Imagen de portada: Correo del Caroní

La enfermedad extractivista

El contexto de lo que ocurre en la actualidad en Venezuela es el de un modelo económico que, traducido en sistema político, da cuenta de una enorme ausencia de proyecto democrático. En efecto, la crisis de carácter estructural y cultural que secuestra a la nación evidencia la falta de condiciones para avanzar, no solo en la búsqueda de soluciones para trascender el momento presente sino, sobre todo, para profundizar en los aspectos que como país nos aguarda el futuro.

Cine años de extractivismo es el enorme fardo que debe soportar la sociedad venezolana el cual ha hecho mella en estos últimos veinte años. La posibilidad de sembrar el petróleo una vez más se difuminó haciendo de este recurso un instrumento para el conflicto por su control doméstico (Golpe de Estado 2001; paro petrolero 2002, guarimbas 2014 y 2017), o una opción (ahora 2019) para el conflicto por su control externo.

Los pueblos indígenas venezolanos han tenido que lidiar con esta diatriba petrolera, pero también con un contrato social interpretado al antojo de los principales actores políticos de turno.

El fondo de la cuestión

Existe en el país un desacompasamiento entre extractivismo y derechos humanos en general e indígenas en particular. En otras palabras, mientras el modelo en Venezuela sea extractivista difícilmente se puedan materializar al menos los derechos indígenas. Ello porque los pueblos indígenas del país están asentados de manera ancestral en espacios ricos en fuentes de vida (agua, oxigeno y biodversidad), que con el tiempo han sido sustituidos por la noción de recursos (hidrocarburos, oro, hierro, coltán, etc.).

Este cambio de paradigma ha conllevado a que las principales víctimas del Estado-nación sean los pueblos indígenas del mundo. Para el primero, el enemigo a vencer siempre será el segundo pues la relación ha sido incomoda desde que el Estado se pretendió erigir como actor único y principal del sistema internacional, obviando que los pueblos y sus derechos son preexistentes a la entidad que nacería en Westafalia en 1648.

En otros espacios hemos dicho que estas y otras cuestiones deberán ser dilucidadas en los tiempos por venir ya que forman parte de una razón histórica: el fin del modelo. Si la interculturalidad riñe con el extractivismo es porque cada vez más está en tensión con la democracia, si partimos del hecho cierto que la construcción democrática en Venezuela es posterior al petróleo y a la dictadura. Y esto ultimo no es cualquier cosa. En la historia de nuestra nación la democracia ha estado sujeta al petróleo y la dictadura, por ello la deriva autoritaria siempre es una constante en el ejercicio del poder político.

Los pueblos indígenas de Venezuela y la crisis actual

La realidad de los derechos indígenas es que han sido el resultado de largas batallas de resistencia de los pueblos indígenas del país desde los años sesenta (60), con la creación de las primeras organizaciones indígenas y, sobre todo, con la participación de indígenas venezolanos en los principales foros internacionales desde los años ochenta (80), donde la presencia de ellos se haría sentir con fuerza en la aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo del sistema institucional de las Naciones Unidas que cumple cien años de existencia, siendo el instrumento jurídico junto con la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2007), más importante que en la actualidad tienen los pueblos indígenas del mundo.

Con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) del año 2000, se abriría un compás de oportunidades para el movimiento indígena venezolano. Contrario a lo que muchos pensaban, en cuanto a que la inserción de los derechos indígenas en el nuevo contrato social vendría a ser una concesión de la voluntad política del momento, los pueblos indígenas de Venezuela ya habían transitado lo suficiente en el ámbito internacional como para hacer exigibles sus derechos a nivel nacional.

Llegaríamos así al capitulo VIII de la Constitución. El mismo que se inicia con el artículo 119 el cual reconoce los derechos territoriales indígenas, sus hábitats y tierras como condición para garantizar y desarrollar sus formas de vida, ha sido letra muerta hasta hoy en día. El Estado que debería ser el garante de este derecho ha vacilado en construir institucionalidad para su materialización y ejercicio.

Esto constituye el sustrato de la rebeldía y de la rabia indígena en Kumaracapay. Este es el fondo del problema. Primero fue la decepción del Tendido Eléctrico y ahora de la demarcación ausente. Es la reiterada mentira de un orden estatal que se niega a abrirse a la demanda indígena por la tierra. Como si esto fuera poco, cual estocada final, el Estado los convierte en las víctimas mayores de ese horrible plan de destrucción masivo conocido como Arco Minero del Orinoco (AMO).

No hubo demarcación pero si hubo minería ilegal convertida en un proyecto de Estado y militar. Frente a la estafa de la revolución luego de haber sido los indígenas sus principales aliados, la opción que les queda es resistir no importa cómo ni cuándo. El AMO es el último embate a una lealtad traicionada.

Las mismas comunidades Pemon que se alzaron ayer contra el Tendido Eléctrico y que exigirían el inicio de la demarcación son las que resisten hoy el atropello del Estado en sus territorios. Tanto la cuarta como la quinta República han tenido una visión mononacional y homogénea de los derechos indígenas quedando esto evidenciado en los debates constituyentes y parlamentarios de ayer y de hoy.

Resistencias indígenas y disidencias jurídicas

La única constante en la historia del proceso de conquista y posterior creación de Venezuela como Estado-nación hasta hoy en día, es la resistencia indígena. Esta última es la expresión de la única herramienta (política) con la que cuentan los pueblos indígenas.

Con la evolución de los derechos indígenas en el derecho internacional, precisamente en el seno de la OIT, y su posterior inserción en el derecho interno, la resistencia indígena se ha convertido en disidencia jurídica.

En la actualidad, los indígenas venezolanos frente a la resnulización (res nullius) de sus territorios han tenido que apelar a sus tradiciones, instituciones propias, usos y costumbres para confrontar al otro derecho no indígena pero, sobre todo, para contener el proceso de fragmentación territorial al cual están siendo sometidos.

En Venezuela urge construir democracia. Pero no cualquier democracia. En nuestra opinión, la interculturalidad es una herramienta para profundizar y trascender el actual caos en el que nos encontramos. A la deriva autoritaria hay que oponerle democracia intercultural. Es necesario buscar en los sistemas jurídicos indígenas sus propias formas de resolución de conflictos. Lo que hoy ocurre en el país no es más complicado que lo ocurrido en Sudáfrica en tiempos del Apartheid.

No olvidemos que en Sudáfrica el Ubuntu del pueblo indígena zulú Xhosa permitió trascender al oprobioso sistema de segregación racial. En Venezuela Ubuntu es Nohimayou (Yanomami); Tujuma Weiña (Yekuana); Unuma (Jivi); Ukuo (Uwottuja); Wabiya (Bare); Wamarubaca Iywa (Piapoco) y Suma Yuyay Kauqsancamalla (Inga).

Todavía tenemos 44 sistemas jurídicos más de resolución de conflictos en nuestro país que nos ofrece su enorme diversidad cultural. Estamos a tiempo…

Vladimir Aguilar Castro

Politólogo y abogado venezolano. Profesor titular a dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes (ULA), Mérida, Venezuela. Investigador responsable del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la ULA. Especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Diploma de Estudios Superiores en Historia y Política Internacional en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo (IUHEID) de Ginebra, Suiza. Doctor en Estudios del Desarrollo mención política internacional por el IUHEID.