado Bolívar se generan profundas imbricaciones entre grupos estatales y actores ilegales y criminales. Imagen de: Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA).

Regreso a la Amazonía venezolana para investigar cómo se ha transformado el proyecto Arco Minero del Orinoco (AMO), aprobado y promovido de manera ilegal e inconsulta por el gobierno venezolano desde hace cinco años. Esta crónica de viaje mantiene la esperanza de contribuir a que este modelo depredador cambie, para bien de todos los seres que viven en los territorios, en las ciudades y de las generaciones futuras. Por seguridad, preservo la identidad de las personas que me confiaron información y testimonios. En honor a ustedes este relato.

Investigación del equipo de Odevida*

1. Todos se miraban pero no se distinguían

Son más de las 5:40pm y buscamos a H. en la entrada de una farmacia, ubicada en una de las avenidas de Ciudad Guayana. Estamos en cualquier día de octubre de 2021 y anochece temprano, así que nos reconocemos en medio de la luz que aún brindan los pocos postes que funcionan. H. se monta en el carro. Este encuentro es para advertirnos sobre las medidas de seguridad que debemos tomar mientras estemos en el estado Bolívar. “Todos se miraban pero no se distinguían, todos eran iguales”, dice H., como citando algún fragmento del libro Rebelión en la Granja, de George Orwell. Se refiere a la falta de claridad entre lo legal e ilegal de los actores que actualmente se disputan el control de la explotación aurífera al sur del Orinoco. También a cómo el sistema, grupos criminales también conocidos como sindicatos, se ha extendido a la mayoría de los poblados mineros: “Como todo el pueblo vive de esto, todos son parte del sistema. El sistema minó todo. Si vendes una casa o un carro te cobran el 10 %. El sistema controla el wifi. Mi suegra murió y no se le echó el formol porque no se encontró al encargado del sistema que lo tenía. Este territorio se debería llamar territorio en reclamación”.

En el artículo académico Amazonía expuesta en la gran crisis venezolana (2013-2020): extractivismo predatorio, economías ilícitas y gobernanzas híbridas, Emiliano Terán Mantovani, sociólogo y miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, habla de gobernanzas híbridas o gobernanzas criminales “vinculadas a la apropiación de recursos que, desde las esferas oficiales, se producen de manera violenta y con operaciones de despojo articuladas con economías ilícitas”. Este podría ser un término para definir lo que H. intenta explicarnos.

Mantovani escribe que el caso venezolano también muestra como “se van generando profundas imbricaciones entre grupos estatales y actores ilegales y criminales (…) Es necesario entender esto como un orden político en sí mismo, con sus propias características híbridas, que suele establecer sus propios códigos en los territorios, y sus formas de vincularse con el orden del Estado y los circuitos comerciales internacionales de commodities”.

Lo anterior se traduce en procesos de extractivismos ilícitos y criminales y tiene su concreción al sureste del estado Bolívar donde uno de los actores que controlan la actividad minera son las bandas criminales conocidas como sindicatos o sistema: “En Guasipati la banda del Ronny sustituyó a El Capitán; en El Callao hay dos bandas, la de Toto y Zacarías (en la zona de El Perú) y la de Ronny (en la zona de Nacupay); en Tumeremo, Botanamo y Nuevo Callao está la del Run o Grupo de las tres R; en El Dorado es el Fabio; en Km. 88 está El gordo Juancho; y en Las Claritas domina El Viejo”, lo que dice H. lo saben los habitantes de estos pueblos ubicados en la troncal 10, carretera que comunica a Venezuela con Brasil, y también lo repetirán las personas con las que conversaremos.

La proliferación de vallas de la CVM promocionando insumos mineros es una nueva característica del Arco Minero del Orinoco. Imagen de: Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA).

Estos grupos criminales, que se encuentran dentro y en los alrededores de las localidades anteriormente mencionadas, tienen articulación con militares y personeros del gobierno para la provisión de armas de guerra, gasolina, alimentos, ingreso de maquinaria e insumos para la minería como el mercurio y explosivo a las minas. Del mismo modo, su actividad se basa en la extorsión a mineros y comerciantes. Estos últimos deben pagarles un promedio de 30 gramas de oro (el valor de una grama oscila entre 40 y 60 dólares). Si incumplen el sistema les cierra el negocio, si recurren en la falta los matan.

“Fabio no tiene menos de mil hombres armados. Al principio veías niños que el arma era más grande que ellos, ahora son exfuncionarios militares especializados como francotiradores que cobran entre 30 y 40 gramas mensuales. Fabio llega con dos carros y antes de bajarse se despliegan todos sus hombres (…) En la alcabala de Casa Blanca, entre Tumeremo y El Dorado, Fabio tiene el control de quien entra. Tiene gariteros. Tienen armamentos de guerra. R15. Funcionan como un Estado. Tú dejas tu carro abierto y nadie te lo toca. Cualquier desavenencia la gente se queja con el representante del sistema y hasta los defienden”, explica H. y agrega que en El Dorado tienen bombas molotov “para tumbar helicópteros”.

H. nos cuenta que Fabio sigue teniendo un reconocimiento tremendo en El Dorado, que en Las Claritas hay dos cabezas, que una manda más que la otra: “Con una tranquilidad la gente te nombra a miembros del gobierno que se reúnen a jugar gallos con ellos, cómo llegan los camionetas último modelo, las avionetas, y uno dice, mira en manos de quien andamos nosotros”.

En cuanto al combustible, H. asegura que el gobierno, a través de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), negocia con el sistema. Una gandola (que contiene alrededor de 38 mil litros de combustible) tiene un valor de un kilo de oro (aproximadamente 56 mil dólares), un barril (70 litros) cuesta 9 gramas de oro. A su vez el sistema vende el combustible al minero: “Desde que llegó Osorio la gasolina no llega a las bombas de servicio, solo llega hasta Guasipati y la revenden. También hay un impuesto (arrime), por cada saco de arena que llega al molino se paga 30%”.

H., quien ha trabajado en las minas y conoce de cerca los esfuerzos de este sector para organizarse, denuncia que el gobierno potencia a la estructura de facto y precariza la vida del minero, lo cual genera una modalidad de esclavitud moderna porque apoya a un sistema que humilla: “Los ministros de mina llegan a entrevistarse con Fabio, Run, El Viejo. Se ejerce la gobernanza en el marco de la ilegalidad. Es el oro el que está dando un ingreso importante para sostener ciertas políticas públicas: bolsas CLAP, salarios públicos, bonos. Decidieron recogerlo en el sistema y no a través de los mineros y su fuerza organizacional. Entre mayo de 2017 y junio de 2018 el gobierno recibió 18.4 toneladas de la pequeña minería. ¿Es mala la pequeña minería? ¿Por qué no puedes organizarla? Podríamos llegar a las 30 toneladas”.

Pareciera que el gobierno ha reclamado su poder negociando con estos actores y que la CVM es el brazo para acopiar el oro. No obstante, este “entendimiento mafioso” es circunstancial, la gestión es una caja negra, y la violencia es el resultado “normal” del proceso. Al cambiar las lealtades, el movimiento de actores genera muertes. El 31 de mayo de 2021 se conoció un video donde miembros de la banda de El Toto atacaron con granadas y armas de alto calibre la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el Callao. La madrugada del 19 de mayo de 2021 en el sector Los Increíbles, entre Guasipati y El Callao, los habitantes reportaron un enfrentamiento entre la Guardia Nacional Bolivariana y un grupo armado irregular. Estos son algunos de los hechos que han salido en la prensa, pero la mayoría quedan envueltos en la opacidad: “En El Callao han matado a 7 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y 11 guardias nacionales. Es una hiperestructura que el mismo Estado ha creado”.

Durante las conversaciones es frecuente que aparezcan nombres específicos de funcionarios del gobierno, que inmediatamente se relacionen con el grupo criminal y nuevamente todo quede cubierto por la bruma: “Un militar-gobernador estaba montando una planta procesadora de 800 toneladas de arena (plantas de lixiviación con cianuro y carbono activo). El sistema está enlazado con la planta procesadora. En Las Vainitas (Guasipati) una vez un minero se ganó 70 mil euros y el sistema solo le dio 700 por las arenas. Cada sistema debe tener un mínimo de 1000 kilos de oro. Es el mismo sistema de Pablo Escobar”, cuenta H. lo que todos saben en estos territorios y asoma un nuevo elemento en medio de este conflicto: el enfrentamiento por el control de las arenas, de las que se extrae aproximadamente 90% del oro, y que prácticamente son el principal material utilizado en la mediana minería: “La arena es del pequeño minero. Sin este la mediana minería no es nadie”.

Lo anterior conecta directamente con las llamadas alianzas estratégicas, que se han generado en los últimos tres años y que evidencia cómo actualmente hay más capital empresarial en estas zonas. “Hay un auge de empresas procesadoras, allí es donde está el lomito, en Upata hay dos, la mayoría son testaferros del gobierno, pero también hay capital privado”, dirá H.

Esto ha traído conflictos con los pequeños mineros. Según H. “Jorge Arreaza perfeccionó el modelo del Estado asociado con el pequeño minero, el pata en el suelo, y eso fue algo inédito, que la pequeña minería pudiera contribuir al desarrollo social porque el centro nuclear de la producción de oro está sostenida en el pequeño minero. Con Víctor Cano, siempre se negaron los permisos a los pequeños mineros pero si se los dieron a la mediana minería. En ambas gestiones se firmaron 930 alianzas entre pequeños mineros (organizados en empresas) y la CVM pero no dieron los permisos. Ahora con Carlos Osorio se dan cuenta que las alianzas estratégicas no han producido oro”.

H. explica que Camimpeg no tiene derecho minero sino que hace alianza con la CVM, que en el río Aro hay conversaciones con Turquía, que algunos empresarios usaban a la Dgcim para sacar a los pequeños mineros del lugar, que a través de Alianza Comunal llegaron 12 gobernadores a reclamar las minas que el presidente Nicolás Maduro les había asignado en 2019, que uno de los candidatos a alcalde de Tumeremo está financiado por Fabio y que “van hacia la toma del poder formal”. Cada afirmación es el leit motiv “todos son uno de ellos” y la misma pregunta ¿cuál es la nueva institucionalidad? Es la desterritorialización de la zona sur del estado Bolívar.

“Estamos viviendo un holocausto. Afganistán, Kosovo, Siria, Uganda, solo que con recursos internos. Los mineros llegamos primero, luego vinieron los malandros. El gobierno nunca llegó y cuando lo hizo fue atropellando a todos por igual”, dice H. afligido.

En Amazonas, el gobernador Miguel Rodríguez, mostró su plan de gobierno La Nueva
Amazonas, que contempla la creación de zonas económicas especiales y el debate sobre la minería en un estado donde por decreto está prohibida. Imagen de: Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA).

Afuera no para de llover.

2. El miedo

32 grados centígrados. Lluvia Ligera. Un calor húmedo se pega a la piel como el óxido a las ruinas. Puerto Ordaz parece más amplia con sus calles vacías. Lo poblado son las estaciones de servicio bordeadas por colas de vehículos que esperan el combustible. La voz de la mujer nos indica. Tomamos la vía rumbo a Ciudad Bolívar.

Una hora y media después entramos a la segunda capital de este estado y preguntamos por la dirección del terminal. Un hombre con acento oriental nos dice que nos indicará si le damos la cola. “Toma el celular”, le extiende a mi compañero como garantía. “Yo no quiero tu celular”, le responde. En un abrir y cerrar de ojos está montado en el carro guiándonos. Son los tres minutos más tensos de este día que apenas comienza. “Me dejan aquí y siguen por allá”. Lo dejamos afuera de un banco que tiene una cola inmensa de gente esperando. “¿Te dio miedo?”, pregunta mi compañero.

Recogemos a Y. a unos metros de una panadería de la zona: “No sé si X. nos vaya a recibir. Nunca en mi vida había tenido tanto miedo como ahora”, dice mientras se acomoda en el asiento. Finalmente nos guía hasta la casa de X. no sin antes hacernos dar vueltas, meternos por calles angostas, el trayecto de un peatón o del miedo. “X. salió” nos indica un familiar, pero dos minutos después está llegando en su carro como si nos hubiese divisado desde una esquina. Diez minutos más y nos hacen entrar a la sala.

X. se mueve inquieto entre sus caderas anchas. Tiene el celular en la mano. Me muestra las fotos de unos indígenas asesinados el 28 de septiembre de 2021 en el Guarataro, un poblado cercano a Maripa y ubicado en la vía hacia Caicara del Orinoco, al noroeste del estado Bolívar. El primer joven tiene la cabeza rodeada con una camisa verde llena de sangre, en la tierra más sangre. Decenas de balas en el rostro. En una de sus manos aprieta un machete. “Se lo colocaron, un muerto no puede sostener así”, me dice X. El otro joven tiene una bala en el costado izquierdo, otra en el estómago, otra debajo del ojo. Su mano izquierda en su corazón tapando otro balazo, sobre su brazo derecho una escopeta alineada perfectamente. “A mí nadie me va a venir con cuentos, si te disparan así, la bácula sale hacia un lado”. X. piensa que le colocaron las armas. En el parte policial dice que encontraron a dos hombres con rasgos indígenas, uno de ellos encapuchados, in fraganti, para robar. Llevaban armas de alto calibre y objetos punzantes. X. dice que la guerrilla los mató porque iban a participar en una revuelta para sacarlos.

De acuerdo con la ONG Fundaredes, los grupos irregulares armados tienen presencia en 20 estados del país, pero con especial énfasis en los fronterizos. En estos hay una cada vez mayor presencia de la guerrilla colombiana, como el ELN y las FARC: “En El Manteco, El Callao, Tumeremo, Guasipati, Guaniamo, Bochinche, Waito, Iyawaren, Mina Hoja e’ lata (vía Anacoco), San Martín de Turumban, hay guerrilla. Lo que no han podido controlar es la parte alta de la Gran Sabana porque hay mucha resistencia de la parte indígena. Ellos hicieron convenio con los pranes, pero el gobierno permitió. Cuando hicieron lo de la cabeza del comandante eso es para que la gente tenga miedo: o entregan las minas o entregan un porcentaje alto de lo que sacan. Ellos cortan los brazos, las piernas, las cabezas y las ponen en estacas en la entrada de las minas, eso crea un miedo en la población que la gente no quiere hablar nada. Si el gobierno no ejecuta acciones cuando matan a su gente, que quedará para el pueblo”, revela X.

Me explica que estos grupos armados irregulares tienen el control del río Orinoco y que recientemente comenzaron a controlar el paso de la droga por el río Caura. “Vienen de arriba, cerca de Colombia, pasan la frontera y se vienen bajando por el río Caura, ellos inclusive controlan la pista de Entre Ríos Las comunidades del pueblo indígena yekuana están divididas, porque algunos capitanes negociaron, pusieron el aeropuerto y las comunidades a las órdenes de la guerrilla”.

También está la percepción de que la guerrilla protege para que no entre el sistema. La gente dice que no los maltratan, que cubren su manutención y que reclutan a los que “andan en malos caminos”.

X. me acerca de nuevo el teléfono para que vea la foto de perfil del whatsapp de un mafioso: un sagrado corazón de Jesús. En el chat muchas cadenas de oración. “Esa es pura pantalla”, dice riéndose e inmediatamente Y., que ha estado callado todo este tiempo, hace una metáfora con el chinchorro: “Si la tripa está podrida todo el tejido se cae, se atomiza”. X. asiente con la cabeza: “Es así. Aquí puede haber recuperación económica pero lo difícil va ser la devastación social, todas las familias están involucradas o dependen de este sistema”.

En un principio el megaproyecto Arco Minero del Orinoco estaba distribuido en cuatro áreas de explotación, ubicadas al norte del estado Bolívar, y un bloque especial en la población indígena de Ikabarú, al sureste del estado en la frontera con Brasil. Pero luego esto se extendió a todo el territorio del estado Bolívar. Una de las áreas de las que poco se habla es el área 3, entre el río Aro y el límite este del Arco Minero, con una superficie de 29.730, 37 Km2, y con predominancia de bauxita, oro y hierro.

X. cuenta que actualmente están interviniendo todas las fincas (o fundos) que están cerca del río Aro y que desde Ciudad Bolívar hasta Maripa están extrayendo oro, coltán, diamantes, estaño, sin ningún tipo de control y con el aval del gobierno: “La guardia nacional no puede hacer nada porque son órdenes de Caracas y el que quiere intervenir lo destituyen”.

En estos lugares se repite el mismo patrón de “distribución” de combustible descrito anteriormente: “El gobierno le pone en el sitio cuatro, cinco, diez, veinte gandolas de gasoil o gasolina y ellos lo pagan en 2 kilos de oro por intermedio de una compañía militar autorizada y así mismo le dan permiso para pasar la maquinaria. Ellos deforestan 20 hectáreas para hacer los campamentos o poner los equipos. El gobierno tiene 60 % y ellos el 40 %, de todos modos a ellos les queda más del 40 % porque ellos roban al gobierno. Los estudios de impacto ambiental la misma CVM se los da, cuestan entre 15 y 30 mil dólares a través de una consultoría privada. El gobierno no invierte nada sino que da los permisos que salen a nombre de los intermediarios. Esas son compañías que cuestan 4, 10 o 12 millones de dólares ahí es donde interviene la guerrilla y el narcotráfico”, explica X.

Nuevamente la guerrilla es la que garantiza la seguridad de los intermediarios que trabajan la explotación de los minerales en estas fincas: “Si los pranes se meten, la guerrilla los matan. Por eso la gente hace negocio con narcotráfico y guerrilla, no les exigen mucho sino que les laven el dinero y que le vendan parte del oro. Lo pagan mejor que el gobierno, incluso mejor que el precio internacional porque ellos necesitan lavar dólares del narcotráfico. Eso es un ganar-ganar todo el mundo, pero qué pasa, están acabando el país, esto da lástima, lo que no sucedió en décadas, sucedió en meses, las deforestaciones son… ya no quedan fincas, los dueños las están abandonando fincas porque los matan, los roban. El gobierno no hace nada porque necesita que vendan la finca, el ganado, por un precio irrisorio. Esa gente ahí monta las empresas”.

Esta situación se extiende a la zona de Tumeremo donde un informe de Cofavid documentó que también hay varios fundos, que son presuntamente propiedad de miembros de organismos de seguridad del Estado, por donde se trazan rutas de acceso a las minas, lo que representa un paso obligatorio tanto para los mineros como para los presuntos miembros de bandas organizadas que operan en la zona ya que en algunos de estos fundos existen también minas activas en proceso de explotación.

Los nombres de las empresas comienzan a aparecer (aunque en internet no hay ningún rastro de ellas) X. asegura que en el río Aro opera la Alianza Proyecto Orinoco 1021 C.A, que compran compran seis gandolas de combustible mensual (una de gasolina y cinco de gasoil), tienen 300 hectáreas y contrataron cooperativas que están desde el puente del Aro hasta la desembocadura del Orinoco (10 km aguas abajo): “Dragan el río para ‘agarrar arena’ pero en realidad es para sacar oro, porque si eso fuera verdad no tuvieran detector de metales para localizar el oro. A 5 km del río Aro hay una mina de beta (a cielo abierto) que se llama Cochanera, pertenece a un general, en dos años han matado a aproximadamente 80 personas”.

Otro de los negocios que X. señala es el contrabando de chatarra, que es definido como “material estratégico”. Se han desmantelado puentes, industrias, “hasta los cementerios los están picando para sacar las cabillas”. El hierro es enviado al exterior a través del puerto de Guanta, ubicado en Anzoátegui, donde operan las empresas Milenio, Global y Expol, la primera es civil y las dos últimas son militares (ninguna de estas empresas aparecen en internet, pero encuentro esto y esto). Las operaciones van entre los 8 y 15 millones de dólares diarios. “Esto duró un tiempo pero recientemente se ha prohibido la autorización de guías y ahora todo el hierro irá hacia las industrias básicas”, me dice X.

La papada de X. se mueve bajo el tapabocas. Camina balanceando su elevado peso de un lado a otro. Se recuesta de la ventana, cuando llama por teléfono nos hace un gesto con la mano para que bajemos la voz. Come mirando las fotos de los muertos en el teléfono e intentando desentrañar las redes mafiosas. El conflicto lo rebasa, pero él no se rinde aunque su seguridad y la de su familia esté en riesgo: “Corriendo no se pelea, no sirve, hay que pararse”.

Antes de irnos me muestra unos videos de un noticiero brasileño. “Metieron preso a Toñito, un garimpo venezolano que traficaba oro en Miami. Eso no salió por la prensa venezolana”. Me explica que Toñito es oriundo de Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, en el estado Bolívar, que estuvo involucrado el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla, en el sector Luepa, en diciembre de 2019.

Por este hecho fueron detenidos 13 indígenas del pueblo pemón y varias organizaciones de derechos humanos se pronunciaron, porque estaban siendo procesados desconociéndose la Constitución y estándares de derechos humanos que establecen la obligación del Estado de respetar los sistemas de justicia indígenas. Uno de ellos, Salvador Franco, murió en prisión a causa de edema cerebral, shock séptico y otras reacciones producto de la tuberculosis y desnutrición que padecía desde hace meses, cuadro que empeoró fatalmente por falta de atención médica. Semanas después sus compañeros fueron liberados al no poder probarse su culpabilidad.

En la autopista de Ciudad Bolívar a Puerto Ordaz un aguacero envuelve el carro, la carretera, la vista. Reducimos la velocidad. Hace solo minutos mi compañero me ha dicho que anote el número de placa de una camioneta que va delante de nosotros. No pregunto. Cómo se puede vivir envuelto en el velo de una persecución. Cualquiera puede venir y pegarte un tiro. Creo que los que viven así van como dentro de este aguacero sin poder mirar qué hay por delante, la certeza de que estás vivo es tu dedo trazando líneas sobre el vapor que sale de tu cuerpo y empaña el vidrio del carro, que por fuera está siendo golpeado por la tempestad. “Es que si yo tuviera una camioneta así iría a 120 km/h y ellos van a 80 y si nosotros aceleramos ellos van 20 por delante o por detrás de nosotros”. “Es que adelante iba un carro con dos militares”, sigue mi compañero. A cada extremo las cárcavas mostrándonos sus rasgos deformados.

X. y Y. tienen miedo. Manejamos con miedo. Nadie quiere hablar.

27 grados centígrados. Lluvia ligera. Puerto Ordaz. Eso dice la barra de la computadora. Afuera no llueve. Solo se escuchan los últimos loros.

3. Postales de tierra roja (El Callao)

Bajo los árboles de una de las plazas de El Callao, al sur del estado Bolívar, el minero se sienta con la tierra roja pegada al cuerpo, es lo único que le queda. Lo demás es el oro que se lleva otro. El cuerpo vestido con ropa desteñida, una pala, una batea y la bendición de Dios naciendo en una corneta, para luego perderse en la nube de polvo que dejan los camiones volteo, cargados con el material aurífero que llevarán a las plantas procesadoras. Los mismos camiones que kilómetros antes, a orilla de carretera, aguardaban en un terreno amplio y completamente deforestado. Los mismos que bloquean la entrada de este pueblo, mientras unos hombres, con la ayuda de una grúa inmensa, trasladan de una plataforma a una cava la cuchilla de una retroexcavadora. Junto al arco de bienvenida de este pueblo, el hueco profundo.

“En esa tierra aurífera está la plata”, me dice un periodista de la zona y me explica que esa tierra es llevada a molinos. En los más rudimentarios se puede llegar a extraer 20 % del oro, pero en las arenas que resultan de ese proceso es que está la mayor cantidad de mineral, alrededor de 90%, por esta razón un nuevo fenómeno en el estado Bolívar es el auge de las plantas procesadoras de material aurífero con la inversión de capital privado; aunque muchos aseguran que buena parte de este negocio lo manejan testaferros del gobierno. “Hay enfrentamientos por el control de las arenas”, insiste el compañero.

El material aurífero sale de El Callao a pesar que en este pueblo funcionan algunas empresas mineras como la CVM (aun nombrada por los habitantes Minerven), en el sector Caratar; Venrus y Pozo de Agua, en el sector Perú; y Mibiturven (conocida como Bloque B o La 18), entre los sectores La Ramona y El Perú. “Cada vez que llega un convenio ellos le cambian el nombre a la empresa. Ahora son la CVM, antes era Minerven, pero la gente los conoce por el nombre anterior”, me dice una mujer de El Callao.

Sobre los cambios con respecto a hace cinco años del decreto del Arco Minero del Orinoco, el periodista recuerda que en 2018 fue a una mina de El Callao, que era una empresa mixta, pero que en el fondo estaba la verdadera mina operada por los grupos que la controlaban: “Hoy día lo que ha avanzado mucho es que se ha metido mucho capital, creo que muy vinculado al gobierno, pero un capital con una nota empresarial, con una visión más industrial del asunto. Entonces, hoy día, puedes conseguirte que los propios grupos criminales que tenían estas minas, las han cedido a estos grupos que vienen con la venia del gobierno, porque estos últimos te van a sacar 15 kilos, pero le darán a la banda el mismo kilo que tenían antes, sin hacer nada, y esto para ellos es mucha ganancia”.

En cuanto a los camiones, tal vez el estado Bolívar tenga la flota más alta de transporte pesado del país. Es numerosa la cantidad que se moviliza por las carreteras, principalmente por la troncal 10, que comunica a Venezuela con Brasil. Además de tierra con material aurífero, cargan maquinarias, alimentos, combustible y otros productos imposibles de identificar por las lonas que los cubren: “Te podrás imaginar la cantidad de gente que debe vivir de esto. Hace como una semana se cayó la carretera en Tumeremo, producto de ese paso inusitado. El Callao está totalmente destruido por ese flujo”.

En septiembre de 2021, los habitantes de El Callao cerraron el paso vehicular: “Hay un grupo que ha amenazado a los vecinos quienes mantenemos el cierre de la vía. Los camiones deben usar su corredor vial, no el centro del pueblo”, protestaron. La anarquía es tal que incluso algunos usan la plaza Bolívar como potrero.

El periodista me explica que “por protocolo de seguridad” las empresas mineras deberían regar agua por los lugares que pasan los camiones, ya que levantan un polvo que termina afectando a la respiración de la gente: “Pero nada de eso allí importa, sino que van los camiones, sacan todo y ya. O sea, es un extractivismo voraz”.

Todo lo anterior se agudiza con la economía de enclave a la que viven sometidos los habitantes de las zonas mineras. En El Callao, solo funcionan como moneda de intercambio los bolívares en efectivo (que puede verse circulando por pacas) y el oro (todo depende del precio del día). El dólar se cotiza en 3 bolívares en efectivo (un valor muy por debajo con respecto al resto del país) Por ejemplo, para finales de octubre de 2021, un litro de gasolina costaba 30 bolívares en efectivo (7 dólares) En El Dorado, Las Claritas y Km. 88, el precio de la gasolina y los alimentos (cotizado en oro) lo controlan los grupos armados.

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En los carnavales de El Callao, las bandas armadas hacen pactos de paz y se disfrazan de diablos. Hay personas que llevan puestos sus trajes de fantasía con un cartel “Fundación Amigos del Perú”, un eufemismo para indicar que estos grupos aportaron económicamente en la elaboración del disfraz.

Los grupos armados también le cambian el nombre a las zonas. Funcionan como una especie de alcaldía, me dirá una de las habitantes de El Callao. Establecen un toque de queda a partir de las cinco de la tarde. “Como el Toto está en Colombia, mandó a unas personas para que pintaran las casas con las iniciales FREP, que significa Frente de Resistencia El Perú En la zona de Nacupay controla Ronny. Ellos tienen convenio con los grupos armados del Estado, funcionan más bárbaros, son de desaparecer personas porque si”.

Le pregunto a la mujer de piel tostada sobre los códigos de estos grupos y sus efectos en la población, por un momento guarda silencio, espero hasta que se sienta tranquila para hablar: “Allí nadie se mete con nadie. Si tú robas los malandros te queman la mano, te la cortan o te dan un tiro en la palma. No puedes robar. Hay situaciones de oportunidad. Por ejemplo, el día viernes todas las mujeres en la zona pueden buscar dos sacos (con material aurífero) en los barrancos. Los dueños de barranco deben cooperar, sino lo hacen los van a golpear”.

Más adelante me confiesa que hay personas extrañas que han entrado a zonas agrícolas y se roban los pocos alimentos que las personas cultivan y que en El Callao casi todos los días hay muertos, que les cortan las cabezas y las tiran en las plazas. En septiembre de 2021, esto sucedió en la plaza El Jobo: encontraron la cabeza de un hombre y una mujer: “A las mujeres les dan un tiro en la cabeza o les cortan la cabeza y la dejan en la plaza, pero eso lo hicieron porque vendió a su pareja”.

Otro día apareció un cadáver con un letrero en el pecho que decía: “No debo extorsionar en El Callao”, el sujeto estaba amarrado de pies y manos y sufrió múltiples disparos. Pero esto no solo se limita a la población civil: “A un alto funcionario de la policía del estado Bolívar le cortaron la cabeza y al tipo que ellos custodiaban lo soltaron porque pagaron 25 kilos de oro”.

La violencia es tan abrumadora que, en julio de 2021, cuando comandos rurales de la Guardia Nacional Bolivariana abatieron a un presunto integrante de “Las 3R”, en El Callao, los miembros de esta banda lo desmintieron, aclarando en un comunicado que “ninguno de nuestros integrantes porta armas tan obsoletas”. El grupo insistió en que no se dejarán “amedrentar” por las autoridades policiales quienes, a su juicio, solo ven el beneficio propio y no el de la población minera.

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—Puedes trabajar mucho mejor con los malandros que con el gobierno, porque el gobierno se mete mucho con la población. Ellos golpean, amedrentan, violan a las mujeres. Saben quiénes son los malandros pero se meten con la población como por una diversión— dice una mujer que vive en el sector El Perú.

—Cuando dices gobierno, ¿a quiénes te refieres?

—Grupos armados tipo CICPC, SEBIN, Guardia Nacional. Pero ellos no llegan identificados como tal. Tienden a utilizar un uniforme negro o un pantalón verde que utilizan ellos. A veces llegan encapuchados y golpeando a todo el mundo. Esto pasa en la zona de El Perú, que ellos identifican como zonas rojas, en El Callao no lo pueden hacer porque es el centro.

—¿Conoces casos de mujeres que hayan sido violadas por ellos?

—Hace dos semanas llegó una redada del gobierno y tomó a dos muchachas, rompieron la puerta de una casa y metieron a las muchachas. A una la golpearon y a otra la violaron como seis tipos y después le hicieron maldad.

—¿Qué otras cosas le hacen a la población?

—Ellos llegan y hacen redadas. Meten tres carros, distintas motos, a los hombres los mandan a bajar a la carretera, a las mujeres las mandan a salirse de las casas, revisan toda la casa, en ocasiones se llevan pertenencias, televisores, aire acondicionado. Si un hombre tiene el cabello pintado de amarillo, vienen y toman una botella, la parten y le cortan el cabello con la botella. A veces lo hacen con cuchillos sin filo y rompen el propio cuero cabelludo. Ellos mandan a hacer una cosa y si no lo hacen los caen a golpes. En una ocasión le dieron un disparo a una gente a un señor. Él estaba comiendo, se metieron en su casa, lo mandaron a salir, pero él tenía un problema con la columna y como no se podía levantar rápido, le dieron un disparo en la pierna. En la zona de La Iguana han encontrado cuerpos.

—Cuando pasa todo esto, ¿dónde están los grupos armados irregulares?

—Ellos tienden a estar en las montañas, no en el barrio. Tienen campos donde hay personas mayores que les cuidan y crían ganado, gallinas, siembran para tener su comida.

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Nos despedimos de El Callao envueltos en la nube de polvo. Minutos después entramos al pueblo de Guasipati. En la plaza Bolívar está estacionada una camioneta blanca. Esperamos que se mueva para poder avanzar. De pronto llega el conductor rodeado de cuatro hombres encapuchados con chalecos de la Guardia Nacional Bolivariana y ametralladoras. Todos se mueven al mismo tiempo como en una danza que ya conocen, entran al carro, cierran sus puertas y aceleran. La gente de la plaza permanece tranquila conversando. Los impresionados somos los recién llegados. Recuerdo la amenaza que recibió A.: “A los visitantes se visten con plomo”. Los habitantes de estos pueblos quizás se acostumbran a no mirar para poder sobrevivir.

Más adelante, detrás del punto de control de la Guardia Nacional, una camioneta pick-up azul con varios efectivos de la Dgcim, vestidos de negros y con las capuchas arremangadas en la frente mientras se toman un refresco. Y unos kilómetros más allá, otra alcabala de la Guardia Nacional, con varios camiones estacionados a un lado mientras los revisan. Uno de los efectivos se acerca a preguntarnos hacia dónde nos dirigimos, se tapa los ojos enrojecidos con la mano, en su voz se escapa un adormecimiento provocado por alguna sustancia. “Siga mi don”, nos libera. “¿Estaba drogado?”, le pregunto a mi compañero. “Es muy probable…”, me responde. Es muy probable que ni siquiera fuera un efectivo militar.

Delante de nosotros van cuatro camiones volteo llenos con material aurífero. Lentamente nos alejamos del sur. Vuelvo a repasar cada alcabala: el puesto de Guasipati con su mural al frente anunciando que ahí también funciona el Resguardo Nacional Minero y Senafim; el puesto de policía Villa Lola con un punto de atención al minero con sus logos de la CVM y Motor Minero estampados. Lo mismo se repite en otras alcabalas. Lo militar, la CVM y el oro juntos. Unos metros antes de entrar a Upata veremos una valla inmensa: LT Import. Inversiones Mineras. CVM. Upata, que me recuerda a otra que apareció en otra parte de la carretera que no logro precisar: CVM. Inversiones GoldFielmd. C.A. “En esa tierra aurífera está la plata. Sus arenas contienen el 90% del oro”, vuelven las palabras del periodista.

A medida que avanzamos, recuerdo al minero sentado en la plaza Bolívar de El Callao. El que se mete en los huecos, el tapiado en los derrumbes, el que debe pagar la vacuna al delincuente de turno. El cielo se abre en miles de gotas de agua. Nuevamente estamos dentro de la nube y tenemos que desacelerar porque no vemos nada. Ni siquiera con la lluvia puede mudar la piel vestida con tierra roja. En el minero, lo único dorado, es el sol chupando su sudor.

4. ¿Dónde está mi hijo?

Cuando desapareció Alberth, su madre sentía que se iba a volver loca. Ella escuchaba que le tocaban la puerta, presentía la bolsa con el cuerpo descuartizado de su hijo. La mujer caminaba por las calles mirando a todos los muchachos vestidos con la misma camisa, gorra y bermudas de su hijo. Se desesperaba. Quería correr, gritar, abrazarlo. Había momentos en que se perdía dentro de sí misma y no sabía “nada de nada”, y aunque ahora está más tranquila, a veces es como si se abriera uno de esos hoyos que hay en las minas y ella cayera adentro, entonces vuelve a esa plaza de El Callao que aprendió a conocer a través de las llamadas de su hijo, sentado en un banquito, comiéndose un tequeño, diciéndole cuánto le gustaría que estuviera allí con él. “No me han dejado llorar. Tuve que estar con los niños, llevarlos al médico. Yo no he tenido como esa forma de desahogarme, que me permita sanarme porque no me han dejado sola, me dicen ´mamá, cálmate, él está vivo, cálmate‘, y pues yo digo que eso le hace falta a uno, a todo el mundo, llorar. Si fuera que uno supiera qué fue lo que pasó ya uno se resigna pero sin saber si está vivo, si lo mataron, dónde lo metieron, qué le hicieron, porque él no era mal hijo, mal padre, mal hermano”, dice la madre de Alberth Alejandro Andújar Jiménez, desaparecido el 7 de febrero de 2021, en Tumeremo, estado Bolívar.

Tumeremo es el mismo lugar en el que ocurrió la “masacre de Tumeremo”, en 2016; en el que se ha denunciado la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, principalmente, la banda delictiva local de alias “Run”. Pertenece al municipio Sifontes, el más violento de los 11 municipios del estado Bolívar. Entre enero de 2019 y mayo de 2020 fueron asesinadas 47 personas, de las cuales 27 no fueron identificadas por su avanzado estado de descomposición o múltiples heridas de bala en el rostro, según el monitoreo de Correo del Caroní.

De acuerdo a una nota del mismo medio, “la presencia policial se incrementó después de 2016, cuando Nicolás Maduro bautizó a la zona como parte del Arco Minero del Orinoco y se establecieron, entre Tumeremo y El Callao, decenas de plantas procesadoras de oro y empresas mixtas. Es también después de la implementación del Arco Minero cuando se han producido el mayor número de denuncias de desaparecidos: 76% de los casos ocurrieron después de 2018, cuando el Ejército incursionó en la zona y pobladores comenzaron a denunciar la presencia del ELN”.

Entre 2012 y 2021, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) junto a Correo del Caroní ha contabilizado 151 reportes de desaparición en los territorios mineros de Bolívar, o vinculados con pagos en oro. 75% de las personas reportadas desaparecieron a partir de 2018, año en que fueron asesinados algunos líderes de bandas armadas que operan en los yacimientos y período de consolidación de nuevos liderazgos del crimen organizado en la zona.

El 7 de febrero de 2021, un día antes de su cumpleaños 26, Alberth se trasladó desde El Callao, lugar donde trabaja con una empresa minera china desde hace seis años, hacia Tumeremo para llevarle dinero a su esposa. A la casa de su suegra llegaron unos hombres desconocidos que tocaron la puerta y pidieron hablar con él. Alberth salió para atenderlos. Al notar su prolongada ausencia, su esposa fue a buscarlo y se dio cuenta que se lo habían llevado. Horas después decidió trasladarse hasta la base del Kilómetro 88, como llaman a la sede de operaciones del grupo armado –sindicato o sistema– que controla el territorio minero, para ver si le daban información sobre el paradero de su esposo.

La madre de Alberth dice que la esposa fue varias veces hasta la base. La última vez los delincuentes le dijeron que sí lo habían llevado para ese lugar, que lo habían investigado y, viendo que no era sospechoso de nada, lo devolvieron a su casa con un tiro en el pie.

“Ahí fue cuando ella decidió llamarme y decirme que le había dicho una gente que era que lo habían matado. Después de varios días investigando a dónde lo habían matado y no encontrar nada, ya comenzó a decirme que lo buscáramos. Salieron fueron mis hijas porque yo no pude, pero no les dio chance de hablar con esta gente de la base, ellas estaban nerviosas de ver cómo había pistolas, como había tantas cosas, a ellas le dio miedo y se regresaron, no pudieron dar con nada”.

Sus hijas fueron al Cicpc a buscar ayuda pero no interpusieron la denuncia por miedo: “Ahí mandan más los pranes que los propios PTJ ¿me entiendes? Pero sí, ellos nos ayudaron y nos orientaron para ir a las morgues y hospitales”, dice la madre. Las mujeres lo buscaron en Upata, Tumeremo, El Callao, El Manteco, sin mayor novedad.

La madre de Alberth aún tiene la ropa que encontraron a algunos metros de la casa de donde se lo llevaron: una camisa roja que está un poco rota y estirada, “como si lo hubiesen jalado”, y unas cholas Nike negras con blanco: “A la vez pienso como que él se escapó, corrió, porque es raro que él haya dejado las cholas y que esa gente no se las quitara porque eran unas cholas buenas, pues. Él tenía eso, se vestía bien, con sus buenas cholas, sus buenas camisas”.

Una de las explicaciones de la desaparición de Alberth es que entró en un territorio en el que, por rivalidades entre las bandas armadas, no se admite la presencia de trabajadores de El Callao: “Yo tengo una prima en Tumeremo y ella me decía ‘prima, trata de hablar con Run, ese es el nombre que ella me decía, que te den acceso de hablar con él que ese hombre no es malo’, es decir no es malo entre comillas. ‘Él es sincero y te va a dar una explicación’. ‘Si lo mataron te va a decir por qué lo mataron y te va a hablar claro’, pero nunca tuve la oportunidad de hablar con él, tampoco quiero tenerla, a mí me da pánico”.

La primera vez que Alberth fue a una mina tenía 19 años y lo hizo porque el restaurant que tenía su madre en Villa Colombia quebró. Era el tiempo en que no se conseguía dinero en efectivo y eso mermó las ventas. “Yo nunca quise que fuera para allá, nunca. Pero la situación de ver a sus hijos, de no tener que darles, de buscar una salida para trabajar, cómo a ganarse la vida. ¿Por qué tú crees que se va tanta gente para allá a trabajar? Por el desempleo que hay, y eso hace que pasen tantas cosas que están pasando. Porque de verdad si hubiese sido por mí, mi hijo nunca hubiese pisado una mina, porque eso por allá es horrible, es una vida que no hay seguridad, no hay gobierno, no hay nada. Me voy con vida, pero mañana no”.

A la señora Jiménez se le corta la voz cada vez que recuerda todas las situaciones de enfermedad que atravesó su hijo desde la infancia: “A los 5 años tuvo un cáncer, un linfoma en los hombros, los codos y la barriga. Tuvieron que hacerle radioterapia, tuvo colonoscopia, ya después le dio hepatitis, y así. Fueron tantas cosas que pasó que ya no sé. Yo he pensado que si él aparece vivo tenemos que ver qué es lo que Dios nos ha estado enseñando”.

Alberth tiene tres hijos: dos niñas de 9 y 6 años, y un hijo de un año. A veces su nieta mayor le dice: “´Abuela, yo soñé con mi papá, que él está trabajando y que nos va a traé y que nos brinda’. Ella sueña que él viene a celebrar el cumpleaños porque cuando eso le pasó él le dijo ´voy a trabajar porque vamos a celebrar el cumpleaños juntos’”.

—Y usted, ¿ha soñado con él?

—No hace mucho yo soñé con él. Yo me acosté diciendo Diosito yo quiero saber qué paso con mi hijo. ¿Sabes? Pidiéndole a Dios, pues. Y yo le dije: Dios yo quiero aunque sea un abrazo de mi hijo. Y soñé en la noche. Y soñé que él me llegó y me abrazo durísimo, durísimo, y me decía “mamá estoy vivo” y yo le decía pero dónde estás vivo, dónde estás. Yo le decía en el mismo sueño pues, dónde estás hijo. “Mamá, un señor me ayudó, pero estoy caleta , no puedo salir todavía”. Y no me explicaba y cuando yo me desperté sentí eso tan real que yo sentía mi cuerpo que yo lo había abrazado, yo sentía las manos y eso como la piel de él. Cuando me desperté tenía todos los peluches y era con la fuerza que yo lo estaba abrazando. Y yo le dije: Gracias Dios, gracias. Porque le pido a Dios dame una señal para saber si está muerto y yo quedarme quieta, saber. Si yo lo hubiese enterrado ya yo estuviera… está muerto, me lo mataron, se confundieron, no sé…

5. La escuela

Una maestra me cuenta que cuando le pregunta a los estudiantes de Las Claritas qué quieren ser cuando sean grandes, los niños responden “pranes” y las niñas “modelos” o tener algún emprendimiento para “vender tortas”. Nadie habla de una profesión a largo plazo, sino que quieren algo rápido.

En El Dorado, le contaron que cuando una niña de 6° o 7° grado, “ya tiene su cuerpito y esta bonita, se antojan”. En Manak Krü, le dijeron que era primera vez en la vida que veían a niñas indígenas pemon prostituyéndose en la plaza de Santa Elena de Uairén, vendiendo café decían: “Cafecito y algo más”. Por eso se decidieron a preparar un material sobre el cuidado que deben tener niñas y niños para no caer en redes de trata. “Preparamos la información para mostrarles que hay formas de captar, raptar, trasladar, esclavizar. Empezamos a trabajar el tema de autoestima, que las cosas fáciles no son buenas, sino que el esfuerzo tiene valor”, sigue contando esta docente que ha tenido la oportunidad de estar en los planteles educativos dispersos por buena parte de la geografía del estado Bolívar.

Las escuelas de Las Claritas, un pueblo minero ubicado en la troncal 10 donde en su momento funcionaron las minas Las Brisas-Las Cristinas, el yacimiento aurífero más grande de Venezuela, presentan una reducción de la matrícula escolar. La mayoría de los niños y niñas están trabajando en los campos mineros. Ella misma los ha visto metidos en los huecos rodeados de toda la destrucción ambiental: “Eso estaba que daba tristeza y dolor. Lo que tú ves en esos cuadros surrealistas donde todo está como la naturaleza muerta, y tú ves aquello… a mí nunca se me ha borrado de la mente esa fotografía, porque ahí no va a salir un arbolito más nunca”.

Debido a la migración hacia las minas, a algunas escuelas le están pidiendo que envíen maestros a estos lugares: “Quieren que hagamos como células en las minas, pero no son los papás los que vienen a pedir eso. Alguien llega con un censo y te dice: ‘directora, nosotros queremos que estos muchachitos entren a la escuela, pero no van a venir, van a ver clases allá ¿será que podemos tener una maestra o nosotros mismos elegimos la maestra?’”, dice la profesora muy preocupada.

Otro fenómeno es que los maestros no perciben sus salarios en bolívares, ya que dejan sus tarjetas de banco a sus familiares que viven en las ciudades. El dinero no les alcanzaría en este pueblo donde todo se transa en oro. Muchos viven de una especie de bonificación que reciben de los sindicatos, bandas armadas, que llevan un control de la asistencia y le pueden quitar el beneficio para dárselo a otro cuando ellos lo consideren: “Le puedes pagar 500 dólares en bolívares, y no los van a disfrutar ellos. Ellos viven de las gramas que les pueden dar la comunidad”.

La maestra me explica que esta situación tiene al menos 15 años ocurriendo, que en aquel momento se llamaría distinto el “benefactor” pero que siempre ha habido una estructura “adicional y paralela” en esta comunidad y que luego se expandió a otros lugares como El Dorado. Es la única explicación que le encuentra a que la mayoría de los profesores provengan de Ciudad Bolívar y que decidan mantenerse viviendo en un lugar con condiciones tan violentas.

Una vez llegó al pueblo y sintió que todo estaba raro, no había música ni esa bulla que siempre está presente. Horas antes, habían decapitado a unas mujeres porque presuntamente una de ellas contagió a uno de los miembros del sindicato con una enfermedad venérea y la solución fue “acabar con unas cuantas muchachas”.

Otro día la invitaron a tomarse una foto al finalizar una actividad. La maestra quiso quitarse el tapabocas, pero desistió para no incumplir las normas de bioseguridad, una representante (como se les dice a las madres y padres de los estudiantes) que estaba cerca, la miró y le dijo: “A usted le llaman la atención si se quita el tapabocas, a nosotros nos meten al mecate y si se llegan a enterar que nos quitamos el tapabocas en otro momento, es peor porque hasta podemos perder la vida”. La maestra preguntó qué era el mecate y le respondieron que era una estructura de castigo que usan los sindicatos o colectivos (o sistema, o pranes, o como se llame), que son las figuras de poder que tienen el control en Las Claritas: “Yo no lo podía creer, digo, no van a perder la vida por el coronavirus, pero si por no usar el tapabocas. Unas cosas que escuchas y quedas devastada, y te estoy hablando del mes de julio , no te estoy hablando de tiempos muy lejanos, eso fue reciente”.

Sin embargo, los maestros de Las Claritas tienen ganas de trabajar. Una de las escuelas ha sido remodelada, no saben si por la licitación de una mina o si por alguna de las bandas armadas, simplemente un día llegaron y dijeron que harían la construcción: “Eso es una escuela que de verdad te impresiona la infraestructura, todo; claro, los que sabemos la historia decimos ¿a costa de qué?, va a llegar el momento en que esa escuela no sirva para nada porque no vamos a tener habitantes que vayan a la escuela, porque sabemos nosotras el daño que el mercurio le está ocasionando a la población, sabemos que la gente está consumiendo agua con materia fecal porque hacen los pozos subterráneos junto a los pozos sépticos. Entonces decimos y esta nueva estructura, esto de verdad ¿para qué?”.

Un hecho similar ocurrió en El Dorado, donde el líder de la banda armada donó el techo de un colegio de la zona y las profesoras tuvieron que aceptarlo. “Qué podemos hacer, negarnos es poner en riesgo a la misma escuela”.

De acuerdo a una nota en Crónica Uno, estos grupos armados irregulares, han permeado en más de 300 escuelas, sobre todo en las rurales, a través de fundaciones como Amigos de las Escuelas y la fundación Tres R (en Bolívar). Ofrecen donaciones de útiles escolares y otras ayudas con el fin de captar y adoctrinar a niños, niñas y adolescentes.

Pero cada día la frontera está más cerca y lo que parecía suceder solo en los pueblos del sur del estado Bolívar se ha trasladado a ciudades como Puerto Ordaz y San Félix, convirtiéndose en aliviaderos del mundo minero. La maestra cuenta que en un barrio en San Félix querían extorsionar a una escuela y por negarse a la semana siguiente se metieron y robaron la bomba de agua. “Eso les costó decir que no pagarían la vacuna. Nuestra mirada está puesta hacia el sur, pero en la propia ciudad nos estamos encontrando con la nueva estructura, que tiene más poder que el Estado. La cultura de allá se vino para acá, se extrapoló. La gente habla sindicatos, de trenes, de bandas, ni siquiera los sabe identificar”, se lamenta.

6 El control de las minas a orillas del río Caura

Los pueblos y comunidades indígenas que habitan la cuenca del río Caura están asediados por los grupos criminales que controlan la minería en sus territorios ancestrales. Imagen de: Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA).

Los huecos de la CVM

Alrededor de la mina existe todo un sistema económico. Están los que lavan el oro, los que van a vender su productos, los que garantizan servicios. Todo el mundo habla de la mina no como un lugar, porque están dispersas, sino como un concepto alrededor del cual confluye la actividad económica de la gente en la zona -y en todo el estado- porque hay personas que se trasladan hacia Ciudad Bolívar y compran sacos de comida para llevarlos a las zonas mineras.

Un pasaje en autobús de Ciudad Bolívar a Maripa, una comunidad a tres horas de esta ciudad y ubicada a orillas del río Caura, en el noreste del estado Bolívar, cuesta 10 dólares por persona, pero adicionalmente los que trasladan sacos con mercancía (alimentos, chucherías…) deben pagar un monto adicional. En el autobús está el chofer, el ayudante y el dueño del autobús. El dueño del autobús se baja en cada una de las alcabalas (punto de control) y entrega un sobre. Eso evita que los militares revisen a los pasajeros. En casi todas las paradas es posible ver el contrabando de gasolina y gasoil en pequeña escala.

“Yo no sé quién lleva las gandolas de gasolina pero quien las vende son los militares y los precios son en oro o en bolívares en efectivo, porque los dólares no son muy bien vistos y si pagas con ellos te venden todo más caro”, dice uno de los pasajeros que va hacia Maripa.

La gasolina se necesita para cosas tan básicas como buscar agua en un morichal. En Aripao, por ejemplo, la bomba de agua está dañada desde hace meses y la gente debe cargar agua en los morichales que no están cerca. Para esto deben trasladarse en moto o carro. A finales de septiembre de 2021, el litro de gasolina estaba entre 8 y 12 millones de bolívares (alrededor de 2 o 3 dólares)

La minería ha entrado de diversas formas y con distintos actores a los pueblos ubicados en este eje carretero. En el caso de La Tigrera, una localidad del municipio Sucre, a 36,48 kilómetros de Maripa, entró la Corporación Venezolana de Minería (CVM). Ellos ofrecen especies de concesiones a los dueños de los fundos y les dicen que van a extraer todo el mineral y una vez que lo saquen les devolverán las tierras y les darán beneficios. Les dicen que esto no va a causar ningún daño ambiental y que en dos o tres años “ya ustedes tienen sus tierras y van a poder producir sin ningún problema, van a seguir sembrando sin ningún problema. Nosotros vamos a pagar unos molinos para extraer el oro”. Hay máquinas inmensas dentro de La Tigrera.

Los dueños de fundos (que al principio no aceptaron y luego cedieron) se lamentan por no tener sus tierras para sembrar. Esos terrenos están siendo destruidos, literalmente, con huecos de 30 hasta 60 metros.

La CVM también llegó a Aripao, un pueblo afrodescendiente a orillas del río Caura. Según los pobladores hicieron estudios geológicos que determinaron que el oro no era superficial sino que había que hacer excavaciones profundas. La veta atraviesa la calle principal del pueblo. Tuvieron una primera conversación con los dueños de los fundos (ya no hablan con la organización del pueblo, y es lo que estos particulares decidan). Sin embargo, aun la CVM no les ha hecho la oferta completa.

Dentro de las comunidades hay grupos afectos al gobierno apoyando el discurso de esta empresa. Por ejemplo, los milicianos defienden la propuesta de la CVM: “Eso es un beneficio para el pueblo porque la CVM va llevar una ambulancia, va arreglar el tendido eléctrico, va arreglar la cancha y la pista y la plaza y la carretera principal”. Y la frase que todos repiten es que “no se puede evitar lo inevitable”. Es una frase que está dentro del discurso de que hay que dejar entrar a la CVM.

Desde principios de febrero 2021 hay una reactivación en el movimiento de gente a las minas del Alto Caura (minas Pablo, Siguiriña y Yuruaní) y, en Maripa, donde los funcionarios de la Corporación Venezolana de Minería están garantizando el combustible para la actividad minera en la cuenca a razón de 14 gramas de oro por tambor de 200 litros.

Si le preguntas a un pequeño minero ellos te dirán que están en contra del Arco Minero, pero qué es el para ellos el Arco Minero. Ellos están en contra de que el Estado capitalice la minería y los deje por fuera.

En las comunidades más alejadas el control de las minas es variado. Está la presencia de la guerrilla, las personas dicen que las FARC, en la zonas del Bajo y Alto Caura, y al mismo tiempo hay minas que pertenecen a los indígenas jivis y yekuana. La gente dice que los guerrilleros no se meten en las minas controladas por los pueblos originarios, a menos que sea una mina que esté dando demasiado. En este caso ocurren enfrentamientos. Es una situación muy volátil. Todo está bien hasta que algo explota.

“La mina que está llamando gente, además de La Esmeralda, es la de Yuruaní. Mucha gente se estaba movilizando hacia el Caura para ir hasta allá. Una lancha hasta el Salto Pará cuesta 250 dólares solo de ida. De vuelta no te saben decir, porque depende de lo que cargues”, vuelve a comentarme el pasajero.
El Guyanés y las balsas en El Caura

Cuando pusieron a operar las balsas mineras en el río Caura saltaban los peces muertos. Todos quedaban flotando en el río. “Qué va a pasar con nuestros hijos, con el río, no puede ser, no podemos permitir estas balsas”, decían algunos pobladores que practican la pequeña minería. Era mayo de 2020 y solo había pasado un mes desde que declararan la pandemia por la enfermedad de la covid-19, que nunca fue un obstáculo para el extractivismo, y coincidió con la Resolución N° 0010, promulgada en la Gaceta Oficial N° 6.526, del 8 de abril de 2020, la cual contempla la ejecución de minería fluvial en la ZDEN-AMO en áreas importantes de ríos de la Guayana venezolana como Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruari y Cuyuní, los cuales son todos afluentes del río Orinoco, con excepción del Cuyuní que drena hacia el río Esequibo. La explotación se realizaría en espacios de los mencionados ríos, definidos con coordenadas geográficas en la citada resolución y permitiría la extracción por medio de embarcaciones o balsas.

Año y medio después, cuando se les pregunta a los pobladores quién instaló las balsas a orillas del río Caura (situación que generó distintas protestas entre los pobladores de Maripa en las que muchos decían No al Arco Minero, como una manera de decir que no querían que ni gobiernos o empresarios los excluyeran de la minería que describen como “su posibilidad de vida”) la gente señala al Guyanés y lo describen como un empresario.

Cuentan que después de las protestas, el Guyanés dejó las balsas un poco más arriba del río, hacia el Orinoco, y las ha ido movilizando hacia otras zonas porque “ahí no le han dado tanto”, es decir, que las balsas no fueron desinstaladas a pesar de la presión de los pobladores.

Durante esas protestas hubo algunas fricciones entre los pobladores no indígenas de Maripa y algunos miembros de la Organización Indígena de la Cuenca del Caura Kuyujani. Los maripeños solicitaron el apoyo de éstos para detener las balsas y la respuesta de los indígenas fue “primero luchemos todos contra la minería ilegal en la cabecera del río Caura, porque esa minería afecta a todos los habitantes de la cuenca incluidos ustedes, y luego unámonos contra las balsas”, pero la respuesta de los no indígena fue “qué tiene que ver una cosa con la otra, apóyennos contra las balsas”. No hubo acuerdo, pues la situación develaba que buena parte de estas personas no indígenas practican minería ilegal en el Alto Caura, territorio del pueblo indígena yekuana y sanema, pero no quieren balsas en su comunidad.

Otra de los actores que identifica la gente es una persona de ascendencia árabe que ha estado en algunas de las conversaciones como parte de la CVM.
Los jivis

Hay dos grupos de jivis. Unos que tienen más años en la parte baja, que supuestamente llegaron desde Colombia en la época del presidente Chávez para nacionalizarse como venezolanos. Este grupo tenía una convivencia pacífica dentro del sistema interétnico. Pero recientemente están llegando otros jivis que, según la visión de los pobladores locales, vienen desplazados de Colombia y tienen comportamientos delincuenciales, “ya son bandas que están generando conflictos, puede matar, violentar y nadie sabe por qué”. Me explican que ellos tienen cierto control en algunos puntos mineros del pueblo de Guarataro, ubicado en la carretera antes de Maripa, pero que no se logran identificar sus reglas porque “todas las minas tienen sus reglas”.

En mayo de 2021, se reportó la desaparición de dos hermanos. En varios medios locales la hermana reclamaba por su familiar. Los hombres aparecieron descuartizados presuntamente por este grupo de jivis. En septiembre de 2021, asesinaron a dos policías en Guarataro porque supuestamente les habían decomisado unas motos a los jivis, la información no salió en ningún medio.

Los guerrilleros

La maestra María Hernández era de Jabillal, una comunidad a orillas del río Caura. La versión que manejaron los medios fue que la guerrilla la había asesinado para quitarle sus terrenos pero según los pobladores esto no fue lo que ocurrió. María era una comerciante que estaba violentando las normas impuestas por la guerrilla: ponía música a todo volumen, tenía relaciones sentimentales al mismo tiempo con un guardia nacional de Maripa y un guerrillero. “Esos colombianos no van a decirme lo que tengo o no que hacer”, los enfrentaba María y puso la denuncia en la alcaldía diciendo que tenían que sacar a la guerrilla. Un día uno de los líderes del grupo irregular fue a hablar con ella: “No nos enfrentes. Nosotros estamos aquí porque el gobierno nos lo pidió, lo estamos ayudando”. La gente dice que ella lo confrontó y hasta le escupió la cara. “Verdaderamente usted me reta, yo con usted tengo una paciencia muy grande, esta noche usted se tiene que ir sino aténganse a las consecuencia”, le dijo el guerrillero y se marchó. María no se fue. Esa noche explotaron los transformadores del pueblo y a María la mataron de múltiples disparos en la cara, “cosa que la guerrilla generalmente no hace, porque ellos matan de un solo tiro”.

Los pobladores identifican a este grupo armado irregular como miembros de las FARC. Dicen que ellos llegan a las zonas donde hay minas y piden permiso al pueblo para poner orden. En 2020, llegaron a Aripao cuando estalló la bulla de oro y los habitantes conformaron la mina “La Bendición de Dios”, de la que hoy no queda nada. Primero fue la esposa de uno de los guerrilleros, una venezolana de Apure, y pidió una “chila”, una bolsa con arena que dan los mineros como obsequio, generalmente a las mujeres, el mineral que encuentre es suyo. Luego llegó el esposo, de unos sesenta años, conocido como Pistolita. Se quedó varios días. Después llegaron otros guerrilleros más jóvenes. Algunas personas estaban de acuerdo en que se quedaran y otros no. Finalmente la guerrilla decidió no permanecer en este lugar porque estaban muy cerca de los puntos de control del Estado.

Según reportes de pobladores, las FARC está en estos lugares desde 2015, al principio entran como campesinos y se percatan que es un guerrillero que estaba investigando la zona. También aseguran que la guerrilla ha pagado estudios geológicos en la zona del bajo Caura para determinar qué minerales existen.

En la comunidad de Puerto Cabello, un pueblo mayormente de campesinos, están presentes y tienen un sistema de normas establecido. “La guerrilla es un mal necesario porque evita que haya prostitución, tráfico de drogas, que lleguen personas vivas y se roben el oro de otros, que los comerciantes abusen con los precios, incluso la guerrilla es ecologista porque tiene una zona en Puerto Cabello que es estrictamente para el lavado del oro y que está alejada del río para no contaminar las fuentes de agua”, comenta uno de los habitantes.

La gente trabaja de 7am a 7pm. No se permiten fiestas de lunes a viernes. Los niños no pueden estar en las minas ni en las fiestas de noche. De hecho, los guerrilleros construyeron una casa grande en las afueras del pueblo para hacer todo lo que no pueden hacer los pobladores y así no molestarlos. En Maripa, hay reportes de que los comercios deben pagarle un porcentaje en la guerrilla. Algunas de las sanciones para los que incumplen estos códigos son: limpiar el monte de un terreno, expulsión del pueblo, asesinato: “La guerrilla es el brazo ejecutor del trabajo sucio de personas de poder que no quieren mostrar su cara. Ella te garantiza que te va a entregar tu parte”.

Los sindicatos

“Los sindicatos son malandros que tienen normas pero son más violentos. No puedes vender droga ni alcohol porque ellos lo venden. Hay currutelas y las mujeres que llegan pasan primero por los miembros del sindicato”, me explica un habitante de una de las comunidades ubicadas en la carretera hacia Maripa y establece la distinción entre el accionar estos grupos y la guerrilla. Si por ejemplo alguien encuentra un “hueco rico”, que es un hueco donde hay muchísimo oro, los guerrilleros le pedirían un porcentaje al dueño, en cambio, los sindicatos se meten en el hueco de la persona y lo devuelven solo cuando han extraído todo el mineral.

Un habitante me informa que en septiembre de 2021 ocurrió una masacre en el pueblo de La Esmeralda, que está ubicado hacia el río Aro. Según esta persona, la mina estaba controlada por los sindicatos. “Era una mina que estaba dando mucho. Alrededor de 3000 mineros. Una noche llegó un grupo con armas de guerra matando a todo el mundo, la gente del sindicato se defendió pero no los enfrentó ‘porque la mortandad iba a ser épica’. Pocos días después La Esmeralda apareció controlada por el Ejército. ¿Quién fue el grupo de asalto? Dicen que la mina es de un alto jerarca militar del PSUV”.

Otro caso es el de la masacre en la mina El Silencio, ubicada en el municipio Sucre del estado Bolívar, ocurrida en el 28 de abril de 2021. Uno de los fallecidos fue Nelson Pérez, Capitán General del pueblo jivi, y tres habitantes de la comunidad La Felicidad: Wilmer José Castro (no indígena), Miguel Antonio Rivas Morales (indígena) y Carmen Lusdary Rondón (indígena). Para aquel momento se presumía que había 8 fallecidos más dentro de la mina. Desde entonces el lugar está cerrado pero esto no significa que no se esté haciendo minería: “No les permiten a habitantes locales ni mineros entrar. La mina es de un general”, asegura uno de los informantes.
Los evangélicos

La violencia es una cosa normal y hasta deseable en la mina, debe haber alcohol, derroche, prostitución, vicios asociados a la abundancia del oro. Pero desde hace algunos años se observa una contrainterpretación de esta “cultura minera” que viene de los movimientos evangélicos donde no existe nada de eso. Es el caso de la mina “La Colonial”, controlada por indígenas jivis evangélicos.

Cuando estás en esta mina tienes que ser generoso, estar contento, echar broma, no puedes ser mezquino porque sino la mina esconde el oro. La gente le ora a la mina, hacen vigilia y se levanta en la madrugada. “En Colonial todo está bien, a la gente le gusta ir porque es tranquilo”, dice uno de los habitantes del sector y asegura que los guerrilleros no se meten porque respetan. Se desconoce si los indígenas pagan una parte a la guerrilla.

7. ¿Cómo vivir sin el oro?

Buena parte de la autogestión de proyectos comunitarios de algunas comunidades indígenas están sostenidos en los ingresos que genera la minería aurífera. El pago de los docentes, el mantenimiento de los ambulatorios y su personal, la ayuda económica para los ancianos y los estudiantes. Esto ocurre tanto en comunidades que no son mineras, como en comunidades que están practicando la minería, porque los estados Bolívar y Amazonas se han convertido en una economía de enclave (casi todo se transa en oro, reais brasileros, pesos colombianos, dólares, y en algunos lugares- como Maripa y El Callao- bolívares en efectivo)

La emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, reflejada en la crisis económica y social a la que están sometidos sus habitantes; así como la narrativa y acciones del gobierno venezolano que privilegian la extracción del oro -pactando con grupos armados irregulares para acopiarlo- van invisibilizando otras alternativas económicas.

“¿Cómo vamos a vivir sin el oro?”, se pregunta una indígena pemon y esa es la trampa. Porque si bien algunas comunidades pueden recibir algún beneficio de esta actividad y tener algunas mejoras (el caso de algunas comunidades indígenas); el grueso de la pequeña minería (indígenas y no indígenas) solo maneja las migajas que quedan luego de pagar la vacuna al delincuente de turno. Las máquinas, el combustible, el mercurio y la mayor parte del capital siempre lo pone un tercero.

Los pueblos indígenas están expuestos a la invasión permanente de sus territorios por guerrilla colombiana, sindicatos, garimpeiros, trenes. Los que han permitido la entrada de estos grupos armados irregulares –por amenazas o bajo la falsa promesa de protección- ya viven la devastación social y ambiental. Los que resisten cada día están amenazados. Las masacres perpetradas por cuerpos de seguridad del Estado (Dgcim, Ejército, Guardia Nacional, Faes, Policía) en la mayoría de los casos son para militarizar los territorios donde se encuentra el mineral.

Una maestra me cuenta que cuando visitó una comunidad indígena en la Gran Sabana, la capitanía y el consejo de ancianos le pidieron talleres formativos sobre estructura comunitaria, contraloría social, funciones de los consejos comunales: “Eso me llamó la atención. Uno cree que están necesitando otro tipo de cosas y lo que me estaban pidiendo es organización comunitaria, lo de la contraloría social nunca se me olvida”.

Los indígenas saben que la avanzada del modelo extractivista requiere de mayores estrategias y conocimientos para hacerle frente. “Sino resistes para existir, te acabas”, me dice un anciano wuöttuja del estado Amazonas, muy consciente de que el gobierno venezolano está reeditando el mito del Dorado pero esta vez en contra de los propios pueblos indígenas, lo que ha traído mucha división en las comunidades y familias (unas a favor y otras en contra de la minería)

La Corporación Venezolana de Minería (CVM) promociona charlas de consulta previa, libre e informada por internet, controla el tema del combustible y los insumos mineros; el gobierno ha entregado concesiones mineras a terceros dentro de comunidades indígenas de Bolívar (San José, San Antonio de Roscio, Aramaitepuy, Santa María de Inaway); los dirigentes del gobierno en el estado Amazonas ya han propuesto la legalización de la minería en sus planes (a pesar de que por Decreto Presidencial Número 269, del año 1989, está prohibida) en incluso hay una valla de la CVM, en el eje carretero norte promocionando la venta de insumos mineros; en las fuentes del río Orinoco (Cerro Delgado Chalbaud, estado Amazonas) se contabilizan aproximadamente 50 máquinas de garimpeiros brasileros que chantajean -con alimentos y herramientas de trabajo- a los indígenas yanomami, que trabajan como esclavos mientras violan a las mujeres.

El monstruo es grande, pero progresivamente los indígenas accionan los derechos reconocidos tanto en la leyes nacionales como en las internacionales, a través de la puesta en práctica de sus autodemarcaciones y planes de vida, la jurisdicción especial indígena, los guardianes territoriales (o comités de seguridad por comunidad), la adaptación de los protocolos de consulta previa, libre e informada, la protección ancestral y recorriendo los territorios a pie.

Los indígenas nunca han estado cerrados al diálogo, por eso se esfuerzan en articular con algunas instituciones del Estado: “Nosotros le decimos: estamos articulado con ustedes pero no pensamos como ustedes”, dice otro compañero indígena de Amazonas.

Uno de los grandes retos tiene que ver con la economía indígena, que permite a algunas comunidades materializar alternativas distintas a la minería. Hay mujeres en Amazonas que están cultivando frutos amazónicos, procesándolos, y haciendo artesanía. El principal obstáculo tiene que ver con la falta de combustible para sacar estos productos y comercializarlos: “Nosotros no queremos hacer minería. Estamos viendo que hay muchas mujeres muriendo con cáncer de matriz en Atabapo, que los niños están viniendo con problema renal, que los peces que comemos están muriendo. La minería no es una caja cerrada. Todo esto lo vemos. Cómo afecta el mercurio a los seres humanos”, me dice una indígena baniva.
Son las huellas indelebles de las arenas.

8.

Mercurio

Hay un discurso oficial que dice que está permitida la pequeña minería siempre y cuando no se use mercurio, pero todo el mundo utiliza mercurio y los que no lo hacen son los que no tienen dinero para comprarlo. Para septiembre de 2021, 10 gramos de mercurio costaban 5 puntos de oro, alrededor de 22 dólares. “Eso lo venden guardias, policía, CICPC, los dueños de las máquinas mineras que ellos mismos se lo pasan, porque al que encuentran con eso es triste”, dice un habitante del Caura.

En Ciudad Bolívar, Maripa y Aripao, la gente asocia el mercurio con problemas en la cicatrización de heridas, siempre dicen que cuando una herida abierta entra en contacto con el mercurio genera frío en la sangre y eso hace que la herida se “emponzoñe”, entonces es más difícil la cicatrización, incluso la persona corre el riesgo de perder el miembro, la mano, el dedo. El tratamiento que mencionan algunos es el cebo de vela. También dicen que el mercurio hace crecer a los peces. Incluso a una mujer en Maripa le recomendaron engordar a los pollos con mercurio. Otros están claros que el azogue (como muchos llaman al mercurio) contamina. “Eso mata todo, los caños, se forma una capa sobre el río y no deja respirar a los microorganismos”, dice otra de las personas consultadas. En el Alto Caura, hay reportes de niños con malformaciones y las personas lo relacionan con la exposición al mercurio.

Una mujer del municipio Roscio, en el estado Bolívar, me contó que a la esposa de su sobrino tuvieron que interrumpirle el embarazado -de seis meses de gestación- porque el bebé tenía una malformación que solo le permitiría vivir cuatro horas luego del nacimiento. “Pensaron que solo tenía una fisura labial, pero mandaron a examinar el líquido amniótico en Caracas y se dieron cuenta que venía con una gran malformación. En el examen salió el nombre de un síndrome que no recuerdo por sustancias químicas”. Los padres del bebé bebían el agua que caía del techo, el mismo lugar donde quemaban el mercurio para trabajar la minería de oro. “Como pareja asumieron no tener más bebés. Tienen miedo de estar contaminados con mercurio”.

9. Breve historia de una danta

En el charco de agua de un solar, en una casa de Maripa, población ubicada a las orillas del río Caura, se refresca una danta. Su cuerpo, cabeza y patas son de color pardo negruzco. El pelaje es corto y áspero, con una crin de pelos ralos y duros que va desde la frente hasta los hombros.

—Mira chamo, ¿y esa danta?— pregunta un muchacho que pasa por el lugar.

—Esa va directo para Italia. Seiscientos dólares. La compró un general.

Y así se siente como si estuvieran arrancándole una página al Libro Rojo de la Fauna Venezolana.

10. El comienzo o el final

La minería destruye la economía de la naturaleza e introduce cambios culturales que generan una vinculación distinta con el territorio. Imagen de: Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA).

“Con mucha tristeza hay que reconocer que estamos ante una bomba de tiempo, que esto no tiene precedente alguno, que no se va a resolver con que cambiemos de gobierno a lo inmediato. Al sur del estado hay muchos intereses y por eso es todo lo que nos está pasando; para recuperar todo eso nos va a costar muchos años, quizá no lo veremos nosotros”, me dice la misma maestra del estado Bolívar y agrega que por eso ella tiene la necesidad urgente de formar al relevo para que puedan visualizar la problemática del estado.

Ni siquiera las sanciones económicas son una excusa para decir que la minería es el único camino. La emergencia humanitaria compleja, generada por el mismo gobierno, tampoco. Venezuela no es un país petrolero, ni minero, ni forestal, ni agrario, ni turístico. Venezuela es un país megadiverso. Esta es la mejor manera de definir nuestras potencialidades.

“No todo el mundo se quiere meter en este meollo de mirar y hacer cosas porque hay mucho temor, hay muchos investigadores a los que les da terror venir al sur. A todos nosotros nos da miedo, pero tenemos que meternos allá”, insiste la maestra.

Y me vuelve el miedo como un remolino de denuncias, amenazas, masacres, desapariciones forzadas; pero también de informes, diagnósticos, mapeos, nombres de los actores que controlan este extractivismo criminal. Sacar la mano del remolino, tal vez sea, acompañar a las personas en los territorios y dinamizar alternativas económicas concretas para no seguir mirando cómo se traslada la muerte en los camiones repletos con las arenas del sur del Orinoco.

*Esta crónica se realizó en el marco del trabajo de campo de la investigación publicada en el informe “El aire huele a mal: situación de personas defensoras del ambiente y el territorio en Colombia y Venezuela”. Para consultar el trabajo completo visite: https://www.odevida.pares.com.co/post/el-aire-huele-a-mal-situaci%C3%B3n-de-personas-defensoras-del-ambiente-en-colombia-y-venezuela