Según cifras de organizaciones de derechos humanos e investigadores académicos, desde el año 2015, ha ocurrido un aumento significativo de la letalidad y de las ejecuciones perpetradas por efectivos de los cuerpos policiales del Estado venezolano, que ocurren en medio del despliegue de operativos en barrios populares de las principales ciudades del país.

En ese sentido, han surgido organizaciones de familiares de víctimas de ejecuciones policiales, que exigen al Estado la apertura de procesos de investigación y justicia. En ese marco, para apoyar sus demandas, hemos conversado con Carmen Arroyo, integrante de Madres Poderosas y madre de Cristhian Charris, joven víctima de una ejecución policial.

1.- ¿Cuándo y con qué objetivo han creado a la organización Madres Poderosas?

La organización Madres Poderosas fue creada en septiembre de 2021, y con el objetivo de agruparnos para luchar juntas, porque sabemos que solas no podemos luchar, unidas somos más fuertes, unidas avanzamos un poco más, nos acompañamos a la Fiscalía General de la República; porque sabemos que ya es sistemático en el país los crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones policiales, y el Estado venezolano hace hasta lo imposible para no darnos esa justicia que tanto le estamos exigiendo.

2.- ¿Cuántas familias que han sido víctimas de ejecuciones policiales integran Madres Poderosas y de que estados del país son?

Por ahora a la organización Madres Poderosas la integran nueve familias, somos cinco del estado Miranda, tres del Distrito capital, y un padre de Barrancas del Orinoco, estado Monagas. Pero sabemos que hay familias en nuestra misma situación en muchos otros estados del país.

En Madres Poderosas estamos organizadas las madres y familiares de José Enrique González Paez, Genyil Chacón Pérez, Billie Mascobeto Molina, Richard José Briceño, Douglas Escalante Medina, Guillermo José Rueda Parra, Cristian Alfredo Charris Arroyo, Pablo Duques Carrasquel, Jesús Duques Carrasquel, Yordan Rivera Barrio, Jesús Medina Rivera, Josué Rivera Ramírez y Dani José Rivera. Para todos ellos pedimos justicia.

3.- ¿Cómo sucedió el caso de su hijo, Cristhian Charris Arroyo?

El caso de mi hijo, sucedió el 24 de septiembre de 2018. Mi hijo venía del barrio Turumo de celebrar su cumpleaños, número 26, iba subiendo las escaleras para terminar de amanecer en casa de su suegro, y salieron veinte funcionarios del Faes de un matorral, sin mediar palabras le disparan en el tórax, un único tiro. Después simulan un enfrentamiento, como es el patrón.

4.- ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades del Estado ante su exigencia de justicia?

La respuesta no solo en el caso de Cristhian, sino en todos los casos es de total impunidad, es que no tenemos avances. Hay un funcionario policial con orden de captura desde hace casi cinco años por el caso de Guillermo José Rueda Parra, pero el juez no ha ratificado esa orden de captura. En el caso de mi hijo, hay veinte funcionarios del Faes imputados y en averiguaciones pero todos se encuentran en libertad.

Los nueve casos están paralizados, porque cada vez que nos acercamos a la Fiscalía General de la República nos dan una respuesta diferente, porque lo que quieren es que nos cansemos para engavetar los casos de nuestros hijos, pero nosotras vamos a seguir exigiendo justicia.

5.- ¿Cómo las diferentes organizaciones políticas y sociales pueden apoyar las luchas de Madres Poderosas?

En que nos puede ayudar la sociedad, lo primero es que no naturalicen y legitimen estas muertes, no seguir repitiendo que todo aquel que muere a manos de la policía es malandro y delincuente y que el delincuente debe ser ejecutado; porque avalar y legitimar que la policía mate a gente lo que hace es agravar la situación de violencia. Entonces, lo primero que debe hacer la sociedad es cuestionar esta idea de que la policía mate gente, en realidad la policía debe cuidar y proteger la vida de las personas.

Para Madres Poderosas la sociedad también nos puede apoyar uniéndose a nuestra lucha, prestando sus servicios profesionales y técnicos, poniéndose a disposición de esta lucha en búsqueda de justicia para todas las víctimas y sus familiares.