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Ayuda Humanitaria, injerencia extranjera y la tragedia que padece el pueblo venezolano

Las medidas tomadas por el gobierno de Maduro en Agosto de 2018 aceleraron el deterioro de una economía en quiebra, llevando la crisis a un nuevo nivel y recrudecieron la situación social a un extremo nunca antes visto. Es un hecho que el gobierno perdió todo tipo de credibilidad en la población y, actualmente, la subjetividad social evidencia un sentimiento masivo y estruendoso a favor de que Maduro y su séquito dejen de gobernar. No hay palabras para describir el sufrimiento que hoy padece la inmensa mayoría de venezolanos, que levantan el grito inclemente de “¡que se vayan!”

Sin embargo, la ausencia de una orientación y propuestas ciudadanas engranadas, de espacios democráticos y de sectores políticos que apuesten seria y coherentemente a la reconstrucción del tejido social, no han permitido la articulación del pueblo en su conjunto. Este se ve perjudicado por la desorientación política. El pueblo venezolano, víctima del bombardeo mediático oficial y de medios reaccionarios, del cerco informativo del estado y de las noticias falsas (fake news), hoy se debate entre la urgencia y la incertidumbre. Entre la apremiante necesidad de ayuda humanitaria o cualquier tipo de auxilio alimenticio y médico, y los riesgos de una agresión militar extranjera o de guerra civil que, más allá de la manipulación mediática gubernamental, son escenarios reales y posibles a medida que transcurren los días.

El juego polarizado del gobierno y las dirigencias opositoras tradicionales desvían la atención de las cosas centrales. Nos tensionan para estar completamente a favor o en contra de uno u otro. Resulta necesario romper con esa lógica. Enfocar el análisis político más desde la gente y menos desde la lógica del poder. Solo así podremos encontrar respuestas y posibles salidas al laberinto en el que nos encontramos.

Las dimensiones de una tragedia innegable e inocultable

Desde 2015, cuando la economía venezolana empezó a evidenciar los impactos de la caída de los precios internacionales del petróleo y del plan nacional de expoliación expuesto en los “14 motores productivos”, el ejecutivo nacional ha ejecutado una política sistemática de transgresión del derecho a la información pública contemplado en el art. 143 de la constitución (CRBV, 1999). Progresivamente desmanteló toda la institucionalidad que desarrollaba levantamiento de datos socio-económicos y ambientales, instaló el hostigamiento y criminalización de sectores críticos como práctica recurrente. También han sido evidentes agresiones directas contra periodistas e investigadores que hayan realizado denuncias contundentes y develado casos graves de corrupción o violación de DDHH.

Desde el citado año ha habido un aumento progresivo de la indigencia y de niños y niñas abandonados, de familias con pésimas dietas alimenticias, de la desnutrición y la pérdida de peso generalizada en la población, de personas que pueden alimentarse a penas una vez por día o de otras que pasan días sin comer. [1] Por otro lado, la escasez de medicamentos, la desatención sanitaria y el colapso completo del sistema público de salud ha deparado en la reaparición de enfermedades previamente erradicadas como la difteria y sarampión y en la propagación de epidemias nacionales como la malaria, que para 2017 Venezuela representó más de la mitad de los casos reportados en todo el continente Americano. [2]

El panorama de crisis es más grave para los poblados alejados de los centros urbanos. Zonas rurales campesinas o pesqueras, poblaciones mineras de afrodescendientes y comunidades indígenas son algunos de los sectores más vulnerables; y todo ese contexto es mucho más complejo para las mujeres venezolanas que, además de lo mencionado, viven realidades adicionales igualmente crudas. Solo basta ver el incremento exorbitante de la mortalidad materna e infantil en los últimos años, siendo la anemia y la desnutrición uno de los aspectos concretos que afecta los índices de forma considerable.

La voracidad extractivista de los “14 Motores” ha puesto en práctica una explotación extensiva y agresiva de todos los recursos naturales a los que el gobierno de Maduro ha apostado sacarle provecho comercial. La explotación, principalmente de oro, diamante, coltán y otros minerales, pero también otros recursos como madera, ha desatado una crisis hídrica sin precedentes y que podrían contribuir, directa o indirectamente, a los impactos del cambio climático en Venezuela, muy afectada por el fenómeno del niño.

Para 2018, la nación atravesó un fuerte período de sequía que implicó la muerte de más de 50.000 cabezas de ganado en el primer semestre de ese año [3]; dato indignante si a su vez se contrasta con el hecho de que Venezuela es el único país amazónico que presentó una tasa de deforestación de crecimiento exponencial entre 2000 y 2015, exponiendo el mayor porcentaje en los últimos años de ese período. [4] La devastación ha sido acompañada de una contaminación intensa y generalizada de los principales ríos del país que surten de agua a la población a lo largo del territorio, sumado a una desinversión criminal de las plantas de tratamientos. Desde 2018 son recurrentes los reportes de brotes regionales de enfermedades relacionadas al consumo de agua sucia o contaminada (amibiasis, diarreas crónicas, Hepatitis A, entre otras). [5] En pocas palabras, esta atrocidad se puede sintetizar en que a menor cantidad de bosques disminuyen las lluvias, caudales y afluentes hídricos, y a mayor contaminación de ríos se multiplican las enfermedades.

La crisis rompió los límites formales y, a pesar del cerco informativo, la tragedia social ya es más que evidente, no solo para el país sino para el continente americano que viene percibiendo la magnitud de la misma con la migración de más de 3 millones de venezolanos.

Cinismo e indolencia gubernamental

Después de un continuado esfuerzo por parte del gobierno nacional para negar la grave situación y vulneración de los derechos humanos en materia de salud y alimentación, este terminó aprobando, en noviembre de 2018, la apertura de los fondos CERF de la ONU para el caso venezolano, reconociendo, de hecho, la existencia de una emergencia humanitaria en el país y su incapacidad para solventar los problemas mencionados [6].

De esta manera, Venezuela se ubicó en el puesto 20 de emergencias que recibieron más financiamiento de los fondos CERF el año pasado, con la asignación de $9,2 millones de dólares. Por otro lado, la “crisis regional venezolana de migrantes y refugiados” -como la define la ONU- se ubicó en el puesto 28, con la asignación de $6,2 MM destinados a los puntos fronterizos más afectados [7].

A pesar de ello, el gobierno no aceptó su decisión en el discurso ni motorizó la ejecución de la ayuda humanitaria y de los mencionados fondos. Tampoco se preocupó por informar a la sociedad civil qué significaba la apertura de la ayuda humanitaria ni el apoyo que ésta debería brindar en el proceso. Ahora, con la situación abierta desde el 10 de enero y la política de Guaidó y los EEUU de hacer ingresar a Venezuela cargamentos de alimentos y medicinas por fuera de la institucionalidad del sistema humanitario internacional, Maduro respondió con el próximo arribo de “...300 toneladas de ayuda y asistencia humanitaria de Rusia...”, que el gobierno habría pagado con sus propios medios, y cuyo contenido provendría de Rusia, Turquía y China [8].

¿En qué consiste la ayuda humanitaria? y ¿qué podemos esperar con la entrada al país de la misma?

Son preguntas que necesitan ser aclaradas para que la población mantenga unas expectativas adecuadas a la realidad, y no infladas por discursos politiqueros. La ayuda humanitaria se trata de la ejecución de planes de emergencia por parte del sistema humanitario internacional (ONU y subsidiarias, agencias internacionales como la Cruz Roja y ONGs) para: 1) salvar grandes cantidades de vidas humanas; 2) aliviar el sufrimiento humano; 3) solventar necesidades humanas básicas cuando estas no se garantizan; y 4) garantizar la restitución de la dignidad e integridad humana cuando sea necesario. Todo esto ha de hacerse siguiendo principios rectores de no discriminación, neutralidad e imparcialidad.

Es decir, la acción humanitaria ha de ser para los grupos humanos que se encuentren en mayor estado de vulneración y cuya vida corra peligro, como aquellos en riesgo de morir por desnutrición o por la carencia de medicinas básicas. Esta no es para “tratamientos médicos de alto costo” como afirma Maduro, ni va a repercutir en las condiciones de vida de la mayoría de la población venezolana -que no corre riesgo inminente de morir-, por más que se hayan visto afectadas. La asistencia humanitaria es finita en recursos y en el tiempo y de ninguna forma va a resolver la crisis estructural que sufre el país, pero sí puede tender puntos de apoyo. Apoyo que ocurrirá sólo si se gestiona de manera adecuada [9].

El “Si o si” de Guaidó y los peligros del discurso propagandista

La ayuda humanitaria no debería usarse como una maniobra política que afecte las relaciones de fuerzas entre actores de un escenario de conflicto, como el venezolano. En esto han incurrido tanto el gobierno como la oposición liderada por Guaidó. Los primeros, por no activar de manera precisa y a tiempo la entrada y ejecución de los ya aprobados fondos CERF; los segundos, por sólo apoyar la entrada por canales irregulares, en una clara política de injerencia. Ambos aprovechan y usan a la población más vulnerable como comodín político y generan falsas expectativas sobre los efectos de la ayuda; además, enturbian los procesos al negar la necesidad de que estos sean auditados por la sociedad civil para evitar casos de desvío de los fondos por corrupción.

La debilidad de la política errónea de Guaidó queda evidenciada en dos incumplimientos a lo establecido en el manejo del tema: 1) la Ayuda Humanitaria debe contar con la participación de organismos de amplia experiencia en la gestión de la misma, cuestión que queda debilitada por el distanciamiento de organizaciones como la Cruz Roja o Caritas respecto a las acciones convocadas para el 23 de febrero en la frontera, y fundamentalmente que 2) la distribución y gestión de la AH no puede convertirse en un elemento que genere confrontación o que arriesgue la integridad de los involucrados (beneficiarios y/o gestores).

El "Si o Si" de Guaidó, más preocupado por demostrar vehemencia mediática desde su imaginario como supuesto presidente interino que por realmente garantizar el ingreso de la AH en los términos correspondientes, representa un discurso confrontativo y de provocación contra una cúpula mafiosa que, debilitada, ha incurrido en una sistemática y progresiva política de violación de DDHH, cada vez más extendida. Más allá de las inevitables confrontaciones entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad del estado o grupos parapoliciales oficialistas, es sumamente irresponsable que la dirigencia incentive dichos ambientes de conflicto de los que será víctima la ciudadanía común.

El gobierno es parte responsable de una posible invasión militar o agresión extranjera

Los estados financian a los organismos de cooperación internacional como la ONU y, cuando alguno pierde la capacidad de garantizar la salud y alimentación de sus ciudadanos, recibir Ayuda Humanitaria (AH) se convierte en un derecho. La exigencia de ayuda ante debacles como la que ocurre en Venezuela es completamente legítima, pero el gobierno optó por rechazarla por meras cuestiones político-ideológicas, incurriendo en una clara violación del derecho internacional. El gobierno llevó la situación al extremo.

Hay dos puntos centrales para entender por qué la responsabilidad recae sobre Maduro y su séquito:
El gobierno cerró toda las vías y mecanismos institucionales establecidos en la constitución. Por mencionar algunos: 1) prohibió la realización del referéndum revocatorio en 2016; 2) control absoluto sobre el TSJ (tribunal nacional) a disposición de los intereses del ejecutivo 2) ilegalización de la A.N (poder legislativo electo por voto popular) bajo la excusa de desacato; 3) el desacato se asumió como sentencia para todo el cuerpo legislativo sin ningún tipo de procedimiento constitucional; 4) instalación ilegítima, inconstitucional y fraudulenta de un nuevo poder legislativo (ANC); 6) realización de elecciones presidenciales fraudulentas para intentar legitimar al gobierno con menos del 30% de apoyo y un 47% de participación.
El gobierno consiste en varios grupos de carácter mafioso atornillados en el estado venezolano que se sostienen por el papel del alto mando militar y negocios internacionales con empresas petroleras, mineras auríferas, entre otras.

Una posible agresión militar extranjera por parte del gobierno de los EEUU u otra potencia foránea atendería a intereses geopolíticos concretos. Ninguna potencia actúa militarmente de buena o mala fe, simplemente actúa. Para el caso venezolano la intervención militar, que ha perdido apoyo por el contundente rechazo de importantes actores (políticos, artistas, entre otros) de la opinión pública internacional, encontraría su piso en el hecho de que existe un actor político que está generando mucha inestabilidad en la región. Quebraron la industria petrolera venezolana, son incapaces de pagar las ingentes deudas adquiridas, están desatando mucha conflictividad social a lo interno, se propagan epidemias y enfermedades hacia otros países y, en menos de 5 años, han migrado millones de venezolanos en el continente americano creando nuevas complejidades económicas para toda la región. Ver al gobierno de Maduro como una víctima de una invasión militar es ignorar que, con los crímenes de lesa humanidad cometidos, la tragedia humanitaria provocada y el discurso guerrerista permanente, éste ha generado todas las condiciones para que ocurra una invasión. La única víctima de una posible agresión militar sería el pueblo venezolano que sufriría las consecuencias directas e indirectas independientemente de su postura ideológica.

Patadas de ahogado

El razonamiento prepotente y la necesidad de mantenerse en el poder de cualquier forma ha carcomido al gobierno con un ritmo más acelerado desde el pasado 23 de enero. Actos de negación de la crisis como la organización de un concierto en la frontera (producto de un costo monetario innegable) con el objetivo de entregar miles de cajas clap a pobladores de Cúcuta, sólo demuestra el delirio de una cúpula de poder muy debilitada y genera más indignación en la población que, además de desamparada, sólo encuentra trabas a sus demandas.

La exigencia de ayuda humanitaria, que cada vez se ha tornado más masiva, está siendo un escenario de incertidumbre para el gobierno al convertirse en una vía de movilización ciudadana importante. Por ello el pasado 21 de febrero, de manera cínica y esquizofrénica, Maduro aceptó públicamente la asistencia humanitaria internacional y solicitó 2.000 millones de dólares a la Unión Europea. A su vez, el canciller Jorge Arreaza ha hecho presencia en la sede de la ONU ubicada en Nueva York, cuyo hecho más relevante han sido las reuniones de negociación entre el propio canciller y Elliot Abrams, designado como representante del gobierno de EEUU. Tanto el anuncio público de Maduro como todo el lobby en la ONU forman parte de una clara maniobra política que busca reducir las fuertes tensiones internas y externas. La debilidad del gobierno es clara y este opta por una salida desesperada que le permita tomar algo de oxígeno e intentar la odisea de recomponerse [10].

Nos ubicamos del lado de los sectores excluidos y más vulnerables

La actitud de víctima en lo externo no se corresponde con la actitud totalitaria a lo interno, y se refugia nuevamente en la represión despiadada. El mismo día del mencionado anuncio de Maduro fue detenida la doctora Ledys Mata por denunciar las terribles deficiencias que padece el hospital Francisco Sotillo de Trujillo y, tan solo horas después, desde la mañana del 22, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reprimió de forma criminal a la población Indígena Pemón, que reside en el municipio Gran Sabana cerca de la frontera Brasil-Venezuela, los cuales exigían el ingreso de ayuda humanitaria. Dicho enfrentamiento deparó en un indígena asesinado por arma de fuego y por lo menos otros 15 heridos miembros de la comunidad de Kumarakapay. El día siguiente continuó el conflicto y, para las 14:20hrs del 23 de febrero, se reportaban más de 4 personas asesinadas y 18 heridos por impacto bala, entre indígenas y criollos de Santa Elena de Uairén, por el involucramiento de bandas paramilitares. Repudiamos contundentemente todo acto de represión estatal y acción de organizaciones parapoliciales y exigimos justicia para nuestros hermanos Pemon y demás habitantes de Santa Elena asesinados y heridos de bala [11].

Aunque comprendemos que la ayuda humanitaria es una acción coyuntural, que en muchas ocasiones ha sido usada como negocio por parte de lobbies internacionales o como pretextos para agredir militarmente y, aunque no reivindicamos la política de Juan Guaidó por lo que hemos explicado anteriormente, reconocemos la AH como un derecho de todos los ciudadanos para el que existen mecanismos y principios rectores, y que a su vez hay organizaciones internacionales y nacionales, como la Cruz Roja y Caritas, que han trabajado el tema con seriedad y sin una agenda oculta de por medio. Criminalizar a aquellos que exigen su derecho a la ayuda humanitaria porque la misma ha sido usada para repudiables injerencias extranjeras, es como pretender criminalizar a los trabajadores de querer constituir sindicatos si asumimos que por generalidad estas son estructuras inherentemente burocráticas o clientelares. Los derechos son conquistas inalienables de la humanidad, y los mismos los debemos defender y proteger.

Por ello, expresamos nuestra solidaridad tanto con la comunidad Pemón como con el resto de activistas y ONGs venezolanas que, de manera transparente y honesta, exigen el ingreso urgente de Ayuda Humanitaria al país sin el involucramiento de fuerzas militares extranjeras. No vemos la AH como una salida a la crisis pero si compartimos el dolor y sufrimiento que hoy expresa el pueblo en esa exigencia.

REFERENCIAS

[1] Para ahondar en datos y estadísticas sobre el tema alimentario recomendamos el documento “Situación Alimentaria en Venezuela (2017 - 2018)”. Un esfuerzo de sistematización ONGs y agrupaciones del activismo de DDHH de investigaciones y trabajos realizados por organizaciones independientes, así como instituciones internacionales de la ONU. Se puede acceder al documento en el siguiente enlace:
https://www.aporrea.org/actualidad/n333004.html

[2] El Universal (24/04/2018). "OMS: Venezuela registra el mayor incremento de casos de malaria en el mundo". EFE, republicado en El Universal. Disponible en:
http://www.eluniversal.com/venezuela/7094/oms-venezuela-registra-mayor-incremento-casos-malaria-mundo

[3] AVISA (04/06/2018). "La sequía atenta contra el ganado bovino en Venezuela". Página Oficial de la Asociación Venezolana de Industria de Salud Animal (AVISA). Disponible en:
http://avisa.org.ve/la-sequia-atenta-contra-el-ganado-bovino-en-venHYPERLINK "http://avisa.org.ve/la-sequia-atenta-contra-el-ganado-bovino-en-venezuela/"ezuela/

[4]
PROVITA (Octubre, 2018). “Deforestación en la Amazonía venezolana”. Nota de prensa. Disponible en:
http://noticias.masverdedigital.com/deforestacion-en-la-amazonia-venezolana-informe-provita-2018/

[5] Dra. Fernanda Garcia (12/02/2019). "Venezuela enfrenta epidemia de Hepatitis A". Publicado en Amigho.com. Disponible en:
https://amhigo.com/actualidades/ultimas-noticias/54-prevencion-e-higado-en-el-mundo/920-venezuela-enfrenta-epidemia-de-hepatitis-a

Revista Dinero (23/02/2018). "Diputados denuncian brote de amibiasis en Anzoátegui por contaminación de agua". Disponible en:
http://www.dinero.com.ve/din/actualidad/diputados-denuncian-denuncian-brote-de-amibiasis-en-anzo-tegui-por-contaminaci-n-de-agua

[6] El Estimulo (26/11/2018). "La ONU aprueba ayuda humanitaria para Venezuela". Disponible en:
http://elestimulo.com/blog/la-onu-aprueba-ayuda-humanitaria-para-venezuela/

[7] ONU (2018). “Asignaciones 2018 por país”. Publicado en la sección oficial de los fondos CERF de la ONU. Disponible en:
https://cerf.un.org/what-we-do/allocation-by-country/2018

[8] Deutsche Welle (18/02/2018). "Maduro anuncia arribo de 300 toneladas de ayuda humanitaria de Rusia". Disponible en:
https://www.dw.com/es/maduro-anuncia-arribo-de-300-toneladas-de-ayuda-humanitaria-de-rusia/a-47576323

[9] Marino Alvarado (20/02/2019). "Efectos de la Ayuda Humanitaria". Publicado en Efecto Cocuyo. Disponible en:
http://efectococuyo.com/opinion/efectos-de-la-ayuda-humanitaria/

[10] VIDEO. “Maduro acepta asistencia humanitaria de la Unión Europea de USD 2 000 millones”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=MDhODNp5rnc

[11] Aana Wainjirawa (22/02/2019). "Represión de la GNB deja un muerto y 8 heridos en la Gran Sabana". Publicado en Laguarura.info. Disponible en: http://laguarura.info/2019/02/represion-de-la-gnb-deja-un-muerto-y-8-heridos-en-la-gran-sabana/?fbclid=IwAR2-6CHsMnSZFkZEjPxK_SD8OA1BNXXw0qa7gP967amY6-x3kYvwZ9ECpz0

Foro Penal. Denuncia. Disponible en:
https://twitter.com/alfredoromero/status/1099377069409079301


publicado el 5 de marzo de 2019  par Nueva Política  Alertar el colectivo de moderación a proposito de la publicación de este articulo. Imprimir el articulo
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