El pasado fin de semana ocurrieron dos hechos que dejaron en evidencia, aún más, la violación sistemática de los derechos humanos que ocurre en Venezuela por acción de Nicolás Maduro y el cogollo que lo acompaña. Por un lado, la deportación de 59 ciudadanos colombianos, y por el otro el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Los colombianos fueron detenidos hace más de tres años y sometidos a todo tipo de arbitrariedades. Fueron apresados sin razón, en redadas en comunidades populares para atender una afirmación hecha por Nicolás Maduro : “tengo 90 paramilitares colombianos capturados”. Lo dijo un par de días antes y era mentira, así que se ordenó a funcionarios salir a “peinar” zonas para dar con personas de nacionalidad colombiana que sirvieran de chivos expiatorios. De ese primer grupo de 90 algunos fueron soltados, otros por razones de salud salieron del calabozo, y el resto se quedaron pagando una pena que no les correspondía en un improvisado calabozo armado en la comandancia de la PNB en La Yaguara, nunca diseñado para eso. Ahora fueron deportados dejando en Caracas a su arraigo familiar, en muchos casos.

En el caso del capitán de corbeta Acosta Arévalo pareciera haber ocurrido un error de cálculo. A los torturadores se les pasó la mano. Porque las torturas no son la excepción sino la regla. Provea tiene documentados casos del año 2018 y señala que justamente es en la Dirección de Contrainteligencia Militar donde se tortura más, y no por poco : 75% de las denuncias que se hacen públicas. Eso lo sabe todo el Gobierno, porque es una práctica aprobada por toda la cúpula gubernamental, y ha sido evidenciado ante la CIDH con pruebas, testimonios y videos.

El ministerio de la Defensa dice en su comunicado que el oficial se desmayó cuando era presentado ante el tribunal. No dice que ese desmayo fue producto de las torturas que había sufrido y que eran evidentes para todos los que estuvieron en esa corte, como dejaron constancia de ello los abogados defensores a través de las redes sociales. Hasta el juez cuando manda al hombre al hospitalito, lo deja colar. Allí entonces la responsabilidad no solo se desparrama sobre los ejecutores de las golpizas, sino sobre todos los involucrados en la custodia y hasta el traslado de la víctima.

El comunicado que colgó en las redes el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, es todavía más descarado. Asegura que el oficial estaba detenido por participar en un intento de golpe de Estado, pero que para dicha detención se había cumplido estrictamente con el debido proceso y el respeto a los derechos del oficial. Su muerte confirma estas afirmaciones, claro está.

El fiscal de facto emitió su comunicado después de que se lo ordenaron desde Miraflores. Nada nuevo en sus palabras. “Garantiza” una investigación objetiva, independiente e imparcial, justamente lo que nunca hace, pues se ha convertido en el sicario judicial del régimen. Saab es el equivalente a Roland Freisler, el nazi que Hitler utilizaba para darse un baño de legalidad.

Del defensor del Pueblo Alfredo Ruiz, también impuesto ilegalmente por la constituyente, no se ha escuchado nada, lo que es coherente con su conducta de alcahuetear todas las violaciones a los derechos humanos que se vienen cometiendo en Venezuela durante los últimos años.

Desde hace más de tres años desaparecieron Alcedo Mora y los hermanos Vergel y el Gobierno ni se inmuta por ellos. Las detenciones arbitrarias, las golpizas a los detenidos, los asesinatos en manifestaciones han sido constantes e impunes todos estos años. Se ha hecho costumbre desaparecer por varios días, incluso meses, a los detenidos, un ejemplo de ello es lo ocurrido con el diputado Gilber Caro.

La violación a la inmunidad parlamentaria es parte del paisaje, ahí están los casos de Juan Requesens y del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Hay casi 20 diputados en el exilio o la clandestinidad, todo ello amparado por el fiscal de facto.

El asesinato del capitán de corbeta Acosta Arévalo no es más que un paso más en la degradación moral del chavismo-madurismo. Se anuncia la detención de algunos integrantes de la Dgcim por este caso. Tengamos claro que no los detienen por practicar la tortura. Lo hacen porque se les pasó la mano y pusieron a Maduro y sus secuaces en evidencia.