El 7 de marzo en la tarde colapsó el suministro eléctrico en más del 80% de Venezuela. Fue el punto más agudo de toda una década de crisis eléctrica, un colapso sobre cuyo riesgo habían advertido reiteradamente los trabajadores de la industria a lo largo de los años, pese a los intentos del gobierno de silenciar las denuncias mediante la represión. En la mayor parte del país no se restituyó el servicio en más de 36 horas y en algunas zonas la interrupción duró más de 100 horas. En algunas regiones, como el estado Zulia, no se normalizó el servicio todavía una semana después. El colapso eléctrico, sobre todo en el interior del país, se superpuso a problemas ya agudos de suministro de agua, gas y gasolina; a la escasez de alimentos y la debacle de los hospitales públicos. Debido al ajuste hiperinflacionario aplicado por el gobierno, el dinero en efectivo es prácticamente inservible y el colapso de las comunicaciones anuló la posibilidad de realizar compras con tarjetas de débito o crédito, paralizando el comercio. El gobierno suspendió todas las actividades laborales entre el viernes 8 de marzo y el miércoles 13. Se multiplicaron los saqueos y disturbios espontáneos en gran parte del país. Entre las víctimas del apagón se encuentra un número no precisado de fallecidos en hospitales como consecuencia de fallas en equipos de sostenimiento vital.

El ministro de energía eléctrica, el militar Motta Domínguez, aseguró inicialmente que el apagón duraría tres horas. La mentira quedó rápidamente en evidencia, pero el gobierno huyó hacia adelante y sacó a relucir la coartada habitual del “sabotaje”, bajo una nueva formulación: la “guerra eléctrica”. El ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, aseguró que se trataba del mayor ataque terrorista en la historia del país y que Maduro personalmente encabezaba las operaciones para restituir el suministro de electricidad. En un intento por mostrarse como autoridad en medio del caos, Maduro publicó un video el lunes 11, en el que da órdenes por radio y denuncia que serían tres los ataques sufridos. La mayoría de los venezolanos quedaron totalmente incomunicados durante varios días y tardarían en enterarse de las versiones oficiales.

La tesis del sabotaje es refutada por dirigentes obreros del sector e incluso por altos ex funcionarios del gobierno de Chávez. El ex ministro de energía eléctrica, Héctor Navarro, respondió a las versión gubernamental de un “ataque cibernético” explicando que la represa de Guri funciona con equipos analógicos. Atribuyó el colapso a las consecuencias de la corrupción y la falta de mantenimiento. Alí Briceño, secretario ejecutivo de la federación de trabajadores eléctricos (Fetraelec), explicó que los trabajadores reportaron un incendio que afectó la transmisión de energía en tres líneas que comunican a Guri con subestaciones en el centro del país. Los gerentes militares no llevan a cabo desde hace años las podas preventivas para impedir que la vegetación invada las torres y, como consecuencia de un incendio forestal, una de las de las líneas se recalentó y dejó de transmitir energía. Las otras dos líneas cayeron por efecto dominó, al resultar sobrecargadas con la caída de la primera línea. Briceño alega además que hubo malas decisiones gerenciales por falta de pericia de los militares al intentar restablecer el servicio, lo cual prolongó la caída.

Una tesis oficial sin evidencias

Ante la falta de evidencias de sabotaje, el gobierno procedió a inventarlas, al peor estilo de las farsas judiciales fascistas o estalinistas. Según el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, tuits emitidos luego del apagón por funcionarios yanquis y el presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, “demuestran” que sabían con antelación acerca del apagón. Rodríguez incluso aseguró que el martes 12 de marzo, seguidores de Guaidó planearon sabotear la restitución del servicio aumentando el consumo eléctrico en los hogares, prendiendo varios aparatos electrodomésticos simultáneamente (!). En otro de los esfuerzos disparatados por sostener la tesis de la “guerra eléctrica”, el 11 de marzo el periodista Luis Carlos Díaz fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por declaraciones emitidas el 27 de febrero de este año, en las que establecía una analogía entre una hipotética interrupción del acceso a internet por parte del gobierno y un apagón eléctrico. El número dos del gobierno, Diosdado Cabello, aseguró que esas declaraciones indicaban que el periodista sabía de antemano acerca del apagón. Finalmente, hasta para las autoridades judiciales chavistas esa versión resultó insostenible y el periodista no fue acusado de “sabotaje” sino “incitación a delinquir”, en un nuevo ataque a la libertad de expresión.

Simultáneamente se desató una persecución contra los trabajadores eléctricos. Cabello, al referirse a los trabajadores detenidos, dijo que “es por una investigación seria que se está haciendo por la forma como atentaron contra la vida de los venezolanos”. El trabajador Geovanny Zambrano, sometido a una jubilación forzada como retaliación por haber denunciado el 18 de febrero de este año las desmejoras laborales y fallas en la infraestructura eléctrica, fue secuestrado el 11 de marzo por el Sebin y estuvo desaparecido por 11 horas. Lo liberaron y volvieron a apresar el día siguiente. Se le persigue por sus denuncias de febrero y al momento de escribir estas líneas se desconoce su paradero. Angel Sequea, otro trabajador de Corpoelec, jefe de despacho y operaciones en Guayana, fue detenido por el Sebin el 7 de marzo y asesinado el día siguiente. Según sus captores, el asesinato ocurrió en el marco de un “motín” en el sitio de reclusión. Otro preso político asesinado.

El pueblo venezolano es en estos momentos rehén tanto de una dictadura cívico-militar como de una campaña de injerencia y cerco económico por parte del gobierno imperialista de EEUU. Mientras transcurría el apagón, el gobierno de Trump anunció la salida de su personal diplomático de Caracas y el gobierno de Maduro respondió “expulsando” a los funcionarios retirados. La condenable escalada injerencista continúa. Sin embargo, ello no constituye en sí una prueba de que el colapso eléctrico haya sido provocado mediante una acción de sabotaje cibernético por parte de los yanquis. Sería anticientífico invertir el peso de la prueba y asumir que hubo sabotaje, aunque no haya evidencias, hasta que se compruebe lo contrario. Eso es lo que se conoce como conspiracionismo.

No sería la primera vez que el gobierno miente sobre supuestos sabotajes para evadir sus responsabilidades, el expediente es muy amplio. El caso más notorio es el de la explosión del 25 de agosto de 2012 en la refinería de Amuay, en la que murieron más de 40 personas y más de 150 resultaron heridas. En 2013 el gobierno dio por confirmada la “sospecha” expresada desde el primer momento, de que se trataba de un sabotaje terrorista. Pero contradictoriamente, el supuesto ataque terrorista más grave de nuestra historia nunca se conmemoró oficialmente como tal, ni se publicó jamás un informe con las conclusiones definitivas de la investigación. Antes de la explosión, los trabajadores petroleros encabezados por los revolucionarios de C-cura y el PSL también venían denunciando el descalabro operativo de las refinerías y la cada vez mayor frecuencia y gravedad de los accidentes, obteniendo por única respuesta gubernamental despidos y persecuciones. La “guerra eléctrica” posiblemente tendrá el mismo destino que el “ataque terrorista” de Amuay: el olvido oficial.

El saqueo boliburgués creó las condiciones para el colapso

La represión del gobierno no podrá ocultar lo que numerosos trabajadores y expertos venían denunciando desde hace muchos años: que la corrupción, la incompetencia y la desinversión hacían inevitable un colapso del servicio eléctrico.

El ex viceministro de energía eléctrica del gobierno de Chávez, Víctor Poleo, entrevistado por el periodista Víctor Amaya en 2016, aseguraba que desde 2005 se advertía el deterioro del sistema y que desde 2007 la oferta de energía no cubre la demanda, lo que obliga a aplicar racionamientos. La corrupción engulló los proyectos de generación de energía, como la represa Tocoma en el río Caroní, que se debía construir entre 2002 y 2012 con un costo de dos mil millones de dólares. El contrato otorgado a la empresa brasileña Odebrecht se fue inflando hasta llegar a un costo de diez mil millones de dólares y nunca se culminó.

Los proyectos de parques eólicos en Falcón y el Zulia también fracasaron y generan menos del 1% de la energía consumida en el país, pese a los cuantiosos millones de dólares licuados en ellos por el aparato corrupto del chavismo. La generación termoeléctrica también ha caído, dejando al país dependiendo en enorme medida de la represa del Guri. Así fue como el chavismo, durante los años de la mayor bonanza petrolera de su historia, conquistó el deshonroso mérito de destruir la industria eléctrica, llegando al año 2010 con una declaratoria de emergencia eléctrica que se convertiría en una de las operaciones de saqueo y corrupción más bestiales de nuestra historia.

El año 2009, una fuerte sequía causó una caída importante de la generación de energía en la represa de Guri. El deterioro de las plantas termoeléctricas impidió suplir la demanda de energía y la situación degeneró en un severo racionamiento, a lo que respondieron grandes protestas populares en regiones como Mérida y el Zulia. En febrero de 2010, Chávez decreta la emergencia eléctrica y procede a entregar sin licitación decenas de contratos para la importación de plantas y equipos. Uno de los conglomerados más beneficiados por estas contrataciones excepcionales fue la empresa Derwick y Asociados, una obscura empresa dirigida por jóvenes burgueses caraqueños sin experiencia en el ramo eléctrico. Habrían recibido una docena de contratos por un valor superior a los 2.500 millones de dólares para importar equipos. Compraron a una empresa yanqui equipos usados con un sobreprecio que se estima en más de 1.400 millones de dólares, según investigaciones realizadas por periodistas de varios medios de comunicación venezolanos, entre ellos Armando.info. Estas investigaciones demuestran que Derwick realizaba diligencias relacionadas con la importación de equipos eléctricos hasta un año antes de la declaratoria de emergencia eléctrica, un indicio de que hubo concertación con el gobierno chavista para las operaciones corruptas.

Ha sido escandalosa la ostentosidad de los llamados “bolichicos”, mientras el país padece las consecuencias mortíferas de la crisis eléctrica. Por ejemplo, uno de los propietarios de Derwick, Alejandro Betancourt, compró una finca de 1.600 hectáreas en el Estado español con todo y un castillo medieval, mientras la mayor parte de la chatarra importada en 2010 está fuera de servicio. Algunos equipos nunca llegaron a funcionar. El anunciado “blindaje eléctrico de Caracas”, en el que se dilapidaron millones de dólares, fue una farsa completa.

Pdvsa fue uno de los compradores de equipos eléctricos revendidos por Derwick. Tal fue el nivel de imbricación de los “bolichicos” con boliburgueses como Rodolfo Sanz o Rafael Ramírez, que la empresa se incorporó al negocio petrolero en asociación con empresarios rusos de Gazprombank y el gobierno venezolano, en la empresa mixta Petrozamora, que explota un yacimiento en el estado Zulia. Allí también estallaron escándalos de corrupción. Gran parte del dinero de la “emergencia eléctrica” se habría lavado a través de la banca suiza, otra parte fue a parar en paraísos fiscales como Barbados.

Tal fue el “legado eléctrico” de Chávez. En octubre de 2012, el sindicato eléctrico de Lara (Sitiel) denunciaba la muerte de 7 trabajadores por violaciones a las condiciones de seguridad industrial por parte de las autoridades así como una escalada de la represión: “Los trabajadores reciben constantes visitas y citaciones del Sebin, e incluso, cuando un trabajador no asiste a su labor, con causa justificada o no, quien hace las averiguaciones es el Sebin”. La campaña del gobierno para ocultar los efectos de la corrupción y la desinversión, culpando a los trabajadores de supuestos actos de sabotaje, llegó a generar linchamientos y secuestros de trabajadores en sectores populares azotados por los apagones. El Sitiel menciona el caso del asesinato de un trabajador en el estado Aragua por linchamiento en 2012. Ese año, mientras hacía campaña por su reelección, Chávez reconoció que persistían los problemas eléctricos, pero dijo que de no ser por su gobierno la gente cocinaría con leña y se alumbraría con faroles.
Como la crisis empeoró, en abril de 2013 Maduro ocupó militarmente la industria. Se crearon zonas militares de seguridad para restringir la libertad sindical de los trabajadores eléctricos. Se habló de una “Gran Misión Eléctrica”, una nueva farsa. Los problemas seguirían agravándose con la desinversión y se declararía una nueva militarización en abril de 2017, luego de grandes y recurrentes apagones en 2015 y 2016. Otro gran apagón nacional ocurrió en agosto de 2017. La situación era tan grave que dirigentes sindicales del chavismo rompieron la disciplina partidista y criticaron la gestión militar.

Elio Palacios, dirigente del sindicato de trabajadores eléctricos del Distrito Capital, Vargas y Miranda, emitió una declaración a comienzos de febrero de 2018, en momentos en que seis estados se mantenían sin luz, denunciando la inminencia de un colapso eléctrico generalizado. Entre las causas mencionaba la “estampida de técnicos”, debido a los míseros salarios y las vejaciones laborales, el mantenimiento deficiente y la incompetencia de las autoridades militares, comenzando por el ministro Motta Domínguez, a quienes calificó de técnicamente analfabetos. El déficit de personal calificado, calculado por Palacios en un 60%, obligaba a trabajadores a cumplir turnos de hasta 30 hora seguidas. “Tenemos un caldo de cultivo para un apagón… no se va a tratar de un sabotaje ni de una mala operación por parte de los trabajadores… Las telecomunicaciones se van a afectar, se van a afectar todos los servicios básicos, como el agua potable, porque las bombas funcionan con energía eléctrica, el bombeo del petróleo, en pocas palabras se va a paralizar el país. Esta es una situación que prácticamente es inevitable que ocurra, por todos los escenarios que se están viendo”, alertaba Palacios. Además, denunciaba el uso de elementos lumpen por el gobierno para asaltar a los sindicatos y las maniobras de los tribunales e instituciones oficiales para impedir la realización de elecciones sindicales. ¿Cómo respondió el gobierno de Maduro a estas graves denuncias? Con sus métodos habituales, enviando a la policía política a secuestrar al dirigente sindical el 14 de febrero de 2018. Decenas de dirigentes obreros y trabajadores han sido despedidos y perseguidos por denunciar el descalabro operativo.

La respuesta de Guaidó al apagón lo mostró en todo su oportunismo e incapacidad. Se limitó a plantear que la luz llegaría cuando “cese la usurpación” y otros mensajes en la misma onda demagógica. La única respuesta en el terreno de la movilización la dieron espontáneamente las comunidades populares. Tampoco dijo claramente lo que su “Plan País” propone para salir de la crisis, que es la privatización de los servicios públicos. La oposición de izquierda plantea un camino opuesto a los planes de Guaidó: recuperar la industria eléctrica apoyándose en la organización de los trabajadores y realizar importantes inversiones con los recursos obtenidos del no pago de la deuda externa y la nacionalización del petróleo. En vez de la amnistía para los funcionarios civiles y militares corruptos, incluyendo a los que destruyeron la industria eléctrica, como plantean Guaidó y la AN, es necesario confiscar las propiedades de los corruptos y adoptar medidas para la repatriación de sus capitales.

El gran apagón de marzo marca otro hito en el proceso de destrucción económica impulsado por políticas gubernamentales burguesas y mafiosas, como la apropiación de la renta petrolera mediante sobrefacturación de importaciones, la amputación de la producción nacional para pagar deuda externa, o la entrega de la industria petrolera y concesiones mineras a grandes transnacionales. Esa política ha sido más destructiva que mil sabotajes. La conspiracionista “guerra eléctrica” no es otra cosa que el intento propagandístico del gobierno de ocultar las verdaderas causas de la crisis, victimizándose para justificar la profundización de la represión y los crímenes contra los trabajadores y el pueblo venezolano.