Es trabajador del diario Ciudad Valencia y da clases en la Misión Sucre. Las FAES se lo llevaron el miércoles de la aldea educativa a punta de golpes que lo dejaron inconsciente. Ningún organismo da respuesta a los familiares sobre su paradero.

José Ramón Rodríguez Rojas es trabajador de la imprenta del Complejo Editorial Batalla de Carabobo, que edita el diario Ciudad Valencia, donde es coordinador de formación, y se desempeña también como profesor de la Misión Sucre en la Aldea Héroes de Canaima 4-F, donde fue apresado delante de los estudiantes. El motivo sería una acusación por supuesto complot para actos terroristas, la cual fue hecha por el presidente de la “Asamblea Nacional Constituyente” y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, a través de su programa en Venezolana de Televisión, “Con el mazo dando”.

Detención arbitraria

Los estudiantes de la aldea universitaria señalan que al lugar llegaron siete camionetas identificadas como las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) –organismo adscrito, formalmente, a la Policía Nacional Bolivariana– de donde bajaron agentes quienes, sin mediar orden de detención de algún tribunal, golpearon a José Ramón Rodríguez hasta desmayarlo, y así se lo llevaron. Este solo alcanzó a gritar su nombre antes de que lo dejaran inconsciente.

Inmediatamente, activistas y organizaciones populares denunciaron el atropello.Rodríguez Rojas, de 57 años, ha sido toda su vida militante de la izquierda, fue parte de la organización Venceremos. En todos esos años participó de innumerables luchas contra las políticas y represiones de los gobiernos de la Acción Democrática y Copei, incorporándose luego al “proceso” que encabezó Chávez.

Según la acusación por televisión de Cabello, la policía afirma que a José Ramón le encontraron cargas de explosivos y detonantes para llevar a cabo atentados contra el gobierno. A quienes lo conocen, compañeros de trabajo, de militancia y familiares, les parece sumamente extraña la acusación y falta de todo fundamento, puesto que además de las labores propias en sus respectivos trabajos, su militancia se expresa en las actividades de formación.

De hecho, la propia acusación televisiva, lo único concreto que hay hasta ahora, tiene varias inconsistencias. Cabello señala que es profesor de la Universidad de Carabobo, cuando eso no es cierto, a su vez, la información policial dice que habría sido detenido en la Autopista Regional del Centro (ARC), cuando en realidad fue en la entrada de la aldea universitaria “Héroes de Canaima”.

Ana Teresa Gómez, ex esposa de José Ramón Rodríguez, quien es el padre de una de sus hijas, señala con relación a la acusación de Cabello : “Dice que es terrorista, y resulta que es un trabajador y miembro del equipo editorial de un medio del Estado (…) Él no tiene nada que ver con eso, no sabemos por qué está detenido. Sus estudiantes cuentan que los funcionarios de las FAES llegaron en siete vehículos y cómo él comenzó a gritar, lo golpearon con cascos hasta que se desmayó”. “Él ni siquiera había escrito algo en contra del Gobierno porque el periódico donde trabaja es del Gobierno”, complementa.

Amigos compañeros de militancia señalan que se trata de “un viejo militante de izquierda conocido por casi todos los sectores políticos del estado Carabobo, un tipo humilde, sin ningún tipo de riquezas, sin carro, muy querido por los trabajadores”.

Más de 36 horas detenido sin saberse su paradero

Desde el miércoles en la tarde, hasta hoy viernes en la mañana, los familiares y amigos no tienen aún noticia sobre el paradero de José Ramón Rodríguez. Han recorrido diversos centros de detención y policiales, pero ninguna les brinda información.

“Es un caso político”, les dicen, y que por lo tanto debería pasar el Sebin, sin embargo, ni en la sede de Plaza Venezuela ni en la del Helicoide les dan razón al respecto. “Sabemos que está golpeado y que lo presentaron en una foto donde se muestra golpeado y maltratado, está muy golpeado y con la cara hinchada”, dice Gómez. Agrega que fue operado recientemente de un cáncer en un ojo, y que tiene un tratamiento que por la detención no lo está cumpliendo.

Lo turbio y la arbitrariedad rodean este caso, con el método ya común de acusaciones por televisión hechas por funcionarios del gobierno, sin ningún tipo de garantías de defensa, detenciones arbitrarias e incluso desapariciones forzosas, sometimiento a aislamiento y torturas, que en algunos casos terminan en la muerte del detenido, como el caso reciente del capitán de corbeta Acosta Arévalo, a quien nunca le hicieron acusación formal y, cuando lo intentaron, luego de varios días detenido, no fue posible porque estaba casi moribundo.

Aunque a diferencia de ese caso, un militar señalado de estar presuntamente en complot con la oposición de derecha, aquí se trata de alguien que no tiene nada que ver con la oposición de derecha ni el mundo militar, sino un civil, trabajador y militante de izquierda, que hace vida en los propios espacios que respaldan al gobierno. No se sabe aún a qué obedece esta acusación, puesto que en el nivel actual de gran descomposición del gobierno y del aparato represivo, con diferentes organismos o niveles de mando dentro de los mismos que responden a diferentes fracciones o caudillos, el argumento de “terrorista” viene siendo usado para tomar represalias contra cualquiera o para justificar mediáticamente determinados discursos gubernamentales.

En Valencia se viene dando un proceso de denuncias y luchas contra el aumento inconsulto del gas doméstico, del transporte, de los servicios funerarios y los proyectos privatizadores del gobernador (del PSUV) Rafael Lacava, un proceso del cual participan comunidades y sectores de base del chavismo. Hay a su vez un precedente nefasto, como lo es el del joven Alí Domínguez, periodista y militante del chavismo disidente, quien estuvo desaparecido desde el 28 de febrero hasta el 5 de marzo, cuando luego de días de una fuerte campaña de denuncia “apareció” en el hospital Domingo Luciani, muriendo a las pocas horas, sin que hasta ahora haya juicio ni culpables al respecto.

Por ahora, los esfuerzos de los familiares y compañeros de José Ramón Rodríguez Rojas se concentran en saber dónde está y en qué condiciones, llaman a la solidaridad para visibilizar el caso. Han propuesto la etiqueta #JusticiaParaJoseRamon para sumar esfuerzos en la exigencia de su aparición y cese del atropello. Organismos de derechos humanos viene también haciéndose eco de la denuncia.

Desde La Izquierda Diario nos solidarizamos con esta exigencia y llamamos a los medios alternativos, organizaciones de derechos humanos, estudiantiles y políticas a sumar esfuerzos por la aparición con vida y sano, de José Ramón Rodríguez.