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Desde el Observatorio de Ecología Política de Venezuela manifestamos nuestro profundo rechazo a la violenta arremetida por parte de los cuerpos de seguridad del Estado colombiano contra el pueblo movilizado, tanto por los intentos de aplicación de una serie de medidas neoliberales, como por el descontento generalizado frente a un sistema notablemente injusto y violento. El uso reiterado de la fuerza por parte de los organismos policiales, ha dejado consigo un lamentable saldo de 278 personas heridas, 47 fallecidas, 12 casos de violencia sexual, más de 900 detenciones arbitrarias y alrededor de 540 personas desaparecidas, durante las jornadas de movilización hasta el 9 de mayo, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz y medios independientes.
La protesta es un derecho legítimo de la ciudadanía y es sobre todo una expresión de resistencia política y social contra el deterioro sistemático de las condiciones de vida y de los derechos humanos de los pueblos. Vemos con inquietud como la criminalización de la protesta ha constituido un mecanismo de coacción recurrente y sistemático que se replica en los países de la región, incluyendo a Venezuela.
La protesta social, como ejercicio de la ciudadanía nunca debe suponer un peligro a la integridad física, psíquica y moral de quienes la ejercen. Los pueblos en Colombia, así como en el resto de los países de América Latina, no sólo se están volcando a las calles por el derecho a una vida digna, sino que también abren caminos a otras formas de la política, a modos de vida alternativos, algo que tiene un enorme valor ante un sistema global sumergido en una profunda crisis civilizatoria.
En tal sentido, desde el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, nos solidarizamos con el pueblo colombiano y sus luchas reivindicativas, condenamos la despiadada represión desatada en contra de los y las manifestantes y denunciamos contundentemente la criminalización hacia líderes sociales, defensores de territorios y los pueblos indígenas en toda América Latina.
Caracas, 10 de mayo de 2021.
Observatorio de Ecología Política de Venezuela