El Gobierno viene desplegando una gran campaña en medios y redes contra sobre Covid-19, pero también utiliza esos medios y las fuerzas represivas para amedrentar a los trabajadores que denuncian las terribles condiciones de sistema de salud. Es el caso de la enfermera Emily Márquez.

El video de la enfermera Emily, donde denuncia que tiene una sintomatología que no tenía al ingresar al hospital (dificultad para respirar), se hizo viral en todas las redes sociales. La trabajadora del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en el Hospital General de Guarenas-Guatire, denuncia además que algunos exámenes debían correr por cuenta de ella, que su pírrico salario no le alcanzaba para pagarlos y que las condiciones del hospital eran precarias: los mismos hospitalizados tuvieron que limpiar el lugar y no tenían personal de enfermería para atenderlos durante la noche. Mostraba una cruda realidad que vivimos.

Varios doctores, enfermeras, técnicos y trabajadores vienen denunciando las precarias condiciones en el que se encuentran el sistema de salud, no cuentan con las medidas necesarias de bioseguridad entre otros insumos tan elementales para combatir el virus como el agua y el jabón.

Es que esto no es nuevo, las enfermeras vienen denunciando desde el 2018 el gran problema que existe en los hospitales públicos a los que asistimos los trabajadores y los sectores populares, pero en ese momento fueron ignoradas por el gobierno que ni siquiera atendió sus reclamos.

Frente al video de Emily, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, en vez de atender el reclamo y la voz de desespero, lanzó una feroz campaña por los medios de comunicación acusando a la trabajadora de difundir “matrices de destrucción a Venezuela”, acusándola de mentir.

Como única “prueba” concluyente de ese juicio mediático sumario, mostró un video de unos segundos donde aparece el viceministro de Salud reprendiendo a la enfermera, casi sin audio de la “conversación”, pero donde una de las cosas que se escucha con claridad es la advertencia de que lo que hizo le podría traer consecuencias no solo administrativas sino legales. O sea, la “prueba” no prueba nada.

Sin embargo, lo que sí se nota es la clara actitud patronal del viceministro. Tampoco ese escucha al viceministro decir ni una sola palabra sobre los otros enfermeros, compañeros de trabajo de Emily, que también estaban internados y podrían estar contagiados (se sabe que por lo menos uno dio positivo a la prueba). El objetivo de las declaraciones de Rodríguez no era responder a la situación real denunciada, sino mostrar un montaje con una “prueba” de unos segundos de video que bastaron para dar el inicio a una campaña de calumnia y difamación contra la enfermera; acompañado del tratamiento policíaco represivo del asunto.

La campaña mediática contra la enfermera ha sido brutal de parte del gobierno y su maquinaria, incluyendo twitter y whatsapp: instalaron la idea de que la enfermera afirmó estar “con coronavirus”, o incluso “muriendo”, y como finalmente resultó no tener el virus, se trataba entonces solo de campaña de alarma y zozobra en la población pagada por la derecha. Con base a eso, se desató la oleada de mensajes reaccionarios de los apoyadores incondicionales del autoritarismo del gobierno, que iban desde exigir el despido de la trabajadora hasta pedir que la enviaran a la cárcel.

Pero la verdad es que se trató de un vil “falso positivo” o una “fake news” del Gobierno, armada con una tenaz mentira: cualquier que vea el video puede ver que la enfermera nunca dice que se está muriendo del coronavirus, y ni siquiera dice que tiene el virus, solo dice que tiene una sintomatología que no tenía al ingresarla (dificultad para respirar), que no le han entregado el resultado de la prueba, que algunos exámenes deben pagarlos de su bolsillo y su salario no le alcanza, que el hospital no tiene condiciones adecuadas y que está desesperada por la situación porque tiene dos hijos pequeños en casa que la esperan. ¡Eso es lo que realmente dice!

Pero el Gobierno armó su mentira para lincharla mediáticamente, al tiempo que con los cuerpos represivos buscó a la enfermera para llevarla a un lugar donde sí le hicieron todos los exámenes –que afortunadamente dieron negativos sobre el coronavirus–, y someterla a amenazas, coaccionándola para que “reconozca” que “mintió”. En lugar de ser funcionarios de Salud quienes la abordaran para finiquitar lo del diagnóstico y atender su reclamo, el gobierno se sirve de los temidos cuerpos de represión. ¿Qué tenían que ver y hacer esos organismos en una situación de ese tipo?

Y es que Gobierno nacional, a partir de la cuarentena, ha profundizado su autoritarismo contra los trabajadores de la salud. Hay casos muy recientes que han sonado además de este, como el del pasado martes 17 cuando la DGCIM detuvo al enfermero Rubén Duarte, en el estado Táchira, después de haber salido en un video por la red social twitter denunciando las pésimas condiciones de trabajo y la falta de insumos necesarios para la enfrentar al Covid-19. Fue lo mismo que se ha venido repitiendo en los centros de atención primaria en Maracay donde están obligando a los médicos trabajar sin las condiciones mínimas.

Dirigentes gremiales de las enfermeras, compañeras de trabajo y personas cercanas a Emily, señalan que fue interrogada, tratada casi como una criminal, y luego de los resultados de los exámenes, fue liberada, ya está en su casa, guardando cuarentena y notablemente afectada por la campaña de difamación y la intimidación represiva. El daño ya está hecho, la misión del Gobierno cumplida: continuar con su política de silenciar cualquier denuncia y protesta sobre la situación de la salud pública.

Toda esta política del Gobierno tiene consecuencias nefastas, porque busca implantar estado de silencio ante lo que puede estar pasando realmente con la crisis del Covid-19, al mismo tiempo que implanta el temor en la gente a decir la verdad, porque los lincha mediáticamente y los apresan con los cuerpos represivos como ya lo estamos viendo. ¿En serio nos quieren ver la cara de tontos, que no nos damos cuenta de esta miserable realidad de un sistema de salud pública deplorable?

Lo que hizo la enfermera Emily fue nada más alzar la voz como muchos de sus colegas, y como paciente, exigiendo condiciones tanto para ella como para los demás. Pero el gobierno se ensañó en silenciarla y desacreditarla moralmente. Frente a esto no podemos quedarnos pasivos ante el Gobierno y sus políticas de miseria, hambre y ajuste, así como contra el linchamiento mediático y el amedrentamiento policial.