Familiares, defensa legal y sociedad civil esperaban que el tribunal anulara los cargos en contra del extrabajador de Ferrominera Orinoco. En lugar de eso se ordenó el reinicio del juicio y la remisión del caso a otro tribunal.

Este lunes 17 de enero se reabrirá el juicio del exferrominero Rodney Álvarez, de 36 años de edad. El caso fue remitido al Tribunal 11 de Juicio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, y se le asignó el expediente 1316-21.

Un mes antes, la Sala I de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas anuló la sentencia que condenó a Álvarez a 15 años de prisión por homicidio intencional en perjuicio del trabajador Ronny Rojas, asesinado frente a los portones de Ferrominera Orinoco, en junio de 2011.

Familiares, defensa y sociedad civil esperaban que el tribunal anulara los cargos, pero en lugar de eso, se ordenó el reinicio del juicio y la remisión del caso a otro tribunal. Una vez más exigen libertad plena para Álvarez, injustamente apresado desde hace 10 años y 6 meses sin pruebas en su contra.

El abogado defensor de Álvarez, Luis Aguilera, informó que, como medida previa antes de dar apertura a juicio, solicitarán al tribunal una medida cautelar sustitutiva de libertad para Álvarez, tal como lo permite el artículo 30 del Código Orgánico Procesal Penal.

Algo bochornoso es que el Ministerio Público fue quien acusó a Rodney Álvarez y fue quien promovió a testigos y expertos y ahora resulta que no sabe dónde están radicados esos testigos y funcionarios policiales, eso ha ocasionado que el citatorio se dificulte, y, en consecuencia, las audiencias se difieren o se realizan, pero no con la comparecencia de todos los órganos de prueba promovidos para ese día”

Luis Aguilera, abogado defensor

“El código establece un máximo de dos años para que culmine la judicialización, Rodney lleva 10. Por lo tanto, es legal que el juez otorgue una medida cautelar sustitutiva de libertad para que el proceso judicial continúe sin que a Rodney se le siga ocasionando más daño material y moral con el injusto e ilegal encarcelamiento en ese recinto judicial”, explicó.

La defensa está dispuesta a llegar hasta las últimas instancias para lograr la libertad plena de Álvarez o, al menos, lograr la medida cautelar que le permitiría cumplir sentencia en Caracas, fuera de la cárcel y bajo régimen de presentación cada 30 días.

“Para nosotros es mejor que Rodney esté en Caracas, y que sus hijos puedan viajar a Caracas y puedan compartir con él el mayor tiempo posible. No es lo mismo que el hecho de que tengan que visitarlo en la cárcel, lo que es traumático y no recomendado por psicólogos infantiles”, dijo el abogado.

Aguilera informó que además solicitarán una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “por cuanto las autoridades venezolanas han hecho caso omiso a la exigencia de que Rodney sea trasladado a un centro especializado de asistencia médica por su condición de salud deteriorada”, explicó el jurista.

La defensa también solicitará que las audiencias de juicio se hagan al menos una vez por semana para acelerar el proceso. Pues, aunque el juicio debería durar tres meses, el retardo procesal nunca ha cesado.

10 años y una justicia que no termina de llegar

10 años y 6 meses de retardo procesal han transcurrido y hasta el momento no se ha demostrado la culpabilidad del obrero. En el proceso ha habido más de 25 audiencias diferidas y seis reinicios de proceso judicial.

El código establece un máximo de dos años para que culmine la judicialización, Rodney lleva 10. Por lo tanto, es legal que el juez otorgue una medida cautelar sustitutiva de libertad para que el proceso judicial continúe sin que a Rodney se le siga ocasionando más daño material y moral con el injusto e ilegal encarcelamiento en ese recinto judicial”

Cada juicio ha durado en promedio dos años, con irregularidades de por medio. Fue el Ministerio Público (MP) quien presentó la acusación contra el obrero, y solicitó radicar el caso a tribunales de Caracas.

“Algo bochornoso es que el Ministerio Público fue quien acusó a Rodney Álvarez y fue quien promovió a testigos y expertos y ahora resulta que no sabe dónde están radicados esos testigos y funcionarios policiales, eso ha ocasionado que el citatorio se dificulte, y, en consecuencia, las audiencias se difieren o se realizan, pero no con la comparecencia de todos los órganos de prueba promovidos para ese día. Es difícil aceptar que después de 10 años el MP alegue que desconoce el paradero de los testigos y los expertos”, afirmó Aguilera.
Una detención arbitraria

Rodney Álvarez fue detenido en Ciudad Piar, estado Bolívar, el 12 de junio de 2011 sin pruebas en su contra, días después de que en una asamblea de trabajadores de Ferrominera Orinoco en la que se escogerían a tres líderes sindicales para las elecciones del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), alguien disparara contra los trabajadores y como resultado dejara a un trabajador lesionado, y otro, -Ronny Rojas, de 28 años- muerto.

Quienes asistieron a la asamblea señalaron a Héctor Maicán, miembro directivo de la Federación Bolivariana de Trabajadores (FBT) y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como el responsable de los disparos. Maicán fue detenido ese día, pero el tribunal le otorgó medidas cautelares de libertad con régimen de presentación cada 30 días.

Desde el arresto de Álvarez, dirigentes sindicales y defensa han presentado evidencias probatorias de inocencia y han exigido su liberación. Además han denunciado faltas al debido proceso y demás violaciones a los derechos humanos del obrero.

En 2019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también exigió al Estado venezolano su pronta liberación, pero estas exigencias fueron desoídas.
Álvarez tiene graves problemas de salud. Aunque se ha solicitado evaluación médica especializada en cinco ocasiones, no ha habido respuesta

Álvarez continúa detenido en la cárcel Rodeo II, en Caracas. Aguilera reportó que el hombre se encuentra en desnutrición severa, pues recibe una sola ración de comida en el centro penitenciario: frijoles con arroz.

Aguilera informó que Álvarez también presenta dolores de cabeza frecuentes y mareos. “Nosotros presumimos que eso es por coágulos de sangre producto de los maltratos físicos que recibe en la cárcel”, señaló el abogado.

Aguilera señaló que han consignado al menos cinco solicitudes al Ministerio para Asuntos Penitenciarios para que Álvarez tenga acceso a tomografías y sea evaluado por un médico internista y un neurocirujano. Pero hasta el momento la defensa no ha tenido respuestas.

“Lo único que hemos logrado es que el enfermero del internado Rodeo II lo evalúe, pero enfermero no tiene conocimientos médicos como para evaluar las razones por las cuales Rodney presenta estos problemas de salud”, puntualizó.

Recluido a más de 100 kilómetros lejos de su hogar, en el estado Bolívar, Álvarez no ha podido ver a su madre desde 2017. Ni a sus hijos de 8, 10 y 14 años que están en aprietos económicos desde que en 2011 Álvarez fuese despedido de la estatal, y él y su familia perdieran beneficios como bonos de alimentación, y la matrícula escolar.

La esposa y hermano de Álvarez fallecieron mientras él todavía estaba privado de libertad.