La actividad minera ha tenido un importante avance en los últimos años, impulsada por las políticas extractivistas del gobierno nacional, en búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. Pero también ha recibido un importante impulso con la cada vez mayor actividad de grupos irregulares, que toman control de los territorios y explotan la naturaleza a su antojo. Esto ha traído graves consecuencias en las relaciones sociales y en la degradación de los ecosistemas, al punto que está dejando profundas huellas difíciles de cubrir.

Por eso, varios pueblos indígenas han debido organizarse para defender sus territorios de grupos armados irregulares y del abuso e ilegalidad de las fuerzas del “orden público”. Así nacieron las guardias territoriales, conformadas por miembros de las comunidades indígenas. Entre los fundadores de las que protegían las tierras Wotjuja (Piaroa), del Amazonas, estaba Virgilio Gutiérrez, recientemente asesinado por los irregulares que pretenden extender la minería ilegal en sus territorios y mantienen un conflicto abierto con estas comunidades.

Esto ha traído la migración masiva de indígenas que huyen de los territorios ocupados por los irregulares, quienes amenazan y extorsionan a la población de la región para afianzar su control territorial. Esto también ha sido denunciado por ODEVIDA quienes han registrado que entre 2013 y 2021, 32 líderes indígenas y ambientales fueron asesinados, 21 de ellos asesinados por sicarios mineros o miembros de grupos armados irregulares; así como 11 por miembros de las FANB; reportado PROVEA. Igualmente existen denuncias de la destrucción de las comunidades, como ha sido reportado por Diálogo Américas. Los territorios indígenas son invadidos por grupos mafiosos que pelean por el control de las minas, dejando víctimas en el medio y desplazando comunidades enteras.

También se ha reportado la actividad de mineros ilegales brasileños en el estado Amazonas, así informa El Pitazo, quienes realizan su explotación ilegal con el consentimiento de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Los pueblos yanomami han sido especialmente afectados por esta situación, observándose masacres en ambos lados de la frontera, donde recientemente incluso fue asesinado un periodista británico. Además los daños al ecosistema amazónico, de por sí bastante delicado, son graves y posiblemente irrecuperables. Así mismo FUNDAREDES denunció a través de El Nacional que la deforestación en las áreas sometidas a minería del Arco Minero alcanzan ya las 1.200 hectáreas, lo que es una cifra de por sí alarmante, teniendo en cuenta lo irreparable del daño realizado.

Pero no toda la minería se concentra en el estado Bolívar y Amazonas, focos de la atención de medios y de los denuncias en torno al desastroso proyecto del Arco Minero. La minería en Venezuela avanza constantemente en otras regiones del país, poniendo en entredicho el suministro de agua de pueblos enteros y hasta de grandes ciudades. Así lo denuncian habitantes del estado Lara que llevan años luchando contra los proyectos mineros en el cerro El Plan, donde parte la cuenca del río Los Quediches, embalsado y que suministra agua a Carora.

En el estado Zulia la minería de carbón sigue activa y esperando capitales para expandirse. En la cuenta de Instagram de la empresa explotadora, Carbozulia, es posible observar la campaña de información que sostienen, afirmando que esta trae “beneficios” laborales en medio de la crisis económica; pero silencia los efectos de esa actividad sobre las cuencas que surten de agua a la planicie y ciudad de Maracaibo.

Es evidente que el país vive un ciclo extractivista orientado a la actividad minera, en su mayor parte dirigido por las actividades ilegales o ilícitas. Así señala Transparencia Venezuela, en un reporte donde se indica que el sector minero movió alrededor de 2.385 millones de dólares en 2021 según sus estimaciones. Pero también se da por vías institucionales y legales; como vemos que se explota el carbón en Zulia, por parte de una empresa del Estado, así como los diversos permisos que se están otorgando a empresas mineras privadas, vinculadas a jefes militares del país.

Ante el colapso del rentismo petrolero, la búsqueda de fuentes de ingresos rápidos y fáciles se han enfocado en la explotación minera, sin ningún tipo de miramientos por la devastación que se está generando. Sin respetar los pueblos y comunidades de los territorios explotados, y sobre todo, violando todo tipo de normativas, Derechos Humanos y marcos protectores de la naturaleza, con tal de obtener el máximo rendimiento económico de dichas operaciones. Las cuales tampoco están dejando retornos en las arcas públicas, pues son absorbidas por los intereses privados y el comercio ilícito internacional.