Mientras no se garanticen los derechos económicos y laborales de las mujeres, seguirán siendo forzadas a relaciones de dependencia, exponiéndose a mecanismos violentos de subordinación y a todas las formas de violencia

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia Contra Las Mujeres, debido al asesinato de las 3 hermanas Mirabal: Patricia, Minerva y María Teresa, quienes se organizaron para enfrentar al gobierno corrupto y opresor de República Dominicana, presidido por el General Rafael Leónidas Trujillo. Este caso ha sido uno de los más emblemáticos en el que se evidenció la violencia de Estado en contra de las mujeres.

Este día de lucha, diversas mujeres desde espacios laborales, profesionales, estudiantiles, administrativos, desde los diversos espacios de encuentro social, nos movilizamos, pues nuestra vida se ha ido oscureciendo mediante la terrible crisis que hoy atraviesa la sociedad, y desde nuestra particular realidad que nos marca el ser mujeres, nosotras tenemos que levantar la voz por nuestros derechos.

Hoy, las mujeres conmemoramos este día y luchamos contra la violencia de Estado. Una violencia que se palpa en las miserables condiciones laborales que tenemos y en el salario empobrecido que no posibilita nuestra alimentación, la de nuestras familias y seres queridos. Necesitamos dos o más trabajos para poder sobrevivir a esta crisis.

Vemos de forma alarmante cómo el patrón Estado nos saquea nuestros bolsillos, nos están asesinando, pulverizando como mujeres y sujetas políticas. Nos tienen subsumidas en una total desinformación, que no es más que una estrategia política para ocultar esta grave crisis que afecta en mayor medida a las mujeres.

¿Desde cuándo no se publican cifras estadísticas en nuestro país?

¿Cuántas mujeres han muerto en manos de su agresor y el delito sigue impune?

¿Cuántas mujeres embarazadas han muerto debido al ruleteo en los hospitales por falta de insumos y personal médico asistencial?

¿Cuántas mujeres se han desmayado en sus lugares de trabajo por el hambre?

¿Cuántas mujeres, adolescentes y niñas han sido víctima de trata con fines sexuales y de prostitución forzada?

¿Cuántas mujeres se han visto empujadas al trabajo tercerizado, o a la migración forzada, en donde se ven desprovistas de seguridad laboral y su mano de obra es desvalorizada?

¿Cuántas mujeres trabajadoras han sido víctimas de amenazas, acoso laboral o sexual y han sido despedidas de sus puestos laborales por manifestar su rechazo a las condiciones precarias de vida o disentir de este gobierno?

¿Cuántas han sido víctimas de violación, de maltratos físicos y psicológicos?

¿Cuántas han sido víctimas de violencia por parte de funcionarios del estado?

¿Cuántas madres solteras dejan de comer para mantener a sus hijas e hijos?

¿Cuántas abuelas han quedado solas y vulnerables con el cuidado de sus nietas y nietos?

Las mujeres nos movilizamos ante unas condiciones que no nos permiten acceder a un sistema de salud ni a una educación pública de calidad. No contamos con medios de transporte dignos y es limitado nuestra posibilidad de comprar artículos de higiene personal. Denunciamos la importante escasez de medicinas y de métodos anticonceptivos, y cuando se consiguen tienen un precio exorbitante, son impagables. Queremos resaltar que esta escasez de métodos anticonceptivos violenta nuestro derecho a una sexualidad sana y responsable, al no poder controlar los embarazos tempranos y los embarazos no deseados, las mujeres quedamos atrapadas en labores de cuidado y reproducción, con esto, se nos coarta el derecho a elegir y decidir sobre nuestra vida.

No contamos con Casas de Abrigo para mujeres víctimas de violencia, de las 4 existentes en Venezuela, solo están activas 2 en los estados Aragua y Cojedes y en muy limitadas condiciones. Estamos desprovistas de atención cuando se nos otorga una medida de protección, vulnerando los derechos y garantías mencionadas en la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en su artículo 32, sobre la municipalización y atención efectiva de las mujeres víctimas de violencia.

La crisis general que hoy afecta a toda la población, ha reducido los derechos que las mujeres hemos alcanzado en décadas, a letras muertas de una u otra ley. Nos quieren volver a convertir en objetos de uso y desecho de los grandes intereses que se disputan el poder. Los partidos hegemónicos, los militares, las sanciones internacionales, la corrupción, las mafias, los pranes, la polarización de élites, y los CLAPs, todos fragmentos de una forma de gobernar que es estructuralmente violenta.

¡No aceptamos esta situación y estamos dispuestas a seguir luchando!

Mientras no se garanticen los derechos económicos y laborales de las mujeres, seguirán siendo forzadas a relaciones de dependencia, exponiéndose a mecanismos violentos de subordinación y a todas las formas de violencia.

Las trabajadoras, las asalariadas, las criadoras, las trabajadoras del hogar, las sostenedoras de la vida y de la economía social del país, nos movilizamos contra unas instituciones que gobiernan que no dan respuesta efectiva frente a la precariedad de la vida.

Contra la imposición del memorando #2792 que representa salarios de hambre y la derogación de un siglo de lucha obrera, con el cual nos han reducido a esclavas modernas o mano de obra ultra-barata, vulnerando el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) donde expresa: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”

Luchamos por respeto de derechos laborales, como el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, a un trabajo decente, al ejercicio de la libertad y democracia sindical, derecho a la discusión de contratos colectivos, a la salud y seguridad social, que son vulnerados con la aplicación del memorándum #2792 del Ministerio del Trabajo (bajo las siglas MPPPST) y la aplicación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE)

Luchamos por la salud y educación pública dignas donde podamos hacer ejercicio de nuestras labores en condiciones óptimas.

La mayoría de las trabajadoras y trabajadores del sector público y de empresas privadas pequeñas se encuentran desprotegidas del derecho a que el patrono le garantice la protección de salud, que comprende servicio Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), servicio funerario y en caso de accidentes laborales las pólizas de seguro de vida con montos insuficientes.

Contra los despidos injustificados y las detenciones arbitrarias a la clase trabajadora. Como el caso Hyper Mercado que despidieron a toda su junta directiva, Hotel Pipo Internacional que coaccionaron con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) las renuncias de las amas de llaves, el despido de Deillily Rodríguez y Jairo Colmenares directivos sindicales del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas (SITRAMECA). Las detenciones arbitrarias contra las trabajadoras y trabajadores de PDVSA por supuesto sabotaje, violentándose el debido proceso. La amenaza y agresión contra maestras que se unieron al Paro Docente el pasado 22 y 23 de Octubre de 2019, materializándose en acciones inconstitucionales de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que buscaron acabar con su protesta por mejores salarios y cumplimiento de las contrataciones colecticas.

Luchamos en contra la precariedad y pauperización absoluta que viven las y los trabajadores, en el que se incrementa la muerte a niveles escandalosos. Que además afecta en mayor medida a las mujeres al ser las mayoría madres solteras, jefas o sostén de hogar.

Contra la aberrante impunidad y corrupción que incrementa los femicidios que ya superan los 134 casos (cifra extraoficial) y muchos se mantienen bajo impunidad y secreto de Estado (como muchas cifras más). Además de no contar con información e indicadores sobre los casos por muerte materna considerado un femicidio indirecto, esto incrementa la brecha de vulneración de derecho y atención a las mujeres.

Nos pronunciamos contra las sanciones de bloqueo que han agravado la situación de miseria del pueblo venezolano, lo cual sólo ha beneficiado a los mecanismos de control social gubernamental y el clientelismo.

Frente a la polarización política que imponen las élites que se disputan el poder, con su demagogia y que sólo defienden sus intereses económicos. Nosotras, las mujeres hemos decidido no hacernos parte de estas pugnas. Desde la autonomía política que seguimos construyendo en la determinación en el acompañamiento a las diversas luchas que se están dando en el país. Nosotras no vamos a permitir que los mecanismo de cooptación de Maduro-Guaidó, impongan una agenda política a sus anchas siempre usando y capitalizando nuestro descontento. Estamos hartas que jueguen con nuestras vidas y nuestro tiempo. No somos banderas políticas desechables y convenientes a los intereses de estas clases políticas.

Por todo esto:

Denunciamos:

La no publicación de cifras e indicadores estadísticos vulnera a las mujeres e invisibiliza las diversas formas de violencias que padecen, además de privarnos de nuestro de derecho a estar informadas y que organizaciones sociales defensoras de los DDHH de las mujeres podamos estudiar a profundidad tales indicadores para generar propuestas.

La ausencia de medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia, vulnerando los derechos establecidos en la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La crisis del derecho a la planificación familiar. Ya sea por las grandes dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos, por la deficiente educación sexual, o debido al incremento de la violencia sexual, las mujeres quedan atrapadas en labores reproductivas. Esta situación ha generado un incremento de maternidades no planificadas o decididas -en mayor medida entre las adolescentes- violentando el derecho a la planificación familiar establecido en el artículo 76 de la CRBV.

Precariedad en la atención y acompañamiento en los casos de venezolanas en condición migratoria, dejándolas marginadas y reducidas al mercado de trata o la prostitución forzada.

Frente a las condiciones de precarización del salario, de la eliminación de contratos colectivos, y el alto costo de la vida, las mujeres quedan marginadas a desarrollarse en múltiples trabajos tercerizados, sin protección laboral, abriendo la brecha de exclusión y de pobreza social.

La falta de garantía de derechos a las mujeres privadas de libertad que son víctimas silenciosas de esta forma de violencia institucional. La falta de espacios de esparcimiento, tener que cohabitar en celdas superpobladas del único establecimiento penitenciario femenino del país, y las inhumanas condiciones sanitarias, violentan los derechos básicos de las mujeres privadas de libertad.

Las detenciones arbitrarias, sin el debido procesamiento, a los casos de las mujeres que han salido a protestar por sus derechos.

Que se está violentando la inamovilidad laboral, irrespetando la estabilidad y antigüedad, en algunos casos fuero sindical, fuero maternal o paternal.

Es por ello que exigimos:

Acceso gratuito y permanente de los diversos métodos anticonceptivos, permitiéndole a la mujer decidir y planificar su vida.

Cese del acoso laboral y el abuso machista en las instituciones. Exigimos que se apeguen al tratado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su normativa N° 109 referente a las condiciones de trabajo estables, salarios, pensiones y jubilaciones decente, que se elimine el acoso laboral en sus recomendaciones N° 190 y N° 206 para enfrentar la violencia y el acoso en el trabajo.

Cese de la violencia política contra las mujeres que alzan su voz en protesta por sus derechos constitucionales.
Derogación del memorando #2792 y el instructivo ONAPRE

Respeto al artículo 91 de la CRBV.
Respeto a las contrataciones colectivas.
Reenganche inmediato de todas y todos los trabajadores despedidos por alzar su voz por sus derechos.
Justicia para los más de 134 casos de femicidios contabilizados hasta ahora de forma extraoficial y justicia para todas las mujeres víctimas de violencia machista en el país, cuyas denuncias no han sido tomadas en cuenta por el alto margen de impunidad dentro de las instituciones del Estado. Respeto al debido proceso y aplicación oportuna de las medidas de protección de las víctimas.
Libre acceso a las cifras estadísticas y a la información.
Cumplimiento del artículo 84 de la CRBV, donde expresa:”El sistema público de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad” y el artículo 85 “El financiamiento del sistema público de salud es obligación del Estado, que integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley”.
Cese de los cierres técnicos de las instituciones educativas. Mejora de condiciones en los planteles, en cuanto a mantenimiento constante de las infraestructuras, dotación de luz, agua potable, material pop, productos de limpieza, mejoras en los programas de alimentación que garanticen alimentación balanceada, que permita a las docentes el ejercicio pleno de su labor en las aulas de clases.

Hoy más que nunca es necesario levantar la voz como trabajadoras, docentes, enfermeras, secretarias, profesionales, trabajadoras del hogar, obreras, campesinas, indígenas, artesanas, buhoneras, estudiantes, como mujeres que rechazamos la violencia social, política y económica que sistemáticamente se ejerce contra las mujeres.

Con este pronunciamiento apostamos al desarrollo de la organización y la protesta social autónoma para defender el derecho fundamental todas y todos a una vida digna y libre de violencia.

Nos vemos el lunes 25 de Noviembre en la Plaza Candelaria donde nos concentraremos a partir de las 9:00am.

¡QUE VIVAN LAS MUJERES TRABAJADORAS!

VIVAS Y CON DERECHOS NOS QUEREMOS

EL #25N ALCEMOS LA VOZ TODAS Y TODOS

CONTRA LA VIOLENCIA DE ESTADO Y POR UNA VIDA DIGNA
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